Gloria Muñoz Ramírez, Karen Moreno, Iolany Pérez y Héctor Madariaga para Otras Miradas*
Especial “Coronavirus desde otras miradas”
Tercera Entrega
Foto: Las cifras de la violencia de género en México eran aterradoras antes de la pandemia. (Brian Torres)
El confinamiento forzoso para evitar la propagación del
coronavirus se ha convertido en caldo de cultivo de otro virus de
efectos devastadores: la violencia machista. Las llamadas de auxilio y
denuncias de mujeres maltratadas se han disparado en México, El Salvador
y Honduras.
Alejandra,
de 19 años, y Lucero, de 30, (ambas utilizan seudónimos por motivos
de seguridad) están ingresadas desde hace unas semanas en un refugio
para mujeres maltratadas en la Ciudad de México. Intentan
recuperarse del tormento. En plena pandemia del Covid-19 el marido de
Alejandra mató a su bebé de nueve meses y la emprendió a golpes
contra ella. Lucero vivía encerrada en casa. Su pareja no la dejaba
salir y el abuso era constante. Ante la amenaza de la violencia
machista y del coronavirus, el confinamiento en una casa refugio es
la protección de Alejandra y Lucero, que no tienen ningunas ganas de
volver a su “normalidad”.
Las cifras por violencia de género en México eran alarmantes antes
de la pandemia. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que agrupa a 40
organizaciones de 22 estados del país, señala que unas diez mujeres eran
asesinadas cada día. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el
primer trimestre de 2020 ha sido el más violento para las mujeres
mexicanas en los últimos cinco años, con 964 homicidios. Pero el
presidente Andrés Manuel López Obrador declara que la tendencia en el
feminicidio “está a la baja”.
Lo
que ocurre, precisa María de la Luz Estrada, es que de los 964
asesinatos, 720 están clasificados como homicidios dolosos y sólo
244 como feminicidios. Este último término define el asesinato de
una mujer por la condición de serlo, cometido siempre por un hombre
y con una clara connotación machista. Un número creciente de países
han incorporado el feminicidio a su legislación penal.
El
primer caso de Covid-19 en México se detecta el 28 de febrero. En
las semanas siguientes se dictan medidas de aislamiento preventivo, y
el 23 de marzo, con 316 casos confirmados y dos
muertes, la Secretaría de Salud declara la Jornada
Nacional de Sana Distancia, y poco después la campaña “Quédate
en casa”. El 30 de marzo se declara una “emergencia sanitaria por
causa de fuerza mayor” y el 21 de abril comienza la fase 3, con
medidas que extienden el confinamiento. Los casos de violencia de
género, –agresión físicas, sexual y emocional—se disparan de
manera alarmante, según advierten mujeres víctimas de violencia,
madres de mujeres asesinadas, activistas, y organizaciones feministas
y de defensa de derechos humanos.
Machismo
y misoginia en El Salvador
Son más de las
2 de la madrugada del 29 de abril en una vivienda humilde del
municipio de Mejicanos, en San Salvador. Cristina, de 17 años, salta
de la cama al escuchar ruido. A través de la cortina que divide el
cuarto minúsculo vislumbra la silueta de su padre. “¡Qué
haces!”, le grita. Salta por encima de la litera donde duerme su
hermano de 10 años, enciende la luz y ve una escena dantesca. La
madre ensangrentada en su cama, con el cuerpo del marido encima que
trata de ahogarla. La muchacha consigue apartar al padre, y levanta a
la mujer malherida.
Los gritos
despiertan a su tío, Marvin Regalado, quien da un brinco y ve en el
cuarto contiguo a su cuñado Edwin Alexander López Rivas, con los
brazos extendidos, cubiertos de sangre. “Mátame, mirá lo que he
hecho”, susurra el agresor. Detrás ve a su hermana, Susan Daly
Regalado, que se tambalea agonizante.
