Ciudad de México. En su segundo informe de gobierno,
el presidente Andrés Manuel López Obrador omitió rendir cuenta sobre
las mujeres en contextos de migración en México, quienes enfrentan
persecución por parte de la Guardia Nacional y falta de atención en
salud, trabajo y trámites migratorios.
Así lo advirtió el no gubernamental Instituto para las Mujeres en la
Migración (Imumi), quien tras lo dicho por López Obrador este 1 de
septiembre señaló en un balance sus redes sociales que “en el segundo
informe del gobierno mexicano no existieron las personas migrantes”.
De acuerdo con el balance de Imumi –que acompaña, investiga y hace
incidencia en materia de mujeres migrantes y sus familias –, lo que
faltó mencionar al presidente en su rendición de cuentas fue que a pesar
de la campaña federal sobre acceso a la salud para las migrantes
embarazadas, en clínicas y centros de salud se sigue negando esta
atención.
Imumi detalló que a pesar de que el acceso a la salud está
garantizado en la Ley de Migración, el personal de salud niega a las
mujeres migrantes en México la atención médica y la supedita al estatus
migratorio o la documentación de las mujeres. “En algunos casos se les
amenaza con la deportación”, advirtió.
Otra cosa que el presidente no dijo es que en México, de acuerdo con
datos de la Secretaría de Gobernación, las mujeres migrantes representan
40 por ciento de los flujos migratorios; sin embargo, en nuestro país,
enfrentan una doble discriminación por su género y por su situación
migratoria.
En el segundo informe del gobierno mexicano se omitió mencionar, dijo
Imumi, que se utiliza a la Guardia Nacional como policía migratoria.
Esto a pesar de que este cuerpo de seguridad se creó para cuidar a la
ciudadanía, no para detener con violencia a mujeres y niñez migrante. La
Guardia Nacional no debe operar como policía migratoria, es
inconstitucional, ilegal e inmoral, advirtió la organización
transfronteriza.
A esto se suma que, según lo que ha documentado Imumi, durante la
pandemia se ha vuelto casi imposible iniciar o continuar trámites de
regularización migratoria o solicitudes de asilo debido a las
restricciones de movilidad y de cierre de oficinas. De acuerdo con la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), de las 19 mil 211
solicitudes de asilo recibidas de enero a mayo de este año, 40 por
ciento son mujeres.
Esta organización también advirtió que a pesar de que las
observaciones finales de 2018 del Comité para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés), que establecen la obligación del Estado de implementar una
política nacional de cuidados, así como crear oportunidades de empleo
para los grupos más desvaforecidos de mujeres, como las migrantes, el
segundo informe de de gobierno no mencionó que, en un contexto de
pandemia, violencia y discriminación, más del 70 por ciento de las
mujeres migrantes en el país son trabajadoras del hogar, cuidan de
terceros o están en el sector servicios.
Además, no se mencionó que el Instituto Nacional de Migración y el
gobierno siguen sin cumplir las 11 medidas que les dictó un juez federal
para garantizar los Derechos Humanos de la población migrante durante
la pandemia, esto después de la muerte de un migrante y motines en
Estaciones Migratorias por faltas de protocolo de salud.
En este informe tampoco se habló, observó Imumi, que en la frontera
norte permanecen aproximadamente 20 mil personas solicitantes de asilo
en Estados Unidos. Estas personas fueron recibidas por el gobierno
mexicano bajo el Protocolo “Quédate en México”, quien se comprometió a
darles trabajo, vivienda y salud. México no cumplió este compromiso, por
lo que hay personas sin documentos migratorios que llevan más de un año
esperando que se les permita trabajar, dijo la organización.
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