El confinamiento forzoso para evitar la propagación del
coronavirus se ha convertido en caldo de cultivo de otro virus de
efectos devastadores: la violencia machista. Las llamadas de auxilio y
denuncias de mujeres maltratadas se han disparado en México, El Salvador
y Honduras
Por Gloria Muñoz Ramírez, Karen Gato, Iolany Pérez y Héctor Madariaga para Otras Miradas*
Alejandra, de 19 años, y Lucero, de 30, (ambas utilizan seudónimos
por motivos de seguridad) están ingresadas desde hace unas semanas en un
refugio para mujeres maltratadas en la Ciudad de México. Intentan
recuperarse del tormento. En plena pandemia del Covid-19 el marido de
Alejandra mató a su bebé de nueve meses y la emprendió a golpes contra
ella. Lucero vivía encerrada en casa. Su pareja no la dejaba salir y el
abuso era constante. Ante la amenaza de la violencia machista y del
coronavirus, el confinamiento en una casa refugio es la protección de
Alejandra y Lucero, que no tienen ningunas ganas de volver a su
“normalidad”.
Las cifras por violencia de género en México eran alarmantes antes de
la pandemia. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que agrupa a 40
organizaciones de 22 estados del país, señala que unas diez mujeres eran
asesinadas cada día. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el
primer trimestre de 2020 ha sido el más violento para las mujeres
mexicanas en los últimos cinco años, con 964 homicidios. Pero el
presidente Andrés Manuel López Obrador declara que la tendencia en el
feminicidio “está a la baja”.
Lo que ocurre, precisa María de la Luz Estrada, es que de los 964
asesinatos, 720 están clasificados como homicidios dolosos y sólo 244
como feminicidios. Este último término define el asesinato de una mujer
por la condición de serlo, cometido siempre por un hombre y con una
clara connotación machista. Un número creciente de países han
incorporado el feminicidio a su legislación penal.
El primer caso de Covid-19 en México se detecta el 28 de febrero. En
las semanas siguientes se dictan medidas de aislamiento preventivo, y el
23 de marzo, con 316 casos confirmados y dos muertes, la Secretaría de
Salud declara la Jornada Nacional de Sana Distancia, y poco después la
campaña “Quédate en casa”. El 30 de marzo se declara una “emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor” y el 21 de abril comienza la fase
3, con medidas que extienden el confinamiento. Los casos de violencia de
género, –agresión físicas, sexual y emocional—se disparan de manera
alarmante, según advierten mujeres víctimas de violencia, madres de
mujeres asesinadas, activistas, y organizaciones feministas y de defensa
de derechos humanos.
Machismo y misoginia en El Salvador
Son más de las 2 de la madrugada del 29 de abril en una vivienda
humilde del municipio de Mejicanos, en San Salvador. Cristina, de 17
años, salta de la cama al escuchar ruido. A través de la cortina que
divide el cuarto minúsculo vislumbra la silueta de su padre. “¡Qué
haces!”, le grita. Salta por encima de la litera donde duerme su hermano
de 10 años, enciende la luz y ve una escena dantesca. La madre
ensangrentada en su cama, con el cuerpo del marido encima que trata de
ahogarla. La muchacha consigue apartar al padre, y levanta a la mujer
malherida.
Los gritos despiertan a su tío, Marvin Regalado, quien da un brinco y
ve en el cuarto contiguo a su cuñado Edwin Alexander López Rivas, con
los brazos extendidos, cubiertos de sangre. “Mátame, mirá lo que he
hecho”, susurra el agresor. Detrás ve a su hermana, Susan Daly Regalado,
que se tambalea agonizante.
Marvin avisa a la policía, mientras su sobrina recuesta a su madre,
con los ojos cerrados y la lengua fuera. De camino al hospital Marvin
graba con su teléfono celular a Susan, recostada en el asiento posterior
del vehículo policial, con una toalla ensangrentada en la cabeza. Tiene
puñaladas en el cuello, mejilla y frente. En pocos minutos llega a la
casa otra patrulla de la Policía, que detiene al agresor.