Marvin avisa a
la policía, mientras su sobrina recuesta a su madre, con los ojos
cerrados y la lengua fuera. De camino al hospital Marvin graba con su
teléfono celular a Susan, recostada en el asiento posterior del
vehículo policial, con una toalla ensangrentada en la cabeza. Tiene
puñaladas en el cuello, mejilla y frente. En pocos minutos llega a
la casa otra patrulla de la Policía, que detiene al agresor.
A las 3 de la
madrugada, frente al Hospital Zacamil, en San Salvador, un médico
sube a la parte trasera del vehículo policial para auxiliar a Susan.
Demasiado tarde. “Lo siento, ya no se puede hacer nada. Está
muerta”.
El 1 de mayo se presenta ante el juzgado el requerimiento fiscal
contra Edwin Alexander López, por el delito de feminicidio agravado de
Susan Daly, que en El Salvador está tipificado y sancionado con una pena
de entre 30 y 50 años de prisión. López Rivas está detenido por orden
judicial y Fiscalía sigue realizando diligencias en la etapa de
instrucción.
El confinamiento
forzado de la población a causa de la pandemia ha agravado la
violencia contra las mujeres. El Gobierno ha olvidado otro virus, más
letal y menos combatido: el machismo y la misoginia. Desde la entrada
en vigor de la cuarentena en marzo, el covid-19 ha causado la muerte
de al menos cinco mujeres hasta
el 13 de mayo.
En
el mismo período ha habido 18 asesinatos de mujeres, según la
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), y el
Centro de Atención Legal ha recibido 158 denuncias, que representa
un aumento de la violencia del 58% respecto de meses anteriores.
Una “condena” de dos meses en
Honduras
En
los últimos cuatro meses el Sistema de Emergencia 911 de Honduras ha
registrado más de 32.500 llamadas telefónicas de auxilio de
mujeres, que denuncian agresiones de su marido o de algún otro
miembro de la familia. Según el Ministerio Público, durante el
confinamiento se presentan entre 15 y 20 denuncias diarias por
violencia doméstica sólo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos
principales ciudades del país.
Una
de las llamadas es de una joven, Angie García, hasta ese momento
desconocida para el gran público, que denuncia a su marido por
maltrato físico y verbal. La noche del 13 de abril, la Policía
detiene en su domicilio, en Tegucigalpa, a Román Rubilio Castillo,
futbolista de la selección hondureña y delantero centro del
emblemático club Motagua.
El
vídeo de la detención se hace viral en redes sociales, así como
una foto de la paliza que Castillo propinó a su esposa y madre de un
hijo. El futbolista pasa 24 horas en dependencias policiales, tal y
como estipula la legislación de Honduras, donde la violencia
doméstica es tipificada como falta y no como delito.
El Ministerio Público confirma que el deportista estaba ebrio cuando
fue detenido. Después de varios rodeos el caso ingresa en el juzgado de
familia, y Castillo es “condenado” a dos meses de trabajo comunitario.
Melvin Duarte, portavoz del poder judicial, afirma que el acusado
reconoció los hechos denunciados por su esposa, “por violencia
psicológica y física”, lo que fue confirmado “por un dictamen preliminar
en materia forense”.
En Honduras 390 mujeres fueron asesinadas en 2019. El 60% de las
víctimas, por ataques de sus parejas, exparejas o alguien con quien
tuvieron una relación afectiva, según un informe del Observatorio de la
Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las
organizaciones de mujeres registran más casos, y alertan sobre la
altísima impunidad: nueve de cada 10 crímenes contra mujeres no se
investigan y los asesinos están libres.
Cristina
Alvarado, dirigente feminista de la Organización de Mujeres
Visitación Padilla, asegura que la violencia de género en las
familias es una constante en Honduras. “La pandemia del Covid-19
sólo
ha evidenciado la realidad histórica que viven las mujeres, producto
de la violencia en el hogar. Esto lo venimos denunciando desde hace
años las organizaciones feministas y de mujeres”, dice Alvarado.
