Miguel Concha
Mañana 30 de agosto
conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición
Forzada, el cual nos convoca a expresar una palabra de solidaridad con
las y los integrantes de los colectivos de familiares de víctimas de
desaparición que existen en México, y en el contexto de la búsqueda de
sus familiares, que realizan día a día, a mostrar apoyo a sus legítimas
demandas. La lucha de estos colectivos, así como la de las
organizaciones sociales defensoras de derechos humanos que trabajan
coordinadamente con ellos, se ha convertido en pieza clave para
descubrir rutas de salida a la todavía profunda crisis de derechos
humanos en México, y a las constantes desapariciones que no paran.
En México, conforme a lo que ha informado recientemente la Secretaría
de Gobernación, existen más de 73 mil personas desaparecidas en el
país, y la cifra sigue aumentando. Asimismo, se registran por desgracia
al menos 37 mil cadáveres acumulados en instalaciones oficiales que aún
no han sido identificados, así como cuerpos humanos desmembrados y
fragmentos de éstos. Y, dada la falta de resultados en las instancias
nacionales encargadas de investigar las desapariciones a escala federal y
local, cada vez se hace necesario que las víctimas deban acudir a
instancias internacionales para seguir buscando justicia y verdad.
Sobre esto último, esta semana recibimos con beneplácito que el
Ejecutivo federal haya ya enviado al Senado de la República su propuesta
de declaración para reconocer la competencia del Comité contra la
Desaparición Forzada, con el fin de que éste pueda recibir y examinar
las comunicaciones presentadas por personas víctimas de este delito, que
se encuentren bajo la jurisdicción del Estado mexicano, o en nombre de
ellas, tal como se contempla en la Convención Internacional para la
Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
vigente para México desde diciembre de 2010. Con ese mismo ánimo, sería
pertinente que la Secretaría de Relaciones Exteriores invitara sin
dilación a este Comité de la ONU, que desde hace años espera conocer más
de cerca la situación de las desapariciones en el país, a una visita
oficial a México.
Sin embargo, como han expresado los colectivos de familiares de
personas desaparecidas –muchos de ellos articulados en vibrantes y
activas articulaciones nacionales, como el Movimiento por Nuestros
Desaparecidos en México (MNDM)–, se requiere además ocuparse
efectivamente de la política interna, e implementar acciones efectivas
para hacer frente a esta crisis de derechos humanos. Por ello se ha
impulsado la creación y consolidación del Mecanismo Extraordinario de
Identificación Forense, el cual ya ha sido creado por decreto el pasado
marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, en
diálogo con las instituciones del Estado, los colectivos de familiares y
organizaciones sociales se encuentran en los correspondientes trabajos
para su efectiva implementación.
La actual administración deberá hacer todo a su alcance para que este
mecanismo cuente con un grupo coordinador conformado por personas
expertas, preferentemente en materia forense, y con la debida
participación de las familias de personas desaparecidas y organizaciones
de la sociedad civil.
Como hemos venido atestiguando, el impulso que los colectivos de
familias dan a la agenda de derechos humanos para implementar, por
ejemplo, acciones concretas que atiendan las graves violaciones a
derechos humanos, en particular las desapariciones, han generado una
institucionalidad que ahora debe actuar en consecuencia. Tal es el caso
del Sistema Nacional de Búsqueda. Resulta interesante que en este
sistema se den cita instancias del Poder Ejecutivo, así como órganos
autónomos, como es el caso de la Fiscalía General de la República (FGR) y
de las fiscalías locales de justicia, de las cuales se tiene grande
expectativa de que presenten resultados más efectivos en materia de
investigación.
Será fundamental por ello, tal como lo ha comunicado el MNDM, contar
con toda la participación, coordinación y voluntad de la FGR y de las
fiscalías locales, para implementar adecuadamente, por ejemplo el
Protocolo Homologado de Búsqueda, establecido por la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada.
Por último, en el contexto de este 30 de agosto, el MNDM ha impulsado
una campaña denominada #LesQueremosDeVuelta, con la que pretende
visibilizar, en medio de la pandemia, vigente en buena parte del país,
las exigencias y demandas de verdad y justicia, como las que hemos
mencionado hasta ahora. Nos solidarizamos con ella. Para conocer más de
este esfuerzo, puede ingresarse al sitio https://cutt.ly/rffEEsR
Hay que agradecer siempre el esfuerzo que cientos de familias de
personas desaparecidas hacen para resistir la situación de violencia,
organizarse y seguir buscando a sus seres queridos. En esta ardua tarea,
y para nuestra esperanza, están generando la construcción de bases
sólidas para un México con verdad y justicia.
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