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9/01/2019

En el secuestro ya no hay grandes bandas: Conase

Ahora los perpetran los narcos

Actualmente los secuestros son realizados por integrantes de grupos delictivos dedicados a otras actividades, como son robo de combustible (huachicoleo) y narcotráfico; ya no existen grandes bandas dedicadas a este ilícito como hace 20 años y las entidades más afectadas son Veracruz y el estado de México, afirmó Víctor Hugo Enríquez García, titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase).
En entrevista con La Jornada, el funcionario reveló que las autoridades buscarán que se legisle para restringir más la adquisición de teléfonos celulares y se regule la compra de tarjetas de prepago, para disminuir la incidencia de casos de plagio organizados desde las prisiones del país.
El fenómeno del secuestro es un problema que viene derivado de otras actividades delictivas como el robo de combustible y narcotráfico. Hoy no existen grandes bandas, complejas, como existían hace 20 años.
–Antes se decía que en la escala delictiva lo más alto era formar parte de un grupo dedicado al narcotráfico, y que estos delincuentes comenzaban robando espejos y otras piezas de coche. ¿Esto no significa un retroceso?
–Cuando los grupos delictivos se ven ahorcados en ciertas actividades migran hacia otros ilícitos. También hay organizaciones cuyos integrantes llevan a cabo acciones motu proprio y de allí derivan en ilícitos como el secuestro.
“Muchos casos son secuestros muy cortos, de horas o uno o dos días. Tenemos poca incidencia en plagios prolongados, el porcentaje de ese tipo de incidencia es mínima y se concentra más en el centro del país.
Hay grupos de secuestradores que no tienen experiencia (y que ahora están integrados por familias completas), son primerizos por así decirlo y llevan a cabo acciones que derivan en privaciones de la libertad de muy poco tiempo.
–¿Cuales son las entidades más afectadas por este tipo de ilícito?
–Veracruz y el estado de México.
–¿A qué atribuye esta tendencia al alza?
–Pueden ser muchas razones que derivan de otras actividades delictivas; la oportunidad que tiene el delincuente y aprovecha el momento y la falta de reacción de muchas autoridades.
Por eso la Conase va a reforzar la investigación y la capacitación, ya que lo más importante es que se realice la detención y se lleven a juicio a los responsables.
–¿Qué estadísticas tiene de secuestro en el país?
–Ha ido ligeramente a la baja. En el periodo del 1º al 28 de agosto de este año hubo 64 víctimas liberadas y 124 detenidos, lo cual nos da un número del doble de detenciones por cada víctima liberada.

Proyectos
–¿Cuál sería uno de los proyectos a desarrollar en la Conase?
–Avanzar de un órgano administrativo eminentemente, a uno que coordine las acciones operativas a nivel nacional y que se incrementen las actividades en materia de análisis, investigación y de operación a escala nacional con todas las unidades que combaten el secuestro a nivel estatal.
“Para ello se impulsarán modificaciones legales que le den el sustento jurídico a la Conase y estar en posibilidades de coordinar las acciones de diversas instituciones de seguridad.
“Existe el compromiso e interés a nivel nacional para que todas las unidades antisecuestro (32 estatales) tengan mayor apoyo y capacitación. La Conase se va a encargar de darles capacitación y se hará conciencia en cada una de las fiscalía de la importancia que tiene el reforzamiento de dichas unidades.
“Nosotros intervenimos en todos los procesos de entrenamiento y adquisición que realizan las unidades, y buscamos hacer conciencia en las fiscalías porque hay entidades donde a lo mejor no tienen tanta incidencia delictiva y por ello se descuida un poco el tema, pero ello no quiere decir que no tengan que estar preparados.
Ahora se les está ofreciendo todo el apoyo en cuanto a investigación de campo y análisis, además de proporcionar grupos operativos para el rescate de víctimas cuando sus unidades no cuenten con los equipos de manera inmediata.
De acuerdo con cifras de incidencia delictiva reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del pasado 20 de agosto, de diciembre de 2012 a julio de 2013, en comparación con diciembre de 2018 a julio de 2019, se registró una disminución de 11 por ciento en secuestros.

Periódico La Jornada

1/16/2018

¿Misiles para la Marina?


Carlos Fazio

Desde 2006, México, como país sin un conflicto bélico interno declarado en términos formales, resume una de las manifestaciones más extremas de los enfrentamientos de clase y una expresión clave de la naturaleza destructiva inherente al sistema capitalista: la guerra y el militarismo. Desde entonces, la militarización del país bajo el disfraz de la guerra a las drogas siguió el diseño del Pentágono con eje en la Iniciativa Mérida, vía utilizada por tres sucesivas administraciones de la Casa Blanca (Bush Jr., Obama y Trump) para coaccionar a los regímenes bananeros de Felipe Calderón y Enrique Peña.

A lo largo del siglo XX, Estados Unidos (EU) utilizó su poderío militar para lograr un control político-ideológico de sus vasallos latinoamericanos, México incluido; abrir campo a los negocios de su complejo militar-industrial, y como canal de influencia doctrinaria directa sobre los aparatos militares y de inteligencia aliados (ávidos de colaborar subordinadamente), mediante asesoramiento e instrucción permanentes, con los que se permitía presionar, intimidar, amenazar y limitar severamente la soberanía nacional de los países ubicados dentro de su área de influencia.

Dicha política fue complementada con el accionar de sus estructuras clandestinas −con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como principal instrumento desestabilizador mediante financiamientos encubiertos y campañas de intoxicación propagandística para generar miedo e inseguridad−, en combinación con grupos terroristas de ultraderecha, conspiraciones y golpes de Estado; el putsch del general Pinochet contra Salvador Allende y la Operación Cóndor son dos ejemplos paradigmáticos.

Con la reconversión del complejo industrial-militar-securitario post-11 de septiembre de 2001, los ejércitos de los países vasallos fueron cada vez más asimilados y corporativizados, y quedaron sujetos a una influencia cada vez más creciente de la industria armamentista en sus políticas. En ese proceso se dio una refuncionalización del papel de las fuerzas armadas −en sus viejas tareas como guardias pretorianas de las oligarquías locales y fuerza de ocupación al servicio del colonialismo interno−, renovándose también la antigua doctrina de seguridad nacional de los años 60, con la designación como amenazas internas de nuevos enemigos asimétricos (el narcotraficante, el terrorista, el populista radical, el migrante indocumentado), utilizados como justificación para la construcción social del miedo.

Pese a la advertencia temprana (1961) del presidente Eisenhower sobre la influencia indebida de ese poder ilegítimo (el complejo militar-industrial), el influjo del Pentágono y sus redes empresariales se expandieron a otras corporaciones trasnacionales con las que comparten ejecutivos e inversores, mismas que ven a los ejércitos de países con gobiernos cipayos como una garantía de seguridad para la producción, el comercio y la venta de proyectos, ya que les sirven para proteger las zonas de alta actividad económica y las vías marítimas en regiones inestables del mundo.

Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con su equipo de magnates empresariales y su troika de generales (James Mattis, en Defensa; H. R. McMaster, Seguridad Nacional, y John Kelly, jefe de gabinete), el paradigma militar-corporativo se vio reforzado con una retórica racista y demagógica que apela a la construcción de muros más altos, fronteras más militarizadas y sociedades rigurosamente vigiladas. Ello ocurre cuando EU y sus socios de la OTAN tienen desplegados miles de efectivos, blindados, artillería pesada y lanzaderas de misiles en varios puntos del orbe de importancia geopolítica.

En ese contexto cabe preguntar a qué obedece la inédita compra de seis lanzamisiles terrestres tipo RGM-84L, 23 misiles tácticos Block II Rolling Airframe, seis torpedos de tipo ligero MK 54 Mod 0 por la Secretaría de Marina al Pentágono, anunciada el 5 de enero por el Departamento de Estado tras enviar al Congreso la petición de certificación de esa transacción por un monto estimado de 98.4 millones de dólares, cifra que incluye otros insumos bélicos, así como personal técnico y equipo de entrenamiento, contratistas y representantes del gobierno de EU para asistencia técnica y servicios de apoyo en ingeniería y logística.

Según el documento de la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa del Departamento de Estado donde se pide la certificación al Capitolio, la venta de ese equipo militar sofisticado a México se aprueba porque respalda la política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos, al ayudar a mejorar la seguridad de un socio estratégico. México, añade el informe, ha sido un fuerte aliado en el combate al crimen organizado y a las organizaciones de traficantes de drogas. Ese equipo de balística táctica se utilizará en buques de guerra tipo Sigma 105514 de la Armada mexicana, lo que incrementará de manera significativa y fortalecerá sus capacidades marítimas en zonas consideradas críticas.

