5/23/2020

COVID-19: Piden mantener prohibición de prostitución en Alemania


Ciudad de México. Un grupo de 16 diputadas y diputados alemanes pidió en una carta abierta a los gobiernos estatales, que no levanten las medidas que prohiben la prostitución durante la emergencia sanitaria.
Las medidas sanitarias no deberían de relajarse: “Es obvio que la prostitución tendría el mismo impacto como un Superspreader‘ (persona que contagia a grandes grupos, en inglés), ya que actos sexuales no son compatibles con el distanciamiento social“, escribieron. A la hora de rastrear las cadenas de infección, lo más probable sería que las personas entrevistadas oculten contactos con mujeres explotadas sexualmente, argumentaron.
La carta fue firmada por 16 diputadas y diputados de los partidos del gobierno, los cristiano-demócratas y socialdemócratas. Sin embargo, representan una fracción mínima del parlamento alemán, con actualmente 709 escaños. Las y los políticos insistieron que abogan por la prohibición de la prostitución en general. Se trataría en la mayoría de los casos de una actividad misógina, degradante y destructora, a la que las mujeres son forzadas.
El actual cierre de los lugares donde se explota sexualmente a las mujeres, confirmaría que éstas no tienen acceso a un registro formal, a vivienda y servicios de salud, y que son dependientes de sus proxenetas. “A estas mujeres, no les ayuda la reapertura de burdeles, sino una formación o actividad en una profesión con un salario digno”, afirmaron las y los diputados.
El grupo aconsejó introducir medidas de asistencia para que las mujeres- en su mayoría provenientes de países del este de Europa- puedan hacer cursos de idiomas y terapias, así como acceder a vivienda y servicios de salud, como lo preve el “modelo nórdico”. De acuerdo con las y los autores de la carta, “hay 33 mil mujeres registradas como prostitutas en Alemania”, pero en realidad serían más de 400 mil.

Alemania, un destino del turismo sexual

En Alemania, la prostitución es legal, y la mayoría de corrientes políticos, sobre todo liberales y de izquierda, argumentan que regular la industria del sexo significa mejorar las condiciones para “trabajadoras sexuales”. Con muchos países vecinos, como Escandinavia y Francia, siguiendo una política abolicionista, el país se ha convertido en un destino para turistas sexuales desde la legalización en 2001. De acuerdo a la “Ley de Protección de Prostitutas”, aprobada en 2016, las mujeres y hombres pueden registrarse y con eso acceder a servicios de salud y ser más protegidas del crimen organizado.
Sin embargo, la crisis del COVID-19 ha demostrado que muchas de ellas siguen viviendo condiciones de vulnerabilidad. Como una de las medidas que se implementaron a mediados de marzo 2020 para contrarrestar la pandemia, se prohibió la prostitución en varias entidades. De inmediato, hubo reportes de mujeres que perdieron sus viviendas. Ellas vivían en los mismos lugares donde se les explota sexualmente- práctica prohibida por ley pero de hecho tolerada por las autoridades. Con el anuncio de las medidas, sus proxenetas las echaron de las casas, porque no podían “trabajar”.
Asímismo, la mayoría de las mujeres en situación de prostitución no tenía ahorros para sobrevivir meses. No podían acceder a las ayudas financieras que el Estado alemán repartió a trabajadoras y trabajadores independientes, porque no se habían “registrado como prostitutas” y no tenían facturas fiscales, hecho que contradice los argumentos de la política reguladora que persigue el Estado.
La carta de las y los diputados fue criticada por otras parlamentarias y parlamentarios. La iniciativa sería “completamente inútil”, dijo el portavoz de política familiar de los cristiano-demócratas, Marcus Weinberg, al periódico “Bild”. Una prohibición “obligaría a las mujeres a entrar en sótanos oscuros y en la ilegalidad”, continuó. La Secretaría Federal de las Mujeres respondió que prohibir la prostitución no era “propicio para alcanzar el objetivo”. Esto “llevaría a las prostitutas más a la ilegalidad”, advirtió Dirk Peglow, vicepresidente de la Federación de Investigadores Criminales.

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