Ciudad de México. Este año el presupuesto destinado a
la operación de Refugios y Centros de Atención Externa para mujeres
víctimas de violencia representó 0.3 por ciento del total del gasto
público para la igualdad; en contraste, los recursos para el Tren Maya
aumentaron 13 veces.
Esta es una de las conclusiones del informe “De los discursos a los hechos”, realizando por la Red Nacional de Refugios, donde se detalla la falta de políticas de gobierno para atender la violencia contra las mujeres antes, durante y después de la pandemia de COVID-19.
En el documento se explica que este 2020 los subsidios a Refugios, que se incluyen en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, fueron 405 millones de pesos, lo que representa 0.3 por ciento del total del Anexo 13, de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el apartado del Presupuesto de Egresos de la Federación que concentra todos los programas dirigidos a cerrar las brechas de desigualdad.
El monto para atender la violencia de género por medio de estos centros es mínimo considerando el incremento de casos de violencia familiar durante la emergencia sanitaria. En este año la Red ha documentado un aumento en los casos de mujeres que requieren un lugar seguro para vivir.
Por ejemplo, en los 5 primeros meses de la pandemia, los Refugios y sus Centros de Atención Externa tuvieron un aumento en las atenciones de 68 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año 2019. Esta situación se puede incrementar tras el regreso a la nueva normalidad, señala el informe elaborado por la directora de la Red, Wendy Figueroa Morales y la consultora Cecilia Toledo Escobar.
En este análisis se critica que ante los escasos recursos que la Cámara de Diputados asignó este año a los derechos de las mujeres y las niñas, se suma la ausencia de políticas públicas para erradicar las violencias, y además durante la crisis generada por la pandemia el gobierno decidió profundizar la austeridad republicana en el gasto público.
También se menciona que el 18 de febrero del 2020 oficialmente se notificó que el presupuesto etiquetado de “Subsidios para Refugios y Centros de Atención Externa de Refugios para mujeres víctimas de violencia” pasó de la Secretaría de Salud (Ramo 12), en donde había estado desde hace años, al Indesol (Ramo 20), quien desde ese momento ha sido la instancia encargada del presupuesto a través del “Programa presupuestario de apoyo para Refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género sus hijas e hijos”.
A pesar de que en el decreto de austeridad publicado en marzo por el gobierno federal se incluyeron los Refugios como servicios esenciales, esto no se retomó en el decreto publicado en abril y por tanto no se consideró como uno de los programas prioritarios. Con esta contracción, en el informe se menciona que “lo que no se nombra no existe”, por ello la Red Nacional de Refugios junto con Amnistía Internacional México y Equis Justicia para las Mujeres solicitaron al gobierno dar claridad al respecto.
En este escenario, mientras los Refugios recibieron un magro presupuesto, los recursos asignados a la construcción del Tren Maya son de 2 mil 500 millones de pesos y para 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende solicitar al Congreso la autorización de un presupuesto de 26 mil 730 millones de pesos, es decir, 9.7 veces los recursos asignados, y que representa un incremento nominal de más de 900 por ciento.
Por otro lado, al revisar los recursos que se aprobaron para el Anexo 13, la Red detalla que los programas con mayor peso, al recibir una bolsa más grande, fueron el de “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, con 38 por ciento del total del gasto para la igualdad; le siguió el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, con 12 por ciento, y “Sembrando Vida”, con 8 por ciento.
Sin embargo, son programas de transferencias directas en donde se otorga dinero a las personas beneficiarias para acceder a servicios de educación, de salud, medicamentos, etcétera, y no garantizan beneficios específicos para las mujeres y sus derechos.
Esta es una de las conclusiones del informe “De los discursos a los hechos”, realizando por la Red Nacional de Refugios, donde se detalla la falta de políticas de gobierno para atender la violencia contra las mujeres antes, durante y después de la pandemia de COVID-19.
En el documento se explica que este 2020 los subsidios a Refugios, que se incluyen en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, fueron 405 millones de pesos, lo que representa 0.3 por ciento del total del Anexo 13, de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el apartado del Presupuesto de Egresos de la Federación que concentra todos los programas dirigidos a cerrar las brechas de desigualdad.
El monto para atender la violencia de género por medio de estos centros es mínimo considerando el incremento de casos de violencia familiar durante la emergencia sanitaria. En este año la Red ha documentado un aumento en los casos de mujeres que requieren un lugar seguro para vivir.
Por ejemplo, en los 5 primeros meses de la pandemia, los Refugios y sus Centros de Atención Externa tuvieron un aumento en las atenciones de 68 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año 2019. Esta situación se puede incrementar tras el regreso a la nueva normalidad, señala el informe elaborado por la directora de la Red, Wendy Figueroa Morales y la consultora Cecilia Toledo Escobar.
En este análisis se critica que ante los escasos recursos que la Cámara de Diputados asignó este año a los derechos de las mujeres y las niñas, se suma la ausencia de políticas públicas para erradicar las violencias, y además durante la crisis generada por la pandemia el gobierno decidió profundizar la austeridad republicana en el gasto público.
También se menciona que el 18 de febrero del 2020 oficialmente se notificó que el presupuesto etiquetado de “Subsidios para Refugios y Centros de Atención Externa de Refugios para mujeres víctimas de violencia” pasó de la Secretaría de Salud (Ramo 12), en donde había estado desde hace años, al Indesol (Ramo 20), quien desde ese momento ha sido la instancia encargada del presupuesto a través del “Programa presupuestario de apoyo para Refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género sus hijas e hijos”.
A pesar de que en el decreto de austeridad publicado en marzo por el gobierno federal se incluyeron los Refugios como servicios esenciales, esto no se retomó en el decreto publicado en abril y por tanto no se consideró como uno de los programas prioritarios. Con esta contracción, en el informe se menciona que “lo que no se nombra no existe”, por ello la Red Nacional de Refugios junto con Amnistía Internacional México y Equis Justicia para las Mujeres solicitaron al gobierno dar claridad al respecto.
En este escenario, mientras los Refugios recibieron un magro presupuesto, los recursos asignados a la construcción del Tren Maya son de 2 mil 500 millones de pesos y para 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende solicitar al Congreso la autorización de un presupuesto de 26 mil 730 millones de pesos, es decir, 9.7 veces los recursos asignados, y que representa un incremento nominal de más de 900 por ciento.
Por otro lado, al revisar los recursos que se aprobaron para el Anexo 13, la Red detalla que los programas con mayor peso, al recibir una bolsa más grande, fueron el de “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, con 38 por ciento del total del gasto para la igualdad; le siguió el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, con 12 por ciento, y “Sembrando Vida”, con 8 por ciento.
Sin embargo, son programas de transferencias directas en donde se otorga dinero a las personas beneficiarias para acceder a servicios de educación, de salud, medicamentos, etcétera, y no garantizan beneficios específicos para las mujeres y sus derechos.
A pesar de los índices de violencias contra las mujeres, niñas y
niños, así como la agudización de las desigualdades que ha traído la
enfermedad de COVID-19, la postura del gobierno ha sido solicitar
incrementos para el aeropuerto de Santa Lucía y la construcción del Tren
Maya, criticó en su informe la Red Nacional de Refugios.
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