Dado que es inconcebible una estrategia dirigida a acabar con narcotraficantes y el crimen organizado a punta de misilazos y torpedazos, persiste la duda sobre los motivos de esa compra. Una hipótesis es que ante la celeridad exponencial en la obsolescencia de armamento en tiempos de innovación tecnológica vertiginosa, Washington haya considerado muy lucrativo colocar parte de su stock caduco en el mercado mexicano.

Lo anterior podría ser, también, una anticipación servil del anuncio que estaría próximo a hacer la administración Trump sobre un nuevo plan “ Buy American” (compre productos estadunidenses), que exige que agregados militares y diplomáticos ayuden a generar miles de millones de dólares en negocios en el extranjero para la industria armamentista. Según el plan revelado por la agencia Reuters, Trump propone aflojar las reglas de exportación de equipo militar ­−des­de aviones caza y drones hasta barcos de guerra y artillería−, para cumplir con su promesa electoral de 2016 de crear empleos en EU.

1/07/2018

Aprehenden a más de 70 por tratar de saquear tiendas en el estado de México

Incendian una Bodega Aurrerá; despliegan a cientos de agentes


Foto
Grupos de jóvenes y menores de edad intentaron saquear tiendas de autoservicio en Ecatepec y Zumpango, estado de México, al responder a una convocatoria difundida en redes sociales, supuestamente en protesta por el reciente aumento a los precios de las gasolinas

Más de 70 personas fueron detenidas por policías estatales y municipales en los municipios de Zumpango y Ecatepec, después de que intentaron saquear tiendas departamentales las noches de miércoles y jueves.
En Zumpango, los asaltantes prendieron fuego a una tienda Bodega Aurrerá en el fraccionamiento Paseos de San Juan, adonde acudieron más de 500 policías estatales. De acuerdo con el comisionado de seguridad del estado de México, Eduardo Valiente, se aprehendió a 54 personas.
En redes sociales circularon videos de la tienda en llamas y se escuchan disparos de un presunto enfrentamiento entre saqueadores y uniformados.
Los intentos de saqueo se iniciaron la noche del miércoles en Ecatepec, en la zona de San Andrés La Cañada, donde más de 100 menores y jóvenes de entre 13 y 25 años se concentraron fuera de la tienda Bodega Aurrerá ubicada en avenida San Andrés esquina con José Vasconcelos.
El personal del establecimiento bajó las cortinas, estacionó un par de camionetas en la entrada y avisó a la policía, que detuvo a seis adolescentes que salían del establecimiento con televisores.
Minutos más tarde otro grupo se concentró fuera de una tienda Coppel y una de Elektra, pero las autoridades ya les habían advertido que cerraran. La policía estatal envió más de 100 elementos a San Andrés La Cañada para reforzar la vigilancia.
Un grupo de jóvenes intentó saquear una sucursal de Elektra en la comunidad de Santa Clara y una tienda de conveniencia en la colonia Bordos, donde la policía detuvo a cinco sujetos en flagrancia.
Por la mañana, el gobierno estatal informó que había enviado a Ecatepec más de 400 elementos para vigilar las zonas comerciales. Al llegar la tarde ya eran más de 800, que con los policías municipales sumaban unos mil 300.
El ayuntamiento de Ecatepec informó que durante la noche del miércoles y la madrugada de ayer se aprehendió a 17 personas, entre ellas cinco menores de edad. Todas fueron puestas a disposición del Ministerio Público de San Agustín, acusados por robo y lo que resulte.
La noche del jueves se reportaron en el municipio de Zumpango disturbios en el fraccionamiento San Juan, donde unos 300 jóvenes pretendieron ingresar por la fuerza a una sucursal de Bodega Aurrerá, pero la policía municipal lo impidió. En venganza, los jóvenes prendieron fuego al establecimiento.
Acudieron más de 500 policías estatales, que en una redada capturaron a 54 personas y las llevaron al centro de justicia de Cuautitlán Izcalli.
En la zona norte del Valle de México fueron desplegadas más de 100 patrullas para recorrer las zonas comerciales de Zumpango, Tecámac y Ecatepec, donde se han cometido saqueos en años pasados.
En Ecatepec, unos 40 jóvenes intentaron asaltar una tienda Elektra en Avenida de los Recursos, pero los uniformados los ahuyentaron. A la operación se sumaron más de un centenar de policías federales, quienes apoyaron la vigilancia en zonas conflictivas de Ecatepec.

Foto Cuartoscuro
Israel Dávila Corresponsal
Periódico La Jornada
Ecatepec, Méx.

10/03/2014

Planeación urbana no garantiza una ciudad segura a las mujeres

Se ignoran sus necesidades específicas en vivienda y movilidad

María de Lourdes García Vázquez, Coordinadora del Laboratorio Hábitat, Participación y Género de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Desarrollo Social del DF y Ana Güezmes, representante de ONU-Mujeres en México 


El crecimiento urbano es planeado sin visión de género por lo que las ciudades, como esta capital, son lugares inseguros para niñas y mujeres, quienes viven con miedo constante de ser agredidas y sufren diversas formas de violencia en el espacio público, como acoso y abuso sexual.

En ello coincidieron académicas y expertas durante el Seminario Internacional “Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres. Avances en la Ciudad de México en el Contexto de América Latina”, que se realiza desde ayer y hasta este viernes 3 de octubre en la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM.

El seminario, que reunió a expertas internacionales en diseño urbano, perspectiva de género y derecho a la ciudad, tiene como objetivo difundir entre tomadores de decisión las herramientas necesarias para formular estrategias y programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres en las calles y las comunidades.

En la inauguración, Ana Güezmes, representante de ONU-Mujeres en México, dijo que el DF –una de las ciudades más pobladas del mundo– debe ser un lugar seguro para las mujeres y que dentro del compromiso de combatir la violencia de género y la discriminación, y lograr la igualdad también se encuentra la obligación de crear espacios seguros para que ellas puedan vivir, transitar y trabajar.

Las ciudades albergan a más de dos tercios de la población mexicana, pues el 72 por ciento de las personas habita en las urbes, por lo que “hoy más que nunca” se deben diseñar políticas públicas con planeación urbana y desde un enfoque de movilidad, que incluyan calidad en el transporte y vivienda, así como espacios públicos y seguros para el esparcimiento y la convivencia.
“Las mujeres deben ser parte central de las decisiones que se toman en las ciudad todos los días”, pues los procesos de rápida urbanización sin planeación las han dejado, sobre todo a las niñas, ante mayores riesgos. “Ya sea que se encuentren en las calles o el transporte son constantemente agredidas”, explicó Güezmes.

Agregó que la realidad que enfrenta la población femenina en la ciudad reduce su libertad de movimiento, pues “reduce la posibilidad, energía y ánimo para ir al trabajo, la escuela, para participar en la vida pública”, además de que limita el acceso a servicios esenciales e impacta negativamente en la salud y bienestar, e impide el acceso a esparcimiento.

La arquitecta Olga Segovia Marín, coordinadora de la Red Mujer y Hábitat América Latina, dijo que actualmente todas las ciudades se enfrentan a la inseguridad y violencia, así como a la pobreza, discriminación y desigualdad, de la cual aunque son víctimas todas las personas, tienen un impacto mayor en las mujeres, quienes también se enfrentan a una violencia especifica “por el simple hecho de ser mujeres”.

Por lo que es necesario replantear las políticas de planificación urbana para incluir a las mujeres en ellas, así como el hecho de crear infraestructura (que incluye servicios y transporte) que responda a las necesidades específicas de las citadinas.
La doctora María Ángeles Durán Herrera, catedrática del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España, abordó el miedo que enfrentan todas las mujeres a transitar y vivir en las ciudades, y que se les inculca desde que son niñas, pues a esa edad se les señala “que no deben salir a la calle solas, que deben de ir acompañadas, o que no deben pasar por ciertos lugares”.

A decir de la especialista, además de que de manera implícita hay un control del espacio para las mujeres, ya que no pueden disfrutar y acceder a todos los lugares, también existe un control del tiempo, pues “hay horas peligrosas” para ellas.

Agregó que en muchas ocasiones las mujeres deciden romper ese miedo y se enfrentan a “sentimientos de culpa”, toda vez que si algo llega a sucederles por “quebrantar esos límites”, se piensa que es su responsabilidad.

