La llamada “ola celeste”, conformada por personas que están contra la
modificación de ley que quita las penas punitivas a las mujeres que
interrumpen su embarazo antes de las 12 semanas de gestación, se
presentó por segunda ocasión durante la sesión del congreso de Hidalgo,
que fue reanudada después de cinco que este mismo grupo tomó la tribuna del congreso.
Por seguridad, los y las legisladoras
acordaron llevar a cabo la discusión de forma privada para dictaminar la
iniciativa sobre el aborto, que podría ser votada durante las próximas semanas.
La propuesta se está tratando en las comisiones conjuntas de Legislación y
Puntos Constitucionales y Seguridad Ciudadana.
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Tras acomodar las lonas, los manifestantes anunciaron que sería el jueves 7 de noviembre cuando cierren algunas de las carreteras más importantes de Hidalgo, con el objetivo de exigir que se frene la propuesta para despenalizar el aborto.
En los mensajes que colocaron las personas contra los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, nombradas “El Movimiento
Nacional Vive México”, se leían frases como “traicionaste al pueblo” y
“hasta aquí llegó tu carrera política”, como amenaza contra el grupo de
diputados y diputadas que trabaja en esta modificación al Código Penal
estatal.
La vocera del movimiento, Nancy Cordero Cázares dijo que, pese a la
toma de tribuna del jueves pasado, no fueron escuchados y no han
cumplido sus demandas, por lo que reiteró su intención de bloquear
carreteras, aunque no detalló cuales serían.
Agregó que buscarán a las autoridades para que destituyan a quienes
impulsen la interrupción legal del embarazo “hasta los nueve meses”.
Cabe reiterar que la iniciativa nunca nombra una temporalidad mayor a 12
semanas, es decir, que el mensaje de interrumpir hasta los nueve meses
es desinformación que han reiterado en sus discursos en varias
ocasiones.
Por su parte las y los integrantes de la legislatura señalaron que
este movimiento y sus protestas impiden que las sesiones puedan
continuar incluso a puerta cerrada, ya que siguen poniendo en riesgo su
seguridad.
Hasta ahora la Secretaría de Salud, la Comisión de Derechos Humanos y
la Procuraduría de Justicia, todas locales, han manifestado su
aprobación a la iniciativa que deja de criminalizar a las mujeres que
desean interrumpir un embarazo.
Ciudad de México.
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