Ana de Ita *
Uno de los programas estrella para el campo del presidente López Obrador debilita desde dentro la organización comunitaria.
El programa busca establecer en dos años un millón de hectáreas con
milpa intercalada con árboles frutales y maderables y generar 400 mil
empleos. Las comunidades y ejidos son seleccionados por su
biodiversidad, pobreza y violencia y ascienden a un total de 4 mil 120.
El programa Sembrando Vida se presenta ante las asambleas
comunitarias y ejidales para saber si aceptan participar. Hasta ese
momento reconoce que la tierra es de los ejidos y comunidades y que la
asamblea es la máxima autoridad en el territorio.
El problema empieza con el requisito de que cada campesino o
campesina –pues se prioriza la participación de las mujeres– cuente con
2.5 hectáreas de tierra en posesión. Los ejidatarios y comuneros son
dueños de la mitad del territorio nacional, pero en muchos casos no
tienen esa superficie parcelada para su uso personal y muchos jóvenes y
mujeres no poseen tierra. Según el programa en estos casos pueden
acceder a la extensión requerida estableciendo un contrato de aparcería
con el núcleo agrario por lo menos hasta 2024. El ejido o la comunidad
cede tierras de uso común y propiedad colectiva al productor, quien dará
a cambio la mitad de su cosecha, pero no compartirá el pago de 5 mil
pesos mensuales que le otorga el programa.
Los ejidos y las comunidades le dieron la vuelta a la privatización
de la tierra que significó el Programa de Certificación de Derechos
Ejidales (Procede), certificando la mayor proporción de la tierra, como
de uso común, porque mantiene las características de inalienable,
imprescriptible e inembargable. Sembrando Vida impulsa que la propiedad
social colectiva sea parcelada e individualizada, será muy difícil que
cuando termine el programa, esa tierra vuelva a ser de uso común del
núcleo agrario.
Los programas forestales que otorgan recursos para los bosques y
selvas que son propiedad social colectiva se entregan al conjunto del
ejido o comunidad, cuyas asambleas definen su uso y distribución. Esto
permite que una parte de los recursos se invierta en aserraderos,
beneficios, transportes o en infraestructura, como letrinas, canchas,
caminos, mantenimiento de escuelas, etcétera, además de destinar otra
parte de ellos al pago de las labores que cada uno de los participantes
realiza. Experiencias autogestivas de empresas forestales ejidales
también consideran el impulso a la organización comunitaria y tienen en
sus reglamentos la prioridad de contratar para los trabajos a los hijos,
a las mujeres, o a los avecindados sin tierra. Pero en el caso de
Sembrando Vida los recursos se otorgan a los productores individuales,
quienes normalmente los destinan al consumo personal, que no fortalece
la organización comunitaria, ni dinamiza la economía local. En regiones
en las que ya ha iniciado el programa se ha notado un aumento del
consumo suntuario, por ejemplo de cerveza en lata.
El programa se propone crear una organización paralela a la
organización agraria, pues los participantes se deben integrar a una
Comunidad de Aprendizaje Campesina integrada por 25 de ellos, que deben
responder a un técnico productivo y a un técnico social. Existe también
un coordinador territorial para cada 50 mil hectáreas y 20 mil
productores. Los recursos del programa fortalecen esta estructura
gubernamental que puede ser utilizada con distintos fines.
Este programa también provoca la diferenciación social, ya que hay un
abismo entre los campesinos que reciben su cosecha como producto de su
trabajo, y aquellos que, además de su cosecha, recibirán un salario de 5
mil pesos por mes, durante seis años.
La significativa entrada de dinero a las comunidades, que se celebra
pues por supuesto lo necesitan, debería estar dirigida de forma
autogestiva por las asambleas comunitarias para evitar la polarización
social y redistribuir oportunidades y tareas.
Pese a que Sembrando Vida operará en 19 estados, el que concentra un
quinto del programa es Chiapas, con 200 mil hectáreas y 80 mil
productores, a los que según cifras oficiales llegarán 400 millones de
pesos cada mes.
Sembrando Vida operará en 70 de los 118 municipios del estado y en
mil 185 ejidos y comunidades. A su paso competirá con esfuerzos de
organización autónomos que por años han promovido la agroecología,
intervendrá en la reserva de la biosfera Montes Azules, se encontrará
con los municipios autónomos zapatistas, topará con movimientos de
resistencia al despojo de sus territorios y bienes naturales por
empresas extractivas, buscará detener a los migrantes que quieren llegar
a Estados Unidos.
El gobierno de la 4T ha decidido impulsar la individualización de los
apoyos antes que consolidar las estructuras organizativas comunitarias
que son una fortaleza real en el país. Pronto podrán observarse los
impactos de tantas balas de azúcar.
* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceecam)
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