La especialista expuso que si el diseño urbano de las mujeres está realmente enfocado en lograr una ciudad segura para todas y todos, debe considerar las necesidades de todas las mujeres, dependiendo de sus características, por ejemplo, edad, discapacidad y origen étnico, entre otras.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Desarrollo Social del DF, reconoció que la Ciudad de México es aún un espacio inseguro para las mujeres, pues constantemente se cometen delitos en su contra y en mayor medida padecen discriminación.

Por ello la funcionaria capitalina anunció que el Gobierno del DF en breve presentará ante la Asamblea Legislativa una iniciativa para que el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial se convierta en ley y así no corra el riesgo de desaparecer.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, en la Ciudad de México habitan 8 millones 851 mil 80 personas, de las que las mujeres suman 4 millones 417 mil 297, es decir el 52 por ciento.


| CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

2/26/2014

Surgen pandillas en primarias para cometer bullying



En primarias del país los acosadores hasta cobran derecho de piso: experta de la UAEM

Se suicida una de cada 6 víctimas de bullying en el DF, según el DIF
Niños de segundo confiesan que agreden a otros porque son diferentes o porque disfrutan ver sufrir

Emir Olivares Alonso
 Periódico La Jornada
Miércoles 26 de febrero de 2014, p. 39

El acoso escolar (bullying) en México ha llegado a tal nivel que incluso los niños de primaria han creado grupos para agredir físicamente a sus pares, llegan a cobrar derecho de piso, amenazan para que otros roben por ellos, generan chismes para humillar a sus compañeros y hasta realizan registros de los hurtos.

Así lo revela una investigación de Brenda Mendoza González, académica de la Universidad Autónoma de Estado de México (UAEM), quien lleva más de 15 años trabajando en el tema y es una de las investigadoras mexicanas más reconocidas en la materia.

La científica social participó en el simposio Acoso escolar: discusión o diagnóstico, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), donde presentó algunos resultados de sus trabajos, realizados con alumnos de segundo año de primaria, entre los cuales destacan entrevistas con 130 niños y niñas acosadores de diferentes primarias.

Sobre el perfil de estos menores, señaló que 77 por ciento confesaron que agreden a otros porque son diferentes, 60 por ciento porque disfrutan ver su sufrimiento y 66 por ciento para demostrar su poder y fuerza sobre los demás.

Las investigaciones de Mendoza González han arrojado que los agresores tienen más habilidades sociales que las víctimas, quienes están solos, y si llegan a tener un amigo (a) también es objeto de violencia. Además, los primeros son racistas, sexistas, clasistas y rechazan al diferente. No es azar lo que sucede en las escuelas, sino reflejo de la sociedad.

Cuatro subdivisiones de maltrato

Los tipos de acoso en las escuelas mexicanas se subdividen en las siguientes categorías: exclusión, que se da a partir de rumores maliciosos y chismes, causando rechazo generalizado; maltrato emocional, con burlas e insultos por ser diferente, por la forma de hablar, el aspecto físico o el color de piel; físico, con golpes y violencia –en algunos casos los agresores tienen guaruras para golpear a otros y cobran derecho de piso–, y antisocial, donde el hurto es algo cotidiano. Amenazan (con o sin armas) para que otros roben por ellos; en otros casos tocan genitales, cortan o marcan el rostro a la víctima porque es más bonita e incluso tienen relación con pandillas del exterior de la escuela.

La literatura internacional sobre el tema –apuntó la especialista– revela que las mujeres se inclinan más por agredir a través de chismes, mientras los hombres lo hacen directamente. Sin embargo, subrayó, en México no hay diferencia entre niños y niñas; en las escuelas del país las estudiantes también golpean, usan diversos objetos como armas, son líderes de grupo e incurren en distintos actos para lastimar a sus pares.

La investigadora aclaró que si bien la mayoría de los menores no se involucran en estas acciones, se debe trabajar para contrarrestar la problemática. En sus trabajos, dijo, ha logrado detectar a los actores en el proceso de acoso escolar: víctima, acosador (a), seguidor secuaz (que puede continuar con el maltrato o ser el que agrede por mandato del líder), seguidor pasivo (echa aguas), el profesor (los jóvenes llegan a arrebatarle el liderazgo, puede ser víctima o tener un comportamiento agresivo hacia los estudiantes) y la víctima-acosador (es lastimado pero a la vez busca a otros más vulnerables para agredirlos). Estos últimos, detalló Mendoza González, son quienes están en mayor riesgo de convertirse en delincuentes.

Previamente, la titular del Sistema Nacional DIF, Laura Vargas Carrillo, dio algunas cifras sobre el acoso escolar en las aulas mexicanas, en particular del Distrito Federal, que es la entidad donde más se presenta el problema. Señaló que uno de cada seis menores que es víctima de bullying en la capital del país llega al suicidio.

Asimismo, dijo que 17 por ciento de los menores de seis años afirman que les pegan e insultan en la escuela y el mismo porcentaje de niños de 10 a 12 años han afirmado sufrir acoso y humillación en sus colegios. Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados que ocupan los primeros lugares de maltrato tanto en la familia como en la escuela.

Por ello, informó que el DIF nacional trabaja en una estrategia de combate y prevención del bullying, para lo cual se requerirá el apoyo de los sistemas estatales y municipales del DIF. Se debe afrontar el problema de manera articulada, donde participen no sólo el gobierno, sino organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto.

11/25/2013

Monterrey, ciudad violenta para las migrantes



   Centroamericanas e indígenas sufren acoso y discriminación

Por: Daniela Mendoza Luna, corresponsal
Cimacnoticias | Monterrey.- 


La capital del estado de Nuevo León (NL), lugar de paso o de residencia para población migrante interna o del extranjero, se caracteriza por su hostilidad y violencia contra las mujeres en tránsito hacia Estados Unidos o que buscan mejores condiciones de vida fuera de las comunidades indígenas.
 
A decir de defensoras de Derechos Humanos (DH) e investigadoras, la discriminación y el acoso contra las mujeres migrantes –ya sean centroamericanas o indígenas– es “pan de cada día” en la ciudad de Monterrey, lugar donde las autoridades no brindan apoyo alguno a los albergues y carecen de políticas de atención a este grupo poblacional.     
 
Maricela Hernández, politóloga y colaboradora del albergue de migrantes Casa Nicolás –que opera en esta capital– puso como ejemplo que la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en NL se enfoca totalmente en tareas de control y no presta ningún tipo de apoyo social a esta población vulnerable.
 
La defensora relató que este año realizó un sondeo entre siete mujeres que vivieron en la Casa Nicolás y que dieron cuenta de los tipos de violencia que padecieron durante su estancia en la ciudad norteña.
 
Según el estudio, María –una hondureña procedente de la ciudad de Copán, de 25 años y madre de cuatro hijos– contó el intento de violación del que fue víctima en una fábrica de Monterrey.
 
Y es que, destacó la defensora, el abuso sexual es una de las principales formas de violencia que padecen las mujeres migrantes en su camino hacia EU.
 
En otro testimonio, Maritza, hondureña de 28 años y procedente de San Pedro Sula, dijo que conciente de los riesgos ante una eventual agresión sexual durante el trayecto por la ruta migrante, ella siempre lleva condones masculinos como medida de protección ante cualquier infección de transmisión sexual.
 
LABOR SIN APOYOS
 
Durante 2012 Casa Nicolás recibió a 12 mujeres, en su mayoría hondureñas. La proporción es de dos por cada 10 hombres, pero no existe una estadística confiable sobre cuántas mujeres transitan por Monterrey en su camino a EU.
 
“El albergue no trabaja en conjunto ni recibe apoyo de ninguna índole por parte de autoridades de ningún orden de gobierno, pues al menos en Nuevo León el denominador común es la ausencia de acciones a favor de la promoción y protección de los DH de las personas migrantes y de sus defensoras”, advirtió Maricela Hernández.
 
Monterrey es también el segundo destino nacional de migración interna, encabezada por integrantes de comunidades indígenas procedentes en su mayoría de las tres huastecas (potosina, tamaulipeca y veracruzana).
 
El último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística mostró que en NL viven 42 mil hablantes de lenguas originarias, de los cuales un 52 por ciento son mujeres.
 
Séverine Durin, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (Ciesas) Noreste, señaló que 22.48 por ciento de las y los indígenas económicamente activos se dedican al servicio doméstico y un 80 por ciento son mujeres.
 
