SAN SALVADOR, 6 nov 2019 (IPS) -
La empobrecida América Central, con fuerte presencia de pandillas,
gran expulsora y tránsito de migrantes irregulares hacia Estados Unidos,
es una zona donde ha echado raíces la trata de personas, el tercer
delito más lucrativo en el mundo.
Esas características han permitido que el fenómeno de la trata en la
región, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador esté presente
desde hace décadas, y cada vez más exige un esfuerzo conjunto de los
Estados, para desbaratar policialmente las bandas criminales dedicadas a
la trata y también para ofrecer programas de apoyo a las víctimas.
El fenómeno “ha tenido mayor visibilización en los últimos años, pero
no se ha avanzado mucho en la parte de atención más directa a las
víctimas”, dijo a IPS la religiosa católica Carmela Jibaja, de la Red Ramá contra la Trata de Personas.
“Sabemos
que en El Salvador, Honduras y Guatemala son países de mucho tránsito
de personas que viajan de forma irregular y eso los pone en riesgo de
ser víctimas de trata”: Carlos Morán.
Esa organización civil centroamericana integra la Red Internacional
contra la Trata de Personas Talita Kum, con sede en Roma, que aglutina a
58 agrupaciones de organizaciones contra ese delito en todo el mundo.
Jibaja señaló que, “el mayor problema (de trata) se da en las
fronteras, porque El Salvador es país de expulsión de migrantes”, así
como en centros turísticos. La modalidad más reconocida en la región es
la explotación sexual y tiene como víctimas a mujeres.
En ello concuerda Carlos Morán, oficial de seguridad de la Interpol y
miembro de la Unidad de Cibercrimen de la policía de Honduras.
“Sabemos que en El Salvador, Honduras y Guatemala son países de mucho
tránsito de personas que viajan de forma irregular y eso los pone en
riesgo de ser víctimas de trata”, dijo Morán a IPS durante su
participación en un foro regional sobre el problema, que ha acogido San
Salvador desde el lunes 4 y hasta el 8 de noviembre.
El “Seminario regional sobre técnicas de investigación y protección
de víctimas de trata de personas” ha reunido a funcionarios de los
Ministerios Públicos (fiscalías), agentes policiales, peradores de
justicia y otros actores clave y expertos de Guatemala, El Salvador y
Honduras, los países que conforman el llamado Triángulo Norte
Centroamericano.
El objetivo es el de fortalecer las capacidades y las buenas
prácticas en la investigación del delito de la trata, en especial cuando
el delito tiene carácter transnacional.
Morán y otros participantes en el encuentro declinaron hablar de
cifras sobre el alcance del delito en la región centroamericana, por la
ausencia de datos confiables consolidados.
Fiscales,
agentes policiales, funcionarios, especialistas y representantes de
organizaciones sociales de América Central participan entre el 4 y 8 de
noviembre en un seminario especial sobre la trata de personas con el fin
de identificar y coordinar esfuerzos conjuntos contra un crimen
vergonzoso. Crédito: Edgardo Ayala/IPS
Sociedad civil en apoyo a víctimas
En los países del Triángulo Norte existen esfuerzos gubernamentales
por desarrollar programas de atención a las víctimas, pero resultan
insuficientes y las organizaciones de la sociedad civil han debido
asumir ese reto.
“El problema es grave, porque nos enfrentamos a redes con mucha
capacidad económica y política, y no se protege a la víctima”, ni hay
muchos programas de reinserción, explicó a IPS la directora ejecutiva de
la Asociación para la Autodeterminación de las Mujeres Salvadoreñas (AS
Mujeres), Mirna Argueta.
Víctimas dentro del país o región
En su Informe Global sobre la Trata 2018, la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) enfatiza que "al contrario de
la percepción general de que la trata de personas implica un tránsito
internacional, una característica del fenómeno es que suele afectar
mayoritariamente a las víctimas en sus propios países o regiones de
origen”.
Precisa que América Latina refleja la tendencia global. “En
Centroamérica y el Caribe, 75 por ciento de las víctimas es
identificado en su propio país o en la misma subregión. En Suramérica,
esta cifra asciende incluso a 93 por ciento”.
La ONUDD, también conocida como UNODC, su sigla en inglés, puntualiza
que la trata y tráfico de personas son delitos diferentes. En el
primero, la víctima es involuntaria e incluye la captación, traslado
(dentro o fuera del país) o recepción de personas bajo coacción, engaño o
uso de la fuerza, para su explotación laboral o sexual.
El tráfico ilícito cuenta con el consentimiento de las víctimas, es
siempre transnacional y consiste en el traslado ilegal de personas de un
país a otro, en general en condiciones degradantes y peligrosas, a
cambio de un beneficio financiero. Pero acaba al llegar la víctima al
destino, sin explotación persistente posterior.
Esa organización trabaja desde 1996 con víctimas de trata, ofreciendo
apoyo sicológico y médico, y es además una aliada importante de la
Fiscalía General de la República en la labor de protección de víctimas.
AS Mujeres colabora con la policía y los fiscales cuando se necesita
trasladar a víctimas de un lugar a otro, de la manera más sigilosa
posible, sobre todo cuando los casos judiciales contra redes del crimen
organizado aún están en proceso.
En el pasado también ha ofrecido albergue a mujeres que han sufrido
ese delito, pero ahora eso lo hace la fiscalía, aseguró Argueta, quien
además es coordinadora en El Salvador del Observatorio Latinoamericana
sobre Trata y Tráfico de Personas, que aglutina a 15 países.
