Editorial La Jornada
Durante la semana pasada,
el Partido del Trabajo (PT) realizó diversas maniobras con el fin de
convertirse en la tercera bancada más nutrida en la Cámara de Diputados y
de este modo adjudicarse la presidencia de la mesa directiva, órgano
le-gislativo cuyos miembros se renuevan cada año.
Dichas maniobras, consistentes en la incorporación a su grupo
parlamentario de legisladores independientes o pertenecientes a otros
partidos, pretenden retorcer el espíritu del acuerdo alcanzado por las
fuerzas políticas al inicio de la actual legislatura, en 2018, cuando se
pactó que en el ejercicio 2020-2021 la presidencia de la Cámara de
Diputados recaería en el tercer grupo con más legisladores, que en ese
entonces, y hasta el viernes 28, era el Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
Además de violentar el llamado Acuerdo Fundacional, los movimientos
del PT resultan censurables, pues este partido sumó a sus filas a Héctor
Serrano, ex secretario de Gobierno de la Ciudad de México en la
administración de Miguel Ángel Mancera, y al ex delegado de Coyoacán
Mauricio Toledo, personajes que no sólo son impresentables, debido a la
larga estela de actos de corrupción y malas prácticas que se les
imputan, sino que se caracterizaron por su feroz oposición a la Cuarta
Transformación y al proyecto social que ésta enarbola.
En el caso de Toledo, la inquina hacia la coalición de la que el PT
forma parte llegó a adquirir un carácter delictivo con las agresiones
porriles perpetradas contra actos de campaña de la actual jefa de
Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo.
Para colmo, en el afán de hacerse con el segundo órgano más
importante de la Cámara de Diputados, el PT atrajo a un legislador de
Morena, con lo cual el partido gobernante perdió la mayoría absoluta en
San Lázaro y se habría visto obligado a ceder la presidencia de la Junta
de Coordinación Política al Partido Acción Nacional (PAN).
Para evitar el descalabro ante la formación de derecha, el diputado
Manuel López Castillo solicitó su reintegración a la bancada morenista;
de modo que, finalmente, el PT quedó empatado en número de legisladores
con el PRI, lo que augura nuevos jaloneos en la votación para elegir a
la mesa directiva.
Más allá de lo anecdótico, el chapulineo y las múltiples
transacciones que tuvieron lugar exhiben una grave falta de escrúpulos
tanto de la dirigencia petista y de los legisladores que saltaron a su
grupo parlamentario, como de quienes operaron la ida y vuelta del
diputado López Castillo.
No debe olvidarse que las adscripciones de los legisladores a una u
otra bancada obedecen, en primer lugar, a su origen partidista y, en
segundo, a sus afinidades ideológicas; por ello, resulta contrario a la
ética y ofensivo para los votantes que la conformación de las bancadas
sea objeto de especulaciones en aras de hacerse con cuotas de poder.
Por último, es lamentable que las fuerzas políticas que impulsaron
una transformación y regeneración de la vida pública se empantanen en
maniobras oportunistas, ajenas y contrarias a los principios por los que
los ciudadanos les dieron su confianza en las urnas.
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