La
presión de la sociedad civil
En
México, durante el primer mes de confinamiento las
llamadas y mensajes de auxilio a los refugios de mujeres aumentan en
un 80%, según explica Pilar Sánchez Rivera, directora de Espacio
Mujeres para una Vida Digna y Libre de Violencia, uno de los 69
centros de la Red Nacional de Refugios. Pero el presidente Andrés
Manuel López Obrador declara en una de sus conferencias de prensa
“mañaneras” que el 90% de las llamadas de auxilio sobre
violencia contra las mujeres son falsas, aunque los registros
oficiales hasta marzo digan lo contrario.
Marilú Rasso, directora ejecutiva del
mismo refugio, asegura que en la situación de encierro por el
covid-19 “a las mujeres se les vuelve a meter en un papel de
servicio obligatorio, y cualquier pretexto funciona para que el
agresor ejerza violencia”.
En marzo, Alejandra y su hija de nueve meses sufren una vez más las
agresiones del marido y padre. La pequeña pierde el conocimiento y la
madre logra escapar con el bebé, que llega al hospital sin vida. El
personal sanitario llama al Servicio Médico Forense y a la Fiscalía.
“Les dije que en casa vivía amenazada, y que el papá nos golpeó a mi
hija y a mí. No estaba borracho ni drogado, sólo se aburría porque no
trabajaba”.
Un
informe de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI) da cuenta de un 97% de impunidad en los
feminicidios. Entre el 3% restante se encuentra el marido de
Alejandra, que está en la cárcel por homicidio.
La
historia de maltrato de Lucero empieza poco después del comienzo de
la relación con su pareja hace 11 años. Madre de cuatro hijas de
10, 8, 6 y 5 años de edad, Lucero es víctima primero de violencia
emocional. “Me
insultaba, me decía que yo no valía nada y que si salía de la casa
no iba a poder sola”. Cansada de los golpes y del engaño, Lucero
da el paso: “Sin pensar agarré lo que pude y me fui con mis hijas.
Una amiga nos acompañó hasta el Centro de Justicia.” Los exámenes
físicos y psicológicos demoran una semana por falta de recursos
humanos derivada de la contingencia, y después envían a la madre y
a tres de sus hijas a un refugio. La mayor inquietud de Lucero es que
la hija mayor está con el padre.
Despliegue militar contra el virus
y las pandillas
En El Salvador,
el Gobierno del presidente Nayib Bukele convierte una base militar en
el primer centro de confinamiento para las personas que llegan del
exterior. El 14 de marzo, la Asamblea Legislativa aprueba la “Ley
de Restricción Temporal” o régimen de excepción, y el estado de
emergencia y calamidad, para hacer frente al coronavirus. El plan
Control Territorial, cuyo contenido era desconocido por la sociedad
civil, había permitido anteriormente el despliegue militar y
policial en todo el país para actuar contra las pandillas Mara
Salvatrucha-13 y Barrio 18.
El
Salvador, un país de 6,7 millones de habitantes, tiene uno de los
índices de violencia más alto del mundo.
Los datos del Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública indican que en 2019 se cometieron 230 asesinatos
de mujeres, de un total de 2.398 homicidios, casi 1.000 menos que el
año anterior. El Gobierno presenta esta tendencia a la baja como un
éxito del plan Control Territorial, que entró en vigor en junio de
2019.
Con la ejecución del último decreto aprobado “la Fuerza Armada
mantiene el 100% de sus efectivos colaborando en la lucha contra el
covid-19”, declara el ministro de Defensa, René Merino Monroy. Las
personas que, a juicio de las fuerzas de seguridad, no tienen una
justificación válida para salir de casa, son detenidas. Más de 2.420
personas están retenidas en condiciones inmundas en centros de
contención por violar la cuarentena.
La arbitrariedad
de la actuación policial en muchos casos ha provocado choques del
presidente con la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Bukele ha
desafiado al alto tribunal al hacer caso omiso a las resoluciones
judiciales, y la CSJ ha admitido innumerables habeas
corpus
de personas que denuncian arbitrariedades.
Si bien El
Salvador fue uno de los primeros países en cerrar el aeropuerto para
vuelos comerciales, la improvisación ha sido la nota predominante en
la estrategia de Bukele. Adultos mayores, los más vulnerables ante
el contagio, han sido confinados en los mismos centros que las
personas procedentes de países considerados focos infecciosos.
