Ofrecen compensación económica
El portavoz de las víctimas exige juicio contra el ex presidente Ernesto Zedillo y el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro
▲ Familiares de las víctimas de la masacre de Acteal en 1997 aceptaron
ayer las disculpas del Estado que el subsecretario de Derechos Humanos,
Alejandro Encinas, ofreció, así como el anuncio de la reparación del
daño.
Desde la Secretaría de Gobernación (SG) se escuchó en
tzotzil y en español el reconocimiento del Estado mexicano por su
responsabilidad en la masacre de Acteal (Chenalhó, Chiapas), perpetrada
el 22 de diciembre de 1997, con saldo de 45 muertos y 26 heridos. A
nombre de las víctimas, Fernando Luna Pérez se pronunció a favor de que
se lleve a juicio a los ex presidentes, en particular a Ernesto Zedillo.
El Acuerdo de Solución Amistosa fue firmado luego de que el Estado,
en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de
la SG, Alejandro Encinas, ofreció disculpas y señaló que el ataque fue
perpetrado por
grupos paramilitares con la complacencia de las autoridades, en el contexto de un
Estado anquilosadoque alteró la escena del crimen en la que fueron asesinadas personas indefensas, entre éstas cuatro mujeres embarazadas y 18 menores de edad.
Como parte de la reparación del daño, se hará un documental de los
hechos y se entregará una compensación económica individual, la más alta
en los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
instancia ante la que se interpuso la demanda en 2005.
La solución incluye a 18 víctimas fallecidas y 12 sobrevivientes. El
subsecretario Encinas declaró que están a salvo los derechos de quienes
esperan la resolución a fondo en el sistema interamericano de derechos
humanos. Luna Pérez señaló como responsable de la agresión a unos
100 paramilitares pertenecientes al PRI y al Partido Frente Cardenista, todos armados y adiestrados por el Ejército Mexicano que, con una lógica de contrainsurgencia, alevosía y predeterminación, ingresaron al campamento de desplazados, disparando armas deuso exclusivo del ejército y masacraron a nuestros hermanos.
Destacó que fue un crimen de lesa humanidad y pidió juicio para los
autores intelectuales que implementaron la estrategia de insurgencia;
esto es, precisó, los gobiernos en turno, encabezados por el presidente
Ernesto Zedillo.
Sin embargo, refirió que su lucha no termina hoy al caducar
la mentira de Zedillo que planteaba la masacre de Acteal como resultado de un conflicto intercomunitario, de tierra y religión; al contrario, es necesario llevar ante lajusticia a todos los involucrados en el crimen, de los tres niveles de gobierno.
Declaró que más allá de la consulta ciudadana, promovida actualmente,
se debe juzgar a los mandatarios anteriores. “No hacer justicia con
nuestras propias manos, añadió, no es olvido. Aceptamos la disculpa
porque la actual administración reconoce la acción de los paramilitares y
la omisión de las autoridades mexicanas.
Exigimos que así sea, que se cumpla, se investigue y se lleve a juicio a Ernesto Zedillo Ponce de León, ex jefe del Ejecutivo de México y toda su cadena de mando, por ser los autores intelectuales de la masacre de Acteal, expresó Luna Pérez.
Mencionó también como responsables a otros funcionarios en turno en
ese año: Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador de Chiapas; Emilio
Chuayffet Chemor, ex secretario de Gobernación; general Enrique
Cervantes Aguirre, ex secretario de la Defensa Nacional; Homero Tovilla
Cristiani y Uriel Jarquín Gálvez, entre otros.
Recordó que con la denuncia de los afectados fueron procesados 88
civiles paramilitares, 15 funcionarios públicos y hubo 29 órdenes de
aprehensión no ejecutadas, pero no se agotó la línea de investigación
relacionada con la estrategia de contrainsurgencia.
En el acto de gobierno estuvieron ayer familiares y víctimas de los
hechos, funcionarios del gobierno federal y de Chiapas, comisionados de
organismos no gubernamentales y el embajador de Canadá; en
videoconferencia, fue testigo la comisionada y relatora para México de
la CIDH, Esmeralda Arosamena.
Foto Secretaría de Gobernación
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
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