Ciudad de México. La militarización de la seguridad
ha golpeado con fuerza a las comunidades indígenas de México, donde
desde hace décadas los militares han llegado para apropiarse del
territorio, de la vida comunitaria y del cuerpo de las mujeres, por eso
les preocupa que ahora las fuerzas armadas realicen funciones policiales
sin ningún control sobre su actuar.
La decisión de entregar
legalmente a soldados y marinos la facultad de detener personas,
ejecutar órdenes de aprehensión y asegurar bienes, como se anunció en el
acuerdo publicado el pasado 11 de mayo, es una “invasión a la
tranquilidad de las mujeres”. Esa es la percepción de la coordinadora en
el país de la Alianza de Mujeres indígenas de Centroamérica y México,
la zapoteca Arcelia García Santiago.
En entrevista con
Cimacnoticias, la líder indígena recordó que desde antes de 2006, cuando
el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa llamó a los elementos
castrenses a combatir el crimen organizado, las mujeres indígenas —sin
ser escuchadas y sin que se les garantizara justicia— ya eran víctimas
de los abusos del Ejército, la diferencia es que a ellas no las detenían
para acusarlas de portar drogas o de ser traficantes de sustancias
ilícitas.
La militarizaron es igual al despojo de derechos
El pasado 14 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que la policía federal no tenía disciplina y había pruebas de
corrupción al interior, por ello la Secretaría de Marina y la Secretaría
de la Defensa Nacional, dijo, deben proteger a la población mexicana y
realizar las tareas de seguridad pública.
Aunque el presidente
aseguró que hay un “proceso hacia el respeto de los Derechos Humanos”,
es largo el historial de violaciones sexuales cometidas por soldados
hacia las mujeres indígenas: En 1994 tres indígenas tzeltales fueron
detenidas y violadas en el municipio de Altamirano, en Chiapas; en 2007
la indígena náhualt Ernestina Ascencio Rosario fue violada en Zongolica,
en Veracruz; en 2002 las indígenas tlapanecas Inés Fernandez Ortega y
Valentina Rosendo Cantú, en Ayutla y Acatepec, respectivamente, en
Guerrero.
—Anayeli García Martínez (AGM): Arcelia ¿Qué significado tiene la militarización del país para las mujeres indígenas?
— Arcelia García Santiago (AGS):
Significa desplazamiento forzado, significa miedo, significa aumento de
la violencia en comunidades indígenas, significa la inmovilización de
mujeres indígenas violando su libertad de tránsito pues cuando hay
presencia militar las mujeres prefieren no salir de sus comunidades,
evitando situaciones de violencias sexuales por razón de género.
“El
presidente puede argumentar la falsedad de ello, manifestando que el
Ejército es pueblo. Sin embargo, hay casos documentados como el de Inés y
Valentina, o las mujeres de Atenco, que fueron violentadas por
militares y policías (en el Estado de México en 2006, en un municipio
considerado indígena por su población mazahua), que hasta hoy siguen
viviendo las consecuencias psicológicas de esta militarización.
“Desde
esta perspectiva, para nosotras significa despojo de nuestros derechos
individuales y colectivos porque la militarización es una desnudez a mi
cuerpo, es una desnudez a mi espacio privado, es invasión a la
tranquilidad de las mujeres. Si de por sí el Estado es violatorio de
derechos porque no siempre se respeta el debido proceso establecido en
los artículos 14 y 16 Constitucional, con las normas del segundo
constitucional para pueblos indígenas, en un Estado de militarización
los derechos se violentan de forma masiva”.
—AGM:
Las mujeres ya han vivido la militarización, primero en contextos de
insurgencia y después durante el combate al crimen organizado. ¿Cuál ha
sido el efecto de los rondines y retenes militares para las mujeres?
—AGS: Dividamos
los efectos de la militarización en políticos, económicos, sociales,
físicos y psicológicos. Desde lo político, es una fuerza pública
impuesta que va a violentar las formas de organización desde la
gobernanza propia en los sistemas normativos internos.
“Desde lo
social: Hay bases militares en los territorios indígenas que han
violentado a las mujeres de las comunidades, o peor aún, desde su
condición de género las enamoran, las embarazan y después no se hacen
responsables de su paternidad, tomando a las mujeres como un objeto
circunstancial de guerra dentro de la militarización.