El regreso a casa del agresor
La pasividad de la
Justicia hondureña provoca que muchas mujeres retiren las denuncias,
y que los familiares de las víctimas renuncien a luchar. El miedo se
apodera cuando el Estado es claramente ineficiente y no responde a
las víctimas.
El caso del
futbolista Castillo, denunciado por agresión por su esposa, da un
vuelco en cuestión de días, cuando Angie García se retracta de sus
acusaciones y dice, a través de las redes, que su marido puede
volver a casa.“No
entraré en polémica, simplemente quiero aclarar que las fotos
expuestas en redes sociales no son de mi persona. Pido respeten mi
privacidad, no es justo que mi familia sea el centro de atracción”,
escribe la cónyuge del jugador.
La legislación permite a las autoridades ordenar la puesta en
libertad del agresor, para regresar a casa y convivir de nuevo con la
víctima, si no es un caso reincidente. En opinión de la dirigente
feminista Cristina Alvarado, la vuelta del agresor al hogar supone un
alto riesgo para la víctima. “Lo que estamos promoviendo como
organización es que las mujeres agredidas vayan a las casas refugio, o
con familiares o amigos. Por lo general, el gran problema es que la
violencia doméstica está tipificada como una falta y no como un delito,
entonces el enfoque de la ley es preventivo nada más”.
La jueza Claudia
Isabela López puntualiza que, si el agresor no cumple con las
medidas que dicte un juzgado, el proceso se convierte en penal. “El
antecedente de violencia doméstica, cuando es reiterativo, pasa a
ser un proceso judicial”.
Ciudad Juárez, cuna del
feminicidio
La propagación del virus ha provocado
la suspensión de las clases en todos los niveles educativos de
México. Muchas madres y padres que aún trabajan han dejado a sus
hijos en manos de familiares. Es el caso de Miguel Ángel Z y María
Guadalupe M, en Ciudad Juárez (Chihuahua), que quedan al cuidado de
su nieta de seis años. El padre de la niña no vive en la ciudad. El
11 de abril, en plena contingencia sanitaria, la pequeña presenta
una insuficiencia respiratoria grave que acaba con su vida. La
primera sospecha de los padres apunta a coronavirus, pero el informe
médico revela que la niña fue violada, golpeada y estrangulada.
El abuelo es el principal sospechoso y
es detenido junto con su esposa. Yadira Soledad Cortés, coordinadora
de la Red Mesa de Mujeres Juárez, dice que éste es uno de los
muchos casos en plena pandemia: “La violencia sexual infantil se da
principalmente por un conocido o un familiar, y las niñas confinadas
están más expuestas”.
Ciudad Juárez es un municipio
emblemático de los asesinatos de mujeres en México. En los primeros
años de la década de los 90 se propagó en esta ciudad fronteriza
una ola de homicidios de mujeres, en su mayoría trabajadoras de las
maquilas y habitantes de las colonias populares. Aquí nacieron
organizaciones de defensa de mujeres como “Ni una más”,
“Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y “Mesa de Mujeres Juárez”,
que aglutina a una decena de colectivos.
Del 1 de enero al 14 de mayo se han registrado en esta ciudad 65
feminicidios, un 27% más que en el mismo periodo de 2019, según la Mesa
de Mujeres.
El aumento de la violencia de
género se repite en todo el país. En enero hubo 15.851 denuncias
por violencia familiar en México, en febrero, 13.000, y en marzo, ya
con las medidas de confinamiento, se abrieron 20.000 casos. Las
llamadas al teléfono oficial de emergencia (911) se multiplican cada
mes.
El panorama ya era difícil antes de
la pandemia, señala Irinea Buendía, madre de una joven estrangulada
por su pareja y referente nacional en la búsqueda de justicia.
“Vivíamos una emergencia nacional, pero nadie nos hizo caso, y por
eso hubo una manifestación histórica el 8 de marzo, y un paro
nacional de mujeres, sin precedentes en México, el 9 de marzo”.