A las 3 de la madrugada, frente al Hospital Zacamil, en San Salvador,
un médico sube a la parte trasera del vehículo policial para auxiliar a
Susan. Demasiado tarde. “Lo siento, ya no se puede hacer nada. Está
muerta”.
El 1 de mayo se presenta ante el juzgado el requerimiento fiscal
contra Edwin Alexander López, por el delito de feminicidio agravado de
Susan Daly, que en El Salvador está tipificado y sancionado con una pena
de entre 30 y 50 años de prisión. López Rivas está detenido por orden
judicial y Fiscalía sigue realizando diligencias en la etapa de
instrucción.
El confinamiento forzado de la población a causa de la pandemia ha
agravado la violencia contra las mujeres. El Gobierno ha olvidado otro
virus, más letal y menos combatido: el machismo y la misoginia. Desde la
entrada en vigor de la cuarentena en marzo, el covid-19 ha causado la
muerte de al menos cinco mujeres hasta el 13 de mayo. En el mismo
período ha habido 18 asesinatos de mujeres, según la Organización de
Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), y el Centro de Atención Legal
ha recibido 158 denuncias, que representa un aumento de la violencia del
58% respecto de meses anteriores.
Una “condena” de dos meses en Honduras
En los últimos cuatro meses el Sistema de Emergencia 911 de Honduras
ha registrado más de 32.500 llamadas telefónicas de auxilio de mujeres,
que denuncian agresiones de su marido o de algún otro miembro de la
familia. Según el Ministerio Público, durante el confinamiento se
presentan entre 15 y 20 denuncias diarias por violencia doméstica sólo
en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades del país.
Una de las llamadas es de una joven, Angie García, hasta ese momento
desconocida para el gran público, que denuncia a su marido por maltrato
físico y verbal. La noche del 13 de abril, la Policía detiene en su
domicilio, en Tegucigalpa, a Román Rubilio Castillo, futbolista de la
selección hondureña y delantero centro del emblemático club Motagua.
El vídeo de la detención se hace viral en redes sociales, así como
una foto de la paliza que Castillo propinó a su esposa y madre de un
hijo. El futbolista pasa 24 horas en dependencias policiales, tal y como
estipula la legislación de Honduras, donde la violencia doméstica es
tipificada como falta y no como delito.
El Ministerio Pública confirma que el deportista estaba ebrio cuando
fue detenido. Después de varios rodeos el caso ingresa en el juzgado de
familia, y Castillo es “condenado” a dos meses de trabajo comunitario.
Melvin Duarte, portavoz del poder judicial, afirma que el acusado
reconoció los hechos denunciados por su esposa, “por violencia
psicológica y física”, lo que fue confirmado “por un dictamen preliminar
en materia forense”.
En Honduras 390 mujeres fueron asesinadas en 2019. El 60% de las
víctimas, por ataques de sus parejas, exparejas o alguien con quien
tuvieron una relación afectiva, según un informe del Observatorio de la
Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las
organizaciones de mujeres registran más casos, y alertan sobre la
altísima impunidad: nueve de cada 10 crímenes contra mujeres no se
investigan y los asesinos están libres.
Cristina Alvarado, dirigente feminista de la Organización de Mujeres
Visitación Padilla, asegura que la violencia de género en las familias
es una constante en Honduras. “La pandemia del Covid-19 sólo ha
evidenciado la realidad histórica que viven las mujeres, producto de la
violencia en el hogar. Esto lo venimos denunciando desde hace años las
organizaciones feministas y de mujeres”, dice Alvarado.
La presión de la sociedad civil
En México, durante el primer mes de confinamiento las llamadas y
mensajes de auxilio a los refugios de mujeres aumentan en un 80%, según
explica Pilar Sánchez Rivera, directora de Espacio Mujeres para una Vida
Digna y Libre de Violencia, uno de los 69 centros de la Red Nacional de
Refugios. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declara en una
de sus conferencias de prensa “mañaneras” que el 90% de las llamadas de
auxilio sobre violencia contra las mujeres son falsas, aunque los
registros oficiales hasta marzo digan lo contrario.
