Una historia de horror que se puede evitar

Rodrigo A. Medellín Erdman*

Salió a la luz pública hace poco el caso de un grupo de maleantes que irrumpieron en casa de una familia, ataron a los hijos de pies y manos, y a su madre, inmovilizada, le abrieron las entrañas para extraerle varios órganos que tienen un valor considerable en el mercado de trasplantes. A los hijos, que gritaban e impotentes trataban de impedirlo, les explicaron: Su madre no aporta nada al país. Sólo hace de comer y limpia la casa; eso no tiene ningún valor. En cambio, ahora sí va a contribuir a la economía global. Además, vean que lo estamos haciendo con mucho cuidado, con un bisturí esterilizado. Al terminar la vamos a suturar para que no quede huella. Es más, les vamos a compartir a ustedes algo del beneficio económico que obtengamos. Previamente habían sobornado a la policía para que no interviniera.

El gobierno de Felipe Calderón concesionó casi la mitad del territorio nacional a empresas mineras, nacionales y extranjeras –sobre todo canadienses–, con la finalidad de que, previa presentación de la manifestación de impacto ambiental amañada, y a tajo abierto, extrajeran oro, plata y otros minerales valiosos del subsuelo. Por ley, la minería se declaró de interés público y beneficio social. De poco o nada valen las protestas de los pueblos originales y las comunidades rurales afectados. Su territorio queda destrozado, el agua contaminada, los habitantes empobrecidos. La Madre Tierra es profanada impunemente, y las regiones hechas pedazos.

La minera Gorrión (de origen canadiense, subsidiaria de Almaden Minerals), que desarrolla el proyecto Ixtaca en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, señaló que las manifestaciones en su contra son infundadas, que utilizará agua de lluvia en sus trabajos (y no del río Apulco), y que la ley minera no obliga a una consulta previa en el otorgamiento de concesiones. Así se publicó en La Jornada (24/10, p. 30). Es un proyecto de vanguardia que traerá desarrollo y beneficios a la región, añadió.

No dice que moradores de la región y especialistas han rebatido uno a uno todos los argumentos técnicos de su manifestación de impacto, que la justicia ya amparó al menos a una comunidad indígena de la zona, nunca consultada, y que son varios cientos los habitantes de la región que se han movilizado en su contra: en ello les va la vida.

Afortunadamente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aún no emite la resolución sobre la manifestación de impacto ambiental que presentó, reconoce la minera. Por lo visto, el gobierno de la 4T aún puede salvar ese pedazo de la casa común de los mexicanos, y muchos otros.

* Doctor en Sociología por la Universidad Harvard, especia-lista en macrosociología y sociología rural