Millones de mexicanos que viven al día necesitan trabajar, reconoce
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que
entrar a la nueva normalidad no debe ser sólo decisión de la autoridad,
sino también parte del ejercicio de la libertad individual, por lo que más que prohibiciones, se debe ir dejando la responsabilidad a la gente. Para superar la coyuntura tenemos
que vencer no sólo la pandemia, sino también nuestros temores, nuestros
miedos, desde luego con cuidado, pero como ha pasado mucho tiempo con
el confinamiento.
Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario aseveró que en el regreso a la actividad social y económica desde
luego lo primero es la salud, lo primero es no arriesgarnos, cuidarnos,
no ir al hospital y mucho menos perder la vida, eso es lo primero.
Pero, al mismo tiempo, ya ir avanzando poco a poco, con cuidado, de
acuerdo con las recomendaciones de los médicos, pero no quedarnos
inmóviles, porque también es un asunto mental, por lo que pidió hacer un gran compromiso para salir, cuidándonos.
López Obrador enfatizó que, en algunos casos, no es sólo que se encuentre el semáforo en rojo, sino también hay muchos que no tienen ganas de salir y hay que salir poco a poco, con cuidado, ejercer nuestra libertad,
pero respetar a quienes tienen posibilidad de realizar su trabajo desde
casa. Sin embargo, hay millones de personas que viven al día y
requieren de salir a trabajar, por lo que poco a poco es necesario
continuar.
Aseguró que retomar sus recorridos por el país tiene el fin de
avanzar paulatinamente a la normalidad porque si bien, dijo, podría
quedarse en la Ciudad de México y gobernar desde Palacio Nacional, es
importante ir a los estados. Aunque no haya un mitin o concentración,
aunque se lleven a cabo con cuidado y se realicen los actos con 30 o 40
personas, pero se sabe que estuvimos en Hermosillo, se sabe que estuvimos allá con los guarijíos.
Abrir la frontera, decisión de Salud
Consultado sobre el plazo para la reapertura de la
frontera norte, señaló que hay una buena coordinación con el gobierno
estadunidense, pero esa determinación la adoptarán las autoridades de
salud. Consideró que no sólo en la línea internacional se debe buscar el
equilibrio, sino “ser muy responsables con la atención a la pandemia,
no decir ‘ya no hay peligro, ya no hay riesgo’, y exponernos; no, vamos a
seguir pendientes, cuidándonos”. En la Ciudad de México también ya se
piensa en ese retorno, aludió.
Sobre las indicaciones sanitarias, exhortó a estar enterados de las
conferencias de Hugo López-Gatell, a quien –reiteró– le tiene toda la
confianza porque es un profesional de primer orden, una gente seria,
responsable, honesta, incapaz de ocultar cosas, de decir mentiras, de
causarle daño a nadie.
Ciudad de México. Feministas llamaron a las
ciudadanas a unirse a la compaña “Nosotras Tenemos otros Datos” para
exigir al gobierno mexicano información, políticas públicas y
presupuesto para garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres.
Así lo expusieron este 1 de junio en conferencia de prensa virtual
las integrantes del nuevo movimiento ciudadano y feminista “Nosotras
Tenemos otros Datos”, conformado por defensoras de los Derechos de las
Mujeres, académicas, artistas, investigadoras y políticas.
Al leer el pronunciamiento, la directora del Instituto de Formación
Justicia y Derechos Humanos, Patricia Olamendi Torres (impulsora también
de este movimiento) explicó que “Nosotras tenemos otros datos” es un
movimiento ciudadano que busca asegurar que las mujeres estén presentes
en todas las decisiones de gobierno.
El llamado, dijo, es a hacer una contraloría ciudadana, social, que
asegure que en México haya políticas públicas y presupuestos destinados a
cumplir con el objetivo de lograr la igualdad entre mujeres y hombres,
especialmente en los temas donde las brechas por sexo son más marcadas:
salud, empleo, acceso a servicios, entre otras.
“Necesitamos estar presentes las mujeres en todos los espacios para
asegurar que una política pública cumpla con la igualdad. Vamos a
pedirles (a las ciudadanas) que soliciten información, que las
autoridades presenten informes claros y transparentes, que rindan
cuentas de cómo se ejercen los recursos”, explicó la experta.
Por su parte, Beatriz Cosío, que se presentó como defensora por una
vida libre de violencia, explicó que el Estado mexicano tiene la
obligación de adoptar medidas específicas y programas para garantizar la
investigación y recopilación estadística sobre las causas,
consecuencias y frecuencias sobre la violencia contra las mujeres.
Estas obligaciones están establecidas en tratados internacionales de
cumplimiento obligatorio para México, como es la Convención Belém Do
pará y el Examen Periódico Universal (EPU), que recomendó en 2018 al
Estado mexicano reforzar los mecanismos de recopilación de datos.
Cosió ofreció datos obtenidos de los reportes periódicos del
Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública que demuestran que
la violencia contra las mujeres sí aumentó durante enero, febrero, marzo
y abril de 2020 con respecto al mismo periodo de 2019; asimismo, de
acuerdo con la información, algunas formas de violencia aumentaron de un
mes a otro en el presente año. .
Entre los datos que ha documentado “Nosotras Tenemos otros Datos”
está que de enero a abril de 2020, en comparación con el mismo periodo
de 2019, todas las llamadas de emergencia por las distintas formas de
violencia contra las mujeres catalogadas por el Secretariado Ejecutivo
aumentaron, a excepción de violencia por parte de la pareja.
No obstante, observó Cosío, llama la atención la brecha entre las 230
mil 757 llamadas de auxilio por violencia familiar que se recibieron en
este periodo y las 68 mil carpetas de investigación iniciadas por ese
delito. “Es importante conocer qué curso se dio a las llamadas, si
llegaron o no a la autoridad correspondiente”, expresó.
Las feministas que integran esta campaña señalaron que a partir de
este día cada lunes darán una conferencia para explicar los nuevos datos
que demuestren que la violencia contra las mujeres sí ha aumentado y
que, como parte de sus actividades, realizarán en días próximos un
festival cultural llamado “Por una Vida Libre de Violencia.
El hecho de mantener el territorio nacional, a excepción de Zacatecas, en el grado máximo de alerta epidemiológica es deliberado, es a propósito porque no podemos arriesgarnos en la primera etapa de desconfinamiento a ser permisivos, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Previsión y Promoción de la Salud.
Explicó que el semáforo, que cuenta con cuatro indicadores para
determinar cuál de cuatro colores corresponde a esa entidad, se diseñó ex profesopara tener la máxima seguridad sanitaria
en las primeras etapas del ingreso a la nueva normalidad, por lo que si
una entidad tiene al menos uno de los cuatro elementos a evaluar en
rojo, todo el semáforo es rojo para el estado.
Durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional, explicó que no
queremos criterios suaves en este momento, porque toda la sociedad
tiene como prioridad evitar los rebrotes, y si tenemos criterios bajos,
laxos, suaves, permisivos, entonces tendríamos un desconfinamiento
demasiado acelerado.
Agregó que este instrumento epidemiológico se irá adaptando de
acuerdo a la velocidad de cambio y a los indicadores. En la medida en
que garanticemos que no haya repunte o rebrote, entonces puede ser que
se tomen criterios menos intensos, por diseño se hizo así, y lo
comentamos el martes en la sesión de Comisión Nacional de Gobernadores
(Conago), todos sabemos que así es el criterio del semáforo, subrayó.
El reporte técnico sobre el avance del nuevo coronavirus arrojó 3 mil
227 nuevas confirmaciones de Covid-19, mientras el día anterior fueron 3
mil 377, con lo que el registro acumulado llegó a 84 mil 627. En el
registro de decesos, hubo 371 para un total de 9 mil 415, cuando el
jueves se reportaron 447, por lo que en ambos indicadores hubo un ligero
descenso.
