Editorial La Jornada
Amnistía Internacional dio
a conocer ayer los resultados de una investigación sobre las
condiciones en que desempeña sus labores el personal sanitario en el
continente americano durante la pandemia causada por el SARS-CoV-2. El
informe El costo de curar: los derechos de personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el Covid-19 y más allá
recoge testimonios directos e indirectos de personal de limpieza de
hospitales y residencias de personas mayores, personal médico y de
enfermería, auxiliares de enfermería, personal subalterno de hospitales y
especialistas en epidemiología, y concluye que éstos
trabajan a menudo en condiciones inseguras con equipos de protección insuficientes y se arriesgan a sufrir represalias de las autoridades o los empleadores si denuncian su situación, mientras en algunos casos han sufrido incluso amenazas de muerte y ataques físicos.
En el caso de México, la organización de defensa de los derechos
humanos señala deficiencias en la provisión de equipos adecuados de
protección personal (EPP), posibles fallas en el diagnóstico de personas
con síntomas clínicos de Covid-19, falta de sensibilidad de los
superiores en los hospitales para procesar las inquietudes de sus
subalternos, entre otros problemas. En cambio, reconoce el papel central
que la Secretaría de Salud y el presidente Andrés Manuel López Obrador
han dado a la labor del personal médico y de enfermería, así como su
rápida acción ante las agresiones físicas perpetradas contra el personal
sanitario en distintos puntos del país.
A lo largo de las semanas en que México ha afrontado la emergencia
sanitaria en curso, se han presentado denuncias recurrentes en centros
hospitalarios respecto de la carencia o deficiencia de los equipos de
protección personal, un problema grave en tanto contar con estos
suministros es fundamental para proteger las vidas de quienes se
encuentran en primera línea de combate contra la pandemia. Si se
consideran los esfuerzos de las autoridades para adquirir estos
materiales, ya sea en el mercado abierto o mediante convenios con otras
naciones –rubro en el que cabe destacar el puente aéreo establecido con
China y la gestión ante Donald Trump para adquirir en Estados Unidos
ventiladores mecánicos, pese a que su exportación estaba temporalmente
suspendida–, habría que buscar el primer origen de estos reclamos en un
problema de distribución.
A su vez, las causas de este problema podrían responder a errores
logísticos, desorganización o casos puntuales de acaparamiento interno
en algunos centros hospitalarios. Una última causa de malestar entre el
personal sanitario podría atribuirse a la falta de una comunicación
adecuada al momento de asignar los distintos tipos de EPP, pues aunque
todo el personal sanitario debe recibir estos insumos, sus
especificaciones varían de acuerdo con el grado de exposición y riesgo
de quien los usará.
Tampoco puede pasarse por alto que, al margen de los reclamos
legítimos de los trabajadores sanitarios, existen sectores de la
oposición partidista, empresarial y mediática empeñados en magnificar e
incluso distorsionar los problemas existentes con fines de golpeteo
político; práctica deplorable en cuanto no contribuye en nada a resolver
los desafíos existentes y, en cambio, puede agravarlos al sembrar
confusión entre la ciudadanía.
Ante este panorama, las autoridades deben transparentar su actuación,
dar respuesta puntual a toda protesta justificada, corregir su
estrategia en los puntos que así lo requieran y sancionar a quien haya
incurrido en responsabilidades penales o administrativas en menoscabo de
los derechos de los trabajadores de la salud: lo que no puede
permitirse es que se cometan injusticias con el personal hospitalario,
pero tampoco que situaciones aisladas minen la credibilidad del sistema
de salud pública, pues dicha credibilidad constituye, sin lugar a dudas,
uno de los elementos centrales en la lucha contra la pandemia.
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