De este grupo, un 12 por ciento vive en las casas donde trabajan, residencias ubicadas en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey y Guadalupe.
 
El primer problema al que se enfrentan es el desconocimiento de los usos y costumbres, así como las necesidades de un hogar en la ciudad, lo que se traduce en la primera confrontación y maltrato por parte de sus jefes.
 
Estas situaciones perpetúan el estereotipo de que las mujeres, especialmente las de origen indígena “no saben hacer nada”, por lo que la primera parada de estas migrantes en el área metropolitana de Monterrey es la discriminación.
 
El trabajo puertas adentro puede brindar la oportunidad de la seguridad de una casa y alimentación, pero también se presta a la explotación laboral, explicó Durin.
 
“Hay patrones que una vez que las jóvenes terminan sus labores en casa, las llevan a los negocios o casas de sus hijas; o bien quedan en una percepción salarial a la que después les descuentan una parte por concepto de alimentos o habitación”, agregó.
 
En la calle, el abuso de autoridad es el principal conflicto, debido a que las y los indígenas acostumbran ciertos nichos de reunión como la Alameda Central Mariano Escobedo o la Macroplaza, donde sufren agresiones por parte de policías, taxistas y prestadores de servicios.

11/05/2013

Autodefensa en México, expresión de hartazgo


Respuesta ciudadana ante la inseguridad



La incapacidad de las autoridades mexicanas de garantizar la seguridad en buena parte del país, unida al abandono institucional, ha llevado a grupos de ciudadanos a organizarse y armarse con el fin de garantizar su seguridad, tanto la propia como la de la comunidad a la que pertenecen. La Constitución mexicana, en su artículo 17, establece que «ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho». Pero, ¿qué sucede cuando el Estado no es capaz de cumplir con la obligación de proporcionar seguridad a la vida y a las propiedades de sus propios ciudadanos?
La ausencia de un Gobierno federal, estatal o municipal que cumpla con las obligaciones que se le suponen a un estado de derecho han generado un nivel de hartazgo que se ha traducido en la proliferación de cuerpos de autodefensa comunitaria.
Pese a que, según la fuente consultada la cifra varía ligeramente, los recuentos efectuados por medios locales y nacionales mexicanos arrojan una cifra nada desdeñable: Se han contabilizado al menos 40 grupos en dieciséis de las 32 entidades federativas que conforman México.
Sería un error meterlos a todos en el mismo saco, ya que existen diferencias sustanciales entre ellos.
La expresión de la autodefensa con mayor bagaje en la historia moderna de México es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Comunitaria (CRAC-PC), creada en 1995 en el estado de Guerrero -situado en el sur de la república, cuenta con uno de los mayores índices de pobreza- y que tiene presencia en más de un centenar de municipios. En este caso, la policía comunitaria se rige por los usos y costumbres y sus miembros son nombrados en una asamblea ante la cual deben también responder.
La CRAC, entre cuyas funciones están la administración de la justicia y la procuración, se encarga del proceso de reeducación de aquellas personas que son halladas culpables de haber cometido algún delito.
Estos procedimientos se llevan a cabo respetando el debido proceso, con juicios orales y tomando en cuenta las versiones de las partes implicadas.
Esta policía comunitaria cuenta con el derecho a existir como parte de las estructuras de los pueblos. Ese derecho está amparado por convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política de México, cuyo segundo artículo establece que los pueblos indígenas descienden de las poblaciones que habitaban el país antes de la formación del Estado y que, por ello, su derecho es anterior al Estado.
A pesar de que en México los pueblos originarios y sus organizaciones sufren a menudo hostigamiento por parte de las autoridades, están asistidos por el derecho a la libre determinación y, por tanto, a la autonomía. Es decir, que aún estando dentro del Estado, cuentan con derechos colectivos y pueden crear sus propias estructuras.
Brigadas de autodefensa
Un caso distinto son las autodefensas formadas generalmente por campesinos armados y sin entrenamiento, que establecen controles de carretera e incluso emprenden juicios populares contra los detenidos.
El último caso que ha trascendido se produjo el pasado fin de semana, cuando una brigada de autodefensa abatió en Michoacán a cinco presuntos narcotraficantes de la banda conocida como «Los Caballeros Templarios», horas después de que estos atacaran varías subestaciones de energía.
Si bien es cierto que estas expresiones surgen del hartazgo ciudadano por el menosprecio con que se les trata y que pudieran entenderse como acciones de legítima defensa, no hay que obviar el riesgo real de colombianización de México.
Esta cuestión no es baladí, sobre todo teniendo en cuenta lo sucedido en Colombia en los años 90, cuando surgieron las llamadas Autodefensas Unidas, que acabaron convirtiéndose en una organización paramilitar respaldada por grupos del narcotráfico.
Habida cuenta de la clara relación entre el Plan Mérida y el Plan Colombia, así como la labor de asesor del Gobierno de Enrique Peña Nieto que cumple el general colombiano Óscar Naranjo en materia de narcotráfico, no resulta exagerado pensar en las intenciones del Estado de aplicar, bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, esquemas de represión contrainsurgente.
Es decir, que se buscaría militarizar y paramilitarizar el país, no para acabar con el negocio de la droga, sino para poner fin de manera preventiva con grupos que propugnen un cambio político y social.
La Policía Comunitaria, una experiencia conocida en latinoamérica que ha traído resultados enriquecedores La cuestión de los grupos de autodefensa en América Latina suele aparecer relacionada al horror que supusieron las Autodefensas Colombianas. Sin embargo, las policías comunitarias o brigadas de autodefensa se han experimentado también con resultado opuesto, de manera muy exitosa.
En el año 2000, la ciudad guatemalteca de Villanueva puso en práctica el citado modelo como parte de un programa llevado a cabo por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y se logró en apenas diez meses que el porcentaje de personas que denunciaron haber sido víctimas de al menos un delito en los últimos meses descendiera más de diez puntos porcentuales, del 34% al 23,8%.
En Brasil, basándose en la experiencia de Sao Paulo, se implementó el modelo de policía comunitaria, que hizo descender la criminalidad y aumentó la sensación de seguridad.

«Ningún pueblo puede garantizar la paz dentro de este sistema caduco»
Cirino Plácido Valerio. Miembro Fundador de la CRAC-PC.
Tras haber impulsado la creación del sistema comunitario de seguridad y justicia CRAC-PC y haber participado en numerosas luchas indígenas, hoy es presidente del comisariado ejidal del Ejido de Buena Vista, en el estado mexicano de Guerrero. ¿A qué necesidad respondió la creación de la policía comunitaria, en 1995?
A los pueblos originarios de México nos nació la idea de la necesidad de luchar por el derecho, por la restitución del derecho colectivo y de todas las instituciones destruidas desde la llegada de los españoles hace cinco siglos. Hay una necesidad de rescatar lo más importante, una institución de los pueblos a través de sus usos y costumbres, como es la policía comunitaria. En 1995, encontramos un problema de inseguridad y encontramos que el mismo Gobierno estaba metido en la delincuencia del fuero común, el fuero civil y federal. Entonces nos quedó clara la necesidad de crear nuestras propias instituciones y de que estas estén reguladas vía asamblea comunitaria y asamblea regional.

¿Cuál es su relación con las fuerzas de seguridad y otros estamentos del Estado?
En la asamblea de los pueblos se ha buscado una relación de respeto, no de subordinación.
Nosotros le decimos al Gobierno: ‘respétanos nuestra propia forma de ser, nuestro proceso organizativo, nuestra lucha por garantizar la paz y la seguridad en nuestro territorio y nosotros te respetamos’.
Pero el Gobierno está buscando desarticular este movimiento. Primero, destruir el sistema comunitario, por su capacidad organizativa. Para el Gobierno es estratégico primero dividir desde dentro y confrontar, para después poder justificar una intervención militar y destruir la organización del sistema comunitario y aprovechar a la vez para venir a por la minería, el material mineral que hay en la región.

¿Cuáles son las principales diferencias con respecto a las policías tradicionales?
Nosotros creamos una policía para que cuide al pueblo de la delincuencia. El policía viene de la comunidad y no está para enfrentarse al Estado o al Gobierno. Si la policía tiene problemas con el Estado, es la población civil la que tiene que defender a su policía comunitaria.
Además, en la policía oficial se permite la tortura, la extorsión, se permite todo tipo de abuso. Aquí no es así, aunque haya habido gente a la que ha cooptado el Estado y ha utilizado a la policía comunitaria para reprimir a los propios pueblos que la fundaron.
También es importante señalar que la policía comunitaria no puede ser informante del Ejército ni de ninguna autoridad municipal, estatal o federal. Tiene que tener su propia autonomía, solo está subordinada a la asamblea.

