Editorial La Jornada
El informe dado a conocer
ayer por la Cervecería Modelo de México SRL, en el sentido de que acaba
de pagar alrededor de 2 mil millones de pesos (mdp) al Servicio de
Administración Tributaria (SAT) a fin de
dar por terminadas diferencias en materia de impuesto sobre la renta, constituye una buena noticia para las arcas de la nación. Por años el régimen de exenciones y previsiones fiscales aplicado en beneficio de muchos grandes contribuyentes de México por parte de gobiernos anteriores favoreció los intereses de algunas corporaciones, en detrimento de la recaudación fiscal indispensable para el financiamiento de los servicios públicos y la inversión estatal.
La medida representa la continuación de una saludable tendencia
inaugurada en febrero de 2020, cuando América Móvil, empresa fundada por
Carlos Slim, reconoció públicamente ser la compañía
líder en telecomunicacionesque, como una derivación de los ejercicios fiscales de 2016 a 2019, pagó 8 mil 290 mdp al SAT, incorporándose al esquema de consolidación fiscal y abandonando el llamado régimen opcional de grupo, que permitía diferir el pago del impuesto sobre la renta por hasta tres años.
En abril el gran empresariado, por interpósito Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), había reclamado al presidente Andrés Manuel López
Obrador lo que a su juicio (el del Consejo) era una falta de apoyo
gubernamental a las compañías instaladas en el país. El titular del
Ejecutivo respondió con una carta en la que daba a conocer un listado de
15 personas y empresas que, en conjunto, adeudaban al fisco 50 mil mdp
en calidad de impuestos. Y poco más de un mes más tarde otro corporativo
–en esta oportunidad Walmart– informó que había pagado al SAT 8 mil 79
mdp por impuestos atrasados.
Días después Fomento Económico Mexicano (Femsa), embotelladora de
Coca-Cola y propietaria de la cadena de tiendas Oxxo, hizo lo propio y
pagó al organismo recolector de impuestos la suma de 8 mil 790 mdp,
misma que le sería reconocida en sus estados financieros del tercer
trimestre del año. A esas alturas, las cantidades ingresadas en las
arcas gubernamentales superaban con creces las asignaciones
presupuestarias anuales destinadas a rubros tales como educación y
cultura.
En junio fue Minera Fresnillo –cuyo socio mayoritario es el
multimillonario Alberto Bailléres– la empresa que se puso al corriente
de sus obligaciones fiscales, al pagar al gobierno mexicano alrededor de
4 mil 612 mdp por concepto de impuestos atrasados. Y a fines del pasado
mes de agosto fue International Business Machines (IBM), la
corporación tecnológica que saldó un adeudo por 669 mdp que tenía con el
SAT, comprometiéndose de paso a operar en lo sucesivo
con apego al marco legal, tal y como deben hacerlo todas las empresas, al decir del procurador fiscal.
La cifra que resulta de todas estas actualizaciones impositivas
asciende a poco más de 32 mil 300 mdp, y da cuenta del deficiente manejo
que las autoridades hacendarias habían tenido en su gestión durante
anteriores administraciones de gobierno, pero también de la poca
disposición de muchas grandes corporaciones a cumplir con sus
obligaciones fiscales, a pesar de los generalmente muy jugosos márgenes
de ganancia con que operan en territorio mexicano.
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