CIMACFoto: César Martínez López
Puebla, Pue. Gustavo* perdió a su esposa en marzo de
2019, en la ciudad de Puebla. Un vecino la atacó de forma brutal,
después de que ella fue a dejar al
menor de sus hijos a la escuela. Minutos antes, el victimario había
intentado privar de la libertad a otra vecina.
Desde ese momento, Gustavo se quedó solo a cargo de sus tres hijos: uno de
22, otro de 17 y el más chico, de 6 años. Solo porque a pesar del
apoyo que recibe de su familia, del Estado no ha recibido nada.
Como los hijos de Gustavo, por lo menos 29 menores de edad habrían
quedado huérfanos de madre durante 2019 en el estado de Puebla, esto
de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), dados a conocer en el Protocolo Nacional de Atención
Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por
Feminicidio (PNNAOF).
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Sin embargo, información hemerográfica del Consejo Ciudadano de
Seguridad y Justicia del estado de Puebla (CCSJP) da cuenta de 48
hijas e hijos en orfandad materna, a consecuencia de posibles casos de
feminicidio en 2019. Además de 13 hijas e hijos de mujeres víctimas
de muertes violentas, que la organización civil considera también se
deberían investigar como feminicidio en cumplimiento al protocolo
local por el delito.
En total, serían 61 hijas e hijos de mujeres asesinadas en el estado
de Puebla, que habrían quedado en orfandad materna durante 2019.
Para Gustavo el apoyo más necesario sería que sus hijos acudan a
terapia con alguien especialista en tanatología, porque después del
homicidio de su esposa hay veces que manifiestan enojo o tristeza, ya
que estaban muy apegados a su mamá. También que pudieran darles alguna
beca para continuar con sus estudios, sobre todo porque su trabajo no
es estable.
“Como ahorita mi trabajo es por contrato, de hecho este contrato se me
termina el 31 de agosto y no sé si me vayan a contratar. Entonces
sería ayudarme con una beca, no sé si más a ellos o más a mí pero sí
sería algo que nos ayudaría a todos”, dijo el padre de familia.
De acuerdo con Ana Laura Gamboa Muñoz, del Observatorio de Violencia
Social y de Género (OVSG), de la Universidad Iberoamericana de Puebla,
la Ley de Protección a las Victimas para el estado de Puebla contempla
apoyo para las víctimas secundarias de feminicidio o cualquier otro
delito, a través del Fondo para la reparación del daño de las
víctimas, la Unidad de Asistencia Jurídica y el Banco de Víctimas. A
partir de ello se pueden solicitar diversos apoyos, como el abasto
alimentario, el pago de renta y en algunas ocasiones acceder al
programa de becas.
“Lo que se tendría que garantizar a estas víctimas indirectas; primero
sería el acceso a una investigación pronta y eficaz, en donde se
enjuicie al agresor. A ser reparadas por el Estado, a conocer la
verdad, a ser tratadas con dignidad, a que se les notifique de las
resoluciones respecto a este banco de víctimas y a las medidas de
ayuda”, explicó la académica de la Ibero Puebla.
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Por parte del gobierno estatal, los hijos de Gustavo recibieron
durante un tiempo terapia por parte del DIF, pero con el coronavirus
dejaron de atender y ahora acuden con una especialista particular.
Otra cuestión es que le prometieron algunas becas, pero esa propuesta
nunca se concretó.
Para Gamboa Muñoz es fundamental que hijas e hijos de mujeres víctimas
de feminicidio, sus madres y cualquier otra persona dependiente de
ellas, reciba atención psicosocial. “Tiene que ver con la reparación
del daño, entendida no sólo desde los recursos económicos o una cifra
monetaria, sino esa reparación que cortó la vida de su madre, que
no pueden compartir con ella distintos aspectos de la vida cotidiana”,
explicó la especialista.
Con la declaratoria de Alerta de Género, el 8 de abril de 2019, la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres (Conavim) estableció dos medidas relacionadas con la atención
de hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio:
Generar una estrategia que permita garantizar a las hijas e
- hijos de mujeres víctimas de feminicidio y víctimas directas o
- indirectas recibir servicios integrales de atención.
Elaborar un protocolo de atención integral para menores víctimas
- directas o indirectas de violencia de género, dicho protocolo habrá de
- considerar el interés superior de la niñez para el otorgamiento de la
- patria potestad, tutela, guarda y custodia.
Aunque de acuerdo con la página “Alerta por las Mujeres Puebla” estas
medidas ya están finalizadas, en una revisión de En Perspectiva sobre
la evidencia presentada por el gobierno del estado, se notaron
inconsistencias.
Por ejemplo, en lugar de un programa de atención, se presentaron
pautas para generar un informe y el documento es de 2018. Otra
cuestión es que menciona que las becas “Benito Juárez” se asignarían a
víctimas de delitos y violaciones a Derechos Humanos graves, aunque se
trata de un programa federal.
Sin embargo, desde el punto de vista de la encargada del OVSG, sería
importante primero dar a conocer los derechos que tienen y que sí
existe un recurso para apoyarles, aunque su incorporación al Banco de
víctimas sea un proceso largo.
El nombre fue cambiado para resguardar su identidad
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