Detectan menos portadores del coronavirus
López-Gatell señaló que hasta fecha se han realizado 225
mil 180 pruebas, y hay 280 mil 575 disponibles, por lo que no hay un
límite ni una cuota diaria, e insistió en que no debe haber
restricciones para su aplicación.
En cuanto al índice de positividad, que se refiere al porcentaje de
cada 100 personas con muestras procesadas por laboratorio que resultan
portadoras, explicó que en la fase tres hemos tenido cierta
estabilidad con 41-42 por ciento y, si lo vemos por entidad, en algunas
ya empezaron a reducir al reportar 30 a 25 por ciento.
En la conferencia, a la cual también acudió el secretario de
Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien anunció que se elaborarán
guías de actuación para las escuelas de operación en entidades públicas y
privadas a fin de garantizar una adecuada preparación para el regreso a
clases, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Zoé Robledo, subrayó que si las empresas no cumplen los esquemas
de la nueva normalidad en el espacio laboral, se podrá llegar a su
clausura.
Indicó que, hasta ayer en la noche, 16 mil 626 compañías habían
concluido su registro para reiniciar actividades este 1º de junio.
Ciudad de México. Especialistas en derechos de las
mujeres criticaron la nueva campaña del gobierno federal “Cuenta hasta
10”, presentada este día por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez
Cuevas, la cual busca prevenir la violencia contra las mujeres durante
la contingencia, ya que en su opinión, es lejana a la realidad de las
mexicanas, es clasista, está descontextualizada, está repleta de
estereotipos y naturaliza o justifica la violencia contra las mujeres.
Durante la conferencia de prensa a la que citó este 26 de mayo la
Secretaría de Gobernación (Segob) para hablar sobre la violencia contra
las mujeres, fue presentada la campaña que busca “visibilizar la
violencia contra las mujeres y por otro lado mostrar algunas
herramientas prácticas a los ciudadanos para enfrentar situaciones
difíciles que a veces desembocan o terminan en actos de violencia contra
contra las mujeres”.
En las postales, videos y audios que integran la campaña se ve a
familias convencionales al borde de un acto de violencia. El mensaje del
gobierno federal es “cuenta hasta 10” y “saca la bandera blanca de la
paz”.
La campaña es un fracaso
La campaña “es un fracaso de la política para prevenir la violencia
contra las mujeres. No veo cuál es la estrategia, ni la perspectiva de
género ni dónde está el contexto de la realidad de las mujeres”, expresó
en entrevista con Cimacnoticias, María de la Luz Estrada, coordinadora
del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), integrado
por más de 40 organizaciones que acompañan a víctimas.
Luz Estrada explicó que cuando se habla de violencia familiar se
tiene que explicar el impacto diferenciado entre mujeres y hombres, así
como la diversidad de violencias y contextos a los que pueden
enfrentarse las mujeres. Por ejemplo, no es la misma realidad la de una
mujer indígena que la de una mujer en un contexto urbano, expresó.
“Si ellos revisaran (el gobierno
federal) los peritajes de víctimas de violencia familia se darían cuenta
que las mujeres viven círculos de violencia donde las razones muchas
veces por las que se mantienen unidas al agresor es la dependencia
económica, el miedo a la pareja, a salvaguardar el nombre de las
familias como dice Andrés Manuel López Obrador. Decir ‘calma y saca tu
bandera de la paz’ me pareció hasta grosero, sin perspectiva”,
María de la Luz Estrada
De acuerdo con la coordinadora del OCNF esta campaña es reflejo que
las autoridades no están entendiendo la cultura machista
discriminatoria. “Imagínate que sólo sea que contaras 10 y ya acabara la
violencia. Muchas mujeres están totalmente sometidas, tienen miedo al
agresor. Todos los miembros de la familia pueden tener miedo”, detalló y
agregó que las organizaciones de la sociedad civil basan sus campañas
incluso en estudios más formales de comunicación.
Esta campaña, dijo Estrada, recordó otras estrategias fallidas para
atender la violencia contra las mujeres en México, entre ellas la del
silbato rosa para evitar la violencia sexual, de la administración de
Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la Ciudad de México, para
la que se gastaron muchos millones de pesos y no tuvo resultados; y la
campaña “Cuenta hasta 10”, que publicó Televisa hace 10 años para
prevenir la violencia familiar.
Por su parte, la coordinadora de la Red Nacional de Refugios A.C,
(RNR) Wendy Figueroa Morales, dijo que en la campaña hay varias cosas
que preocupan, por ejemplo que ponen la atención en el terreno
individual como si fuera un asunto de voluntades.
“Pienso en las mujeres que podrían estar dentro de esta casa.
Pedirles que cuenten hasta 10 y esperar me parece que es una campaña que
no va acorde a lo que estamos viviendo en el país. Son acciones
preventivas pero que no están acercadas a una realidad”, reflexionó.
La también experta en protección para mujeres víctimas de violencia
dijo que, desde su perspectiva, parece que “esta campaña está realizada
desde el escritorio y no desde las realidades. Muchas de ellas (las
mujeres víctimas de violencia) lo que han hecho ahorita porque les da
miedo contagiarse de COVID es guardar silencio para que la violencia no
llegue, pero están esperando el momento de salir y buscar opciones”.
Figueroa criticó, como ejemplo, la frase de una de las postales que
integra esta campaña: “Para que la violencia no te gane respira y cuenta
hasta 10”. La experta expresó que se requiere identificar que la
violencia es un delito y que costó muchísimo tipificarla como tal. “El
que la violencia `te gane´ parece ser que es una cuestión que se activa y
se desactiva, pero en realidad es un acto brutal. El mensaje vuelve a
naturalizar y justificar la violencia contra las mujeres por el hecho
del confinamiento. Tenemos que tener claro que la violencia contra las
mujeres es antes de la pandemia”, expresó.
Y agregó que las organizaciones civiles, feministas, los propios
organismos internacionales, han solicitado con datos y testimonios
propuestas de políticas públicas, pero la solución pareciera estar de
acuerdo a esta campaña en contar hasta 10, ausente el enfoque de género,
Derechos Humanos e interculturalidad así como acciones puntuales y
transversales que garanticen el derecho de las mujeres y niñez a una
vida libre de violencias.
La coordinadora de la RNR también criticó que en el mensaje se pide
llamar al 911 cuando muchas mujeres refieren que llaman a ese número
pero no reciben el servicio de atención que se requiere. “El mensaje no
es claro, tampoco asume la responsabilidad de las autoridades del
gobierno mexicano para atender, eliminar y sancionar la violencia contra
las mujeres” y, agregó, usar la bandera blanca en la campaña es
reforzar el mensaje de gobierno sobre la construcción de paz, pero la
pregunta es: “¿qué está haciendo el gobierno para garantizar esa paz?”
Por su parte, la subdirectora de Equis Justicia para las Mujeres,
Maïssa Hubert, dijo que la campaña no tiene enfoque de género, son
hombres jóvenes y niños violentados y una sola mujer en posición de
generadora de violencia. “No nos refleja como víctimas de violencia
familiar”; en segundo lugar, la bandera blanca es pedir a la ciudadanía
una tregua y una pausa con la violencia, pero esto no cuestiona los
factores que provocan la violencia familiar; y el último problema es que
la ciudadanía piense bien antes de recurrir a los servicios del Estado
para denunciar la violencia.
La doctora en derecho y directora del Instituto de Justicia y
Derechos Humanos, Patricia Olamendi Torres, se dijo preocupada por estas
campañas porque demuestran que la problemática de las mujeres no se
entiende. Coincidió en que es una campaña con un contenido clasista
porque sólo plantea un modelo de familia en un estrato social y deja en
las mujeres la responsabilidad de prevenir la violencia contra ellas, ya
que no plantea ninguna acción de gobierno.