El programa de atención de AS Mujeres incluye, además de la
asistencia sicológica, la parte médica pero incorporando técnicas no
tradicionales como el biomagnetismo, realizadas por una médica
especializada en esa área, así como la revitalización corporal por medio
de masajes y la aromaterapia.
“La experiencia nos ha demostrado que con la combinación de esas tres
técnicas la recuperación es más efectiva, la atención es más integral”,
acotó Argueta.
Añadió que desde que inició el programa, en 1996, han acogido en el programa a unas 600 mujeres víctimas de trata.
Actualmente ofrecen ese tipo de apoyo a cinco, a las que IPS no pudo
tener acceso porque están bajo protección legal y la divulgación de sus
nombres o proporcionar algún número de teléfono de ellas trae
consecuencias penales.
Por esa misma razón la fiscalía del país también vetó el realizar entrevistas a víctimas bajo su protección.
AS Mujeres también impulsa la red de autocuidado.
“Cuando la víctima ha superado diferentes etapas, la integramos con
otras mujeres y pueden compartir esa experiencia, para que sea menos
dolorosa, y que la ayude a reinsertarse”, agregó Argueta.
Dijo que muchas creen que ya están “dañadas”, desvalorizadas, y “ellas mismas van a prostituirse”.
La duración del programa de ayuda puede durar de seis meses a dos
años y medio, dependiendo de la complejidad de cada caso. Por ejemplo,
hay mujeres con agudos problemas de depresión, ideas suicidas y delirios
de persecución.
Según cifras de la oficina de las Naciones Unidas en Honduras,
divulgadas en julio, 80 por ciento de las víctimas de trata de personas
en América Central son mujeres y niñas.
En El Salvador, 90 por ciento de los casos se dan en la modalidad de
explotación sexual, según cifras oficiales de la fiscalía suministradas
durante el foro regional en San Salvador.
Sin embargo, se han detectado los otros tipos de trata, como explotación laboral, mendicidad y otros.
En lo que va del año, la fiscalía ha reportado 800 víctimas, casos que aún siguen abiertos.
Mirna
Argueta (I), directora ejecutiva de la Asociación para la
Autodeterminación de Mujeres Salvadoreñas, y la religiosa católica
Carmela Jibaja, de la centroamericana Red Ramá contra la Trata de
Personas, dos activistas que trabajan para brindar atención a víctimas
de trata, que en esta parte del mundo son en su mayoría mujeres.
Crédito: Edgardo Ayala/IPS
En Guatemala, en 2018 el Ministerio Público detectó 478 posibles
víctimas de trata de personas, cuatro por ciento más que el año
anterior. Las denuncias concretadas fueron 276, un incremento también de
cuatro por ciento.
La niñez y adolescencia continúan en una situación de vulnerabilidad
ante la trata, ya que fueron detectados 132 niñas, niños y adolescentes
posibles víctimas de trata de personas, 28 por ciento del total, de los
que se lograron rescatar 111.
La modalidad del delito contra esas víctimas fue la adopción
irregular, explotación laboral, matrimonio forzoso o servil, mendicidad
forzosa, explotación sexual y trabajo o servicios forzados. Pero el más
invisibilizado, subraya la fiscalía, es el del reclutamiento de menores
de edad para el crimen organizado.
Pandillas entran en la trata
Especialistas consultados por IPS destacan que muchos de los casos de
trata son producto de una modalidad relativamente nueva, en la que
intervienen las pandillas, responsables de la ola delictiva que viven
los tres países del Triángulo del Norte.
Las pandillas han mutado a verdaderos grupos del crimen organizado,
con tentáculos en el comercio ilícito de drogas, extorsión, sicariato
(asesinato por encargo) y ahora trata de personas, entre otros.
En El Salvador, es común escuchar historias en barrios y pueblos
controlados por las pandillas sobre jovencitas que son “pedidas” por
algún líder de esas bandas para provecharse sexualmente de ellas, tanto
él como otros miembros del clan, y que las familias aceptan entregársela
porque saben que pueden ser asesinados de no hacerlo.
Pero no es solo eso. Los pandilleros obligan a sus víctimas a prestar
servicios sexuales con fines lucrativos, lo que amplía el caso de
trata.
Cifras oficiales del Consejo Nacional contra la Trata de Personas,
que aglutina a todas las instancias de Estado para enfrentar el flagelo,
señalaron que en 2018 hubo 46 víctimas confirmadas, 43 investigaciones
policiales y 38 procesos judiciales.
De esos juicios, hubo cuatro condenas y dos absoluciones, el resto
aún están en los tribunales del país, según el Informe de Labores 2018
del Consejo.
El documento también reportó que, como parte de la atención a las
víctimas, se las apoyó con programas de emprendimiento, así como medidas
de reparación integral a familias de niñas y adolescentes del albergue
especializado.
Se coordinó además acciones de equipos de respuesta inmediata, para la atención a víctimas, nacionales y extranjeras.
El Salvador es parte de La Coalición Regional contra la Trata de
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, junto a Belice, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
En Honduras también se ha dado ese tipo de apoyos para la reinserción
productiva, entregando capital semilla para que se monten pequeños
negocios de bisutería, entre otros, contó Morán, el oficial de la
Interpol.
En ese país, al menos 337 personas han sido rescatadas entre 2018 y
lo que va de 2019, de ellas 13 fueron localizadas en Belice y Guatemala,
según un informe de la Comisión Interinstitucional Contra la
Explotación Sexual Comercial y Trata de personas en el país.
Edición: Estrella Gutiérrez
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