Marilú Rasso, directora ejecutiva del mismo refugio, asegura que en
la situación de encierro por el covid-19 “a las mujeres se les vuelve a
meter en un papel de servicio obligatorio, y cualquier pretexto funciona
para que el agresor ejerza violencia”.
En marzo, Alejandra y su hija de nueve meses sufren una vez más las
agresiones del marido y padre. La pequeña pierde el conocimiento y la
madre logra escapar con el bebé, que llega al hospital sin vida. El
personal sanitario llama al Servicio Médico Forense y a la Fiscalía.
“Les dije que en casa vivía amenazada, y que el papá nos golpeó a mi
hija y a mí. No estaba borracho ni drogado, sólo se aburría porque no
trabajaba”.
Un informe de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI) da cuenta de un 97% de impunidad en los feminicidios.
Entre el 3% restante se encuentra el marido de Alejandra, que está en la
cárcel por homicidio.
La historia de maltrato de Lucero empieza poco después del comienzo
de la relación con su pareja hace 11 años. Madre de cuatro hijas de 10,
8, 6 y 5 años de edad, Lucero es víctima primero de violencia emocional.
“Me insultaba, me decía que yo no valía nada y que si salía de la casa
no iba a poder sola”. Cansada de los golpes y del engaño, Lucero da el
paso: “Sin pensar agarré lo que pude y me fui con mis hijas. Una amiga
nos acompañó hasta el Centro de Justicia.” Los exámenes físicos y
psicológicos demoran una semana por falta de recursos humanos derivada
de la contingencia, y después envían a la madre y a tres de sus hijas a
un refugio. La mayor inquietud de Lucero es que la hija mayor está con
el padre.
Despliegue militar contra el virus y las pandillas
En El Salvador, el Gobierno del presidente Nayib Bukele convierte una
base militar en el primer centro de confinamiento para las personas que
llegan del exterior. El 14 de marzo, la Asamblea Legislativa aprueba la
“Ley de Restricción Temporal” o régimen de excepción, y el estado de
emergencia y calamidad, para hacer frente al coronavirus. El plan
Control Territorial, cuyo contenido era desconocido por la sociedad
civil, había permitido anteriormente el despliegue militar y policial en
todo el país para actuar contra las pandillas Mara Salvatrucha-13 y
Barrio 18. El Salvador, un país de 6,7 millones de habitantes, tiene uno
de los índices de violencia más alto del mundo.
Los datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública indican que
en 2019 se cometieron 230 asesinatos de mujeres, de un total de 2.398
homicidios, casi 1.000 menos que el año anterior. El Gobierno presenta
esta tendencia a la baja como un éxito del plan Control Territorial, que
entró en vigor en junio de 2019.
Con la ejecución del último decreto aprobado “la Fuerza Armada
mantiene el 100% de sus efectivos colaborando en la lucha contra el
covid-19”, declara el ministro de Defensa, René Merino Monroy. Las
personas que, a juicio de las fuerzas de seguridad, no tienen una
justificación válida para salir de casa, son detenidas. Más de 2.420
personas están retenidas en condiciones inmundas en centros de
contención por violar la cuarentena.
La arbitrariedad de la actuación policial en muchos casos ha
provocado choques del presidente con la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Bukele ha desafiado al alto tribunal al hacer caso omiso a las
resoluciones judiciales, y la CSJ ha admitido innumerables habeas corpus de personas que denuncian arbitrariedades.
Si bien El Salvador fue uno de los primeros países en cerrar el
aeropuerto para vuelos comerciales, la improvisación ha sido la nota
predominante en la estrategia de Bukele. Adultos mayores, los más
vulnerables ante el contagio, han sido confinados en los mismos centros
que las personas procedentes de países considerados focos infecciosos.