Para Olamendi esta campaña es un retroceso en el avance sobre los
derechos de las mujeres, ya que desde los años 70 ya se identifica la
violencia contra las mujeres en México; ya se hicieron leyes,
presupuesto, programas y un conjunto de acciones específicas, pero nada
de eso se vio reflejado en el material audiovisual presentado hoy.
La experta precisó que este retroceso se ha mostrado desde el inicio
de la administración de López Obrador, ya que ha prohibido cualquier
acción conjunta de gobierno con organizaciones de la sociedad civil, ha
hecho señalamientos contrarios a los derechos de las mujeres y el
movimiento feminista, y varios de los esfuerzos en este tema han
concluido.
“Lo peor es que lo están pagando muchas mujeres. Es una campaña que
hubiera tenido sentido en los 60, ya que no se hablaba de la violencia
contra la mujer, pero no ahora”, y agregó que lo que se esperaba del
gobierno federal era una política pública muy concreta, relacionada con
el presupuesto para que todos los programas para atender la violencia
contra las mujeres se ejecuten durante la pandemia, ampliar juzgados
especializados para la violencia, formar policía experta, formar más
casas de transición, medidas más radicales para la detención inmediata
de los agresores, y más apoyo a organizaciones sociales, pero esto no
sucedió.
Al ser cuestionado sobre el fundamento para generar esta campaña,
Jesús Cuevas expresó que lo revisó con mujeres y organizaciones. Ninguna
de las expertas consultadas para esta nota fue invitada a participar en
la evaluación de esta campaña, por el contrario, coinciden todas en que
el gobierno federal actual las ha excluido de la planeación de las
políticas públicas. Cimacnoticias consultó a Presidencia pero no hubo
respuesta.
La campaña lanzada es confusa, poco didáctica e
invita a las víctimas que se protejan a sí mismas, o son dirigidas a
buscar sólo a la policía, al proponer que llamen al 911
México, 20 may. 20. AmecoPress/SEMlac).- Cerca
de 19 millones de mexicanas viven el riesgo de violencia en casa,
indican datos oficiales según los cuales la demanda de apoyo
institucional -solo en los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM)-
creció entre enero y marzo hasta más de 263 por ciento en Sinaloa, más
del 60 por ciento en Coahuila y Jalisco, por ejemplo.
En abril, en León, Guanajuato, se atendió el llamado de 15
mujeres al día y de acuerdo con Seguridad Pública durante la pandemia
crecieron 38 por ciento las llamadas de auxilio.
Ante esa realidad, responsables de algunas Instancias de las Mujeres
en las entidades federativas consideraron que la presentación de la
campaña NO ESTAS SOLA, Convivencia sin Violencia, lanzada por la
Secretaría de Gobernación 50 días después de los primeros indicios del
crecimiento de violencia familiar por el confinamiento sanitario, no
responde al tamaño del problema.
La campaña lanzada el pasado miércoles, señalan responsables de
instancias de las mujeres, es confusa, poco didáctica e invita a las
víctimas que se protejan a sí mismas. O son dirigidas a buscar sólo a la
policía, al proponer que llamen al 911.
Al igual que las titulares de los organismos públicos, la senadora
Verónica Camino Farjat, las diputadas como Martha Tagle y Lorena
Villavicencio, así como académicas, activistas y funcionarias, que
encabezaron sendas cartas públicas, habían recomendado que atajar esta
pandemia requiere mejorar las medidas integrales de protección y dar
acompañamiento a las víctimas.
En algunos Centros de Justicia para Mujeres sólo hay una persona de
guardia, como el caso de Guerrero, y no obstante saber que la violencia
estaba creciendo, no se actuó a tiempo.
La información y el análisis estadístico de la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), de la
Secretaría de Gobernación, confirma que en el primer trimestre de 2020
había una curva ascendente en la inseguridad de las mujeres, muchas en
su propia casa.
Semanas después de acciones como los protocolos en Michoacán,
Chihuahua y Jalisco, ahora, NO ESTÁS SOLA, es simplemente una infografía
en línea, y, además de la tendencia policiaca, dice a las mujeres que
acudan a sus amigas o familiares.
Los datos duros
CONAVIM indica que, al comienzo de la pandemia, las cifras eran
claras. En el primer trimestre de este año, comparado con el primer
trimestre de 2019, la demanda de apoyo, orientación o refugió creció
globalmente casi tres por ciento.
Pero en algunas entidades como Sinaloa, Ciudad de México y Michoacán
aumentó 263.8, 22 y 46,6 por ciento, respectivamente. En Michoacán el
gobierno, incluso, instaló un refugio adicional. En Hidalgo esa demanda
aumentó 67,8 por ciento, en Quintana Roo 61,7, Jalisco 61,6, Guanajuato
36,7, Morelos 26,9 y en Guerrero 26,2.
Esta situación no puede ser resuelta sólo con la policía, ni entre
amigas, ni redes, se necesitan instituciones a dónde acudir, así como
activar todas las políticas de prevención y atención creadas en los
últimos 18 años.
Solo los Centros de Justicia para Mujeres en el primer trimestre de
2020 atendieron a 46.783 mujeres: 30 por ciento fue de asistencia
jurídica, pero ahora la mayoría de estos centros están semicerrados,
pese a que en ellos se brinda atención médica, y acompañamiento jurídico
y psicológico; además, de hacer canalizaciones a casas de acogida o
refugios.
Igualmente atienden a las víctimas indirectas -niños y niñas, otras
familiares, como pueden ser las madres de las víctimas- y les dan apoyo
para que tomen su vida en sus manos, llamado empoderamiento y otras
acciones, pero nada de eso se puede "si el folleto de campaña es
complicado, complejo", dijo una de las responsables de Instancias de las
Mujeres que pidió no revelar su nombre, porque "se les considera
traidoras o conservadoras".
CONAVIM también informó que durante el primer trimestre de 2020 hubo
decrecimiento en la demanda de intervención de los Centros de Justicia
para Mujeres: en Campeche menos 63,7 por ciento Chihuahua menos 60,3,
Tlaxcala menos 57,9, Yucatán menos 59,9, Querétaro menos 49,4,
Aguascalientes menos 29,1 y Baja California Sur menos 27,7.
Según CONAVIM, en el primer trimestre de 2020 fueron canalizadas ocho
mujeres, todos los días, a los refugios o casas de acogida y se atendió
en promedio cada día a 16.500 mujeres en apoyo psicológico.
No se sabe cuántas reciben atención y acompañamiento dentro del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
estatales, o en las propias instancias de las mujeres, como las
Secretarías de Michoacán o Guerrero; además, de los institutos
municipales de las mujeres. Sin embargo, todavía no se publica el
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres 2020.
No estás sola. Convivencia sin violencia
La campaña NO ESTAS SOLA, avalada por ONU Mujeres, anunciada en
conferencia virtual, se lanzó 45 días después de los primeros indicios
del crecimiento de la violencia en casa como resultado del confinamiento
sanitario para prevenir la COVID 19, así como la presión por la falta
de recursos en los Refugios, por lo que algunos tuvieron que cerrar,
como en Veracruz; situación que se agrava por la denuncia de falta de
apoyos económicos para las Casas de la Mujer Indígena o
Afromexicana (CAMIS).
De ello hablan diversas responsables de las instancias estatales de
la mujer, senadoras y diputadas, así como especialistas preocupadas por
la limitada campaña NO ESTÁS SOLA, que lanzó con un folleto virtual la
Secretaría de Gobernación, donde responsabilizan de la violencia a las
víctimas e insisten como salida en llamar al 911.
Al lanzar la campaña, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, expuso que esta se realiza en conjunto con la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y
ONU Mujeres.
Detalló que consta de material infográfico donde se explica y orienta
sobre la convivencia sin violencia; además, reitera que en la línea
telefónica 911 es a donde se debe recurrir para solicitar apoyo o
denunciar algún acto de violencia.
