Coahuila, Sal. Las abuelas de niñas, niños y
adolescentes, cuyas madres fueron víctimas de en Coahuila, tienen que
hacer esfuerzos para poder mantener a sus nietos al resultar
insuficientes los 66.66 pesos diarios que representa la ayuda mensual
que el gobierno del estado les otorga desde julio del 2018, pero sólo
hasta que cumplan la mayoría de edad, independientemente si siguen
estudiando.
El programa que inició en el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís
mediante un decreto para apoyar a 18 niños y adolescentes en Torreón,
actualmente tiene un padrón de beneficiarios de 56 personas, de acuerdo
con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), aunque en
el más reciente informe de entrega de apoyos al primer trimestre del
2020 se observa que son 32 los menores de edad atendidos.
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“Tenemos que estar atrás de las personas, hablar con una y con otra
para poder acceder al apoyo que nos están dando para los niños. Siempre
hemos comentado que cómo es posible que tenemos que andar atrás de ellos
para que puedan ayudarnos y más que nada con esta situación de la
pandemia; nosotros no podemos salir como lo hacíamos. De hecho nuestros
niños se enferman y no sabemos qué hacer”, dijo Cristela Soto, madre de
Deisy Viridiana Martínez Soto, quien fue asesinada el 16 de julio del
2016, cuando su hijo apenas tenía cuatro años y fue testigo de lo
ocurrido.
La abuela de Dominick, e integrante de la organización “Madres
Poderosas”, creada en la ciudad de Torreón, afirmó que dicho apoyo no
alcanza para cubrir las necesidades fundamentales del pequeño y cuando
recibe el recurso “ya lo debes y te quedas de vuelta con nada. ¿Se
imaginan lo que pasa?.
Explicó que con los 66 pesos significan no puede cubrir los
alimentos: “Simplemente con los camiones cuando se nos enferman. Él en
la mañana desayuna su cereal, luego un huevo al mexicano; o sea huevos
con frijoles o mortadela. Mi hijo no tiene seguro y mi esposo no lo
puede meter en el de él porque no tiene el nombre. Yo tengo la patria
potestad, pero el problema es que él no quiere nombre ni apellido y
estoy en el proceso. No soy yo, es él quien lo pide”.
Y es que Dominik no quiere llevar el nombre de su padre y el proceso
que empezó ante juzgados civiles y familiares desde el 2016, no se ha
logrado culminar, lo que ha provocado problemas emocionales en el menor
de edad al escuchar que lo llaman como aparece en su registro de acta de
nacimiento.
Las abuelas han buscado en vano una reunión con el mandatario estatal
para plantearle la serie de problemas que están padeciendo por el
retraso en los procesos que se encuentran en los juzgados, así como la
necesidad de que se aumente el apoyo para los niños. El pasado martes 26
de agosto, Cristela debió presentarse a una de las salas de juicio oral
donde se desarrolló la audiencia de imputación del responsable de la
muerte de su hija, a más de un año de permanecer detenido.
“No se vale que a nosotros no nos pueda recibir. A todo mundo recibe
menos a nosotros; hemos tratado de mandarle por correo para que nos
reciba, hemos buscado de varias formas y no hay un momento que nos diga
que nos va a recibir. Queremos poner los papeles en la mesa y que él vea
lo que está pasando… pues como que nomás me lavo las manos. Ya no somos
nosotros, son nuestros niños quienes están sufriendo”.
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El caso de María Elena de la Fuente Cepeda se agravó a partir de este
mes de agosto, ya que dejó de percibir el apoyo de su nieto mayor quien
cumplió 18 años y a pesar de que inició los estudios a nivel
profesional, las autoridades estatales determinaron suspender la ayuda
que ahora sólo reciben sus dos hermanas menores de edad que estudian la
primaria y secundaria.
“No es suficiente esos dos mil pesos por mes por niño. Nada más
diario lo que es el lonche en la mañana del lonche y los de la escuela,
pues es mucho dinero. A mí ya me dejaron de dar para el más grande y
luego que la universidad está tan cara, porque este programa sólo es
hasta los 18 años y para el caso de la universidad son dos camiones los
que hay que pagar de ida y vuelta. Lo que me llega por dos meses me
alcanza para 15 o 20 días, pero ¿y el mes y medio más? Hay que
trabajarle y hay que pagar la luz, el internet”, y agregó que a sus 60
años se apoya con la venta de pantalones de mezclilla para poder
completar la manutención de sus nietos.
Para obtener la versión de parte de las autoridades en torno a la
problemática planteada por las abuelas, se solicitó una entrevista con
la titular de la PRONNIF, Leticia Sánchez Campos, pero ésta se negó y el
gobierno del estado entregó un escueto comunicado en el que se limitó a
exponer que se entrega el recurso económico además de algunas acciones
para la restitución de los derechos.
Ambas mujeres señalaron que tenían otra fuente de ingresos por medio
del programa federal “Jefas de Familia”, pero éste se suspendió en el
presente año lo que las ha llevado en ocasiones a la desesperación al no
tener suficientes recursos para atender las necesidades básicas de las
víctimas indirectas de feminicidio.
“Se ejecutaron mecanismos de protección y restitución de derechos
dictando las medidas especiales de protección en los casos que
resultaron necesarios, asesoría y acompañamiento en procedimientos ante
la autoridad judicial y la gestión de diversas peticiones”, establece el
escrito en el que se añadió que se otorga los servicios de salud, la
incorporación a programas sociales, una despensa mensual a cada una de
las familias, atención psicológica y asistencia victimológica además de
la gestión de actas del registro civil.
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