¿Y los trabajadores mexicanos en Canadá?

Ana María Aragonés

La Jornada

Terminó la 18 Reunión Interparlamentaria México-Canadá y los temas que se plantearon para su discusión fueron básicamente seguridad y justicia, competitividad económica e integración regional y multilateral. Pero no se planteó ninguno en relación con el programa de trabajadores temporales, a pesar de que ha presentado muchas dificultades para los trabajadores, aunque se le considere un programa estrella para lograr una migración ordenada y legal. Sin embargo, tal parece que para los legisladores un asunto importante fue el problema de las visas (La Jornada, 21/11/11). Si bien se quejaron amargamente, la reacción que se hubiera esperado era por lo menos plantear la reciprocidad. Era fácil argumentar que también México enfrenta la posibilidad de importar la delincuencia proveniente de Canadá y por las mismas razones se haría efectiva la visa para ellos. Pero no fue así, y la respuesta a tal afrenta dejó mucho que desear.

La verdad es que el asunto de las visas es un problema mínimo si se compara con las situaciones que deben vivir muchos de los mexicanos que se adscriben al programa de trabajadores temporales en Canadá.

Se trata de un programa que se inició en 1974, cuando ambos gobiernos firmaron un memorando de entendimiento mediante el cual se asentaba que México proveería de trabajadores temporales para laborar en el campo canadiense. Empezó con el envío de 203 trabajadores en 1974 y para 2000 el número se había incrementado a 15 mil 808 trabajadores. Es decir, en ese lapso el número de trabajadores temporales ascendió a un total de 208 mil 694 mexicanos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México es la encargada de seleccionar la mano de obra mexicana para enviar a Canadá. Los requisitos que debe reunir el trabajador son: ser mexicano, campesino o jornalero o bien comprobar habilidades agrícolas; estar casado o en unión libre, preferentemente con hijos, y demostrar que viven en zonas rurales.

Por la parte canadiense, el país debe garantizar un contrato de por lo menos 240 horas en seis semanas y por un tiempo no mayor a ocho meses, proveer alojamiento adecuado, pagar salarios similares a los demás jornaleros canadienses, es decir, entre siete y nueve dólares canadienses por hora, proporcionar transporte del aeropuerto en el día de llegada y salida, cubrir el 50 por ciento del costo del transporte aéreo México-Canadá-México, y el otro 50 por ciento se deducirá del ingreso del trabajador en un lapso no menor a 15 quincenas.

Si bien parecería que todo es correcto y ambos se benefician, la realidad está lejos de ser ideal. Los trabajadores sufren jornadas largas sin cobro de horas extras, usan sustancias químicas peligrosas sin protección o equipos de seguridad y, por supuesto, prácticamente está prohibida la negociación colectiva y la sindicalización. Están excluidos de la legislación básica sobre salud y seguridad en el trabajo, lo que es una violación a sus derechos humanos. Pero deben callarse o de lo contrario los ponen en las terribles listas negras, lo que quiere decir que no se les vuelve a contratar. Debido a ello, el 14 de noviembre de 2011 activistas comunitarios y sindicales se manifestaron frente al consulado de México en Vancouver para exigir un alto a las listas negras de trabajadores temporales en Canadá de parte del gobierno de México. Tanto el consulado como el gobierno federal fueron acusados de conspirar con las granjas de British Columbia en crear listas negras con las que se impediría que los trabajadores agrícolas migrantes simpaticen o se afilien a un sindicato. En octubre, señalan los activistas, dos empresarios del valle del Fraser mantuvieron fuera del país a un conjunto de miembros del sindicato de trabajadores agrícolas migrantes, de nacionalidad mexicana. La estrategia de los empleadores es utilizar el despido como forma de disuadir a sus empleados de sindicalizarse. Y ante esto, es lógico que algunos trabajadores prefieran callarse antes que perder el empleo, aun cuando tengan que aceptar condiciones de trabajo muy lesivas, lo cual vulnera y precariza aún más su trabajo, pues saben que de lo contrario no vuelven a ser contratados.

Si bien la Secretaría del Trabajo ha comparecido para explicar esta situación, lógicamente, y no se esperaba de otra manera, ha negado que las listas negras existan, y lo mismo han hecho los responsables en Canadá.

Por lo tanto, si las visas son una infamia, la violación de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos en Canadá es una ignominia y merecía alguna mención.

Canadá presenta problemas demográficos importantes, pues la fertilidad ha disminuido en el país y además se enfrenta a la jubilación de los baby boomers. Es decir, para 2025 el país enfrentará una enorme carencia de trabajadores que sólo podrá resolver con migrantes tanto calificados como de baja calificación. Y tal como subraya Jason Kenney, después de la recesión la economía de Canadá exige un alto nivel de inmigración económica para mantener fuerte nuestra economía. A lo cual habría que añadir un problema que señala Thomas Lukaszuk, ministro de Inmigración en Alberta: Canadá está en riesgo de desarrollar un segmento de trabajadores indocumentados al impedir el gobierno federal que los trabajadores extranjeros se conviertan en residentes permanentes. Asunto bien conocido por los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Por lo señalado, tal parece que los flujos migratorios se mantendrán, pues están claras las necesidades de Canadá. Por su parte, México seguirá enviando trabajadores en tanto no cambie sus condiciones de expulsión. Por tanto, lo menos que debe exigirse a los funcionarios es no desperdiciar tan lastimosamente foros como el pasado y aprovecharlos para apoyar a los trabajadores mexicanos, tan necesarios para los países desarrollados.

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