Una semana después de haber sido encarcelada gracias a que Mario Marín pusiera al sistema judicial de Puebla al servicio de las mafias de pederastas, el entonces gobernador de Puebla hizo una declaración que llegó a las primeras planas de los diarios. Me acusó de calumniadora por haber revelado la operación de la red de pornografía infantil (hoy, seis años después, Succar Kuri tiene una sentencia de 112 años de prisión por ello). “Es una calumniadora, una delincuente y se le tratará como tal”, dijo a los medios. Con su declaración advertía que utilizaría toda la fuerza del aparato de Estado para asegurar que terminara en prisión, protegiendo así a los verdaderos delincuentes.
Ayer, Ernesto Cordero, delfín presidencial para el 2012, declaró que la denuncia que se interpuso en la Corte Penal Internacional contra narcotraficantes y agentes del Estado, incluido Calderón, como jefe líder político “es un asunto fuera de toda lógica y un despropósito que no debe prosperar”. Hasta allí vamos bien, el señor tiene derecho a opinar sobre la denuncia. La segunda frase es la que resulta inquietante: “Son unos calumniadores (los activistas que la interpusieron), no veo por qué sea desmedida esta acción (la del gobierno federal que anunció con investigarlos y llevarlos frente a la corte por difamación y calumnia), son calumniadores y así hay que tratarlos”. Lo que el hombre que pretende llegar a ser Presidente del país defiende es justamente lo que llevó a Mario Marín al fin de su carrera política: que en un arranque autoritario, se decida utilizar al aparato judicial (que sabemos está subordinado a los poderes fácticos en México) no para defender la honra del Presidente, sino para aplastar a quienes consideran se han convertido en enemigos peligrosos para sus intereses.
Está claro que se puede o no estar de acuerdo en que se hayan denunciado tanto a los miembros del crimen organizado como a policías, militares y al jefe del ejecutivo por crímenes de lesa humanidad. Y también lo está el hecho de que varios juristas mexicanos han dicho que lo más probable es que la demanda no proceda, aunque ya fue acepada por el Fiscal en La Haya. Sin embargo, resulta importante notar que se hace evidente que la mayoría de los políticos que están opinando no han leído el documento de la denuncia, ni conocen el contenido de las pruebas que demuestran los vínculos entre servidores públicos de diferentes niveles con criminales que les secuestraron, desparecieron y/o asesinaron.
La importancia de esta denuncia es histórica para México, ya no tanto por lo que pueda determinar la propia Corte sino por lo que desde ya está resultando de ella. Mientras los fiscales de La Haya observan el caso y sus vertientes, incluida la reacción virulenta del presidente Calderón y de buena parte de su gabinete al acusar de delincuentes y amenazar con llevara tribunales a miles de personas que consideran que esta masacre debe detenerse y que la estrategia de guerra es la equivocada. Entre los mosqueteros del Ejecutivo está el secretario del Trabajo, quien escribió una diatriba en El Universal en contra de quienes interpusieron la demanda y aseveró que los más de 20 mil firmantes fueron “adoctrinados” en contra del Presidente. Con lo fácil que hubiera sido que tanto el Presidente (él mismo es abogado) y sus asesores, hubieran dicho con total parsimonia que dicha denuncia se ganará puesto que ellos están convencidos de que es improcedente jurídicamente. También podrían haber asegurado que la libertad de expresión y la diversidad ideológica serían respetadas. Pero actuaron como si estuvieran seguros de que perderán. Esa es la única lectura que se puede dar a una reacción de tal magnitud y contenido.
Resulta notable que Enrique Peña Nieto, quien ha criticado la estrategia antinarco de Calderón, haya salido en su defensa. El tono nervioso del priísta en su argumentación pro-Calderón debe ser analizado con cautela. Dos cosas son evidentes en su caso: Peña no ha leído la denuncia ni su contenido, y más que defender a Calderón, se protege a sí mismo para el futuro. El candidato dijo: “Descalifico y no respaldo ese tipo de denuncias que, me parece, carecen de sustento y que evidentemente el Estado está y debería estar para respaldar y apoyar el proceso que se siga ante esta Corte en defensa del jefe de Estado”.
Al preguntarle si la denuncia está jurídicamente sustentada, Peña Nieto dijo que “carece de sustento” porque es la responsabilidad que tiene como jefe del Estado mexicano y que debe de asumir en esa calidad (sic) “él o quien quiera que esté en esa responsabilidad”.
Si estos políticos se hubieran tomado el tiempo de leer la parte del documento que ya es pública, entenderían que se está haciendo un mapa de la realidad, de una tragedia de desapariciones forzadas, de asesinatos masivos y secuestros en un contexto de descontrol total. Si ellos no pueden verlo, entonces la demanda tiene más sentido que nunca, porque pretendía llamar a la comunidad internacional a entender el gravísimo problema causado por una superpoderosa delincuencia organizada que no lo sería sin el apoyo directo de miles de servidores públicos y políticos que están a su servicio, o cuya ineficacia y parálisis beneficia a los cárteles.
Lástima, Felipe Calderón podría haber utilizado este juicio en su contra para, al defenderse con evidencia y argumentos jurídicos, demostrar de una vez por todas quienes son aquellos gobernadores, alcaldes, soldados y policías que le arruinaron el plan que dice tener para salvar a México de la delincuencia organizada.
Pero no lo han visto, no lo pueden ver. El poder los ha dejado ciegos ante los Derechos Humanos, les ha vuelto inmunes ante la muerte, los ha tornado iracundos, irascibles, pequeños. Por eso, la sociedad busca salidas pacíficas, jurídicas, educativas. Porque ellos no han sido capaces, y ahora vemos, no lo serán, de buscar nuevos caminos para la paz con justicia y dignidad. Por eso, por su ceguera, por su monumental intolerancia miles nos jugamos la vida a diario, y otros, como Nepomuceno Moreno, la han perdido buscando a su hijo en las tinieblas de la impunidad.
@lydiacachosi
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