“Desde lo
físico: A través de los gritos, las miradas acosadoras, los golpes,
entre otros efectos, se crean enfermedades físicas a partir de procesos
emocionales derivados del miedo y la zozobra.
“Desde lo
económico: Es una forma de control al libre tránsito para vender sus
productos o hacer sus actividades laborales (muchas indígenas, como las
hermanas tzeltales, detenidas en 1994, son interceptadas cuando caminan
por su comunidad. Las hermanas fueron detenidas mientras regresaban a
su casa después de ir a vender verduras).
“Desde lo psicológico:
Eso puede generar mucho miedo, intimidación, fuerte vulnerabilidad al
ataque físico, e inclusive detenciones arbitrarias en función del
fenotipo, aumentando la discriminación en contra de las personas
indígenas y afrodescendientes”.
Excesos de las fuerzas armadas
Los excesos del Ejército y la Marina han sido evidenciados por
colectivos y organizaciones civiles. En el caso de las mujeres indígenas
se ha documentado que no sólo son víctimas de violencia sexual sino
también de otras formas de abusos cometidos por las fuerzas armadas y
por otros cuerpos de seguridad como la policía federal.
Por
ejemplo, en marzo de 2006 las indígenas otomíes Teresa González, Alberta
Alcántara y Jacinta Francisco Marcial, quienes no sabían español,
fueron acusadas por la desaparecida Procuraduría General de la República
(PGR) de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de
Investigaciones, en el municipio de Amealco, en Querétaro, lo que las
llevó a pasar entre 3 y 4 años en prisión, hasta que se demostró su
inocencia.
Desde antes del acuerdo presidencial, en las
comunidades indígenas, los soldados ya tenían el poder de ocupar el
territorio, llegar e instalar campamentos y bases militares, encabezar
retenes y revisiones en carreteras y caminos; detener y retener
personas; realizar revisiones corporales y de pertenencias y hasta
ingresar a domicilios y realizar interrogatorios y, en medio de todo,
los uniformados podían acosar e intimidar a las mujeres, así lo dicen
los testimonios recogidos por los colectivos.
Aun así, el
argumento del presidente López Obrador para confiar en el actuar
castrense es que en el Ejército mexicano la mayoría de los generales de
división son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de
mecánicos, hijos también de militares, del pueblo. “Lo que digo siempre,
el soldado es pueblo uniformado”.
—AGM: Por los
casos que se han documentado sabemos que los estragos no solo los viven
las mujeres como víctimas directas (de feminicidio, acoso o violación
sexual), también como víctimas indirectas (buscan justicia para sus
familiares). ¿Esto también sucede en las comunidades indígenas?
—AGS:
Esto también sucede en las comunidades porque las mujeres indígenas son
víctimas de trata de personas o esposas de líderes que defienden la
defensa del territorio. Son la primeras que ejercen acciones para la
búsqueda de familiares desaparecidos e incluso madres de militares que
sufren por las actividades que realizan sus hijos comandados por el
Estado.
—AGM: El presidente Andrés Manuel López
obrador ha dicho que el Ejército es pueblo uniformado. ¿El que el
Ejército sea parte del pueblo hace alguna diferencia para que violen o
no los derechos de las mujeres?
—AGS: No hace la
diferencia, porque lamentablemente están bajo un mandato, investidos
por el poder del Estado, con un entrenamiento militarizado para la
guerra, no para la gestión de paz.
—AGM: ¿Consideras que hay otras formas de conseguir paz, que no impliquen soldados y marinos?
—AGS: Sí, desde nuestros pueblos, el diálogo, la justicia ancestral sin violentar los Derechos Humanos.
La
coordinadora nacional de la Alianza de Mujeres indígenas de
Centroamérica y México, sostiene que una forma de garantizar seguridad
en el territorio indígena y acabar con la violencia es apostar a la
organización comunitaria ancestral, a través de los comités vecinales,
los grupos de mujeres y de jóvenes.
Las comunidades ya han puesto
el ejemplo. Arcelia García Santiago comentó que quienes garantizan paz
son las policías comunitarias y por medio de los procesos de
organización comunitaria, los consejos de ancianos escuchan, propone
formas de perdón y de resarcir el daño. El desafío, dice, es cómo lograr
que estos principios y valores pueden ser implementados.
20/AGM/LGL
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