CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México. Sin importar el país, mujeres y
niñas de la región Latinoamericana comparten violencia, exclusión,
pobreza, abusos, deserción escolar, embarazos forzosos, feminicidio,
exclusión laboral y nulo acceso a la salud, así lo compartieron mujeres
concejalas y la presidenta municipal de México, Colombia, Chile y El
Salvador durante el Conversatorio regional “Experiencias de las mujeres
en la política en apoyo a la población, acciones y retos”.
En el evento que se llevó a cabo el pasado 29 de agosto y fue
convocado por la organización chilena “Desarrollo Sin Fronteras”, la
presidenta municipal de Tlaxcala, México, Anabell Avalos Zempoalteca; la
concejala del movimiento político “Estamos Listas en Medellín”,
Colombia, Dora Cecilia Saldarriaga Grisales; la concejal de la
municipalidad de Viña del Mar, Chile, Laura Gianicci Natoli; y Keyla
Cáceres de León, especialista en incidencia parlamentaria y organización
comunitaria de El Salvador, coincidieron en que la crisis sanitaria por
COVID-19 ha evidenciado las múltiples situaciones de vulnerabilidad a
las que se enfrentan las mujeres, no obstante las respuestas de los
Estados que no han tomado en cuenta el impacto diferenciado entre
mujeres y hombres, convirtiéndose en un reto mayúsculo los esfuerzos que
realizan desde sus espacios políticos.
En Medellín, la pandemia exacerbó las violencias que viven las
mujeres. Incrementaron los casos de feminicidio, la violencia familiar y
sexual. De enero a la fecha han desaparecido 15 mujeres. Sin embargo,
pese a que existen varias implementaciones gubernamentales en materia de
género, no existe voluntad política para enfrentar estas violencias.
Al igual que en México, hubo un aumento en las llamadas a los números
de emergencia por violencia, sin embargo, las denuncias no prosperan
pues para el sistema judicial éste continúa siendo un tema accesorio. La
violencia contra las mujeres es una pandemia poco visibilizada.
En México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública los casos de feminicidio subieron 40 por
ciento. De enero a junio, a nivel nacional, se iniciaron 18 mil 884
carpetas de investigación por violencia familiar, de las cuales 2 mil
824 se abrieron en junio, lo que representó un incremento del 18 por
ciento comparado con las registradas en mayo.
“Encerramos de golpe a las mujeres con sus agresores, en medio de una
cuarentena estricta, en un estado de excepción, con tanquetas en las
calles combatiendo el virus, ¿por qué?, lo único que esta acción
desencadenó fueron violaciones y desaparición de niñas”, puntualizo
Keyla Cáceres, de El Salvador.
“La violencia contra las mujeres en el contexto de la COVID-19 es un
panorama igual en toda la región. En Chile, las mujeres se enfrentan a
una diversidad de violencias e incremento del trabajo del hogar”, dijo
en su oportunidad, Laura Gianicci.
Trabajo de cuidados
Otro tema que cruza a los cuatro países fue el de cuidados. Ante el
confinamiento, el trabajo no remunerado de las mujeres se exacerbó. Para
Dora Saldarriaga “si no se reconocía el aporte de las mujeres en los
cuidados y cómo ellas son quienes sostienen los sistemas productivos de
los países, la crisis sanitaria lo puso en la lupa, sin embargo, se
sigue mirando como un deber ser de las mujeres”.
El trabajo no remunerado se ha multiplicado en el confinamiento, a
las labores de quehaceres del hogar se han sumado el cuidado de personas
adultas mayores, de niñez y adolescencia y la instrucción escolar. A
nivel mundial los datos demuestran que con cada 2 horas más de trabajo
de cuidados diario que tiene una mujer pierde 10 por ciento de trabajo
remunerado.
“Para los hombres el tema del cuidado lo tienen resuelto, siempre es
una mujer la que lo resuelve”. Mientras que para las mujeres se
multiplicó este trabajo, al trabajo remunerado desde casa, se sumó el
trabajo del hogar, el cuidado de la familia, y la atención escolar de
hijas e hijos. “En una breve encuesta encontramos que para las mujeres
se habían incrementado entre 4 y 6 horas de cuidados a diferencia de los
hombres”, puntualizó la Concejala de Medellín.
Empleo
En materia de empleo remunerado, en el caso de El Salvador, una parte
importante de su economía sobrevive de la industria textil, las
maquilas, donde trabaja un porcentaje alto de mujeres adultas con
enfermedades crónicas. Con la pandemia, se incrementó la explotación
laboral, a los sueldos bajos, se le sumó el despido masivo y el freno en
el acceso a la salud. Muchos de los patrones dejaron de pagar las
cuotas de salud, bajo la pasividad del gobierno, desde febrero de 2020.