En la infografía se difunden acciones de desarrollo de habilidades
para prevenir el embarazo, campañas de reconocimiento al trabajo
doméstico y una plataforma nacional de servicios de atención.
Hasta ahora muchas de las responsables de las instancias de las
mujeres señalan que la misma es ilegible, poco clara y confusa para las
mujeres reales. Una de las entrevistadas por SEMlac dijo que la campaña
no es comprensible, que invita a las mujeres violentadas a defenderse
por sí mismas, con sus amigas o con gentes de confianza de la comunidad.
Deja de lado a todas las instancias de las entidades federativas e
instituciones creadas. El camino, se indica, es acudir a los Ministerios
Públicos y que las mujeres pidan solamente intervención policiaca, lo
que es contrario a todo el aprendizaje de años para tener protocolos,
atención psicológica, acompañamiento a las mujeres en situación de
violencia.
Informaron que no saben qué hacer con la campaña. No la van a
difundir y además se preguntan: "¿a poco somos un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Gobernación?, ¿qué hacemos?"
El documento está muy complejo para difundirlo. Por ejemplo, les dice
a las mujeres que para recibir atención psicológica deben de tener
copia de sus documentos de identidad resguardados con alguien y que
deben de buscar ayuda con alguna amiga, es decir no a buscar a la
autoridad.
Otras dicen "¿Cómo? O sea que las amigas las atiendan y generen
red/comunidad "Hace pensar que en el centro de la atención no están los
centros de atención. Hay un brinco entre la ciudadanía y hasta el 911.
¿Dónde está la política pública y las IMEF? No lo saben. Y advierten
que todavía no se publica el Programa Integral para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que debería
definir las acciones del Gobierno de la República en materia de
promoción de la igualdad y combate a la discriminación contra las
mujeres y niñas.
Además, la Campaña No estás Sola no explica derechos, dice una de las
responsables de estas instancias. Lo cierto es que se hizo sin el
trabajo de base con las mujeres, opinan.
Por otra parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
dijo que a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol)
se cuenta con un mapa georreferenciado que permite localizar cualquier
nivel de atención de los servicios para las mujeres en situación de
violencia.
Durante la videoconferencia en la que estuvo acompañada de la
comisionada Candelaria Ochoa Ávalos y de la representante de ONU Mujeres
en México, Belén Sanz Luque, y sin referirse al Sistema Nacional de
Prevención de la Violencia, la funcionaria dijo que existe un grupo
intersecretarial, en el que participan las Secretarías de Salud, de
Cultura y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Subsecretaría
de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de
Gobernación y la Fiscalía General de la República. Así cómo los
institutos nacionales de Desarrollo Social, de las Mujeres y de los
Pueblos Indígenas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los
consejos nacionales de Población y para Prevenir la Discriminación.
Asimismo, el Centro Nacional de Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los sistemas
nacionales para el Desarrollo Integral de la Familia, de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Unidad de Apoyo al Sistema
de Justicia.
Sánchez Cordero no explicó si todas estas instancias participan y
cómo en la campaña. A su vez, Belén Sanz Luque, de ONU Mujeres, dijo que
la campaña es un paso importante ante la emergencia sanitaria. Se
refirió a que Naciones Unidas ha hecho un llamado a la acción en todos
los países, tanto a gobiernos como a sociedad civil para asegurar la
representación igualitaria de las mujeres en la planificación de la
respuesta a la emergencia, tanto en salud como en medidas de política
pública de carácter económico.
En las Cámaras
Los discursos de las legisladoras señalan entre otras cosas que:
México cuenta con un amplio marco jurídico para disminuir la
violencia contra las mujeres, pero se requiere reforzarlo e
instrumentarlo, establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de las
acciones para garantizar su eficacia, inhibir las agresiones y eliminar
la impunidad, lo que no ha sucedido.
La pandemia ocasionada por el Covid-19 ha incrementado la desigualdad
sistemática que viven las mujeres en casa. Hay más de 19 millones de
mujeres podrían enfrentar casos de violencia por el confinamiento.
Es muy importante dar información sobre violencia de género en momentos de contingencia.
Durante la reunión virtual organizada por la Red de Parlamentarias y
Parlamentarios de América (ParlAmericas), analizaron las "Acciones
legislativas para prevenir la violencia contra las mujeres en el marco
de la pandemia por Covid-19.
En México los instrumentos legales que regulan los mecanismos para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, existen desde 2006 con la Ley de Igualdad y 2007 con la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de
Víctimas (2013).
También están las diversas Alertas de Violencia de Género contra las
mujeres, este año se aprobaron reformas para que los responsables de
feminicidio puedan ser sentenciados de 45 a 65 años de prisión.
Además, en 2019 se aprobó la reforma constitucional para garantizar
el principio de paridad de género en todos los órganos del Estado y se
incorporó el lenguaje incluyente en el reconocimiento de que mujeres y
hombres como iguales ante la ley.
Advierten que, a causa de la pandemia, en todo el mundo los recursos
financieros y económicos serán más escasos, por lo que hay que buscar
alternativas para evitar el incremento de la pobreza femenina y con ello
prevenir formas de violencia económica.
Al comenzar la pandemia
Fue el 26 de marzo, hace 50 días, cuando la Secretaría de Gobernación
(Segob) habló de una estrategia de cuatro puntos para fomentar la sana
convivencia en los hogares mexicanos para niños, niñas, adolescentes y
mujeres.
El enfoque de la SEGOB estableció como principales ejes el respeto a
los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de
género, el reconocimiento a la diversidad familiar y cultural y la
laicidad del Estado.
Ofreció como primera acción, un programa de información y difusión,
con acceso a información verificada, así como mensajes y campañas de
prevención que puedan incidir en la correcta armonía de las familias
como lo son: prevención en materia de salud, seguridad y esparcimiento.
50 días después aparece NO ESTÁS SOLA, mientras ya hay protocolos y
campañas de acción, en, al menos cinco entidades del país, incluida la
Ciudad de México. Esta campaña no tiene nada nuevo.
La segunda acción ofrecida fue dar acceso a una oferta actualizada de
capacitación para que servidores públicos de todos los órdenes de
gobierno tengan conocimientos en temas relacionados con la paz, los
derechos de la infancia y adolescencia, igualdad de género y atención a
grupos vulnerables de la sociedad. No se sabe de ello durante el
confinamiento.
La tercera acción ofrecida fue dar y complementar herramientas y
acciones en territorio a servicio de la ciudadanía a través de agentes
educativos, medios, organizaciones civiles e instituciones religiosas
para que la niñez y juventud mexicanas tengan mejores capacidades para
detectar situaciones que vulneren su integridad y la paz social.
Y, finalmente, la cuarta acción fue medidas de protección en las que
autoridades federales y estatales para que puedan identificar actos que
incomoden el entorno familiar y en su caso se brinde apoyo
psicoemocional. Hasta ahora sólo el 911: la policía.
Dijo que estas acciones interinstitucionales e intersectoriales,
estarían participando autoridades de las Secretarías de Salud (SSA),
Educación Pública (SEP), y Cultura; así como del Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF Nacional), y el Instituto Nacional de Desarrollo
Social (Indesol), en colaboración con el Centro Nacional de Información
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y del
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la SS. La
secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), de la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), del
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), de la
Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y del Consejo Nacional de Población
(Conapo).
Como muestra un botón
Sólo en abril el Instituto Municipal de las Mujeres en León,
Guanajuato recibió 471 solicitudes de mujeres procedentes de 192
colonias y comunidades; utilizando el uso de la línea de WhatsApp
habilitada durante la contingencia por Covid-19. En la capital de
Guanajuato existe el Grupo Especial Mujeres Seguras, quienes canalizaron
58 casos a la paramunicipal, para su atención en las áreas: psicológica
y jurídica.