¿Qué sucede con quien comete algún delito?
Cuando a una persona se le investigó, se le careó y se encontraron todas las pruebas, se le manda a trabajar al servicio de las comunidades, a lo que se llama el proceso de reeducación.
Se trata de corregir, de enderezar la mala conducta. No se permite la tortura ni el abuso, porque si un detenido está ahí por ser violento y se permite más violencia, en vez de reeducarse, va a salir aún más violento. Se trata de humanizar, de reeducar.

¿La policía comunitaria sustituye a la policía o la complementa?
En las comunidades hay dos tipos de policías, la local, que se encarga de delitos menores, y la comunitaria, que se encarga de delitos más graves, como el asesinato, la violación o el secuestro. Pero no puede tener coordinación con la policía judicial, estatal ni federal.
La policía comunitaria surge una nueva modalidad de gobierno, bajo los usos y costumbres, en la que el pueblo manda y el gobierno obedece.

¿Hay diferencias en la cantidad de delitos cometidos en las zonas en las que existe una policía comunitaria?
Ha bajado muchísimo, se ha trabajado mucho. Se dan algunos problemas, pero porque faltan programas de prevención.

El grave problema de inseguridad que afronta México hoy día ha traído consigo la proliferación de grupos de autodefensa. ¿Qué les diferencia respecto a ellos?
Muchos pueblos, no solo indígenas, ante la desesperación y la inseguridad, se han visto obligados a armarse para defenderse de la delincuencia.
Sin embargo, el Estado se ha encargado de cooptar, dividir y se prepara para una guerra total, para la que el Gobierno de Enrique Peña Nieto tiene un buen asesor: [Óscar] Naranjo, la experiencia colombiana.
Están trabajando de distintas maneras para desarticular la organización de los pueblos y los movimientos sociales.

El Gobierno ha dicho que no iba a permitir la existencia de estos grupos. ¿Cree que la lucha del Estado tendría algún efecto en el estatus de las policías comunitarias?
Creemos que ningún pueblo que quiera garantizar la paz y su seguridad puede ser parte de una estructura de un régimen ya caducado.
Han pasado 100 años de régimen caduco y capitalista y el resultado de ese Gobierno es el que tenemos hoy: la pobreza, la explotación, la corrupción y el poder de unos cuantos mientras la mayoría está hundida en la miseria.

¿Cuál es el mensaje de los pueblos fundadores de la CRAC-PC a su fundación en 1995?
Llevamos 18 años persiguiendo la delincuencia y resistiendo a las embestidas del Estado mexicano. También de lucha por la restitución del derecho colectivo, donde el pueblo manda y el gobierno obedece.
Hemos demostrado al mundo que somos capaces de autogobernarnos y hemos sido capaces de mostrar al mundo una alternativa para un cambio pacífico en el país.
Soñamos con reconstituir este sistema de seguridad y justicia comunitaria, que fue cooptado por un grupo de oportunistas. Nosotros, como pueblos fundadores, ahora debemos luchar, convencer y mejorar.

Fuente: http://gara.naiz.info/paperezkoa/20131104/431152/es/Autodefensa-Mexico-expresion-hartazgo/
http://gara.naiz.info/paperezkoa/20131104/431153/es/Ningun-pueblo-puede-garantizar-paz-dentro-este-sistema-caduco/

10/30/2013

El misterio de Michoacán


Detrás de la Noticia
 Ricardo Rocha

En ese estado, el caos de la violencia es una historia sin fin. Pero, mas allá de esa espiral obsesiva, yo me pregunto, como tal vez ustedes: ¿que tiene Michoacán que ha generado una disputa tan feroz sobre todo en la última década?, ¿por qué se matan unos cárteles a otros; por la cosecha anual de aguacates de Uruapan, por las guayabas de tierra caliente, por las utilidades de los puercos en La Piedad? Yo creo que no. Yo creo que se balean y se seguirán matando por el control del puerto de Lázaro Cárdenas.

Ya se sabe que Michoacán, junto con Jalisco, es territorio quemante de la droga que viene del sur y va hacia el norte. Por eso lo que queda de La Familia y su derivación de Los Caballeros Templarios pelean metro a metro con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Fundamentalmente hablamos primero de la siembra y luego de las rutas de la mariguana y la cocaína, que siguen siendo un negocio muy productivo.

Sin embargo, en los años recientes, el mercado de las drogas ha tenido una expansión gigantesca en las sintéticas, de diseño o anfetaminas, que envenenan a cada vez más miles de jóvenes —sobre todo en las grandes ciudades— con modalidades como crack, cristal y éxtasis. Por ello, en estas y otras zonas del país, han proliferado los laboratorios clandestinos para su elaboración. Pero, ojo, para su fabricación es absolutamente indispensable la participación de elementos químicos llamados “precursores”, fundamentalmente fenilacetato de etilo y efedrina que, por cierto, no se producen aquí, pero si en China y la India. Ambas naciones tan lejanas que se requiere un largo traslado en barco y, claro, un puerto donde recibir tan preciada mercancía. Y resulta que son básicamente dos —además de algo por Ensenada- los puertos por los que se contrabandean los precursores: Manzanillo en Colima y Lázaro Cárdenas en Michoacán.

Para darnos una idea de la importancia que ha llegado a alcanzar el primero, baste recordar que ahí le fueron decomisadas 50 toneladas de efedrina al celebérrimo “empresario mexicano” de origen chino Zhenli Ye Gon, el mismo al que le encontraron 205 millones de dólares y una propina de 18 millones de pesos en efectivo en una casa de Las Lomas en 2007. Para darnos una idea de qué tamaño es el negocio.

Aunque en Michoacán no se cantan mal las rancheras. Sólo en los tiempos recientes: el sábado 27 de agosto de 2011 autoridades de Marina y PGR decomisaron en Lázaro Cárdenas 18 toneladas de precursores químicos que venían en un contenedor embarcado en Nehru, India, y a bordo del barco Japan con bandera de Hong Kong. Desde entonces y a la fecha se han sucedido decomisos de diversas cantidades. Hace apenas tres meses, el 28 de julio de este año, se quemaron en este puerto dos toneladas y media de drogas, básicamente mariguana y sintéticas.

La gran interrogante es si, ante tamañas evidencias, el gobierno mexicano se equivoca rotundamente en su estrategia: corretear a los cárteles, ahora en coctel explosivo con policías comunitarias y grupos de autodefensa; en lugar de un trabajo de inteligencia que considere como un factor clave el movimiento humano y de carga en ambos sentidos en Lázaro Cárdenas. A lo que habría que añadir una labor social profunda en las comunidades michoacanas, para una atención integral: educación, empleo, salud y vivienda. Es decir, transformar el escenario ahora tan propicio para una descomposición social generalizada.

Finalmente, no me parece casual el ataque simultáneo a 18 subestaciones de la CFE, precisamente por su carácter de “federal”; lo que ya rebasa y desborda a Michoacán. Por supuesto que se trata de una fuerza criminal muy poderosa que ha crecido desmesuradamente o que está apoyada por otra todavía mayor. Y es a la vez un desafío abierto al gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto, luego de su apoyo al regreso de un inevitablemente disminuido gobernador Fausto Vallejo. En suma, un estado excepcional, que podría convertirse en un estado de excepción.
 
@RicardoRocha_MX
Periodista

10/21/2013

La violencia social, el anarquismo y el chupacabras




La ofensiva mediática contra el anarquismo pretende ocultar que la violencia social en México es un problema estructural y no consecuencia de las acciones de grupos juveniles que, frente al autismo gubernamental reivindican la acción directa. Ahora resulta que la verdadera amenaza a la paz social no proviene de las relaciones sociales de producción, del narcotráfico, de la desposesión sistemática, de la impunidad para depredar el medio ambiente por parte de las corporaciones internacionales sino de los manifestantes encapuchados y vestidos de negro. Al igual que en los tiempos en que Carlos Salinas encaraba su mayor derrota política, cuando apareció en los medios la historia del chupacabras, ese monstruo inventado por los medios para desviar la atención y minimizar el daño político del salinismo, hoy se pretende actualizar la táctica pero con los anarquistas.
  

