CATWLAC demanda más recursos contra el delito
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 28 nov 11 (CIMAC).- La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), llamó a la Cámara de Diputados a aprobar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y asignar presupuesto suficiente contra este delito, que cada año afecta a entre 16 y 20 mil mujeres y niñas en México.
En conferencia de prensa, Teresa Ulloa, directora regional de la CATWLAC, señaló que el próximo 12 de enero vence el plazo de 180 días al que el propio Legislativo se emplazó para avalar la Ley General, por lo que solicitó que en breve se discuta y apruebe para homologar la definición del delito, la penalidad y la competencia de las distintas autoridades de los tres niveles de gobierno.
La iniciativa de ley fue presentada el pasado 3 de agosto a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y turnada para su dictaminación a las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia en San Lázaro, luego de la aprobación de la reforma constitucional del artículo 73 que faculta a la Cámara baja a decretar una Ley General en la materia.
Esta legislación propone un solo tipo penal, homologa las sanciones y brinda “mejores instrumentos” a los ministerios públicos para la persecución del delito. La penalidad incluye agravantes cuando se trata de menores de edad, indígenas, personas con discapacidad, así como adultas mayores.
Además contempla la sanción a los crímenes de esclavitud, compra y venta de órganos y adopción ilegal, señaló Ulloa.
La activista apuntó que de aprobarse la Ley General, en casos como el de María José Monroy Enciso, raptada el 21 de septiembre de 2010 en Héroes de Tecámac, Estado de México, las autoridades “no tendrían pretexto” para no asumir su responsabilidad y encontrar a la niña, que en ese entonces tenía 11 meses de edad.
Hoy en la conferencia, la madre de María José, Maribel Enciso, informó que luego de que la Procuraduría General de Justicia mexiquense cerró el caso sin encontrar a la bebé, hace dos meses la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada atrajo el caso, y está en busca de la niña siguiendo la línea de investigación de adopción ilegal.
Según cálculos de Naciones Unidas, en México cada año son víctimas de trata entre 16 y 20 mil mujeres y niñas. La CATWLAC considera que el número de casos identificados son “la punta del iceberg”, ya que de acuerdo con proyecciones de la Coalición el número de víctimas asciende a 500 mil.
Teresa Ulloa indicó que la trata de personas adquirió una “nueva modalidad” en los últimos dos años, periodo en el que han desaparecido cientos de niñas y adolescentes para servir al crimen organizado.
“Las llevan a granjas y las entrenan para que sean ‘halconas’, ‘sicarias’ o esclavas sexuales de jefes de las plazas, muchas de ellas terminan asesinadas. Sus cuerpos aparecen a los tres meses de su desaparición”, denunció la directora regional de la CATWLAC.
Los estados con mayor incidencia son Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Chiapas Oaxaca, Hidalgo, Estado de México, Zacatecas, San Luis Potosí y Durango. Hasta el momento tienen documentados 800 casos, de los que ninguna autoridad se hace cargo.
La activista indicó que para hacer frente a este delito se requiere una unidad especializada en su combate, y que los juzgados protejan la identidad de las víctimas (cambio de identidad y reubicación nacional o internacional a cargo del Estado), además de penalizar el consumo de servicios de víctimas de trata.
De igual modo, es necesaria la inclusión de programas de educación y sensibilización acerca de este delito. Para llevar a cabo estas acciones es indispensable un presupuesto suficiente que muestre la voluntad del Estado mexicano para terminar con la llamada “esclavitud del siglo XXI”.
Para el ejercicio 2012 del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la Cámara de Diputados aprobó tan sólo 4 millones de pesos (mdp), mientras que para el gasto diario de los candidatos para las campañas del próximo año se avalaron 3 mdp.
Ulloa consideró que la asignación del Legislativo es irrisoria en comparación con los recursos que se requieren para hacer frente al delito, ya que la propia Secretaría de Gobernación, dependencia a cargo de la ejecución del Programa Nacional, pidió a la Cámara baja al menos 54 mdp para la operación del siguiente año.
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