REPORTAJE
Carecen de autonomía y de resultados
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 28 nov 11 (CIMAC).- En un acto de simulación, el Estado mexicano crea fiscalías especiales cuya misión es “investigar” y esclarecer hechos violentos pero en la práctica son instancias carentes de autonomía
Tuvieron su auge en la década de los noventa cuando tras los asesinatos de los políticos priistas Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, se crearon como respuesta al reclamo social que exigía conocer la “verdad” de los hechos.
Lo mismo ocurrió para las violaciones graves a derechos humanos como las masacres de Acteal, en Chiapas, donde murieron 45 indígenas en diciembre de 1997, o la de 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, donde 17 campesinos fueron asesinados.
En 2002, la Procuraduría General de Justicia capitalina anunció la creación de la Fiscalía Especial sobre el caso Digna Ochoa, abogada defensora de derechos humanos, asesinada en octubre de 2001.
En el tema Colosio, la Fiscalía determinó que Mario Aburto Martínez, presunto autor material del crimen, actuó solo para asesinar al entonces candidato presidencial; en el de Ruiz Massieu se acusó a la Fiscalía de fabricar pruebas; y en el del Cardenal Posadas Ocampo se concluyó que su asesinato “fue una confusión”, es decir, los sicarios se “equivocaron” de víctima.
Sobre Digna Ochoa, la Fiscalía desapareció en 2004, al concluir sus pesquisas y determinar que la abogada “se suicidó”.
Otras Fiscalías Especiales son las creadas para “investigar” la violencia contra las mujeres, surgidas ante el recrudecimiento del fenómeno, principalmente durante el sexenio de Vicente Fox en el cual fueron asesinadas 6 mil mujeres y niñas.
En respuesta a la demanda de organizaciones feministas que pidieron la creación de una institución especializada para investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, el gobierno federal tomo acciones al respecto.
Fue así que en 2003 creó la Agencia Mixta del Ministerio Público en “materia de investigación de delitos de homicidios de mujeres relacionados con delitos federales y de delincuencia organizada”, como resultado del convenio de colaboración entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría de Justicia de Chihuahua.
Al paso de los años, esta agencia se transformó en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con actos violentos contra las mujeres (Fevim) y en 2008 en Fevimtra, cuya facultad se amplió para investigar el delito de trata de personas.
La Fevimtra, al igual que otras instituciones, nace como fiscalía especial, pero depende de la PGR, que de acuerdo con el reglamento de su Ley Orgánica dice a la letra: “Las fiscalías especiales creadas mediante Acuerdo del Procurador, antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, continuarán realizando sus funciones hasta el momento en que concluyan el objeto para el que fueron establecidas”.
En el Acuerdo por el que se crea la Fevimtra –dependiente de la oficina del procurador– se establece que ésta tendrá facultades para investigar y perseguir los delitos en la materia, a excepción de aquellos que estén relacionados con la delincuencia organizada o que competan a la federación.
En el documento de su creación la Fevimtra tiene carácter de Ministerio Público de la Federación y con ello la obligación de informar de sus actividades al titular de la PGR, es decir, no tiene autonomía.
PARA MUESTRA UN BOTÓN
La falta de autonomía de las fiscales designadas en la Fevimtra ha quedado evidenciada en casos como los de la periodista Lydia Cacho quien denunció ante esta instancia haber sido víctima de tortura y violencia de género durante su traslado de Cancún a Puebla en su detención en 2005.
Pese a las declaraciones de la periodista y pruebas ofrecidas, y a que en ese entonces la Fiscal Alicia Elena Pérez Duarte sostuvo que la investigación tenía el 95 por ciento de “avance” finalmente la Fevimtra concluyó: “será el procurador Daniel Cabeza de Vaca el que definirá si se ejercita o no la acción penal, quién la ejercita y en qué lugar”
En el caso de las mujeres violadas por policías de los tres órdenes de gobierno durante los operativos de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco- cuyo caso ya está en la CIDH- Pérez Duarte aseveró en una entrevista con Cimacnoticias.
“Faltaban dos peritajes, que sabía ya estaban listos “y sin haberlos leído son positivos, es decir, hubo tortura” y por tanto, sí se puede consignar en el ámbito federal o se le puede entregar al Estado de México la investigación ya integrada para que el consigne.
“Le dejo a Medina Mora todos los elementos para que él pueda, sepa, que está demostrada la tortura y que está listo para consignar”. El caso se cerró y la fiscalía declinó su competencia a la Procuraduría de Justicia del Estado de México.
