Lorenzo Córdova Vianello
La democracia es una construcción colectiva que no sólo requiere un compromiso de todos los actores políticos y sociales para poder establecerse y recrearse, sino que impone una responsabilidad conjunta para preservarla frente a las tentaciones siempre presentes de regresión autoritaria.
Para decirlo de manera coloquial: los procesos de transición a la democracia no implican sólo un “boleto de ida”, sino que pueden tener aparejado también el de “vuelta”. En ese sentido, la costosa apuesta institucional y política que hemos hecho en el país en las últimas tres décadas para democratizar nuestro sistema político —y particularmente en los últimos 20 años en los que dicho proceso produjo cambios profundos y visibles— requiere que hoy, de cara a las muchas encrucijadas que enfrenta la sociedad mexicana, refrendemos nuestra vocación con y para la democracia.
No es algo sencillo, porque en los momentos en los que están presentes turbulencia social, estancamiento o incluso crisis económica, preocupantes índices desigualdad y de pobreza, así como inseguridad, el contexto se vuelve un terreno fértil para que asomen de diversa manera expresiones autoritarias que ponen en entredicho los avances (en muchos sentidos aún precarios) de nuestra democratización.
Adicionalmente, hay que subrayar el hecho de que los momentos electorales traen aparejados una conflictividad natural que les es intrínseca y que en muchos sentidos implican etapas de una tensión particular —en muchas ocasiones incluso disruptiva— para la vida de las sociedades democráticas. Las contiendas políticas que se despliegan durante los comicios y las campañas que les anteceden suelen presentarse bajo las más diversas formas de contraste cuando no de abierta, franca y ríspida confrontación entre los actores políticos. Insisto en que eso es algo natural y no debería llamar a sorpresa, sin embargo, creo que también esos son los momentos en los que se requiere de manera mucho más clara el compromiso democrático de esos actores.
La responsabilidad de llevar a buen puerto la nave democrática, de manera particular durante los procesos electorales, implica en primera instancia que todos los participantes en el juego político (partidos, candidatos, servidores públicos, autoridades, medios de comunicación, grupos de interés y ciudadanos) asuman las reglas y actúen respetándolas. Pero también que ninguno de ellos caiga en la frecuentemente tentadora de la retórica discursiva o de los actos abiertamente autoritarios.
La de 2012 ya desde ahora se anticipa como una elección complicada. No sólo porque constituirá la prueba de fuego definitiva de las normas introducidas en la última reforma electoral, sino también porque las mismas se realizarán en un momento en el que la confianza institucional no atraviesa por sus mejores tiempos. Todo ello en un contexto, como se señalaba, permeado por muchos malestares a propósito de la inseguridad, de la precaria situación económica y de un desencanto creciente con la democracia y sus resultados.
En pocas palabras, no es extraño, pero sí sumamente riesgoso, que los distintos actores incurran en conductas y dichos que pueden enturbiar aún más el escenario político en las semanas y meses por venir. Un ejemplo realmente lamentable son los alarmantes y muy delicados tonos con los que hace un par de días se hizo pública la respuesta del gobierno federal a la iniciativa de varios ciudadanos de denunciar ante la Corte Penal Internacional al varios altos funcionarios federales por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Sin ánimo de discutir el sentido y la viabilidad de dicha denuncia, sí me importa enfatizar que la amenaza del gobierno de iniciar eventualmente alternativas legales para ir en contra de esos ciudadanos, además de peligrosa en sí, en nada contribuye a generar un contexto propicio para procesar las próximas elecciones.
La democracia, advertía Karl Popper, se caracteriza por ser una forma de gobierno que permite la renovación de los gobernantes sin derramamientos de sangre. Es cierto, pero también lo es que ello requiere que todos los participantes en el juego democrático actúen responsablemente y no exacerben hasta el límite las capacidades de la misma democracia para procesar la conflictividad propia de toda sociedad plural y diversa, particularmente durante esos momentos particularmente intensos desde el punto de vista político que son las elecciones, de manera pacífica. Hay que recordar que si se tira demasiado de la cuerda, corremos el riesgo de que ésta se rompa y en esa circunstancia, me parece, perdemos todos.
Investigador y profesor de la UNAM
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