María Elena Álvarez-Buylla Roces*
Con el cambio de régimen, la
política de ciencia, tecnología e innovación (CTI) ha cobrado una
presencia inusitada en el espacio público nacional. Las autoridades
responsables de su coordinación y gestión, así como la comunidad
científica del país, hemos asumido esta oportunidad histórica para hacer
patente la gran relevancia de la investigación y el quehacer científico
para el desarrollo nacional, particularmente para el bienestar social y
el cuidado del medio ambiente y la salud de la población, así como para
la recuperación de la ciencia de frontera y para promover una agenda de
innovación abierta que fortalezca la industria nacional en ramos
prioritarios para México que fortalezcan la soberanía de la nación.
Somos testigos y actores de una nueva etapa posneoliberal en la política
mexicana de desarrollo científico y tecnológico.
En el contexto de la 4T, nos corresponde consolidar una auténtica
política de Estado en la materia: humanista, de largo plazo, social y
ambientalmente comprometida. Es un cambio de paradigma que requiere una
renovación conceptual, epistémica y cultural en la política y las
prácticas del sector.
Una transformación tal supone también la reconfiguración
institucional y jurídica del Sistema Nacional de CTI. Así lo estimaron
los poderes de la República al impulsar la reforma constitucional de los
artículos 3 y 73, fracción XXIX-F, que faculta al Congreso de la Unión
para emitir la ley general de CTI, cuyos principios tendrán como
horizonte la satisfacción efectiva del derecho humano a la ciencia de
conformidad con los estándares internacionales.
El Conacyt, con la venia del Presidente, en el contexto de la reforma
constitucional y en ejercicio de sus facultades, ha emprendido un
proceso participativo para la elaboración del proyecto de ley,
convocando a los diversos actores del Sistema, articulando propuestas y
coordinando su formulación. Entre marzo y octubre de 2019 se han
celebrado cerca de 70 foros y procesos de consulta, en diversos espacios
de participación organizados, entre otros, por las Comisiones de CTI
del Congreso, la Rednacecyt, el FCCyT, A.C., la Anuies y el propio
Conacyt, en la Ciudad de México y en decenas de ciudades al interior de
la República, donde han participado más de 22 mil miembros de la
comunidad CTI.
En el Conacyt hemos identificado algunos puntos que habrían de
retomarse en el proyecto: 1. La reivindicación del sentido humanista y
ético del quehacer científico y tecnológico, fomentando a las
humanidades, ciencias y tecnologías como propulsoras del bienestar
social y cuidado de la naturaleza. 2. La definición de las bases de
coordinación y distribución de competencias entre la Federación, las
entidades federativas y los municipios. 3. El rediseño de la gobernanza
democrática del Sistema en congruencia con la rectoría del Estado en la
materia. 4. El fortalecimiento del universo de instituciones de
investigación y desarrollo tecnológico, particularmente IPES,
universidades autónomas y centros de investigación, así como la
consolidación sectorial. 5. La generación de espacios transparentes de
participación directa y consulta amplia de la comunidad CTI. 6. La
articulación y operación eficiente del presupuesto público, su aumento
sostenido, sin posibilidad de reducción, hasta de uno por ciento del PIB
y no bajar de 0.5 por ciento, así como la gestión de aportaciones
destacadas del sector privado, los estados y municipios. 7. La migración
del esquema de fondos por aportante a uno por demandas específicas y
prioritarias que permitan financiar proyectos estratégicos articulando
capacidades eficientemente.
En este camino, el 9 de octubre desde la sede de la Academia Mexicana
de Ciencias, en presencia del coordinador de Investigación Científica
de la UNAM, tuve el agrado de invitar a la máxima casa de estudio para
colaborar con el Conacyt en la conformación de una mesa de análisis
integrada por abogados e investigadores que coadyuven con el Consejo en
la formulación del proyecto.
Todas las opiniones serán bienvenidas. El pasado 29 de octubre en el
Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior
invitamos a todas las universidades nacionales autónomas, IES, CPI,
organismos estatales de CTI, dependencias y entidades públicas,
organizaciones de los sectores social y privado, para que realicen
consultas amplias en sus comunidades, sistematicen y compartan sus
propuestas institucionales con el Conacyt y participen en la
deliberación de la ley general de CTI, pues es necesario abrir espacios
de diálogo inclusivos, que expresen la pluralidad epistémica y las
preocupaciones de las comunidades y de los investigadores y estudiantes,
sin mediaciones innecesarias o interlocutores artificiales. Para ello,
el Conacyt abrirá una plataforma que facilite la presentación y
consolidación de propuestas.
En la construcción de una verdadera ciencia por México no caben los
simulacros. El proyecto de ley será ampliamente consultado con las
comunidades de CTI y la sociedad en general, de abajo hacia arriba y sin
opacidades.
* Directora General del Conacyt
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