Pero al presidente López Obrador “en ese momento le importaba más
el sorteo simbólico del avión presidencial y despreció nuestras
denuncias”, acusa Buendía.
Mensaje de impunidad
La historia de
El Salvador está marcada por la muerte, la guerra, levantamientos
campesinos, mártires y dictaduras militares. El conflicto armado de
los años 80 entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, generado por la
injusticia social, se prolonga 12 años, hasta la firma de los
Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. El problema de fondo, como en
toda la región, se resume en dos palabras: desigualdad y exclusión
de la gran mayoría. Según Oxfam, los 160 más ricos acaparan el 87%
de la riqueza. Y la mayoría vive al día.
“El
presente no está desvinculado del pasado”, subraya Silvia Juárez,
de la organización de mujeres Ormusa, que cita como ejemplo el
informe De
la locura a la esperanza,
elaborado por la Comisión de la Verdad tras la firma de la paz.
Dicho informe describe la violencia sexual como un hecho colateral y
no como una violación sistemática contra las mujeres.
Tras la firma de
los acuerdos de paz no hay un proceso de reconciliación nacional. El
año siguiente, en 1993, la Asamblea Legislativa aprueba la ley de
Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que pone en
libertad a todos los presos involucrados en violaciones de derechos
humanos durante la guerra civil.
Después de
décadas de reclamos por parte de las víctimas, en 2016 la Corte
Suprema anula la ley de Amnistía. Los enfrentamientos en la Asamblea
Legislativa continúan y el 26 de febrero pasado, el pleno aprueba
una ley de amnistía disfrazada, la llamada Ley Especial de Justicia
Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. “Si ni
siquiera se reconoce esta violación, estamos lejos de construir la
paz”, lamenta Silvia Juárez.
En El Salvador, la violencia deja las trincheras y muta en forma de
grupos pandilleros. Hasta el 30 de abril, la Fiscalía General de la
República (FGR) reporta dos casos en los que hay indicios de asesinatos
de mujeres a manos de pandillas o maras desde que comenzó la cuarentena
domiciliaria.
La coordinadora
de la mujer de la Fiscalía, Graciela Sagastume, explica que no hay
diferencia en cuanto al procedimiento de mujeres asesinadas por
integrantes de maras, porque en todos los casos se aplica el
protocolo de feminicidio. Según las reglas de las pandillas,
las mujeres no tienen voz y no pueden opinar ni decidir.
La
coordinadora fiscal considera que los feminicidios dentro del mundo
de las pandillas son un problema estructural. “En la medida que el
Estado invierta en problemas sociales, las mujeres podrán salir de
ese mundo”.
San Pedro Sula, violencia y
emigración
Iberoamérica es
la región más violenta del planeta, según un estudio de la ONG
mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia
Penal. De las 50 ciudades con más homicidios 15 están en México
(con Tijuana a la cabeza), dos en Honduras (San Pedro Sula y
Tegucigalpa), y una en Guatemala (Ciudad de Guatemala) y una en El
Salvador (San Salvador).
San Pedro Sula, la capital industrial
de Honduras con 1,1 millones de habitantes, estuvo considerada
durante cuatro años consecutivos, de 2011 a 2014, la ciudad más
violenta del mundo. Llegó a registrar 142 homicidios por cada
100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la
Universidad Autónoma de Honduras. San Pedro Sula es también el
epicentro del éxodo migratorio de Centroamérica hacia Estados
Unidos.
Una
de las zonas más conflictivas de la ciudad es Chamelecón, un
suburbio pobre, de calles de tierra, donde pandillas y grupos
criminales ligados al narcotráfico libran su propia guerra por el
control territorial. Aquí se registra el 5 de mayo un caso de
violencia que sacude la ciudad. Un abogado asesina a su esposa,
después a su hijo y finalmente se suicida. Los vecinos declaran que
escucharon gritos y una fuerte discusión.