El regreso a casa del agresor
La pasividad de la Justicia hondureña provoca que muchas mujeres
retiren las denuncias, y que los familiares de las víctimas renuncien a
luchar. El miedo se apodera cuando el Estado es claramente ineficiente y
no responde a las víctimas.
El caso del futbolista Castillo, denunciado por agresión por su
esposa, da un vuelco en cuestión de días, cuando Angie García se
retracta de sus acusaciones y dice, a través de las redes, que su marido
puede volver a casa. “No entraré en polémica, simplemente
quiero aclarar que las fotos expuestas en redes sociales no son de mi
persona. Pido respeten mi privacidad, no es justo que mi familia sea el
centro de atracción”, escribe la cónyuge del jugador.
La legislación permite a las autoridades ordenar la puesta en
libertad del agresor, para regresar a casa y convivir de nuevo con la
víctima, si no es un caso reincidente. En opinión de la dirigente
feminista Cristina Alvarado, la vuelta del agresor al hogar supone un
alto riesgo para la víctima. “Lo que estamos promoviendo como
organización es que las mujeres agredidas vayan a las casas refugio, o
con familiares o amigos. Por lo general, el gran problema es que la
violencia doméstica está tipificada como una falta y no como un delito,
entonces el enfoque de la ley es preventivo nada más”.
La jueza Claudia Isabela López puntualiza que, si el agresor no
cumple con las medidas que dicte un juzgado, el proceso se convierte en
penal. “El antecedente de violencia doméstica, cuando es reiterativo,
pasa a ser un proceso judicial”.
Ciudad Juárez, cuna del feminicidio
La propagación del virus ha provocado la suspensión de las clases en
todos los niveles educativos de México. Muchas madres y padres que aún
trabajan han dejado a sus hijos en manos de familiares. Es el caso de
Miguel Ángel Z y María Guadalupe M, en Ciudad Juárez (Chihuahua), que
quedan al cuidado de su nieta de seis años. El padre de la niña no vive
en la ciudad. El 11 de abril, en plena contingencia sanitaria, la
pequeña presenta una insuficiencia respiratoria grave que acaba con su
vida. La primera sospecha de los padres apunta a coronavirus, pero el
informe médico revela que la niña fue violada, golpeada y estrangulada.
El abuelo es el principal sospechoso y es detenido junto con su
esposa. Yadira Soledad Cortés, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres
Juárez, dice que éste es uno de los muchos casos en plena pandemia: “La
violencia sexual infantil se da principalmente por un conocido o un
familiar, y las niñas confinadas están más expuestas”.
Ciudad Juárez es un municipio emblemático de los asesinatos de
mujeres en México. En los primeros años de la década de los 90 se
propagó en esta ciudad fronteriza una ola de homicidios de mujeres, en
su mayoría trabajadoras de las maquilas y habitantes de las colonias
populares. Aquí nacieron organizaciones de defensa de mujeres como “Ni
una más”, “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y “Mesa de Mujeres Juárez”,
que aglutina a una decena de colectivos.
Del 1 de enero al 14 de mayo se han registrado en esta ciudad 65
feminicidios, un 27% más que en el mismo periodo de 2019, según la Mesa
de Mujeres.
El aumento de la violencia de género se repite en todo el país. En
enero hubo 15.851 denuncias por violencia familiar en México, en
febrero, 13.000, y en marzo, ya con las medidas de confinamiento, se
abrieron 20.000 casos. Las llamadas al teléfono oficial de emergencia
(911) se multiplican cada mes.
El panorama ya era difícil antes de la pandemia, señala Irinea
Buendía, madre de una joven estrangulada por su pareja y referente
nacional en la búsqueda de justicia. “Vivíamos una emergencia nacional,
pero nadie nos hizo caso, y por eso hubo una manifestación histórica el 8
de marzo, y un paro nacional de mujeres, sin precedentes en México, el 9
de marzo”. Pero al presidente López Obrador “en ese momento le
importaba más el sorteo simbólico del avión presidencial y despreció
nuestras denuncias”, acusa Buendía.