La directora del IMMujeres, Mónica Maciel Méndez Morales, señaló que
la violencia no tiene horario y con el confinamiento de las familias en
sus hogares, la violencia se acentúa. Por ello cumpliendo con las
medidas preventivas emitidas por las autoridades de Salud, se dio un
giro al modelo de atención habilitando la línea de WhatsApp 477 925
1034, por medio del cual se brinda asesoría jurídica, psicológica y
orientación laboral.
Durante el mes de abril, se recibieron 16 solicitudes diarias para la
atención, en total 471, de las cuales 341 fueron canalizadas a las
áreas de psicología, legal y laboral del IMMujeres; 130 solicitaron tros
servicios.
Informó que entre los motivos de atención la principal fue la
violencia de pareja o exparejas; depresión y ansiedad e hiperactividad
de los hijos, ideación suicida, guarda y custodia, sustracción de
menores, amenazas de muerte.
También hay llamadas a la bolsa de trabajo. En el instituto municipal
de las mujeres hubo que abrir tres grupos terapéuticos virtuales con
atención a 42 mujeres. Quienes más llaman, o acuden, son mujeres
jóvenes, pero también adultas mayores. Los rangos de edad con mayor
número de registro fueron: de 26 a 30 años con un 19,5 por ciento, de 31
a 35 años un 17,4, de 21 a 25 años el 16,4, de 35 a 40 años el 15.
Las mujeres atendidas procedían de las 192 colonias y comunidades,
siendo las de mayor incidencia: Brisas de San Francisco, Villas de San
Juan, Villas de la Luz, Santo Domingo, San Miguel, Valle Dorado, Parques
La Noria, Los Olivos y Ampliación San Francisco.
Por ello, la comunicación que se puso a disposición en el IMMujeres
son sus redes sociales Facebook: Instituto Municipal de las Mujeres y
Twitter: @MujeresLeon.
Por otra parte, durante el primer trimestre del año (enero-marzo) el IMMujeres brindó 637.
En León las Mujeres no están solas, por lo que la prevención y atención continúan de manera integral.
La forma como estamos experimentando el
confinamiento en todos los países ha puesto en el centro, nuevamente, la
vieja proclama feminista “lo personal es político”, al trastocar los
ámbitos público y privado. Por decirlo así, la calle entró a la casa,
pero también la casa está tomando la calle
Cd. de México, 21 may. 20. AmecoPress/SemMéxico.- Trabajo
en una consultoría educativa y hace unos días, en una reunión con un
cliente, le dije que podía atender su solicitud cuando regresara del
supermercado, mi primera salida en varias semanas. Después caí en cuenta
de que con varios clientes estaba tocando temas “privados” que en otros
tiempos habrían sido impensables. Ese darme cuenta, y la lectura de
algunas narrativas de mujeres a las que admiro, es el origen de esta
reflexión.
La forma como estamos experimentando el confinamiento en todos
los países ha puesto en el centro, nuevamente, la vieja proclama
feminista “lo personal es político”, al trastocar los ámbitos público y
privado. Por decirlo así, la calle entró a la casa, pero también la casa
está tomando la calle.
La clasificación binaria de los roles, estatus y espacios, a partir
del sexo biológico y la carga cultural de género, supone que el espacio
privado está reservado para las mujeres, los afectos, el cuidado de los
otros, el así llamado trabajo doméstico, etcétera. El espacio público,
en cambio, sería el ámbito de los varones, del trabajo remunerado, de la
empresa y el éxito, de la política, etcétera.
Con la irrupción masiva de las mujeres al espacio público desde hace
algunas décadas, su papel en ese mundo de hombres ha ido ganando fuerza y
contundencia, pese a las enormes resistencias que aún se observan. Pero
estos cambios en su presencia pública no han disminuido el rol de las
mujeres en el ámbito privado, particularmente en la familia. Así es como
las mujeres tienen que planificar la vida del hogar y realizar tareas
domésticas y de cuidados, además de desempeñarse en el mundo laboral.
Dos mundos, dos espacios, dos cargas, eso que se llama la doble jornada
de trabajo, pero que es mucho más que una suma de horas trabajadas.
Las mujeres tienen décadas cargando doble, pero cada carga se
sostenía en un espacio diferente. El obligado confinamiento actual tiene
múltiples aristas desde dónde analizar lo que estamos viviendo, pero
una de ellas que llama la atención es el trastrocamiento de los espacios
público y privado, entendidos como espacios físicos, demarcaciones
territoriales: lo público está la calle, lo privado está en la casa.
En estas semanas, el ámbito público (laboral y político) invadió el
espacio privado, convencionalmente reservado a los otros quehaceres
domésticos y a las relaciones afectivas. El comedor de la casa se
convirtió en oficina, salón de clases, estudio de grabación, etc. La
habitación para dormir podría ser también el nuevo gimnasio y la sala de
meditación. Los espacios, las dinámicas familiares y las mentalidades
se han reajustado para dejar entrar la calle a la casa.
Pero al revés también. Lo privado y la vida en el hogar toman
relevancia pública. Lo íntimo se vuelve algo que compartir abiertamente,
motivo de debate público, sociológico y político. Estas semanas nos han
dejado relatos de mujeres de distintas profesiones, ocupaciones y
niveles socioeconómicos, que desde diversas latitudes cuentan cómo hacen
malabares para lidiar con el trabajo a distancia, la organización del
hogar, el cuidado de la familia y ¡la educación en casa!
Este es el caso de Arcelia Martínez (Aprendizajes en la cuarentena), que cuenta su experiencia en este mismo blog y el de Jimena Hernández-Fernández (Consejos para sobrellevar la escuela en casa).
Arcelia y Jimena son investigadoras educativas, así es que han enfocado
desde ahí la experiencia. Toman como eje articulador de su reflexión,
los retos de la educación en casa, pero sus textos no son los típicos
análisis de política educativa. Ellas comparten lo que están viviendo,
sus emociones, alegrías y frustraciones, las negociaciones familiares y
los logros conseguidos a fuerza de flexibilidad inagotable.
Otras mujeres, desde el periodismo, también nos han regalado maravillosas historias, como Daniela Rea (Un refugio que es un refugio),
quien relata la experiencia de sus hijas de mudarse a vivir en una
tienda de campaña en la sala del departamento que habitan. Especial
mención merecen los diversos textos de Cynthia Rodríguez (Noticias desde el encierro)
quien nos ha mantenido al tanto de lo que sucede en Italia, al mismo
tiempo que narra lo que cocina y lo que significa estar en casa con sus
tres hijos pequeños.
Como los mencionados, hay muchos textos más. En el trastoque de los
espacios, la casa salió a la calle. Quizá no fue una ventana la que se
abrió, sino una pantalla de Zoom la que ha permitido visibilizar el
ámbito privado que habitan las mujeres, pero más allá de visibilizar, lo
que hacen estos textos es politizar, en el mejor sentido del término,
las experiencias de la vida en confinamiento de la mitad de la
población.
Gloria Muñoz Ramírez, Karen Moreno, Iolany Pérez y Héctor Madariaga para Otras Miradas*
20 mayo 2020 0
Especial “Coronavirus desde otras miradas”
Tercera Entrega
Foto: Las cifras de la violencia de género en México eran aterradoras antes de la pandemia. (Brian Torres)
El confinamiento forzoso para evitar la propagación del
coronavirus se ha convertido en caldo de cultivo de otro virus de
efectos devastadores: la violencia machista. Las llamadas de auxilio y
denuncias de mujeres maltratadas se han disparado en México, El Salvador
y Honduras.
Alejandra,
de 19 años, y Lucero, de 30, (ambas utilizan seudónimos por motivos
de seguridad) están ingresadas desde hace unas semanas en un refugio
para mujeres maltratadas en la Ciudad de México. Intentan
recuperarse del tormento. En plena pandemia del Covid-19 el marido de
Alejandra mató a su bebé de nueve meses y la emprendió a golpes
contra ella. Lucero vivía encerrada en casa. Su pareja no la dejaba
salir y el abuso era constante. Ante la amenaza de la violencia
machista y del coronavirus, el confinamiento en una casa refugio es
la protección de Alejandra y Lucero, que no tienen ningunas ganas de
volver a su “normalidad”.
