Cartón de Rocha |
Por
Héctor Tajonar(Proceso).- El compromiso con la población menos
favorecida del país es éticamente necesario, además de ser un mandato
constitucional y, por tanto, una responsabilidad política ineludible. El
candidato que con mayor firmeza ha puesto un énfasis prioritario para
superar los seculares rezagos sociales del país es sin duda Andrés
Manuel López Obrador. En su Proyecto Alternativo de Nación ofrece dar
preferencia a los pobres: “Nunca más se permitirá que los privilegios de
pocos se sustenten en la opresión, la inseguridad y la miseria de
millones de mexicanos”.
El Informe de Evaluación de la Política Social (Coneval, 2018) indica
que de los 53.4 millones de mexicanos en situación de pobreza, 9.3
millones padecen pobreza extrema (43 y 7.6% de la población,
respectivamente). La desigualdad también es insostenible: el patrimonio
sumado de la mitad menos favorecida del país equivale a la fortuna del
1%, que el año pasado acumuló 82% del ingreso del país. La mitad de los
jóvenes entre 12 y 29 años son pobres (56.5% en zonas rurales y 40.6% en
zonas urbanas). Treinta millones de mexicanos mayores de 15 años no han
terminado la secundaria; por tanto, su acceso a la vida laboral con
empleos y salarios dignos se reduce considerablemente. La desigualdad
aumenta y se frena el desarrollo económico y social del país.
Ese es el círculo vicioso de pobreza y desigualdad con bajo
crecimiento económico que López Obrador ha ofrecido combatir. Entre
otras razones, ello ha ocasionado que se le califique de “populista”,
debido a que no ha definido con claridad las medidas que tomaría para
superar dichos atrasos, ni tampoco la manera en que financiaría su
política de desarrollo social. El desempeño de López Obrador en el
tercer debate presidencial fue decepcionante porque mostró cerrazón y
desconocimiento en temas clave de su proyecto de gobierno.
En el bloque de educación, se aferró a su decisión de cancelar la
reforma educativa de raíz, sin diferenciar entre los aspectos laborales y
pedagógicos de la propuesta, dando prioridad a los sectores radicales
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre
el derecho niños y jóvenes a recibir una educación de calidad que los
capacite para acceder a empleos dignos y bien remunerados. Es lamentable
su desinterés por los rigurosos estudios de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –no del FMI, como él dijo–
acerca de los casos de éxito y las mejores prácticas del mundo en la
materia. Su perspectiva clientelar de la educación es regresiva y
contraria al interés de los alumnos y del país.
La idea del candidato de Morena de acabar con el seguro popular es,
por decir lo menos, osada debido a que –a pesar de sus deficiencias–
representa un apoyo para 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a
los servicios del IMSS o el ISSSTE –el 57% de los trabajadores laboran
en la economía informal– ni recursos para pagar médicos u hospitales
privados. No obstante, tiene razón en denunciar la inmensa corrupción
que existe en el sector salud.
En el ámbito de la economía, el político tabasqueño insistió en su
creencia de que bastará con abatir la corrupción para financiar su
proyecto de desarrollo social, así como para impulsar la actividad
productiva y crear empleos, lo cual implica una doble ingenuidad, si no
un franco engaño. A pesar de que México es uno de los países con menor
recaudación fiscal entre los países miembros de la OCDE, así como de
América Latina (sólo 13% del PIB), reiteró que no será necesario
aumentar los impuestos, y aseguró que tampoco se incrementará la deuda
“ni habrá gasolinazos”.
Obviamente, su único interés en los debates fue no perder votos. AMLO
considera que la economía del periodo neoliberal ha sido un fracaso
porque no ha habido crecimiento. “Si no hay crecimiento no hay empleo,
sin no hay empleo no hay bienestar y si no hay bienestar no hay paz ni
hay tranquilidad.” No obstante, entre los objetivos fundamentales de su
Pejenomics están “mantener los equilibrios macroeconómicos, promover la
inversión privada nacional y extranjera, así como respetar la autonomía
del Banco de México”.
El reto es hacer compatible la salud macroeconómica del país con una
política de protección social universal abordada de manera integral,
recomendada por el Coneval. El gasto social en México como porcentaje
del PIB es comparativamente bajo (17.2%), representa sólo un tercio del
promedio de la OCDE (34.2%) y es menor al de Chile, Colombia, Brasil o
Costa Rica.
“Para crear una economía competitiva es necesario fortalecer las
instituciones y fomentar la inclusión. La capacidad del sector público
es escasa en recursos humanos y financieros. La corrupción continúa
siendo generalizada y el estado de derecho es débil, todo lo cual mina
la confianza en las instituciones gubernamentales e impide la
implementación efectiva de las políticas.”
Este diagnóstico es parte de un estudio titulado Getting it right
(acertando). Prioridades estratégicas para México (2018), publicado por
la OCDE, institución de vanguardia en el desarrollo de un modelo de
crecimiento económico centrado en los ciudadanos, en el cual el
bienestar social es la referencia principal, en lugar del tradicional
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Considero que dicho estudio es
de indispensable lectura para todo aquel interesado en el tema, en
especial para los asesores en materia económica y desarrollo social del
candidato de la colación Juntos Haremos Historia (más allá de prejuicios
ideológicos infundados).
Me permito hacer una síntesis de las siete recomendaciones clave de
dicho estudio: Reducir la informalidad. Seguro de desempleo (México es
el único país de la OCDE que no lo tiene). Mejorar el enfoque y acceso a
los derechos y beneficios sociales. Aumentar la calidad de los
servicios, en especial educación y salud. Garantizar la seguridad social
integral. Mejorar el sistema de transferencias en efectivo. Combatir
(¿abatir?) la pobreza extrema.
Si quien se perfila como ganador de las elecciones accede al poder,
deberá cumplir su compromiso social con sensatez y eficacia. Sólo así
será posible hacer historia, sin retrocederla.
Este análisis se publicó el 17 de junio de 2018 en la edición 2172 de la revista Proceso.
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