Documenta la ASF opacidad en subvenciones
El grupo parlamentario del PRI en las legislaturas 62 y 63, el más beneficiado
▲ La ASF detectó opacidad y discrecionalidad en la entrega de recursos
en la legislatura pasada (en la imagen) de la Cámara de Diputados.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó la
opacidad que imperó en las legislaturas 62 y 63 de la Cámara de
Diputados, cuando los partidos representados ahí dispusieron de 5 mil 94
millones de pesos por concepto de subvenciones ordinarias, aparte de
los salarios y prestaciones de ley de sus legisladores y trabajadores.
Esos recursos no fueron comprobados por los grupos parlamentarios y
algunos de ellos fueron beneficiarios de la
discrecionalidaden la entrega por parte del Comité de Administración y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Aparte de esa cifra, los partidos en San Lázaro también recibieron
–en la suma de ambas legislaturas– la friolera de 642 millones de pesos
de forma extraordinaria. Y tampoco comprobaron nada.
El órgano fiscalizador, que no había elaborado una revisión a la
Cámara de Diputados como la presentada el jueves pasado, describió esos
beneficios obtenidos por los partidos y sus diputados. En la 62
Legislatura (2012-2015), por concepto de subvenciones ordinarias, el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió mil 130 millones de
pesos; el Partido Acción Nacional (PAN), 622 millones; el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), 546 millones; el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), 178 millones; Movimiento Ciudadano (MC), 127 millones;
Partido del Trabajo (PT), 102 millones, y Morena, 93 millones.
En los siguientes tres años, de la 63 Legislatura (2015-2018), el PRI
obtuvo 735 millones; PAN, 587 millones; PRD, 217 millones; PVEM, 246
millones; MC, 144 millones, y Morena, 242 millones.
De las subvenciones (apoyos) extraordinarias, en la 62 Legislatura,
el PRI también recibió el mayor monto, con 211 millones; PAN, 125
millones; PRD, 113 millones; PVEM, 42 millones; PT, 20 millones, y MC,
40 millones. En el siguiente trienio, que correspondió a la 63
Legislatura, los priístas recibieron 31 millones; PAN, 16 millones; PRD,
9 millones; PVEM, 6 millones; MC, 3 millones, y Morena, 5 millones.
Las subvenciones, para que los grupos parlamentarios puedan
proporcionar a sus integrantes información, asesoría y los elementos
necesarios para articular el trabajo parlamentario, las concede a su
libre albedrío la Jucopo a través del Comité de Administración.
Las coordinaciones de las bancadas estarían obligadas a presentar un informe por el cual
darán a conocer el uso y destino de las subvenciones, y la Contraloría Interna revisará los ingresos recibidos por concepto de subvenciones y gastos realizados.
La ASF verificó que durante la 62 y 63 legislaturas, los partidos
recibieron apoyos ordinarios por un total de 2 mil 773 millones y 2 mil
321 millones, respectivamente.
Se identificó que los montos correspondientes a las subvenciones ordinarias fijas no fueron de carácter general ni idéntica para todos los grupos parlamentarios; asimismo, se comprobó que la asignación de recursos para las subvenciones y apoyos económicos se realizó conforme a la normativa, pero de forma discrecional, debido a que no se tiene un análisis o criterios definidos en los que se hayan basado para determinar los montos autorizados, que justifique por qué se asignan de forma general o en función del número de legisladores, y que definan los conceptos de gasto en los que puedan destinar estos recursos y el fin específico que se busca u objetivo.
Las bancadas del PRI y del PAN dijeron tener sistemas de
contabilidad, pero no acreditaron su existencia, y por lo que
corresponde a los grupos parlamentarios de MC, Morena, PT y PVEM
señalaron que no disponen de éstos y el PRD informó que no hay una normativa que les requiera llevar un registro contable.
La conclusión a la que llegó la ASF advierte del manifiesto entorno
de opacidad en la Cámara de Diputados, que con los años la han
convertido en un botín presupuestario para los partidos políticos y sus
líderes:
Los montos asignados y erogados fueron reportados en los Informes de Gestión, no obstante, la información que se puso a disposición y consulta pública sólo permitió conocer los montos de las asignaciones recibidas por cada grupo parlamentario y los capítulos del gasto en los que se ejerció, con un alcance limitado que mostró sólo una integración de cifras y que no cumplió con las características de informar de manera verificable, clara, comprensible y transparente, el destino de los recursos que ejercieron las bancadas, debido a que no se sabe si el monto asignado a cada una de las subvenciones y apoyos económicos cumplieron con su fin, ya que todo se presenta de forma general. Lo que no permite una rendición de cuentas.
Así, en la revisión de los 90 informes de auditoría presentados se
identificó, de forma generalizada, hallazgos relativos a la falta de
normativa y deficiencias de control interno, incongruencias en los
informes respecto de la aplicación y destino de los recursos, manuales
de políticas y procedimientos desactualizados, así como deficiencias en
la comprobación del gasto.
Foto Marco Peláez
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
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