Sara Sefchovich
Hace algunas semanas un grupo de indígenas secuestró a un ganadero, acusándolo de invadir sus tierras. Días después dicha persona fue rescatada por la policía, pero para la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni). El rescate fue considerado una agresión e incluso el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la “brutal represión de la que fue objeto el pueblo de San Miguel”.
El día del rescate fueron detenidas siete personas. Sin embargo, con todo y que se trataba de un delito que se persigue de oficio, prontamente fueron liberadas con el argumento de que “dado que sucedió en el Istmo de Tehuantepec, donde impera el nuevo sistema penal oral, no amerita la prisión”.Este es un ejemplo de un problema serio que está sucediendo en nuestro país y que consiste en lo siguiente: que ciertos grupos de ciudadanos están decididos a hacer justicia por propia mano y que el gobierno no se atreve a enfrentarse a ellos.Hemos visto linchamientos colectivos de policías y de ladrones, secuestros de funcionarios y empresarios o comerciantes, grupos que salen a la calle con machetes.
Los defensores de cualquier causa que enarbolen campesinos, obreros, maestros, dirán que eso está bien porque el gobierno nunca les hace caso ni les resuelve sus problemas. Y eso es sin duda cierto.Pero el tema es también otro: que aunque haya intervención para negociar y tratar de resolver los asuntos, las personas deciden que si la justicia no se hace de la manera en que creen que se debe de hacer, eso significa que no sirve y que por lo tanto no es justicia.Ante este tipo de situaciones, las autoridades no saben qué hacer. No se atreven a quitarle las tierras al ganadero acusado de despojo, pero tampoco se atreven a castigar a los comuneros que lo secuestraron. Y esto es así porque hoy día sucede que ninguna autoridad quiere quedar mal con alguno de los bandos en pugna, sobre todo si se trata de algún grupo social organizado o de algún grupo económica o políticamente poderoso.
El resultado es entonces la indefinición total y el dejar sin resolver los asuntos. Porque si bien es cierto que en este caso mandaron a 200 policías para liberar al secuestrado, también es cierto que no resolvieron el problema, que todo ha quedado igual que como estaba antes, augurando nuevos e inevitables estallidos de violencia. Y el caso, por supuesto, no es único. Hay muchos y se repiten constantemente.En la cultura de hoy ninguna autoridad en su sano juicio se atreve a encerrar a unos campesinos pobres que tienen el apoyo no sólo de su comunidad sino de muchísimas personas que los admiran por su tesón en defender lo suyo: tierras y costumbres. Pero tampoco nadie se atreve a enfrentarse a un rico ni a defenderlo en voz alta, aunque como en este caso, puedan actuar obedeciendo sin duda a presiones.
Y lo que nunca sucede es que alguien defienda a los policías, porque en nuestra sociedad no es nunca bien visto defender a la autoridad y siempre se dice, haga lo que haga, que lo hizo mal. Según los comuneros, la policía actuó de manera violenta, aunque podemos preguntarnos ¿de qué otra forma habrían podido liberar al detenido? ¿Acaso se los habrían entregado si lo piden por la buena?Los ciudadanos no tenemos duda sobre lo que no podemos permitirle a la autoridad, pero no parecemos tener tanta claridad cuando se trata de lo que no podemos permitirle a los luchadores sociales o a los ricos.Como dijo Alain Touraine, la sociedad es un campo de conflicto en el que chocan ideologías y se enfrentan intereses opuestos.
Pocas veces esto es más claro que en casos como el citado.Pero no podemos seguir así. Como escribió Agnes Héller, se requiere un conjunto de normas y reglas que, aunque no siempre son acordes a nuestro interés o deseo particular, articulan y sintetizan la diversidad social en un conjunto más o menos coherente. “La sociedad necesita ser regulada jurídicamente para poner un dique a los deseos ilimitados de los individuos”, afirma Pietro Barcellona.
El día del rescate fueron detenidas siete personas. Sin embargo, con todo y que se trataba de un delito que se persigue de oficio, prontamente fueron liberadas con el argumento de que “dado que sucedió en el Istmo de Tehuantepec, donde impera el nuevo sistema penal oral, no amerita la prisión”.Este es un ejemplo de un problema serio que está sucediendo en nuestro país y que consiste en lo siguiente: que ciertos grupos de ciudadanos están decididos a hacer justicia por propia mano y que el gobierno no se atreve a enfrentarse a ellos.Hemos visto linchamientos colectivos de policías y de ladrones, secuestros de funcionarios y empresarios o comerciantes, grupos que salen a la calle con machetes.
Los defensores de cualquier causa que enarbolen campesinos, obreros, maestros, dirán que eso está bien porque el gobierno nunca les hace caso ni les resuelve sus problemas. Y eso es sin duda cierto.Pero el tema es también otro: que aunque haya intervención para negociar y tratar de resolver los asuntos, las personas deciden que si la justicia no se hace de la manera en que creen que se debe de hacer, eso significa que no sirve y que por lo tanto no es justicia.Ante este tipo de situaciones, las autoridades no saben qué hacer. No se atreven a quitarle las tierras al ganadero acusado de despojo, pero tampoco se atreven a castigar a los comuneros que lo secuestraron. Y esto es así porque hoy día sucede que ninguna autoridad quiere quedar mal con alguno de los bandos en pugna, sobre todo si se trata de algún grupo social organizado o de algún grupo económica o políticamente poderoso.
El resultado es entonces la indefinición total y el dejar sin resolver los asuntos. Porque si bien es cierto que en este caso mandaron a 200 policías para liberar al secuestrado, también es cierto que no resolvieron el problema, que todo ha quedado igual que como estaba antes, augurando nuevos e inevitables estallidos de violencia. Y el caso, por supuesto, no es único. Hay muchos y se repiten constantemente.En la cultura de hoy ninguna autoridad en su sano juicio se atreve a encerrar a unos campesinos pobres que tienen el apoyo no sólo de su comunidad sino de muchísimas personas que los admiran por su tesón en defender lo suyo: tierras y costumbres. Pero tampoco nadie se atreve a enfrentarse a un rico ni a defenderlo en voz alta, aunque como en este caso, puedan actuar obedeciendo sin duda a presiones.
Y lo que nunca sucede es que alguien defienda a los policías, porque en nuestra sociedad no es nunca bien visto defender a la autoridad y siempre se dice, haga lo que haga, que lo hizo mal. Según los comuneros, la policía actuó de manera violenta, aunque podemos preguntarnos ¿de qué otra forma habrían podido liberar al detenido? ¿Acaso se los habrían entregado si lo piden por la buena?Los ciudadanos no tenemos duda sobre lo que no podemos permitirle a la autoridad, pero no parecemos tener tanta claridad cuando se trata de lo que no podemos permitirle a los luchadores sociales o a los ricos.Como dijo Alain Touraine, la sociedad es un campo de conflicto en el que chocan ideologías y se enfrentan intereses opuestos.
Pocas veces esto es más claro que en casos como el citado.Pero no podemos seguir así. Como escribió Agnes Héller, se requiere un conjunto de normas y reglas que, aunque no siempre son acordes a nuestro interés o deseo particular, articulan y sintetizan la diversidad social en un conjunto más o menos coherente. “La sociedad necesita ser regulada jurídicamente para poner un dique a los deseos ilimitados de los individuos”, afirma Pietro Barcellona.
www.sarasefchovich.com
Escritora e investigadora en la UNAM
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