Para la abogada y feminista Karol Bobadilla, quien integra el Foro
de Mujeres por la Vida, en Honduras no hay condiciones para que las
mujeres permanezcan en cuarentena y, sobretodo en casos donde tienen un
agresor al lado.
¿Qué
explicación tiene tanta violencia en Honduras? Tiene raíces
profundas, según detalla un análisis político del sacerdote Ismael
Moreno: “La acumulación de riqueza, tierra y recursos en pocas
manos, y la acumulación de poder en instituciones del Estado
controladas por esas mismas personas ha generado una violencia que
hoy nos parece incontrolable”.
La oligarquía hondureña, bajo la tutela del capital multinacional y
con el aval de las instituciones del Estado, ha logrado el control de
todos los hilos: del capital comercial, especulativo y agroindustrial,
de la energía, las comunicaciones, el turismo y el transporte. “Las
decisiones que de verdad pesan son las que toman estas familias, que en
su conjunto no pasan de doce apellidos”, explica Moreno.
Una
segunda característica es la cantidad de conflictos sin resolver:
“Educación y salud deficientes, recaudación de impuestos,
inseguridad y violencia. Es como una enorme olla de presión a punto
de estallar”.
El
tercer rasgo, según Ismael Moreno, es la subordinación del Estado
al sistema de partidos políticos. “Es una institucionalidad que
genera violencia, y que sirve como refugio a personas que se dedican
a delinquir, a establecer alianzas con organizaciones criminales
transnacionales, convirtiendo a instituciones enteras, como la
Policía Nacional, en maquinarias delictivas”. La violencia
impregna toda la sociedad hondureña y abona el sistema patriarcal,
que convierte muchos hogares en campos de batalla, donde muchas de
las víctimas son mujeres.
Inseguridad en la UNAM
Antes de que el coronavirus llegue a México, las movilizaciones de
mujeres contra las distintas formas de violencia de género están en un
punto álgido. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la de
mayor prestigio de América Latina, según la página UniRank, vive una
convulsión inédita debido al incremento de la violencia y a la falta de
respuesta de las autoridades universitarias.
Durante más de cinco meses, hasta el
14 de abril, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha estado
ocupada por un colectivo de mujeres estudiantes denominado Mujeres
Organizadas, que exigen el fin del acoso sexual, de las violaciones y
desapariciones de estudiantes en la facultad y en el resto de la
Universidad. La alumna Mariela Vanessa desapareció en 2018 sin dejar
rastro, cuando se dirigía desde su casa a la facultad.
Mientras dura la protesta, las
ocupantes de la facultad de Filosofía y Letras son “vigiladas,
perseguidas por todos los medios posibles, agredidas y
criminalizadas”. Lo que no consiguen las amenazas ni las
autoridades lo logra la pandemia, y finalmente tienen que desalojar
las instalaciones al no contar con “las herramientas necesarias
para hacer frente” al covid-19.
****
Las historias de México, El Salvador
y Honduras, reflejadas en este trabajo colectivo, ponen de relieve
que la pandemia del covid-19 sólo echa más leña al fuego de la
violencia machista. El confinamiento forzoso ha convertido muchos
hogares en auténticos infiernos para las mujeres.
La conclusión más tremenda, a la luz
de lo que ocurre en estos tres países, es que la violencia
intrafamiliar o de género no es por temporadas, ni se detendrá una
vez pasada la pandemia. Como afirma la fiscal salvadoreña Gabriela
Sagastume, la violencia hacia la mujer está sostenida por los
patrones socioculturales que imperan en El Salvador, que no difieren
mucho de los de México o de Honduras.
Antes del coronavirus las agresiones de toda magnitud a mujeres,
incluido el feminicidio, se repetían diariamente en cada uno de los tres
países. La pandemia esboza una nueva realidad llena de claroscuros. Las
instituciones del Estado brillan por su ausencia cuando son más
requeridas que nunca, pero en contrapartida la sociedad civil muestra
vigor y capacidad de presión para ser tenida en cuenta. En medio, las
mujeres, las víctimas, empiezan a perder el miedo y a romper el
silencio.
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