¿Cuáles son las causas profundas de la violencia social que vivimos las y los mexicanos de hoy? Sin pretender agotar la cuestión creo que habría que mirar hacia enorme dependencia económica de México, materializada en el TLCAN, lo que ha empobrecido enormemente a la mayoría de la población gracias al incremento en el saqueo de recursos naturales y humanos. Pero además, el sometimiento económico ha generado un sometimiento político extraordinario, nunca visto en el país, ni siquiera en los tiempos de Miguel Alemán Valdéz (Mr. Amigo como le llamaban sus patrones). Este sometimiento ha conducido a nuestros gobernantes en turno a militarizar el país -imitando el Plan Colombia diseñado en el Pentágono ya imponer a rajatabla una serie de reformas que aumenta la pobreza y la marginación. Los únicos que ganan con el ejército en las calles son los fabricantes de armas y los políticos de Washington, que cada vez más se involucra directamente en labores de seguridad en nuestro país y de paso espía a medio mundo, tenga o no tenga que ver con actividades ilícitas, como un instrumento de control social, tan de moda desde la caída de la torres gemelas en Nueva York.

La militarización impulsada por el gobierno de Calderón amplió la violencia social que sufrimos y tiene un doble propósito: mantener un clima de terror que facilite la embestida contra los derechos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto así como darle una razón de ser al un estado cada vez más orientado a mantener el orden para facilitar el saqueo de los recursos naturales. En todo caso, habrá que insistir en el hecho de que el ejército esté en las calles no es el origen de la violencia aunque es evidente que la ha magnificado.

En la esfera de la política, el debilitamiento de las instituciones del estado y su pérdida de legitimidad frente a la ciudadanía no parecen ser un mal menor, pues provocan la polarización de los actores políticos pero sobre todo por la pérdida paulatina del derecho a un trabajo bien remunerado, a recibir educación, salud, vivienda, etcétera. La desaparición de fuentes de trabajo por decreto o por quiebras amañadas son el pan de cada día y la protesta social es criminalizada en un contexto de violencia cotidiana. Las reformas de hoy están diseñadas para favorecer a los dueños del dinero y sus representantes políticos sin ambages. Las protestas sociales que han generado son vistas desde el poder, más como ingratitud de la población hacia sus gobernantes que sólo piensan en su bienestar que como un acto de dignidad.
La crisis sistémica de la economía mundial ha agudizado la violencia social que vive nuestro país pero nuestros gobernantes están más concentrados en seguir ofreciendo buenas condiciones para que las corporaciones internacionales sigan disfrutando de altos rendimientos. Militarizar el país parece ser la condición necesaria para que México continúe distinguiéndose por ser un paraíso para los inversionistas, aun a costa de la paz social y la calidad de vida de sus habitantes.

En este sentido, para comprender la violencia hay que mirar la estructura social. Las protestas de la sociedad civil en contra de la violencia muchas veces olvidan señalar que las balaceras son muy útiles para ocultar la verdadera violencia, esa que se expresa en la muerte en vida, o sea una vida sin presente y que da por cancelado todo futuro.

Si, me refiero a la violencia expresada en la discriminación y el racismo, que hacen posible tragedias cotidianas en los lugares de trabajo, como nuestras minas o mejor dicho, agujeros en la tierra, sin ninguna consideración por los que se la rifan bajando todos los días; en el trajinar de miles de personas para acceder a un trabajo, aunque sea a miles de kilómetros de sus lugares de origen y a pesar de saber que se juegan la vida; en el saqueo sistemático de los bienes públicos por parte de unos cuantos con impunidad garantizada y fotos en los periódicos todos los días; en la muerte por falta de atención médica mínima; en la asfixia económica por deudas impagables que arrasan con familias y dejan una marca indeleble en los que la sufren.
Si, me refiero a esa violencia que no mata de un tiro, en caliente, sino que te mata en vida, te deja vivo pero sin ninguna salida, que te obliga a soportar la explotación y el robo sin omitir una queja, que te mata poco a poco. Si, en esa pobreza que le roba toda la dignidad a un ser humano como para salir a la calle con otros para denunciarla, como para poder imaginar que otro mundo es posible.

Hace falta mirar que las causas de esta guerra contra la población de este país, sobre todo de los más pobres, residen precisamente en la desigualdad, en la vulnerabilidad de la mayor parte de la población, en el espíritu empresarial-criminal (pleonasmo evidente pero invisible para muchos). La violencia matriz es la explotación, la pobreza, la impunidad. No hay que olvidarlo. Los narcotraficantes son empresarios ilegales, como los piratas isabelinos. La línea que separa a los legales y a los ilegales no existe más que en nuestra imaginación.

Así que toda esta ofensiva contra los grupos de anarquistas que salen a la calle a manifestar su hartazgo resulta muy útil para desviar la atención de la población sobre los verdaderos orígenes de la violencia, para infiltrar ‘halcones’ que promuevan las soluciones de fuerza y la represión, para demostrar que el estado cumple con la misión de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. El chupacabras de hoy es el anarquismo.

Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2013/10/la-violencia-social-el-anarquismo-y-el.html

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

10/18/2013

Eso faltaba del gobierno: lanzar al pueblo engañado contra el pueblo que lucha por sus derechos





Pedro Echeverría V. 
1. Televisa, TV Azteca, Grupo Fórmula, llevan decenas de años ideologizando al pueblo en el individualismo con el fin de que llegaran a odiar las luchas sociales; pero si ese pueblo se niega a luchar contra sus hermanos, entonces el gobierno acude a los profascista y mercenarios que por un dinerito agreden (incluso llegan a asesinar por encargo) a quienes luchan. Algunos comerciantes del "barrio bravo" de  Tepito agredieron ayer a los maestros de varios estados que se manifestaban en esa zona de la ciudad de México. El barrio de Tepito se ha defendido varias veces de las agresiones e invasiones policiacas, por ello es extraño que no apoyaran a los maestros de la CNTE. Pienso que sería muy importante investigar a los agresores de maestros para encontrar a los mercenarios y a quienes les pagaron para hacerlo. 
2. He escrito acerca de la historia de Tepito y defendido a ese barrio de trabajadores al que acudí en los sesenta y setenta infinidad de veces; desde entonces el "barrio bravo" ha sufrido un cambio radical en cuanto a sus actividades, pero mucho de su cultura original es manifiesta. Por ello –a pesar de cambios importantes en ideología e intereses- me ha parecido muy extraño que agredan a los maestros, es decir, a los trabajadores de diferentes estados de la república, por el hecho de luchar por sus derechos en México. Estoy convencido de que es ogra de unos cuantos mercenarios que se venden al mejor postor sin importarles a quienes se agrede. Sin embargo pronto, "más temprano que tarde", los auténticos tepiteños reconocerán que las batallas que libran los maestros contra la imposición gubernamental, son del todo justas. 
3. Me recuerda algún pasaje muy importante de la historia de la manipulación. ¿Puede olvidarse acaso aquel año de 1915 cuando los Carranza-Obregón infiltraron a los dirigentes de la Casa del Obrero Mundial (COM) y compraron a muchos para que organizaran "batallones rojos" para enfrentarlos a los campesinos zapatistas, villistas y demás campesinos de todo el país que luchaban por la revolución? Les dieron dinero, locales para la COM (en el DF la Casa de los azulejos), extender la organización en todo México hablando con los gobernadores para que apoyen) ¿Se imaginan a obreros, trabajadores humildes luchando contra los pequeños y casi desarmados ejércitos campesinos mientras la burguesía (alrededor de sus wyskies) aplaudía a rabiar la idea de que los trabajadores se maten entre ellos? 
4. ¿Puede olvidarse aquel pasaje –de la película italiana de Monicelli: Los camaradas o il compañeri- en que el ejército que reprime y desbarata la huelga de obreros de la industria textil italiana se lleva al modesto profesor (Marcelo Mastroianni, quien apoya con todo su corazón la huelga) a la cárcel porque los mismos obreros huelguistas lo acusan de agitador comunista y culpable del estallido de la huelga? Era fines del siglo XIX y no existían (al estilo Televisa) los funestos medios de información, pero sí la iglesia y las tradiciones que imponían la ideología individualista y empresarial. Por ello los profesores de la CNTE –que llevan varias meses luchando en el país y la ciudad de México- no pueden descartar que el gobierno de Peña Nieto y de Miguel Mancera paguen a mercenarios "del pueblo" para reprimir a los maestros. 
5. Sin embargo tampoco debe pensarse que los habitantes del DF odian a los maestros y sus luchas en las calles por la campaña funesta de manipulación en contra que realizan los medios de información. Los modestos y honrados habitantes del DF saben que los bloqueos de Reforma, del Monumento a la Revolución, de carreteras, sólo perjudican a una minoría, ni al 5 por ciento de los defeños; el otro 95 por ciento de los capitalinos está en sus casas, en las escuelas, en sus trabajos, en sus colonias, los barrios o usa el otro 99.9 de vialidades de la ciudad. Las campañas de los medios de información sólo buscan hacer política contra los trabajadores. Inventan bloqueos de automóviles, sin embargo con o sin manifestación la ciudad siempre ha parecido un estacionamiento por el número de automóviles privados de la ciudad. 
6. Los maestros y demás luchadores sociales tendrán que batallar muchos años más contra gobiernos, empresarios y medios de información que no solo usan al ejército, la marina y la policía para reprimir y asesinar, sino que en primer lugar usan la ideología para manipular la mente de los ciudadanos. Muchos piensan que los maestros tienen en sus manos el cambio del pensamiento o de la mentalidad de los niños; pero no es tan así porque se olvida que son más horas las que se pasa en la casa, frente a la televisión, en la iglesia y sobre todo con una serie de relaciones sociales que expresan exactamente cómo se vive el robo, los negocios, el enriquecimiento, en el mundo capitalista. Por eso la mejor enseñanza de los maestros es luchando. (18/X/13) 