Las cifras por violencia de género en México eran alarmantes antes
de la pandemia. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que agrupa a 40
organizaciones de 22 estados del país, señala que unas diez mujeres eran
asesinadas cada día. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el
primer trimestre de 2020 ha sido el más violento para las mujeres
mexicanas en los últimos cinco años, con 964 homicidios. Pero el
presidente Andrés Manuel López Obrador declara que la tendencia en el
feminicidio “está a la baja”.
Con apenas 19 años de edad, Alejandra vive refugiada durante la contingencia sanitaria. Foto/ Refugio de mujeres
Lo
que ocurre, precisa María de la Luz Estrada, es que de los 964
asesinatos, 720 están clasificados como homicidios dolosos y sólo
244 como feminicidios. Este último término define el asesinato de
una mujer por la condición de serlo, cometido siempre por un hombre
y con una clara connotación machista. Un número creciente de países
han incorporado el feminicidio a su legislación penal.
El
primer caso de Covid-19 en México se detecta el 28 de febrero. En
las semanas siguientes se dictan medidas de aislamiento preventivo, y
el 23 de marzo, con 316 casos confirmados y dos
muertes, la Secretaría de Salud declara la Jornada
Nacional de Sana Distancia, y poco después la campaña “Quédate
en casa”. El 30 de marzo se declara una “emergencia sanitaria por
causa de fuerza mayor” y el 21 de abril comienza la fase 3, con
medidas que extienden el confinamiento. Los casos de violencia de
género, –agresión físicas, sexual y emocional—se disparan de
manera alarmante, según advierten mujeres víctimas de violencia,
madres de mujeres asesinadas, activistas, y organizaciones feministas
y de defensa de derechos humanos.
Machismo
y misoginia en El Salvador
Son más de las
2 de la madrugada del 29 de abril en una vivienda humilde del
municipio de Mejicanos, en San Salvador. Cristina, de 17 años, salta
de la cama al escuchar ruido. A través de la cortina que divide el
cuarto minúsculo vislumbra la silueta de su padre. “¡Qué
haces!”, le grita. Salta por encima de la litera donde duerme su
hermano de 10 años, enciende la luz y ve una escena dantesca. La
madre ensangrentada en su cama, con el cuerpo del marido encima que
trata de ahogarla. La muchacha consigue apartar al padre, y levanta a
la mujer malherida.
Los gritos
despiertan a su tío, Marvin Regalado, quien da un brinco y ve en el
cuarto contiguo a su cuñado Edwin Alexander López Rivas, con los
brazos extendidos, cubiertos de sangre. “Mátame, mirá lo que he
hecho”, susurra el agresor. Detrás ve a su hermana, Susan Daly
Regalado, que se tambalea agonizante.
Marvin avisa a
la policía, mientras su sobrina recuesta a su madre, con los ojos
cerrados y la lengua fuera. De camino al hospital Marvin graba con su
teléfono celular a Susan, recostada en el asiento posterior del
vehículo policial, con una toalla ensangrentada en la cabeza. Tiene
puñaladas en el cuello, mejilla y frente. En pocos minutos llega a
la casa otra patrulla de la Policía, que detiene al agresor.
A las 3 de la
madrugada, frente al Hospital Zacamil, en San Salvador, un médico
sube a la parte trasera del vehículo policial para auxiliar a Susan.
Demasiado tarde. “Lo siento, ya no se puede hacer nada. Está
muerta”.
El 1 de mayo se presenta ante el juzgado el requerimiento fiscal
contra Edwin Alexander López, por el delito de feminicidio agravado de
Susan Daly, que en El Salvador está tipificado y sancionado con una pena
de entre 30 y 50 años de prisión. López Rivas está detenido por orden
judicial y Fiscalía sigue realizando diligencias en la etapa de
instrucción.
Edwin
Alexander López, antes de la audiencia inicial en el Juzgado Segundo de
Paz de Mejicanos, San Salvador. Foto/Émerson Flores
El confinamiento
forzado de la población a causa de la pandemia ha agravado la
violencia contra las mujeres. El Gobierno ha olvidado otro virus, más
letal y menos combatido: el machismo y la misoginia. Desde la entrada
en vigor de la cuarentena en marzo, el covid-19 ha causado la muerte
de al menos cinco mujeres hasta
el 13 de mayo.
En
el mismo período ha habido 18 asesinatos de mujeres, según la
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), y el
Centro de Atención Legal ha recibido 158 denuncias, que representa
un aumento de la violencia del 58% respecto de meses anteriores.
Una “condena” de dos meses en
Honduras
En
los últimos cuatro meses el Sistema de Emergencia 911 de Honduras ha
registrado más de 32.500 llamadas telefónicas de auxilio de
mujeres, que denuncian agresiones de su marido o de algún otro
miembro de la familia. Según el Ministerio Público, durante el
confinamiento se presentan entre 15 y 20 denuncias diarias por
violencia doméstica sólo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos
principales ciudades del país.
Una
de las llamadas es de una joven, Angie García, hasta ese momento
desconocida para el gran público, que denuncia a su marido por
maltrato físico y verbal. La noche del 13 de abril, la Policía
detiene en su domicilio, en Tegucigalpa, a Román Rubilio Castillo,
futbolista de la selección hondureña y delantero centro del
emblemático club Motagua.
El
vídeo de la detención se hace viral en redes sociales, así como
una foto de la paliza que Castillo propinó a su esposa y madre de un
hijo. El futbolista pasa 24 horas en dependencias policiales, tal y
como estipula la legislación de Honduras, donde la violencia
doméstica es tipificada como falta y no como delito.
El Ministerio Público confirma que el deportista estaba ebrio cuando
fue detenido. Después de varios rodeos el caso ingresa en el juzgado de
familia, y Castillo es “condenado” a dos meses de trabajo comunitario.
Melvin Duarte, portavoz del poder judicial, afirma que el acusado
reconoció los hechos denunciados por su esposa, “por violencia
psicológica y física”, lo que fue confirmado “por un dictamen preliminar
en materia forense”.
En Honduras 390 mujeres fueron asesinadas en 2019. El 60% de las
víctimas, por ataques de sus parejas, exparejas o alguien con quien
tuvieron una relación afectiva, según un informe del Observatorio de la
Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las
organizaciones de mujeres registran más casos, y alertan sobre la
altísima impunidad: nueve de cada 10 crímenes contra mujeres no se
investigan y los asesinos están libres.
Cristina
Alvarado, dirigente feminista de la Organización de Mujeres
Visitación Padilla, asegura que la violencia de género en las
familias es una constante en Honduras. “La pandemia del Covid-19
sólo
ha evidenciado la realidad histórica que viven las mujeres, producto
de la violencia en el hogar. Esto lo venimos denunciando desde hace
años las organizaciones feministas y de mujeres”, dice Alvarado.
La
presión de la sociedad civil
En
México, durante el primer mes de confinamiento las
llamadas y mensajes de auxilio a los refugios de mujeres aumentan en
un 80%, según explica Pilar Sánchez Rivera, directora de Espacio
Mujeres para una Vida Digna y Libre de Violencia, uno de los 69
centros de la Red Nacional de Refugios. Pero el presidente Andrés
Manuel López Obrador declara en una de sus conferencias de prensa
“mañaneras” que el 90% de las llamadas de auxilio sobre
violencia contra las mujeres son falsas, aunque los registros
oficiales hasta marzo digan lo contrario.
Marilú Rasso, directora ejecutiva del
mismo refugio, asegura que en la situación de encierro por el
covid-19 “a las mujeres se les vuelve a meter en un papel de
servicio obligatorio, y cualquier pretexto funciona para que el
agresor ejerza violencia”.
