Hugo Aboites*
Guadalupe (no su nombre real),
20 años, fue integrante del grupo de estudiantes de primer ingreso con
el que trabajé como profesor hace poco tiempo, tres horas diarias,
leyendo, discutiendo textos, investigando en equipos. Con otras jóvenes
de su estado de origen hizo un prolijo trabajo sobre la problemática de
género en la UAM. Pero, a pesar de que ella había logrado ser admitida a
una de las carreras más demandadas (Estomatología, versión mejorada de
la Odontología) cuando vino la pandemia (y las políticas para hacerle
frente) de inmediato quedó marcada como candidata a la exclusión, por su
origen y género. Ella vino a la UAM desde una población pobre y pequeña
(350 habitantes) del estado de Guerrero, con problemas de comunicación y
que sólo ahora cuenta con una antena de Internet (para todos) con sólo
una hora de acceso por persona. Comprensiblemente tuvo dificultades el
pasado trimestre (y no aprobó) y, por no haber atendido o siquiera
sabido a tiempo de los avisos (en Internet y correo electrónico), de la
ampliación del plazo, no hizo el pago correspondiente y por eso no quedó
inscrita en el trimestre que comienza pasado mañana, el lunes. Ella se
puso en contacto conmigo pero sus gestiones y las mías
(comprensiblemente) no prosperaron, a pesar de los pronunciamientos del
rector general de que había que ser flexibles.
Es un caso que se vuelve símbolo de una nueva y agravada situación,
como el de la joven de Chihuahua que se ampara por el excesivo cobro que
le exige para la inscripción la universidad pública de ese estado. Por
tanto, las luchas que año con año y desde 2006 impulsan protestas y
demandas como las del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación
Superior (MAES), ahora adquieren significados mucho más profundos: hay
un mensaje premonitorio escrito en la pared y es de desprotección
creciente. Un cambio en las circunstancias y las decisiones de las
autoridades para enfrentar la pandemia hace que ellas y ellos sean los
primeros y los más profundamente afectados. Porque las reglas y
convenciones implícitas se escriben desde la perspectiva de una
normalidad que es la de la clase media ilustrada y donde tener
computadora de última generación, conexión estable, celular inteligente,
datosasí como el entrenamiento indispensable, se han convertido en elementos tan naturales como la respiración y el latido cardiaco. Pero, en determinados momentos y circunstancias, como los actuales, esas decisiones van directamente contra el derecho a la educación establecido en la Constitución en el 2019. Este derecho no sólo es válido para el acceso, sino que, evidentemente, incluye también el derecho a cursar los estudios una vez admitida (o). Tanto en la UAM como en la UNAM se han hecho declaraciones que hablan de miles de estudiantes que se han visto imposibilitados de continuar (
desertoresse les llama comúnmente) por no poder ganar una batalla en la que de antemano están en desventaja. Lo que significa que debido al diseño de la estructura normativa que regula el acceso y permanencia en las instituciones ahora se han fortalecido las tendencias a la exclusión.
Como informan los integrantes del MAES en la carta que le dirigen a
la SEP, en un contexto de desigualdad como el que describen esto es muy
preocupante.
En México, la posibilidad de ejercer el derecho a la educación superior depende de forma muy importante de las condiciones socioeconómicas de cada aspirante, de modo que apenas 16 por ciento de los estudiantes en educación superior proviene de los primeros cuatro deciles de ingreso [los de más bajos ingresos] , mientras que 52 por ciento forma parte de los pasados tres [con más altos ingresos]. El abismo es dramático si se observa que apenas 6.4 por ciento de los jóvenes del decil uno [más bajo] van a la universidad, mientras que del decil diez, 94.3 por ciento recibe educación superior(Oficio MAES a la SEP, 20/07/2020). Y, en un panorama como este, urge actuar.
Hemos visto cómo el nuevo coronavirus ha retado a las universidades a hacer lo inimaginado: ahora toca pensar cómo tender la mano a quienes este tren en marcha está dejando atrás.( Idem).
Sería absurdo y contradictorio que la SEP de un gobierno que impulsó y
logró que la educación superior fuera un derecho explícito, no tuviera
el cuidado de defenderlo y promoverlo ante las y los jóvenes que desde
hace lustros, con su exigencia y con el MAES, fueron construyéndolo. Las
instituciones año tras año han aceptado hablar con los jóvenes, la SEP
también, año tras año, ha propiciado ese encuentro. Hoy toca responderle
en iguales términos a los aspirantes rechazados de la educación
superior. Dejen que se reúnan, que hablen y, también, insistimos, dejen
que se inscriban, incluyendo a Guadalupe, de Guerrero.
*UAM-Xochimilco
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