Cosecha de encono




Editorial La Jornada

La realización de una marcha protagonizada por el magisterio disidente en la ciudad de México derivó ayer en una agresión de comerciantes del barrio de Tepito en contra de los profesores, con un saldo de tres heridos. Según la versión de algunos locatarios, el encono de los tepiteños contra los maestros se debe a que las ventas en el mercado local disminuyeron a raíz del plantón que los docentes mantuvieron en el Zócalo hasta el pasado 13 de septiembre.

El episodio reviste varios aspectos preocupantes y, al mismo tiempo, reveladores del deterioro social que experimenta el país. Debe tenerse en mente, por principio de cuentas, que tanto los manifestantes como quienes los agredieron pertenecen a sectores tradicionalmente discriminados, excluidos, violentados en sus derechos y libertades; criminalizados en sus formas de expresión social, desatendidos y maltratados por las autoridades de los distintos niveles. Sin embargo, estos puntos en común no fueron suficientes para alentar una mínima empatía, y ya no se diga solidaridad de los tepiteños hacia los profesores en lucha; en cambio, los primeros se dejaron llevar por intereses inmediatos afectados por las movilizaciones magisteriales. En tal circunstancia la molestía habría sido entendible, pero no la agresión.

El hecho es alarmante no sólo porque lleva el descontento de algunos segmentos de la población capitalina contra el magisterio en lucha al grado de una agresión directa, sino también por lo que pone en evidencia: la erosión de una cohesión social sin la cual no podría explicarse la precaria estabilidad política en que ha vivido el país durante los pasadas tres décadas, a partir del inicio del ciclo neoliberal.

Sería muy grave que en la circunstancia nacional actual, cuando diversos sectores recurren a las movilizaciones en defensa de lo que entienden como sus derechos legítimos, amenazados o cuestionados por las reformas estructurales en curso de aprobación, proliferaran los ataques de otros grupos ciudadanos contra quienes se manifiestan en uso de sus derechos constitucionales.

Igualmente grave sería que la agresión hubiese sido instigada desde alguna dependencia gubernamental con el propósito de desbaratar el movimiento, toda vez que una acción de esa naturaleza, lejos de desactivar la protesta magisterial, la enconaría y complicaría.

En otro sentido, el suceso de ayer permite ponderar el impacto de la satanización mediática que se ha venido promoviendo desde hace meses contra el magisterio disidente. Es significativo que a su paso por el Eje 1 Norte de la capital los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hayan sido recibidos con epítetos ofensivos y racistas –huevones e indios, por ejemplo–, que parecen tan afines a la campaña de linchamiento operada desde buena parte de la clase política y la mayoría de los medios informativos.

Lo ocurrido ayer en Tepito obedece, en suma, a una cosecha de fobia social emprendida por esos actores y poderes fácticos en contra de una lucha magisterial que –sin desconocer las afectaciones y perjuicios provocados por su prolongada presencia en las calles de la capital– es fundamentalmente pacífica y legítima.
Es necesario, ante el riesgo que eventos como el de ayer se reproduzcan y crezcan en explosividad y encono, que las autoridades capitalinas funjan como elemento de contención y distensión y actúen con pleno apego a derecho. La sociedad en general, por su parte, pero especialmente sus sectores populares, deben comprender que la lucha magisterial en curso es un ejercicio legítimo y atendible de defensa de derechos laborales y de una concepción de la enseñanza pública, no un mero capricho de empleados públicos privilegiados y holgazanes o, caracterización aún peor, de un grupo de fuereños empeñado en causar molestias a la población capitalina. Ante ello, la reflexión, la contención y la mesura deben primar en la sociedad.

9/18/2013

Cultura violenta

ZONA DE REFLEXIÓN

Imagen retomada de zaqui
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | México, DF.-

Recientemente la organización Ririki Intervención Social dio a conocer los resultados de la investigación que realizó entre familias mexicanas sobre la violencia hacia niñas y niños.

Una de las primeras revelaciones del estudio es que sin importar la clase social, ni si se está en la ciudad o en el campo, en el seno de las familias persiste la violencia física hacia la infancia.

Seguramente recordará la frase de que “la letra con sangre entra” y puede que crea que esto tiene que ver con principios del siglo pasado y que en nuestra modernidad las cosas han cambiado; que hoy el diálogo y la explicación son los mecanismos utilizados para educar a las niñas y niños mexicanos, enseñando así una cultura civilizatoria que se reflejará en la sociedad.

Nada más lejos de esta fantasía, pues la investigación de Ririki,  revela que hoy en día en pleno siglo XXI la violencia física sigue siendo el mecanismo a través del cual padres y madres buscan enseñar y lograr la obediencia de sus críos.

Los objetos físicos, como cinturones, chanclas, palos, nopales, sogas, además de las manos, siguen siendo instrumentos frecuentes a los cuales las y los progenitores recurren para marcar los límites a sus hijas e hijos. Esto ocurre con cuatro de cada 10 padres y madres que fueron consultados a través de grupos focales.

Sin importar la efectividad o no de la práctica para conseguir su objetivo de educar, corregir, marcar límites o enseñar valores, la violencia física sigue siendo la primera vía utilizada, antes que el diálogo o la explicación.

Aun cuando reconocen que poco sirve la violencia para lograr esos objetivos, ambos progenitores justifican su uso.

El estudio “Detrás de la puerta... que estoy educando”, al que hago referencia, afirma que la permanencia de la violencia hacia la infancia se mantiene por la creencia de que el maltrato y el aprendizaje van a la par del sufrimiento y se junta con la tendencia autoritaria de control de los padres.

El resultado de esta práctica es enojo y tristeza para la infancia. Niñas y niños entrevistados en la investigación manifestaron sentirse poco queridos y muy enojados porque no les gusta ser golpeados.

Sin embargo, parte ya del aprendizaje de la infancia es que ellos mismos, tanto niñas como niños, justifican la necesidad del golpe cuando se portan mal.

Cómo romper una lógica social y de gobernar en un país donde la base primaria enseña y educa a través de la violencia, cuando la ley del más fuerte se ejecuta todos los días, ahí donde tendría que haber amor, comprensión y protección para nuestra infancia.

Estas niñas y niños mexicanos que viven violencia justificada y tolerada socialmente bajo la lupa adultocéntrica, son las y los ciudadanos próximos que gobernarán esta nación y que serán gobernados tal vez desde esta misma lógica.

Tal como vemos hoy que ocurre con el nuevo gobierno federal que privilegia la violencia contra quien no piense como él o no esté de acuerdo con él.

Pues dialogar no es simplemente oír al otro sin moverte de tu posición. Dialogar, incluso en el hogar, implica escuchar a las otras personas y buscar entender sus argumentos que no coinciden con los míos para poder llegar a un acuerdo mutuo.

En las familias estas mesas de diálogo no ocurren frecuentemente, más bien poco, en poquísimos hogares, principalmente de las zonas urbanas y de la clase media se suele establecer de manera conjunta las reglas de la familia, horarios, tareas o deberes que cada una de las personas tendrá que acatar.

Esta vía, señalan padres y madres, suele ser más efectiva para corregir, educar y enseñar valores, pues las hijas e hijos suelen apegarse más porque son parte del acuerdo familiar.

Romper con el círculo de la violencia tanto dentro del hogar como en el entorno social y político se hace no sólo necesario sino urgente, pues el enojo y la tristeza que se acumula con los años se regresa con mucha más violencia, y eso a ninguna persona beneficia.

Twitter: @lagunes28

*Periodista y feminista, directora general de CIMAC.
 

8/15/2013

Ante violencia de “maras”, centroamericanas huyen de sus países


   Son obligadas a ser parejas de delincuentes

Por: Lizbeth Ortiz Acevedo
Cimacnoticias | México, DF.- 

Irazú Gómez, responsable del Programa de Asuntos Migratorios del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, informó que las adolescentes centroamericanas emigran por orden de sus familias, para evitar ser reclutadas por bandas delictivas como las “maras” y convertirse en parejas de sus integrantes o dirigentes.

A los integrantes de las “maras” les basta decidir cuál es la mujer que les interesa para entablar una relación y así reclutarla incluso a la fuerza, y ante esta situación son los propios familiares de la adolescente quienes deciden que salga del país para evitar esa situación, explicó la especialista del programa dependiente de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla.

Otro factor de la migración femenina es que las centroamericanas salen de sus países para impedir que sus hijos de entre 11 o 12 años sean reclutados por las bandas delictivas. De acuerdo con Gómez, esta situación se ha detectado en albergues en México, a donde llegan las madres y sus hijos.

Igualmente, añadió la experta, las mujeres también emigran con sus hijas e hijos ante la falta de recursos para pagar su educación, por lo que deciden viajar a Estados Unidos.

Irazú Gómez se refirió a estas centroamericanas como “transmigrantes”, ya que tienen que atravesar por países como México para llegar a la frontera norte y luego a su destino final.

Ellas provienen principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras, tienen entre 26 y 35 años, y tienen la responsabilidad económica de hasta seis hijos y varios integrantes de sus familias, luego de que sus parejas decidieran emigrar. Los varones les envían los recursos para que puedan viajar y así reunificar a la familia.

Sin embargo, abundó la especialista, en “muchas ocasiones” las parejas de las migrantes dejan de enviar dinero, por lo que ellas deciden quedarse en México a realizar trabajo doméstico o regresar a sus países.

En declaraciones a Cimacnoticias, Gómez detalló que a su llegada a México las migrantes enfrentan a una “gran discriminación y estigmatización”, y sólo acceden a empleos para realizar labores domésticas o en bares de la frontera sur, donde son explotadas sexualmente.

Advirtió que en nuestro país viven un “contexto agresivo” debido a su nacionalidad, “por dejar a sus hijos” y por “ser indígenas”.

La experta cuestionó en dónde están todas las mujeres migrantes que llegan a México, toda vez que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos entran 400 mil migrantes por la frontera sur, y de ellos organizaciones civiles estiman que la mitad son de sexo femenino. Y es que –explicó– el Instituto Ignacio Ellacuría sólo ha contactado a no más de 100 mujeres migrantes en Puebla.

7/19/2013

Impune, el abuso sexual en las calles del DF

REPORTAJE
VIOLENCIA
   Delito cotidiano difícil de comprobar; sistema judicial es ineficaz

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

Diariamente millones de capitalinas, así como de otros estados de la República, recorren las calles de esta ciudad para ir a su lugar de trabajo, estudio o esparcimiento, con el riesgo latente de padecer violencia sexual en la vía pública sin que haya acciones concretas de la autoridad para combatirla.

De acuerdo con el “Informe especial sobre el derecho a la movilidad 2011-2012”, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 7 de cada 10 mujeres afirman que se trasladan en esta capital con el temor de ser agredidas sexualmente.

Y es que el acoso y el abuso sexual son las agresiones que más viven las capitalinas, pero no existen datos de las instancias de justicia, ya que son delitos difíciles de comprobar y las mujeres no suelen denunciarlos.

Según el “Informe estadístico delictivo”, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de enero a diciembre de 2012 se iniciaron 2 mil 226 averiguaciones previas por el delito de abuso sexual, un promedio de 6.1 diarias, aunque la dependencia no desagrega la cifra según el sexo y la edad de las víctimas.

La violencia sexual está definida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el DF como “toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de las mujeres”.

En tales acciones se incluyen las miradas y palabras lascivas, las prácticas sexuales denigrantes que se cometen contra las mujeres sin su consentimiento, y el hostigamiento.

El artículo 176 del Código Penal del DF establece que comete abuso sexual quien “sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual”.

El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF) precisa que dentro de este delito están los tocamientos a genitales, glúteos, senos y pubis, ya sea por encima o dentro de la ropa, aunque esta clasificación no está estipulada en el Código Penal local.

El artículo 179 del mismo código define el acoso sexual como la solicitud “de favores sexuales para sí o para una tercera persona”, así como “la realización de una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe”.

Ninguno de los dos artículos precisa que los actos sean cometidos en vía pública, aunque a diario se tenga conocimiento de que las palabras, miradas e incluso tocamientos, sean una práctica común en el DF, con lo que se violenta el derecho a la movilidad libre y segura del que deberían gozar plenamente las capitalinas.

La CDHDF plantea que la movilidad “constituye un elemento esencial para la vida digna y el desarrollo pleno y armónico de las personas”, que debe ser considerado como un Derecho Humano en el que convergen los medios de transporte, la infraestructura vial y el espacio público.

AUTORIDAD OMISA

En su informe sobre el derecho a la movilidad, la CDHDF recuerda que con base en la Ley de Acceso el gobierno capitalino creó el programa “Viajemos seguras”, coordinado por el Inmujeres-DF e integrado por otras 10 dependencias y una organización ciudadana.

La Comisión advierte que el programa se implementa “únicamente en el transporte público y no contempla a los servicios concesionados y otros espacios públicos, como son las paradas, calles, parques, etcétera”.

Cimacnoticias hizo un recorrido por los cinco módulos de atención del programa ubicados en las estaciones del Metro Pantitlán, Balderas, Pino Suárez, Hidalgo y Revolución, para observar cómo se atienden las denuncias por abuso sexual en la vía pública.

Por ejemplo, en el módulo del Metro Balderas se constató que no se reciben denuncias y sólo se hace un registro de los hechos, lo que contraviene el objetivo del programa de “promover el acceso de las mujeres a la justicia y a la sanción a los agresores mediante procedimientos agiles, sencillos y efectivos”.

Y es que en los módulos sólo se brinda asesoría y acompañamiento inicial “en caso de que la víctima decida denunciar”.

Una abogada encargada de brindar la asesoría explica el procedimiento para realizar la denuncia –que debe presentarse en una de las seis unidades de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la PGJDF en la capital del país–, y lo que la víctima debe “tener claro” para agilizarla.

La abogada pregunta si se pudo identificar plenamente al agresor, ya que la no identificación es un obstáculo para que la denuncia derive en alguna sanción.

DESALIENTAN DENUNCIAS

Expertas e investigadoras en violencia de género han advertido que cuando se cometen este tipo de delitos, la víctima es vulnerable y no logra captar muchos de los elementos a su alrededor, además de que se cometen en ambientes privados –donde no hay testigos– o cuando hay aglutinamientos, por lo que la identificación del agresor no es efectiva.

En el módulo de Balderas la empleada informa que la agresión debe denunciarse de manera inmediata, pues al tardarse pueden existir “prejuicios” por parte de los agentes del Ministerio Público.

También advierte que el proceso puede demorar entre tres y seis horas, pues la víctima debe declarar, someterse a pruebas psicológicas y médicas (que comprueben el delito), y luego realizar un retrato hablado del agresor.

Cimacnoticias recopiló testimonios según los cuales en las agencias especializadas algunas denuncias por tocamientos no proceden, debido a que a las víctimas se les informa que deben someterse a una prueba ginecológica aunque no haya ocurrido una violación, por lo que al negarse a esa revisión la autoridad judicial detiene el proceso y la denuncia no se registra.

La abogada reconoce que en las agencias especializadas existen “prejuicios y malos tratos” por parte de los funcionarios, por lo que se ofrece a acompañar a la víctima a realizar la denuncia para que el trato “sea menos agresivo”.

La servidora pública insiste en que su labor en el Inmujeres es “incentivar la denuncia en este tipo de agresiones”.

Para complementar el servicio en el módulo de atención, una psicóloga da una serie de recomendaciones para que las mujeres no sean víctimas de más agresiones.