Piden a SCJN analizar sentencias de tlapanecas violadas por militares

Que integre un expediente “varios” exclusivo para estos casos

Por la Redacción

México, DF, 28 nov 11 (CIMAC).- Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, tlapanecas violadas por militares en 2002, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizar sus sentencias (emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano) y establecer que sus testimonios tendrán un alto valor probatorio en las investigaciones que realiza el fuero civil.

En un comunicado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, representante legal de ambas mujeres, informó que Inés y Valentina enviaron una misiva al presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza, para solicitarle que se integre un expediente “varios” que analice las obligaciones que derivan de estas dos resoluciones internacionales.

Cabe señalar que actualmente la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos relacionados con la Violencia contra la Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra) continúa integrando las averiguaciones previas por las denuncias que ambas indígenas interpusieron desde hace nueve años, cuando ocurrieron los hechos.

Tlachinollan denunció que ambos expedientes minimizan las pruebas aportadas por las víctimas, debido a que éstas fueron desahogadas por el Ministerio Público militar, que al no ser independiente e imparcial, desacreditó los testimonios de Inés y Valentina.

“Por ende, que el Pleno de la SCJN reitere que la incorporación de una adecuada perspectiva de género en un caso de violencia sexual supone, a la luz de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asignar un valor probatorio preponderante al dicho de las víctimas, sería determinante para el acceso a la justicia que durante casi 10 años hemos buscado”, señala el documento.

En octubre de 2010, la Corte Interamericana notificó al Estado mexicano las dos sentencias, por su responsabilidad en los casos de violación sexual de Inés y Valentina, indígenas que fueron agredidas por miembros del Ejército mexicano en 2002. En estas resoluciones, el alto tribunal ordenó una serie de medidas para reparar el daño, mismas que a la fecha no se han cumplido.

Por ello, y con el objetivo de dar certeza al cumplimiento de las resoluciones, Inés y Valentina solicitaron a la SCJN que analice su caso, tal y como lo hizo en agosto de 2010 con la sentencia sobre la desaparición forzada –a manos de militares– del líder social, Rosendo Radilla Pacheco, caso que también llegó al sistema interamericano.

La discusión de este tema, que inició en 2010 y concluyó hasta julio de este año, determinó entre otras cosas que los tribunales militares no son competentes para juzgar y sancionar violaciones a Derechos Humanos (DH) cometidas contra civiles, presuntamente por miembros de las fuerzas armadas.

De acuerdo con la petición presentada a la SCJN, si bien algunas de las medidas reparatorias ordenadas por el tribunal interamericano coinciden con las establecidas en el caso Radilla Pacheco, otras difieren, por lo que pidieron integrar un expediente exclusivo para estos casos.

Inés y Valentina señalaron que es relevante que el pleno de la SCJN analice las obligaciones que le surgen al Poder Judicial de la Federación para que los responsables sean debidamente juzgados en procesos seguidos ante instancias civiles que satisfagan los parámetros que derivan de las sentencias.

“El análisis de estos aspectos por el Pleno del Máximo Tribunal mexicano podría ser de gran trascendencia para fortalecer la tutela de los derechos de las mujeres y representaría un impulso decisivo para que las suscritas podamos acceder a la justicia”, se lee en el documento.