En unos meses el gobierno mexicano deberá presentar al Comité de la
CEDAW un informe del cumplimiento de sus obligaciones internacionales de
actuar para eliminar la discriminación y violencia contra las mujeres.
Por ello, diversas organizaciones preparan “informes luz”, como los
llama la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa.
Estos informes alternos suelen develar ante la CEDAW la realidad de las
mexicanas en contraste con las imprecisiones o falsedades oficiales.
En preparación de su informe para CEDAW, la RNR recién publicó “De
los discursos a los hechos”, documento (disponible en FB) que ilumina la
gravedad de “la otra pandemia”, la de la violencia machista, agudizada
por la cuarentena. A los datos oficiales que cuentan 2 mil 240 mujeres
asesinadas entre enero y julio, entre ellas 549 por feminicidio
(tipificado), este informe añade información, preocupante, que corrobora
lo que ésta y otras organizaciones advirtieron desde marzo: si la
ausencia de políticas de igualdad y prevención de violencias en este
sexenio ya había afectado severamente a mujeres y niñas, los efectos de
esta indiferencia se recrudecerían bajo la cuarentena.
Los datos de la RNR, que se ha esforzado por atender la demanda
creciente de mujeres violentadas, pese a la estrechez de recursos,
muestran los graves daños que sufren éstas y sus hijas e hijos,
obligados a convivir con un agresor. Por ejemplo, de marzo a julio, la
Red atendió en total a 23 mil 303 personas, 71 por ciento más que en
2019. Realizó 28 rescates – que previenen feminicidio– y recibió en
refugios a 61 por ciento más mujeres que el año pasado. De éstas, 40
por ciento denunció violencia física, 20 por ciento violencia sexual y
más de 25 por ciento todas las violencias juntas. Además, 51 por ciento
de sus hijas e hijos habían sufrido violencia sexual. Los testimonios
que dan humanidad a las cifras son escalofriantes: una mujer de 19 años
encerrada con candado, vendida al crimen organizado, que logró escapar;
mujeres insultadas, golpeadas, violadas, sin escapatoria… Y éstas son
las que pudieron pedir auxilio o pudieron huir gracias a otras personas.
La RNR también documenta los efectos en las mujeres de la crisis
económica en curso. Cuando un cuarto de los hogares está a su cargo y/o
muchas dependen de trabajos inestables e informales, el impacto de la
pauperización es brutal.
Con intención constructiva, la Red analiza el Anexo 13 del PEF 2020 y
destaca cómo éste recibió más recursos que en 2019 pero incluye
programas, como las pensiones para adultos mayores, becas y otros, que
no son sólo para mujeres ni hacen distinciones interseccionales para
beneficiar a mujeres indígenas o en mayor precariedad. La distribución
de recursos es aberrante: 38 por ciento se destinan a programas de
transferencias directas, mientras que los programas de salud sexual y
reproductiva o el programa de apoyo a hijos de madres trabajadores sólo
reciben (en papel) 2 por ciento cada uno. Es por demás evidente que
para el gobierno las mujeres no son prioridad, ni tiene interés en
diseñar políticas integrales y efectivas para niñas y adolescentes.
Por ello, son muy valiosas las recomendaciones de la RNR a las
autoridades. Entre ellas, “atender las desigualdades y potenciar la
autonomía” y “promover la cultura de la igualdad”, lo que implica
asegurar el ejercicio de Derechos Humanos; diseñar políticas con
perspectiva de género interseccional, en particular una política
presupuestaria que permita garantizar el acceso a la justicia, la
salud, la educación; la recuperación económica y una vida sin
violencia.
Recomienda también etiquetar recursos suficientes en el PEF2021 para
refugios y programas destinados a mujeres y niñas, y vigilar que se usen
para disminuir las brechas de género.
Ojalá que las demás organizaciones que preparan “informes luz” den a
conocer avances, como este documento, y los hagan llegar a la SHCP y
Cámaras. Quizá aún pueda evitarse que más simulación y recortes dañinos
en el Anexo 13 condenen a mujeres y niñas a más precariedad y más
violencia.
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