“Las mujeres no han podido acceder a la salud; las han despedido sin un
pago correspondiente por su trabajo y antigüedad. El gobierno permanece
callado”.
Para Viña del Mar este escenario es familiar. Lejos de los
reflectores del Festival de Viña del Mar, esta ciudad es donde existe el
mayor número de campamentos de extrema pobreza en el país, y el segundo
lugar nacional con personas adultas mayores.
“La pandemia nos tomó en un momento brutal. Actualmente no hay
ingresos, están cerradas las fuentes de empleo (casinos, hoteles,
servicios) y las que más enfrentan estos despidos son las mujeres. Las
trabajadoras del hogar son las más golpeadas, y recién en el Congreso se
acordaron de ellas”. La pobreza tiene rostro de mujer, sin embargo, aún
en la pandemia están invisibilizadas.
Mientras que las personas adultas mayores viven una violencia
estructural implícita y empobrecida. Llegar a una edad adulta también
implica el empobrecimiento y el olvido de los familiares, donde las
mujeres adultas mayores son las que enfrentan las peores condiciones.
Incremento de embarazos en niñas y adolescentes
Otro de los retos que enfrenta la región son los embarazos de niñas y
adolescentes. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones
Unidas es posible que 47 millones de mujeres de 114 países de bajos y
medianos ingresos no puedan tener acceso a anticonceptivos modernos, por
lo que se prevén hasta 7 millones de embarazos no deseados.
En El Salvador, se incrementaron los embarazos en niñas de 10 a 19
años de edad. “Tenemos registrados más de 6 mil embarazos en el contexto
de la pandemia. En el segundo trimestre de 2020 hemos registrado un
incremento de embarazos de niñas de 10 a 14 años de edad, una violación
legitimada por el Estado. Un Estado que se olvidó de poner la mirada de
género en cada una de las decisiones que tomó para mitigar esta
pandemia”.
En medio del coronavirus, la violencia y la violencia sexual
desembocaron en embarazos a una edad muy temprana que limita las
posibilidades de las niñas, en medio de Estados que las obligan a tener
esas hijas e hijos y que no les dan la libertad de interrumpir un
embarazo no deseado que pone en riesgo su salud. Necesitamos garantizar a
las niñas un futuro y no la maternidad forzada a la que ahora se están
enfrentando. El Instituto Guttmacher calcula que este año se producirán
al menos tres millones de abortos en condiciones de riesgo.
Actualmente 90 por ciento de los hospitales en el país son para
COVID-19, por lo que no hay monitoreo, seguimiento y, en algunas
instituciones, persiste el desabasto de medicamentos. A nivel mundial,
se estima que 113 mil mujeres podrían morir por no tener acceso a salud
reproductiva durante sus embarazos a raíz de la pandemia.
Acceso a la educación
En materia educativa, las cuatro mujeres coincidieron que en medio de
un regreso escolar inminente, la deserción escolar al terminar este año
será enorme. En el caso de El Salvador, sólo 17 por ciento de la
población tienen acceso a internet, lo que impacta a las niñas y
adolescentes de las zonas más marginadas.
“En El salvador a las niñas que no tienen WhatsApp para recibir y
enviar tareas, les pidieron ir a la escuela a recoger las guías de
trabajo, eso significaba ponerlas en riego porque las calles están
llenas de policías y soldados, además que se tenía un control para la
salida por lo que su madre, padre o tutor tampoco podían salir todos los
días a traer las tareas”, señaló Keyla Cáceres.
Como un acto para romper el aislamiento físico a través de la
comunicación virtual, las mujeres coincidieron en que uno de los
principales retos que enfrentan en medio de la pandemia es colocar en la
agenda pública los retos y necesidades que enfrentan las mujeres de sus
países. No puede existir ningún intercambio de ideas, foros,
discusiones sin que las mujeres estén presentes. “Ese es nuestro trabajo
permanente en estos cargos, que se visibilice dónde están las mujeres,
sus retos y necesidades, y con ello construir políticas públicas con
perspectiva de género. No se trata sólo de llegar e implementar las
agendas que están colocadas sino colocar la agenda de los Derechos
Humanos de las mujeres”, coincidieron.
“Estar en el mundo de la política no es fácil, pero sí una
oportunidad para hacer un cambio. Un frente común entre mujeres de
Latinoamérica. Conocernos más allá de las fronteras. Hay mucho por hacer
para cerrar las brechas de género”.
Los Estados necesitan resolver la desigualdad social que nos ha
llevado a las mujeres a ser el eslabón más débil en medio de la
pandemia. Si no existe una voluntad política para resolver las brechas
de género se van a incrementar en los siguientes años, concluyeron.
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