Cristina Barros
Podría pensarse que
poco tienen que ver la crisis que ha provocado el Covid19 y la
iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV)
que un diputado de Morena ha vuelto a presentar en días recientes y que
espera dictamen en Comisiones de la Cámara de Diputados, sin embargo,
existe una estrecha relación.
El Covid-19 ha dejado en México una tasa de mortalidad mayor en
porcentaje a la de otras naciones, así como muertes de jóvenes. Esto no
es común. Las personas que han fallecido tuvieron complicaciones debidas
a obesidad y a diabetes, ambas enfermedades vinculadas con una mala
alimentación.
En los pasados 30 años estos dos padecimientos se han agudizado y han
afectado a tantos millones de personas que se consideran pandemias.
Pronto no habrá presupuesto que alcance para atenderlas. Lo más
congruente y lo más redituable, desde el punto de vista económico, sería
revisar la alimentación que da origen al problema.
Sin embargo, hay fuertes intereses que se oponen a un cambio de
paradigma en la producción de alimentos. Es sabido que la agricultura y
la ganadería industriales sobresalen por ser responsables de la emisión
de gases con efecto invernadero, de las pérdidas de biodiversidad y de
suelos, de la deforestación, y de la contaminación de los cuerpos de
agua. Además, han acaparado las mejores tierras y unas cuantas empresas
se han hecho multimillonarias a partir de las semillas de plantas
domesticadas con trabajo milenario de los pueblos originarios del mundo.
Esta agroindustria está ligada a la producción de alimentos de baja
calidad, que son una de las causas principales de obesidad y diabetes.
En la agroindustria destaca la producción de maíz. Siendo esta
semilla creación de los campesinos mexicanos, hoy Estados Unidos es el
mayor productor de maíz para la industria; también es el mayor productor
de transgénicos. Empresas como Monsanto-Bayer, Dupont-Pioneer, Syngenta
y otras, que tienen gran influencia en ese país, pretenden imponer sus
semillas mejoradas y transgénicas en México y en el mundo. Para ello han
intervenido en el diseño de leyes, acuerdos y organismos como la UPOV
(Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales)
que aparentan favorecer a los productores, pero que en realidad protegen
a los oligopolios, al registrar diversas semillas para eventualmente
patentarlas.
México está adscrito desde 1997 a la UPOV, en su Acta 78; la firma
del nuevo tratado de libre comercio, T-MEC, obligaría a adherirse al
Acta 91, versión más agresiva que la anterior, porque impide el libre
intercambio de semillas que ha sido la base milenaria de la
biodiversidad de los cultivos mexicanos. Hay un plazo de cuatro años
para adherirse a UPOV Acta 91. Lo que pretenden quienes impulsan y
defienden la nueva versión de la LFVV es ponernos ya contra la pared e
impedir que pueda negociarse la permanencia de México en UPOV 78, a
través de una excepción o salvaguarda. Esta perversa intención los hace
quedar bien con Estados Unidos, pero significa un desastre para el campo
mexicano.
México es uno de las naciones con mayor diversidad biológica y es
centro de origen y diversidad, no sólo del maíz, sino de decenas de
otras plantas, como chile, calabaza, y frijol, que son básicas para una
alimentación sana, y fundamento de la cocina mexicana que es Patrimonio
Intangible de la Humanidad. Estas plantas adaptadas a los más diversos
ecosistemas, constituyen una gran riqueza frente al cambio climático y
frente a la crisis económica que ha traído el Covid-19. Por ejemplo, tan
sólo con uno por ciento del PIB, podríamos alimentar sanamente a todos
los mexicanos con tortillas de alta calidad hechas con maíces nativos
inocuos, cal de piedra y agua.
Además, sistemas de cultivo como la milpa permiten la autosuficiencia
y la autonomía a miles de campesinos mexicanos. Setenta por ciento del
maíz que se siembra en México proviene de variedades nativas. Es este
potencial el que las empresas trasnacionales buscan monopolizar.
La crisis económica que dejará el Covid-19 como secuela, obliga al
Estado mexicano a plantearse una alimentación para su población que sea
sana, nutritiva, suficiente y culturalmente afín, como asunto de
seguridad nacional. Esto es incompatible con la reforma planteada a la
LFVV, que implicaría el uso de transgénicos en México, lo que contradice
la decisión del gobierno mexicano de prohibir este tipo de semillas.
Así, el gobierno mexicano se encuentra en la encrucijada: obedecer al
T-MEC atentando contra su pueblo o defender su soberanía alimentaria
rechazando la reforma a la LFVV y permaneciendo en la UPOV Acta 78 como
hasta hoy.
La sociedad mexicana, por su parte, estoy segura, tomará el camino de
la protección de sus semillas milenarias en defensa de su soberanía, de
su salud y de la posibilidad de seguir alimentándose de manera autónoma
y soberana. Es hora de entender que la riqueza no está afuera; la
riqueza es nuestra: está en nuestra biodiversidad, en nuestros
ecosistemas, en el agua, en nuestros recursos naturales, y en nosotros,
la gente.
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