La historia, la tradición o la maldición sexenal han creado una percepción negativa sobre el último año de gobierno de cada uno de los presidentes mexicanos. En 2006, Vicente Fox demostró que la silla presidencial le pesaba; en el 2000, Zedillo asumió que se convertiría en el último presidente de la era priista. En el 94, el país de los “mitos geniales” se le descompuso a Carlos Salinas: irrupción del EZLN; asesinato de su candidato Luis Donaldo Colosio; crisis económica que se pospuso hasta el 28 de diciembre, pero que se larvó en su gobierno. En el 88, el último de Miguel de la Madrid, el PRI se fracturó para dar paso al Frente Democrático Nacional y a la “caída del sistema” electoral de ese año. Ni hablar de las devaluaciones que traumaron al país en el 82 de José López Portillo y en el 76 de Luis Echeverría.
Este 1 de diciembre, el gobierno de Felipe Calderón ingresa a ese terreno de “alta nubosidad” que es el último año de su gestión. El segundo presidente proveniente del PAN puede convertirse en el último de esta primera década del siglo XXI y así comienza a actuar: desmontando una casa frágil que se construyó sobre bases endebles y criminalizando a sus críticos.
Nadie pensó en 2006 que el presidente de “las manos limpias” y del empleo se convertiría en el “presidente de la guerra contra el narcotráfico” y el mandatario que dejará una herencia de más de 50 mil muertos provocados por esta lucha, más de 10 mil desaparecidos y 7 cárteles de la droga disputándose el territorio nacional, sin que, hasta ahora, se haya logrado recuperar una sola plaza, ciudad o entidad de la disputa que mantienen las bandas del crimen organizado.
Guerra a los críticos y ya no al narco
Nadie, menos él, imaginó y calculó que ésta sería su herencia sexenal. Por eso, la primera clave del final de su sexenio está en su arrogante y desmedida respuesta a los promotores del juicio en su contra ante la Corte Penal Internacional de La Haya. El comunicado emitido el domingo 27 de noviembre y pagado como desplegado en los periódicos el lunes 28 de noviembre revela más la psicología presidencial que el alegato jurídico de Los Pinos:
“Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas. Ese no es el caso de México que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencias de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo”, afirma en uno de los párrafos centrales.
Hasta ahí, el alegato presidencial estaba en los términos tradicionales del discurso calderonista que ha defendido su estrategia (ahora ya no le llama “guerra”) contra el crimen organizado. El demonio está en las últimas líneas de su desplegado:
“Las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí misma verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.
En este párrafo está descrita la psicopatología del último año del sexenio de Calderón. Confunde el derecho de cualquier ciudadano de criticar y demandar a sus autoridades con el ejercicio de la “calumnia”. Lo que le preocupa no son los alegatos y las denuncias que aún no se sabe si serán aceptadas en el tribunal de La Haya sino que el “buen nombre de México”, es decir, el presidente se ve a sí mismo como el país. “La patria soy yo”, diría Antonio López de Santa Anna. Y las dos últimas líneas son delirantes: es el anuncio de que el gobierno de la República va a criminalizar y a “proceder legalmente” contra quienes critiquen su política de combate violento a los cárteles de la droga.
El presidente de la República se ve a sí mismo no como un jefe de Estado sino como una parte que entrará en querella contra sus críticos. En eso hay coherencia con su atropellado arribo a la presidencia de la República tras el conflicto poselectoral del 2006: “haiga sido como haiga sido”, dijo Calderón en una de sus frases más desafortunadas. No ofreció reconciliación sino imposición. No se comprometió a resolver el diferendo que fracturó al país sino en considerar como “peligrosos”, “rijosos”, “amenazas” a todos aquellos que no votaron por él.
Infancia es destino, dice el dicho. Y el sexenio parece que terminará como inició: con una fractura nacional ya no sólo por el presunto fraude de 2006 sino por los abusos cometidos al amparo de la lucha contra el narcotráfico. Calderón anuncia que su “guerra” ya no será contra los narcos sino contra los críticos a su guerra.
Creció la pobreza y el desempleo
Del otro lado, la situación económica en el país no mejoró. Y así lo indica el último reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En toda América Latina la pobreza disminuyó, con la excepción de México y Honduras. Dudoso honor de ver a nuestro país junto a la otra nación centroamericana que vivió en este periodo un golpe de Estado.
En números absolutos, la pobreza en México aumentó para más de 3 millones 673 mil personas entre 2008 y 2010. Y en nuestro país fue donde más se incrementó la indigencia hasta sumar 4 millones de pobres extremos.
Según la Cepal, la pobreza en México aumentó hasta abarcar a 40 millones 838 mil personas, que representan el 36.3 por ciento de la población mexicana que suman 112 millones 336 mil personas. De estos 40 millones de personas consideradas como pobres, 15 millones, es decir, 13.3 por ciento, viven en indigencia o pobreza extrema.
El informe de la Cepal se titula Panorama Social de América Latina en 2011 y prevé que la región concluya el 2011 con menos pobres, pero con mayor indigencia que en el 2010.
¿Qué hará el gobierno de Calderón frente a este reporte? ¿Demandará a la Cepal por poner en duda el “buen nombre” del país?
La incertidumbre sucesoria
En su último año de gobierno, Felipe Calderón se convertirá en defensor de su propia administración, aún a costa de que esto provoque que su partido pase de primera a tercera fuerza política electoral.
Sólo así se explica que en el seno del PAN se mantenga como precandidato el único que está personalmente vinculado a Calderón y que, paradójicamente, fue el responsable de las finanzas y del manejo de la política económica en este último tramo: Ernesto Cordero.
Los dos principales precandidatos del PAN no comparten la defensa personalizada ni las decisiones más polémicas de Calderón. Ni Josefina Vázquez Mota ni Santiago Creel le garantizan al actual mandatario el pacto de protección y complicidad que parecen ser las dos principales preocupaciones del actual mandatario.
Lo verdaderamente inédito de esta historia es que Calderón prefiera a un “priista calderonista” que a un “panista no calderonista” para sucederlo en el 2012. Quizá por esta razón, Enrique Peña Nieto, el precandidato único del PRI, ya se adelantó a defender al presidente en su round de sombra contra quienes lo demandan ante La Haya.
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