En marzo, Alejandra y su hija de nueve meses sufren una vez más las
agresiones del marido y padre. La pequeña pierde el conocimiento y la
madre logra escapar con el bebé, que llega al hospital sin vida. El
personal sanitario llama al Servicio Médico Forense y a la Fiscalía.
“Les dije que en casa vivía amenazada, y que el papá nos golpeó a mi
hija y a mí. No estaba borracho ni drogado, sólo se aburría porque no
trabajaba”.
Diez mujeres son asesinadas en México todos los días. Foto / Brian Torres
Un
informe de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI) da cuenta de un 97% de impunidad en los
feminicidios. Entre el 3% restante se encuentra el marido de
Alejandra, que está en la cárcel por homicidio.
La
historia de maltrato de Lucero empieza poco después del comienzo de
la relación con su pareja hace 11 años. Madre de cuatro hijas de
10, 8, 6 y 5 años de edad, Lucero es víctima primero de violencia
emocional. “Me
insultaba, me decía que yo no valía nada y que si salía de la casa
no iba a poder sola”. Cansada de los golpes y del engaño, Lucero
da el paso: “Sin pensar agarré lo que pude y me fui con mis hijas.
Una amiga nos acompañó hasta el Centro de Justicia.” Los exámenes
físicos y psicológicos demoran una semana por falta de recursos
humanos derivada de la contingencia, y después envían a la madre y
a tres de sus hijas a un refugio. La mayor inquietud de Lucero es que
la hija mayor está con el padre.
Despliegue militar contra el virus
y las pandillas
En El Salvador,
el Gobierno del presidente Nayib Bukele convierte una base militar en
el primer centro de confinamiento para las personas que llegan del
exterior. El 14 de marzo, la Asamblea Legislativa aprueba la “Ley
de Restricción Temporal” o régimen de excepción, y el estado de
emergencia y calamidad, para hacer frente al coronavirus. El plan
Control Territorial, cuyo contenido era desconocido por la sociedad
civil, había permitido anteriormente el despliegue militar y
policial en todo el país para actuar contra las pandillas Mara
Salvatrucha-13 y Barrio 18.
El
Salvador, un país de 6,7 millones de habitantes, tiene uno de los
índices de violencia más alto del mundo.
Los datos del Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública indican que en 2019 se cometieron 230 asesinatos
de mujeres, de un total de 2.398 homicidios, casi 1.000 menos que el
año anterior. El Gobierno presenta esta tendencia a la baja como un
éxito del plan Control Territorial, que entró en vigor en junio de
2019.
Con la ejecución del último decreto aprobado “la Fuerza Armada
mantiene el 100% de sus efectivos colaborando en la lucha contra el
covid-19”, declara el ministro de Defensa, René Merino Monroy. Las
personas que, a juicio de las fuerzas de seguridad, no tienen una
justificación válida para salir de casa, son detenidas. Más de 2.420
personas están retenidas en condiciones inmundas en centros de
contención por violar la cuarentena.
Los
militares y policías comandan los más de 800cordones sanitarios
implementados en el territorio nacional. Foto/Émerson Flores
La arbitrariedad
de la actuación policial en muchos casos ha provocado choques del
presidente con la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Bukele ha
desafiado al alto tribunal al hacer caso omiso a las resoluciones
judiciales, y la CSJ ha admitido innumerables habeas
corpus
de personas que denuncian arbitrariedades.
Si bien El
Salvador fue uno de los primeros países en cerrar el aeropuerto para
vuelos comerciales, la improvisación ha sido la nota predominante en
la estrategia de Bukele. Adultos mayores, los más vulnerables ante
el contagio, han sido confinados en los mismos centros que las
personas procedentes de países considerados focos infecciosos.
El regreso a casa del agresor
La pasividad de la
Justicia hondureña provoca que muchas mujeres retiren las denuncias,
y que los familiares de las víctimas renuncien a luchar. El miedo se
apodera cuando el Estado es claramente ineficiente y no responde a
las víctimas.
El caso del
futbolista Castillo, denunciado por agresión por su esposa, da un
vuelco en cuestión de días, cuando Angie García se retracta de sus
acusaciones y dice, a través de las redes, que su marido puede
volver a casa.“No
entraré en polémica, simplemente quiero aclarar que las fotos
expuestas en redes sociales no son de mi persona. Pido respeten mi
privacidad, no es justo que mi familia sea el centro de atracción”,
escribe la cónyuge del jugador.
La legislación permite a las autoridades ordenar la puesta en
libertad del agresor, para regresar a casa y convivir de nuevo con la
víctima, si no es un caso reincidente. En opinión de la dirigente
feminista Cristina Alvarado, la vuelta del agresor al hogar supone un
alto riesgo para la víctima. “Lo que estamos promoviendo como
organización es que las mujeres agredidas vayan a las casas refugio, o
con familiares o amigos. Por lo general, el gran problema es que la
violencia doméstica está tipificada como una falta y no como un delito,
entonces el enfoque de la ley es preventivo nada más”.
Jueza Claudia Isabela López – Honduras / Foto Radio Progreso
La jueza Claudia
Isabela López puntualiza que, si el agresor no cumple con las
medidas que dicte un juzgado, el proceso se convierte en penal. “El
antecedente de violencia doméstica, cuando es reiterativo, pasa a
ser un proceso judicial”.
Ciudad Juárez, cuna del
feminicidio
La propagación del virus ha provocado
la suspensión de las clases en todos los niveles educativos de
México. Muchas madres y padres que aún trabajan han dejado a sus
hijos en manos de familiares. Es el caso de Miguel Ángel Z y María
Guadalupe M, en Ciudad Juárez (Chihuahua), que quedan al cuidado de
su nieta de seis años. El padre de la niña no vive en la ciudad. El
11 de abril, en plena contingencia sanitaria, la pequeña presenta
una insuficiencia respiratoria grave que acaba con su vida. La
primera sospecha de los padres apunta a coronavirus, pero el informe
médico revela que la niña fue violada, golpeada y estrangulada.
El abuelo es el principal sospechoso y
es detenido junto con su esposa. Yadira Soledad Cortés, coordinadora
de la Red Mesa de Mujeres Juárez, dice que éste es uno de los
muchos casos en plena pandemia: “La violencia sexual infantil se da
principalmente por un conocido o un familiar, y las niñas confinadas
están más expuestas”.
Ciudad Juárez es un municipio
emblemático de los asesinatos de mujeres en México. En los primeros
años de la década de los 90 se propagó en esta ciudad fronteriza
una ola de homicidios de mujeres, en su mayoría trabajadoras de las
maquilas y habitantes de las colonias populares. Aquí nacieron
organizaciones de defensa de mujeres como “Ni una más”,
“Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y “Mesa de Mujeres Juárez”,
que aglutina a una decena de colectivos.
Del 1 de enero al 14 de mayo se han registrado en esta ciudad 65
feminicidios, un 27% más que en el mismo periodo de 2019, según la Mesa
de Mujeres.
El aumento de la violencia de
género se repite en todo el país. En enero hubo 15.851 denuncias
por violencia familiar en México, en febrero, 13.000, y en marzo, ya
con las medidas de confinamiento, se abrieron 20.000 casos. Las
llamadas al teléfono oficial de emergencia (911) se multiplican cada
mes.
El panorama ya era difícil antes de
la pandemia, señala Irinea Buendía, madre de una joven estrangulada
por su pareja y referente nacional en la búsqueda de justicia.
“Vivíamos una emergencia nacional, pero nadie nos hizo caso, y por
eso hubo una manifestación histórica el 8 de marzo, y un paro
nacional de mujeres, sin precedentes en México, el 9 de marzo”.
Pero al presidente López Obrador “en ese momento le importaba más
el sorteo simbólico del avión presidencial y despreció nuestras
denuncias”, acusa Buendía.
Mensaje de impunidad
La historia de
El Salvador está marcada por la muerte, la guerra, levantamientos
campesinos, mártires y dictaduras militares. El conflicto armado de
los años 80 entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, generado por la
injusticia social, se prolonga 12 años, hasta la firma de los
Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. El problema de fondo, como en
toda la región, se resume en dos palabras: desigualdad y exclusión
de la gran mayoría. Según Oxfam, los 160 más ricos acaparan el 87%
de la riqueza. Y la mayoría vive al día.
“El
presente no está desvinculado del pasado”, subraya Silvia Juárez,
de la organización de mujeres Ormusa, que cita como ejemplo el
informe De
la locura a la esperanza,
elaborado por la Comisión de la Verdad tras la firma de la paz.
Dicho informe describe la violencia sexual como un hecho colateral y
no como una violación sistemática contra las mujeres.
Tras la firma de
los acuerdos de paz no hay un proceso de reconciliación nacional. El
año siguiente, en 1993, la Asamblea Legislativa aprueba la ley de
Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que pone en
libertad a todos los presos involucrados en violaciones de derechos
humanos durante la guerra civil.
Después de
décadas de reclamos por parte de las víctimas, en 2016 la Corte
Suprema anula la ley de Amnistía. Los enfrentamientos en la Asamblea
Legislativa continúan y el 26 de febrero pasado, el pleno aprueba
una ley de amnistía disfrazada, la llamada Ley Especial de Justicia
Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. “Si ni
siquiera se reconoce esta violación, estamos lejos de construir la
paz”, lamenta Silvia Juárez.
En El Salvador, la violencia deja las trincheras y muta en forma de
grupos pandilleros. Hasta el 30 de abril, la Fiscalía General de la
República (FGR) reporta dos casos en los que hay indicios de asesinatos
de mujeres a manos de pandillas o maras desde que comenzó la cuarentena
domiciliaria.
Las
autoridades policiales y militares cierran las calles para implementar el cerco sanitario y habilitan un acceso. Foto/Emerson Flores
La coordinadora
de la mujer de la Fiscalía, Graciela Sagastume, explica que no hay
diferencia en cuanto al procedimiento de mujeres asesinadas por
integrantes de maras, porque en todos los casos se aplica el
protocolo de feminicidio. Según las reglas de las pandillas,
las mujeres no tienen voz y no pueden opinar ni decidir.
La
coordinadora fiscal considera que los feminicidios dentro del mundo
de las pandillas son un problema estructural. “En la medida que el
Estado invierta en problemas sociales, las mujeres podrán salir de
ese mundo”.
San Pedro Sula, violencia y
emigración
Iberoamérica es
la región más violenta del planeta, según un estudio de la ONG
mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia
Penal. De las 50 ciudades con más homicidios 15 están en México
(con Tijuana a la cabeza), dos en Honduras (San Pedro Sula y
Tegucigalpa), y una en Guatemala (Ciudad de Guatemala) y una en El
Salvador (San Salvador).
San Pedro Sula, la capital industrial
de Honduras con 1,1 millones de habitantes, estuvo considerada
durante cuatro años consecutivos, de 2011 a 2014, la ciudad más
violenta del mundo. Llegó a registrar 142 homicidios por cada
100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la
Universidad Autónoma de Honduras. San Pedro Sula es también el
epicentro del éxodo migratorio de Centroamérica hacia Estados
Unidos.
Una
de las zonas más conflictivas de la ciudad es Chamelecón, un
suburbio pobre, de calles de tierra, donde pandillas y grupos
criminales ligados al narcotráfico libran su propia guerra por el
control territorial. Aquí se registra el 5 de mayo un caso de
violencia que sacude la ciudad. Un abogado asesina a su esposa,
después a su hijo y finalmente se suicida. Los vecinos declaran que
escucharon gritos y una fuerte discusión.
Para la abogada y feminista Karol Bobadilla, quien integra el Foro
de Mujeres por la Vida, en Honduras no hay condiciones para que las
mujeres permanezcan en cuarentena y, sobretodo en casos donde tienen un
agresor al lado.
¿Qué
explicación tiene tanta violencia en Honduras? Tiene raíces
profundas, según detalla un análisis político del sacerdote Ismael
Moreno: “La acumulación de riqueza, tierra y recursos en pocas
manos, y la acumulación de poder en instituciones del Estado
controladas por esas mismas personas ha generado una violencia que
hoy nos parece incontrolable”.
La oligarquía hondureña, bajo la tutela del capital multinacional y
con el aval de las instituciones del Estado, ha logrado el control de
todos los hilos: del capital comercial, especulativo y agroindustrial,
de la energía, las comunicaciones, el turismo y el transporte. “Las
decisiones que de verdad pesan son las que toman estas familias, que en
su conjunto no pasan de doce apellidos”, explica Moreno.
Una
segunda característica es la cantidad de conflictos sin resolver:
“Educación y salud deficientes, recaudación de impuestos,
inseguridad y violencia. Es como una enorme olla de presión a punto
de estallar”.
El
tercer rasgo, según Ismael Moreno, es la subordinación del Estado
al sistema de partidos políticos. “Es una institucionalidad que
genera violencia, y que sirve como refugio a personas que se dedican
a delinquir, a establecer alianzas con organizaciones criminales
transnacionales, convirtiendo a instituciones enteras, como la
Policía Nacional, en maquinarias delictivas”. La violencia
impregna toda la sociedad hondureña y abona el sistema patriarcal,
que convierte muchos hogares en campos de batalla, donde muchas de
las víctimas son mujeres.
Inseguridad en la UNAM
Antes de que el coronavirus llegue a México, las movilizaciones de
mujeres contra las distintas formas de violencia de género están en un
punto álgido. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la de
mayor prestigio de América Latina, según la página UniRank, vive una
convulsión inédita debido al incremento de la violencia y a la falta de
respuesta de las autoridades universitarias.
Una joven es encontrada sin vida el 2 de mayo en la Ciudad de México, en plena fase 3 de la pandemia. Foto / Brian Torres
Durante más de cinco meses, hasta el
14 de abril, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha estado
ocupada por un colectivo de mujeres estudiantes denominado Mujeres
Organizadas, que exigen el fin del acoso sexual, de las violaciones y
desapariciones de estudiantes en la facultad y en el resto de la
Universidad. La alumna Mariela Vanessa desapareció en 2018 sin dejar
rastro, cuando se dirigía desde su casa a la facultad.
Mientras dura la protesta, las
ocupantes de la facultad de Filosofía y Letras son “vigiladas,
perseguidas por todos los medios posibles, agredidas y
criminalizadas”. Lo que no consiguen las amenazas ni las
autoridades lo logra la pandemia, y finalmente tienen que desalojar
las instalaciones al no contar con “las herramientas necesarias
para hacer frente” al covid-19.
****
Las historias de México, El Salvador
y Honduras, reflejadas en este trabajo colectivo, ponen de relieve
que la pandemia del covid-19 sólo echa más leña al fuego de la
violencia machista. El confinamiento forzoso ha convertido muchos
hogares en auténticos infiernos para las mujeres.
La conclusión más tremenda, a la luz
de lo que ocurre en estos tres países, es que la violencia
intrafamiliar o de género no es por temporadas, ni se detendrá una
vez pasada la pandemia. Como afirma la fiscal salvadoreña Gabriela
Sagastume, la violencia hacia la mujer está sostenida por los
patrones socioculturales que imperan en El Salvador, que no difieren
mucho de los de México o de Honduras.
Antes del coronavirus las agresiones de toda magnitud a mujeres,
incluido el feminicidio, se repetían diariamente en cada uno de los tres
países. La pandemia esboza una nueva realidad llena de claroscuros. Las
instituciones del Estado brillan por su ausencia cuando son más
requeridas que nunca, pero en contrapartida la sociedad civil muestra
vigor y capacidad de presión para ser tenida en cuenta. En medio, las
mujeres, las víctimas, empiezan a perder el miedo y a romper el
silencio.