Al hacer una revisión del ejercicio del gasto público
durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto (2018), la
Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó presuntos daños al erario
por 544.8 mil millones de pesos, recursos en proceso de aclaración,
justificación o recuperación.
Así lo informó la titular de la dependencia, Irma Erendira Saldoval
Ballesteros, durante la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se celebró ayer.
Esta millonaria cantidad derivó tras la aplicación de más de 2 mil
500 auditorías que permitieron más de 10 mil 600 observaciones. El monto
ejercido con presuntas irregularidades es superior a lo que se destina a
educación y salud juntas, los dos sectores con más recursos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.
Durante la sesión, que se realizó por primera ocasión vía virtual
debido a la pandemia de Covid-19, Sandoval Ballesteros presentó, junto
con el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David
Colmenares Páramo, el informe del Sistema Nacional de Fiscalización, que
fue aprobado por el pleno.
La funcionaria detalló que producto de las irregularidades detectadas
en el ejercicio de 2018, se han iniciado 400 procedimientos de
responsabilidades administrativas.
Indicó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
la fiscalización es relevante para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
Por su parte, Colmenares Páramo refirió que pese a los esfuerzos de
armonización de las leyes de fiscalización y auditoría en los estados,
persisten diferencias en los marcos legales, en específico en lo referente a los universos fiscalizables, los periodos de entrega y en las acciones y observaciones.
Los miembros del Comité Coordinador del SNA presentes (también
estuvieron Loreta Ortiz Ahlf, representante del Consejo de la Judicatura
Federal; Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, y la presidenta del Comité Coordinador, Rosa María Cruz)
aprobaron el quinto informe de seguimiento a la recomendación no
vinculante dirigida a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las
entidades federativas, relacionada con la selección de jueces y
magistrados.
Al respecto de esto, Sandoval Ballesteros precisó que el informe pone
de manifiesto una área de oportunidad para profundizar en el análisis
del impacto de las recomendaciones del Comité Coordinador, a fin de
lograr una coordinación verdadera del sistema nacional.
Ortiz Ahlf, por su parte, externó que se debería analizar si se
propone una reforma normativa para hacer obligatoria la entrega de la
información solicitada por el Comité Coordinador.
También fueron avalados el primer y segundo informes de avances en el
proceso de elaboración de políticas estatales anticorrupción. La
titular de la SFP destacó la importancia de avanzar en los trabajos
relativos al desarrollo de los programas de implementación de las
políticas nacional y estatales, y llamó para que los estados se sumen a
dicha labor, a fin de consolidar los trabajos del SNA al definir
acciones específicas de implementación de las mismas.
Sobre este punto, los asistentes a la tercera sesión ordinaria
reconocieron el trabajo que realiza la Secretaría Ejecutiva del SNA para
dar seguimiento e informar en torno a los avances de las políticas
estatales anticorrupción y la coordinación que realizan al interior del
mismo.
De La Redacción
Periódico La Jornada
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