Mensaje de impunidad
La historia de El Salvador está marcada por la muerte, la guerra,
levantamientos campesinos, mártires y dictaduras militares. El conflicto
armado de los años 80 entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, generado por la
injusticia social, se prolonga 12 años, hasta la firma de los Acuerdos
de Paz de Chapultepec en 1992. El problema de fondo, como en toda la
región, se resume en dos palabras: desigualdad y exclusión de la gran
mayoría. Según Oxfam, los 160 más ricos acaparan el 87% de la riqueza. Y
la mayoría vive al día.
“El presente no está desvinculado del pasado”, subraya Silvia Juárez,
de la organización de mujeres Ormusa, que cita como ejemplo el informe De la locura a la esperanza,
elaborado por la Comisión de la Verdad tras la firma de la paz. Dicho
informe describe la violencia sexual como un hecho colateral y no como
una violación sistemática contra las mujeres.
Tras la firma de los acuerdos de paz no hay un proceso de
reconciliación nacional. El año siguiente, en 1993, la Asamblea
Legislativa aprueba la ley de Amnistía General para la Consolidación de
la Paz, que pone en libertad a todos los presos involucrados en
violaciones de derechos humanos durante la guerra civil.
Después de décadas de reclamos por parte de las víctimas, en 2016 la
Corte Suprema anula la ley de Amnistía. Los enfrentamientos en la
Asamblea Legislativa continúan y el 26 de febrero pasado, el pleno
aprueba una ley de amnistía disfrazada, la llamada Ley Especial de
Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. “Si ni
siquiera se reconoce esta violación, estamos lejos de construir la paz”,
lamenta Silvia Juárez.
En El Salvador, la violencia deja las trincheras y muta en forma de
grupos pandilleros. Hasta el 30 de abril, la Fiscalía General de la
República (FGR) reporta dos casos en los que hay indicios de asesinatos
de mujeres a manos de pandillas o maras desde que comenzó la cuarentena
domiciliaria.
La coordinadora de la mujer de la Fiscalía, Graciela Sagastume,
explica que no hay diferencia en cuanto al procedimiento de mujeres
asesinadas por integrantes de maras, porque en todos los casos se aplica
el protocolo de feminicidio. Según las reglas de las pandillas, las
mujeres no tienen voz y no pueden opinar ni decidir. La coordinadora
fiscal considera que los feminicidios dentro del mundo de las pandillas
son un problema estructural. “En la medida que el Estado invierta en
problemas sociales, las mujeres podrán salir de ese mundo”.
San Pedro Sula, violencia y emigración
Iberoamérica es la región más violenta del planeta, según un estudio
de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la
Justicia Penal. De las 50 ciudades con más homicidios 15 están en México
(con Tijuana a la cabeza), dos en Honduras (San Pedro Sula y
Tegucigalpa), y una en Guatemala (Ciudad de Guatemala) y una en El
Salvador (San Salvador).
San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras con 1,1 millones de
habitantes, estuvo considerada durante cuatro años consecutivos, de
2011 a 2014, la ciudad más violenta del mundo. Llegó a registrar 142
homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la
Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. San Pedro Sula es
también el epicentro del éxodo migratorio de Centroamérica hacia Estados
Unidos.
Una de las zonas más conflictivas de la ciudad es Chamelecón, un
suburbio pobre, de calles de tierra, donde pandillas y grupos criminales
ligados al narcotráfico libran su propia guerra por el control
territorial. Aquí se registra el 5 de mayo un caso de violencia que
sacude la ciudad. Un abogado asesina a su esposa, después a su hijo y
finalmente se suicida. Los vecinos declaran que escucharon gritos y una
fuerte discusión.
Para la abogada y feminista Karol Bobadilla, quien integra el Foro de
Mujeres por la Vida, en Honduras no hay condiciones para que las
mujeres permanezcan en cuarentena y, sobretodo en casos donde tienen un
agresor al lado.
