La Fiscalía General

Bernardo Bátiz V.

Con motivo del cambio de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad a fiscalía, por disposición constitucional, resurge un tema que en mi opinión no ha tenido la suficiente transparencia ni de él se ha dado una discusión a fondo: el de la pulverización del poder; los tres tradicionales, esencia del Estado moderno desde que surgió como forma de organización política, parece que se han considerado muy pocos y la inquietud actual de políticos y politólogos es aumentar el número de instituciones y organismos autónomos.

Entre tantas ideas de las que el neoliberalismo nos ha convencido, nos ha vendido como se dice en la propia jerga de esa corriente económica y política en boga, está la de que deben existir organismos autónomos que no sean parte o dependencia política o administrativa de ninguno de los tres poderes tradicionales, en especial, que no lo sean del Ejecutivo e, ingenuos que somos, hemos comprado esa idea de origen no claro. Quizá sería mejor decir: mordimos el anzuelo.

En el Constituyente de la Ciudad de México, sobre el tema de la Fiscalía General, se dio una amplia e interesante discusión que concluyó en el texto vigente; las posiciones fueron variadas, desde que el fiscal local fuera electo de manera directa por la ciudadanía hasta el otro extremo, que sostuve, que él debiera ser parte del gabinete del titular del gobierno y, por tanto, su designación facultad exclusiva, al igual que lo son los secretarios de Estado locales. Opiné entonces que la tendencia a la pulverización del poder no beneficia más que a quienes tienen interés en que nuestros países, especialmente los latinoamericanos, pero también de otras latitudes, no tengan los controles de gobernabilidad ni la fuerza necesaria que se requiere para ejercer la soberanía encomendada por el voto popular.

Es a las corporaciones trasnacionales del sistema neoliberal las que tienen interés en que los gobiernos sean vulnerables y débiles; distribuir facultades más allá de los tres poderes clásicos derivados de la teoría de Montesquieu, significa la pulverización de la fuerza, es debilitar al Poder Ejecutivo, quitarle herramientas para la gobernabilidad.

Un soportes indispensable de un buen gobierno es el órgano de procuración de justicia; si este actúa sin coordinarse con el Ejecutivo, están en riesgo los resultados en materia de seguridad, combate a la delincuencia e impartición de justicia; en mi opinión, quien tenga a su cargo el órgano de persecución de los delitos debe formar parte del equipo del mandatario o, al menos, desempeñar sus labores en coordinación estrecha con éste. De lo contrario, como ha sucedido en algunos países de nuestro continente, se crea o se cultiva una rivalidad que puede desembocar en conflicto o en franco enfrentamiento. Nuestra historia patria nos proporciona ejemplos que no debemos olvidar, cuando en el siglo XIX había presidente y vicepresidente, el Ejecutivo bicéfalo siempre desembocó en enfrentamientos. El poder requiere unidad y dos poderes con jerarquía similar y de origen popular fácilmente entran en conflicto.

La Constitución capitalina optó por un sistema intermedio que por primera vez se probará en la práctica. Es probable que la actual procuradora de Justicia local, Ernestina Godoy, sea fiscal de la ciudad; en mi opinión sería lo mejor que puede suceder para los capitalinos. Se trata de una funcionaria que ya forma parte del equipo de gobierno, que tiene la experiencia de haber participado en el entonces DF y ahora, que tendrá autonomía, para bien de los capitalinos, deberá de actuar, no por supuesto, como subordinada de la jefa de Gobierno, pero sí en estrecha comunicación y colaboración. Tiene reconocimientos académicos y profesionales, entre ellos, la medalla Tepan-tlato recibida hace poco en el Alcázar de Chapultepec y una alusión elogiosa por parte del Presidente de la República, de quien fue colaboradora.

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