El Informe de Evaluación de la Política Social (Coneval, 2018) indica que de los 53.4 millones de mexicanos en situación de pobreza, 9.3 millones padecen pobreza extrema (43 y 7.6% de la población, respectivamente). La desigualdad también es insostenible: el patrimonio sumado de la mitad menos favorecida del país equivale a la fortuna del 1%, que el año pasado acumuló 82% del ingreso del país. La mitad de los jóvenes entre 12 y 29 años son pobres (56.5% en zonas rurales y 40.6% en zonas urbanas). Treinta millones de mexicanos mayores de 15 años no han terminado la secundaria; por tanto, su acceso a la vida laboral con empleos y salarios dignos se reduce considerablemente. La desigualdad aumenta y se frena el desarrollo económico y social del país.
Ese es el círculo vicioso de pobreza y desigualdad con bajo crecimiento económico que López Obrador ha ofrecido combatir. Entre otras razones, ello ha ocasionado que se le califique de “populista”, debido a que no ha definido con claridad las medidas que tomaría para superar dichos atrasos, ni tampoco la manera en que financiaría su política de desarrollo social. El desempeño de López Obrador en el tercer debate presidencial fue decepcionante porque mostró cerrazón y desconocimiento en temas clave de su proyecto de gobierno.
En el bloque de educación, se aferró a su decisión de cancelar la reforma educativa de raíz, sin diferenciar entre los aspectos laborales y pedagógicos de la propuesta, dando prioridad a los sectores radicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre el derecho niños y jóvenes a recibir una educación de calidad que los capacite para acceder a empleos dignos y bien remunerados. Es lamentable su desinterés por los rigurosos estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –no del FMI, como él dijo– acerca de los casos de éxito y las mejores prácticas del mundo en la materia. Su perspectiva clientelar de la educación es regresiva y contraria al interés de los alumnos y del país.
La idea del candidato de Morena de acabar con el seguro popular es, por decir lo menos, osada debido a que –a pesar de sus deficiencias– representa un apoyo para 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios del IMSS o el ISSSTE –el 57% de los trabajadores laboran en la economía informal– ni recursos para pagar médicos u hospitales privados. No obstante, tiene razón en denunciar la inmensa corrupción que existe en el sector salud.
En el ámbito de la economía, el político tabasqueño insistió en su creencia de que bastará con abatir la corrupción para financiar su proyecto de desarrollo social, así como para impulsar la actividad productiva y crear empleos, lo cual implica una doble ingenuidad, si no un franco engaño. A pesar de que México es uno de los países con menor recaudación fiscal entre los países miembros de la OCDE, así como de América Latina (sólo 13% del PIB), reiteró que no será necesario aumentar los impuestos, y aseguró que tampoco se incrementará la deuda “ni habrá gasolinazos”.
Obviamente, su único interés en los debates fue no perder votos. AMLO considera que la economía del periodo neoliberal ha sido un fracaso porque no ha habido crecimiento. “Si no hay crecimiento no hay empleo, sin no hay empleo no hay bienestar y si no hay bienestar no hay paz ni hay tranquilidad.” No obstante, entre los objetivos fundamentales de su Pejenomics están “mantener los equilibrios macroeconómicos, promover la inversión privada nacional y extranjera, así como respetar la autonomía del Banco de México”.
El reto es hacer compatible la salud macroeconómica del país con una política de protección social universal abordada de manera integral, recomendada por el Coneval. El gasto social en México como porcentaje del PIB es comparativamente bajo (17.2%), representa sólo un tercio del promedio de la OCDE (34.2%) y es menor al de Chile, Colombia, Brasil o Costa Rica.
“Para crear una economía competitiva es necesario fortalecer las instituciones y fomentar la inclusión. La capacidad del sector público es escasa en recursos humanos y financieros. La corrupción continúa siendo generalizada y el estado de derecho es débil, todo lo cual mina la confianza en las instituciones gubernamentales e impide la implementación efectiva de las políticas.”
Este diagnóstico es parte de un estudio titulado Getting it right (acertando). Prioridades estratégicas para México (2018), publicado por la OCDE, institución de vanguardia en el desarrollo de un modelo de crecimiento económico centrado en los ciudadanos, en el cual el bienestar social es la referencia principal, en lugar del tradicional Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Considero que dicho estudio es de indispensable lectura para todo aquel interesado en el tema, en especial para los asesores en materia económica y desarrollo social del candidato de la colación Juntos Haremos Historia (más allá de prejuicios ideológicos infundados).
Me permito hacer una síntesis de las siete recomendaciones clave de dicho estudio: Reducir la informalidad. Seguro de desempleo (México es el único país de la OCDE que no lo tiene). Mejorar el enfoque y acceso a los derechos y beneficios sociales. Aumentar la calidad de los servicios, en especial educación y salud. Garantizar la seguridad social integral. Mejorar el sistema de transferencias en efectivo. Combatir (¿abatir?) la pobreza extrema.
Si quien se perfila como ganador de las elecciones accede al poder, deberá cumplir su compromiso social con sensatez y eficacia. Sólo así será posible hacer historia, sin retrocederla.
Este análisis se publicó el 17 de junio de 2018 en la edición 2172 de la revista Proceso.