¿Qué explicación tiene tanta violencia en Honduras? Tiene raíces
profundas, según detalla un análisis político del sacerdote Ismael
Moreno: “La acumulación de riqueza, tierra y recursos en pocas manos, y
la acumulación de poder en instituciones del Estado controladas por esas
mismas personas ha generado una violencia que hoy nos parece
incontrolable”.
La oligarquía hondureña, bajo la tutela del capital multinacional y
con el aval de las instituciones del Estado, ha logrado el control de
todos los hilos: del capital comercial, especulativo y agroindustrial,
de la energía, las comunicaciones, el turismo y el transporte. “Las
decisiones que de verdad pesan son las que toman estas familias, que en
su conjunto no pasan de doce apellidos”, explica Moreno.
Una segunda característica es la cantidad de conflictos sin resolver:
“Educación y salud deficientes, recaudación de impuestos, inseguridad y
violencia. Es como una enorme olla de presión a punto de estallar”.
El tercer rasgo, según Ismael Moreno, es la subordinación del Estado
al sistema de partidos políticos. “Es una institucionalidad que genera
violencia, y que sirve como refugio a personas que se dedican a
delinquir, a establecer alianzas con organizaciones criminales
transnacionales, convirtiendo a instituciones enteras, como la Policía
Nacional, en maquinarias delictivas”. La violencia impregna toda la
sociedad hondureña y abona el sistema patriarcal, que convierte muchos
hogares en campos de batalla, donde muchas de las víctimas son mujeres.
Inseguridad en la UNAM
Antes de que el coronavirus llegue a México, las movilizaciones de
mujeres contra las distintas formas de violencia de género están en un
punto álgido. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la de
mayor prestigio de América Latina, según la página UniRank, vive una
convulsión inédita debido al incremento de la violencia y a la falta de
respuesta de las autoridades universitarias.
Durante más de cinco meses, hasta el 14 de abril, la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM ha estado ocupada por un colectivo de
mujeres estudiantes denominado Mujeres Organizadas, que exigen el fin
del acoso sexual, de las violaciones y desapariciones de estudiantes en
la facultad y en el resto de la Universidad. La alumna Mariela Vanessa
desapareció en 2018 sin dejar rastro, cuando se dirigía desde su casa a
la facultad.
Mientras dura la protesta, las ocupantes de la facultad de Filosofía y
Letras son “vigiladas, perseguidas por todos los medios posibles,
agredidas y criminalizadas”. Lo que no consiguen las amenazas ni las
autoridades lo logra la pandemia, y finalmente tienen que desalojar las
instalaciones al no contar con “las herramientas necesarias para hacer
frente” al covid-19.
****
Las historias de México, El Salvador y Honduras, reflejadas en este
trabajo colectivo, ponen de relieve que la pandemia del covid-19 sólo
echa más leña al fuego de la violencia machista. El confinamiento
forzoso ha convertido muchos hogares en auténticos infiernos para las
mujeres.
La conclusión más tremenda, a la luz de lo que ocurre en estos tres
países, es que la violencia intrafamiliar o de género no es por
temporadas, ni se detendrá una vez pasada la pandemia. Como afirma la
fiscal salvadoreña Gabriela Sagastume, la violencia hacia la mujer está
sostenida por los patrones socioculturales que imperan en El Salvador,
que no difieren mucho de los de México o de Honduras.
Antes del coronavirus las agresiones de toda magnitud a mujeres,
incluido el feminicidio, se repetían diariamente en cada uno de los tres
países. La pandemia esboza una nueva realidad llena de claroscuros. Las
instituciones del Estado brillan por su ausencia cuando son más
requeridas que nunca, pero en contrapartida la sociedad civil muestra
vigor y capacidad de presión para ser tenida en cuenta. En medio, las
mujeres, las víctimas, empiezan a perder el miedo y a romper el
silencio.
*Otras Miradas es una alianza de periodismo
colaborativo integrada por medios independientes de México y
Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas”
en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo
(México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), Gato
Encerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso
(Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y
Confidencial (Nicaragua).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario