Néstor Martínez Cristo
Es injustificable que en México se practiquen anualmente entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos cada año.
Es inadmisible que la mayoría de esos abortos se realice en
condiciones insalubres que originan infecciones y hemorragias que pueden
llevar –y de hecho lo hacen– a miles de mujeres a la muerte.
Es incomprensible que, cada día, 32 niñas mexicanas sean madres debido a violaciones que quedan impunes.
Es inexcusable que, en pleno siglo XXI, el aborto inseguro sea la cuarta causa de mortalidad materna en la nación.
Estos son sólo algunos datos que desnudan una ominosa realidad y el tamaño del problema en el México
moderno. Es una situación que se caracteriza por fuertes tensiones en el avance hacia sociedades más justas e igualitarias, debido al embate constante de los sectores más conservadores, de grupos denominados como
antiderechos, apoyados y promovidos, muchas veces, por grandes poderes económicos.
En contraste con estos datos inaceptables, las cifras oficiales más
recientes muestran que la suspensión legal del embarazo con información
correcta y facilidades sanitarias, abate fatalidades.
A partir de la despenalización del aborto en 2007 en la Ciudad de
México y hasta abril de 2018, no se ha registrado un solo deceso
vinculado con los casi 210 mil procedimientos llevados a cabo en
instituciones públicas. En Uruguay, por ejemplo, desde la
despenalización en 2012, se han conseguido erradicar las muertes
relacionadas con estos procedimientos.
De hecho, esto permitió acabar con el mito de que despenalizar el
aborto aumentaría el número de ellos, pues desde 2014 han disminuido 16
por ciento en la capital mexicana.
La semana pasada tuve la oportunidad de asistir al inicio del 26 Coloquio Internacional de Estudios de Género, La Marea Verde, la lucha por la despenalización del aborto en América Latina,
efectuado en la UNAM y organizado por instituciones de educación
superior y grupos de expertas en la materia, provenientes de diferentes
naciones de la región.
En este contexto, se precisó que el aborto se criminaliza actualmente
en 18 entidades de la República. Entre 2015 y 2018 fueron abiertas 2
mil 500 carpetas de averiguaciones previas contra mujeres y se estima
que hay entre 200 y 700 encarceladas por el hecho de abortar. Se trata
mayoritariamente de mujeres pobres, indígenas, trabajadoras.
Pareciera difícil de entender –y aún menos justificar– que con tantos
delitos graves que perseguir en un país como México, se siga
criminalizando lo que en muchas naciones ha sido reconocido como derecho
fundamental de la mujer.
Ya en 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo
una serie de observaciones al Estado mexicano para que atienda desafíos
urgentes como el acceso a la interrupción segura del embarazo, la
mortalidad materna, la violencia sexual y el embarazo en adolescentes,
entre otras condiciones que debieran ser inaceptables en estos tiempos.
Esto llama con urgencia a armonizar leyes y protocolos federales y
estatales en la materia, que se ofrezca una capacitación adecuada para
brindar una atención especializada a las víctimas de violencia sexual y
que se les permita la anticoncepción de emergencia y el aborto.
Se hace indispensable, además, impulsar acciones adicionales: otro
tipo de protocolos que contemplen la objeción de conciencia del personal
de salubridad, en tanto no se ponga en riesgo la salud de las mujeres
ni se les impida interrumpir su embarazo de manera segura.
La emancipación de la mujer latinoamericana ha sido gradual y se ha
alcanzado muy parcialmente a través de la vida cotidiana, en el día a
día. En la toma de las calles, en la organización, en el
planteamiento de objetivos y en la educación de las nuevas generaciones.
Sin duda hace falta un cambio radical que incorpore diversas acciones
afirmativas hacia la mujer y que eduquen a nuestros pueblos.
Un régimen nuevo, que se dice progresista y diferente, no puede
seguir evadiendo este tema –tal vez el más controvertido en una nación
como la nuestra– pese a los costos políticos que pueda acarrearle con el
conservadurismo.
Es preciso, impostergable diría yo, impartir una educación sexual más
integral y, como se dijo durante los trabajos del coloquio, tomar
decisiones basadas en la ciencia y no en las creencias.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario