El retorno a las
actividades económicas, sociales y educativas, una vez que se hayan
superado las etapas de mayor riesgo de la pandemia de Covid-19,
presenta, como la propia resolución del problema, un carácter incierto.
Es apropiado, pues, decir que el fin de la contingencia no dará paso a
una vida pública como la que hemos conocido hasta ahora, sino a una
nueva normalidad, porque resulta difícil prever cuáles serán las secuelas que el traumático proceso que la enfermedad habrá dejado en las relaciones institucionales, sociales y personales de nuestro país (y de todos los afectados por el coronavirus).
No se trata de una cuestión teórica ni de un problema sociológico,
sino de un asunto práctico plagado de dificultades que es preciso
encarar aquí y ahora. La recuperación de las clases presenciales en los
establecimientos educativos de todos los niveles, por ejemplo, plantea
muchas interrogantes y muestra que entre las autoridades de los
distintos niveles de gobierno no hay un criterio unánime acerca de
cuándo, dónde y en qué circunstancias será prudente que maestros y
alumnos reanuden el ciclo escolar brutalmente interrumpido por la
epidemia. De hecho, todo indica que en un buen número de estados se
considera que el año terminará con clases virtuales y a distancia, y en
consecuencia no habrá un retorno a las aulas propiamente dicho. Y otras
entidades han descartado, en principio, reanudar las clases presenciales
según el sistema de semáforos por regiones, comprendido en el plan de
reapertura llamado
Regreso a la nueva normalidadideado por el gobierno federal, aun cuando funcionarios de éste han aclarado que el plan debe seguir un camino gradual, ordenado y cauto para alcanzar sus objetivos.
Tanto el presidente López Obrador como el titular de Educación
Pública, Esteban Moctezuma, enfatizaron que la vuelta a los salones de
clase se produciría con base en diagnósticos de las autoridades de
salud, y la reactivación tendría lugar por regiones, según un plan
flexible. Es una postura razonable, primero porque las distintas
realidades del país exigen distintos tratamientos para la reanudación
del ciclo, y segundo porque el Covid-19 no se extiende por el territorio
nacional de manera homogénea, sino que parece tener diferentes tiempos
en diferentes regiones.
Pero no sólo esos factores deben ser considerados para evaluar las modalidades de ingreso a la
nueva normalidad. La deficiente infraestructura, equipamiento y espacios físicos de un alto porcentaje de escuelas –en especial (aunque no únicamente) de niveles básicos–, haría imposible que se respetaran las medidas de
sana distanciaestablecidas para disminuir los riesgos de contagio del padecimiento. Las condiciones de hacinamiento en esos planteles configuran un inocultable cuadro de inseguridad sanitaria para docentes y alumnos, a lo que se suma el hecho de que aún no está claro si la enfermedad ha alcanzado su fase más aguda. De momento son 23 las entidades federativas cuyos gobiernos han manifestado serias dudas respecto de la perspectiva de reiniciar actividades educativas a lo largo del próximo mes de junio, y es preciso, en cualquier caso, extremar precauciones para el establecimiento de
zonas verdesdonde se permita el reinicio de la actividad escolar con total seguridad para los participantes en la misma.
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