Actualmente la Fevimtra tiene a su cargo la investigación y sanción de los militares responsables de la violación sexual cometida contra las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, ocurrido en 2002 en Guerrero, en acato a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
México, DF, 28 nov 11 (CIMAC).- En un acto de simulación, el Estado mexicano crea fiscalías especiales cuya misión es “investigar” y esclarecer hechos violentos pero en la práctica son instancias carentes de autonomía
Tuvieron su auge en la década de los noventa cuando tras los asesinatos de los políticos priistas Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, se crearon como respuesta al reclamo social que exigía conocer la “verdad” de los hechos.
Lo mismo ocurrió para las violaciones graves a derechos humanos como las masacres de Acteal, en Chiapas, donde murieron 45 indígenas en diciembre de 1997, o la de 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, donde 17 campesinos fueron asesinados.
En 2002, la Procuraduría General de Justicia capitalina anunció la creación de la Fiscalía Especial sobre el caso Digna Ochoa, abogada defensora de derechos humanos, asesinada en octubre de 2001.
En el tema Colosio, la Fiscalía determinó que Mario Aburto Martínez, presunto autor material del crimen, actuó solo para asesinar al entonces candidato presidencial; en el de Ruiz Massieu se acusó a la Fiscalía de fabricar pruebas; y en el del Cardenal Posadas Ocampo se concluyó que su asesinato “fue una confusión”, es decir, los sicarios se “equivocaron” de víctima.
Sobre Digna Ochoa, la Fiscalía desapareció en 2004, al concluir sus pesquisas y determinar que la abogada “se suicidó”.
Otras Fiscalías Especiales son las creadas para “investigar” la violencia contra las mujeres, surgidas ante el recrudecimiento del fenómeno, principalmente durante el sexenio de Vicente Fox en el cual fueron asesinadas 6 mil mujeres y niñas.
En respuesta a la demanda de organizaciones feministas que pidieron la creación de una institución especializada para investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, el gobierno federal tomo acciones al respecto.
Fue así que en 2003 creó la Agencia Mixta del Ministerio Público en “materia de investigación de delitos de homicidios de mujeres relacionados con delitos federales y de delincuencia organizada”, como resultado del convenio de colaboración entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría de Justicia de Chihuahua.
Al paso de los años, esta agencia se transformó en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con actos violentos contra las mujeres (Fevim) y en 2008 en Fevimtra, cuya facultad se amplió para investigar el delito de trata de personas.
La Fevimtra, al igual que otras instituciones, nace como fiscalía especial, pero depende de la PGR, que de acuerdo con el reglamento de su Ley Orgánica dice a la letra: “Las fiscalías especiales creadas mediante Acuerdo del Procurador, antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, continuarán realizando sus funciones hasta el momento en que concluyan el objeto para el que fueron establecidas”.
En el Acuerdo por el que se crea la Fevimtra –dependiente de la oficina del procurador– se establece que ésta tendrá facultades para investigar y perseguir los delitos en la materia, a excepción de aquellos que estén relacionados con la delincuencia organizada o que competan a la federación.
En el documento de su creación la Fevimtra tiene carácter de Ministerio Público de la Federación y con ello la obligación de informar de sus actividades al titular de la PGR, es decir, no tiene autonomía.
PARA MUESTRA UN BOTÓN
La falta de autonomía de las fiscales designadas en la Fevimtra ha quedado evidenciada en casos como los de la periodista Lydia Cacho quien denunció ante esta instancia haber sido víctima de tortura y violencia de género durante su traslado de Cancún a Puebla en su detención en 2005.
Pese a las declaraciones de la periodista y pruebas ofrecidas, y a que en ese entonces la Fiscal Alicia Elena Pérez Duarte sostuvo que la investigación tenía el 95 por ciento de “avance” finalmente la Fevimtra concluyó: “será el procurador Daniel Cabeza de Vaca el que definirá si se ejercita o no la acción penal, quién la ejercita y en qué lugar”
En el caso de las mujeres violadas por policías de los tres órdenes de gobierno durante los operativos de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco- cuyo caso ya está en la CIDH- Pérez Duarte aseveró en una entrevista con Cimacnoticias.
“Faltaban dos peritajes, que sabía ya estaban listos “y sin haberlos leído son positivos, es decir, hubo tortura” y por tanto, sí se puede consignar en el ámbito federal o se le puede entregar al Estado de México la investigación ya integrada para que el consigne.
“Le dejo a Medina Mora todos los elementos para que él pueda, sepa, que está demostrada la tortura y que está listo para consignar”. El caso se cerró y la fiscalía declinó su competencia a la Procuraduría de Justicia del Estado de México.
Actualmente la Fevimtra tiene a su cargo la investigación y sanción de los militares responsables de la violación sexual cometida contra las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, ocurrido en 2002 en Guerrero, en acato a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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