Autor:
Claudio Albertani
Devastación social y ambiental, racismo, corrupción, guerra permanente, arbitrariedad, violencia estructural… Así llega México a las elecciones. El fraude ya está en marcha. La violencia no se debe únicamente al narcotráfico, sino a la voracidad del gran capital. Y en el horizonte, la Revolución se ve lejos aún… pero la generación que la hará probablemente ya nació
México que hizo dos o tres revoluciones en un siglo no tiene por
qué temerle a una más; y la próxima, si tendrá lugar, presentará, sin
duda, un carácter excepcional, porque esta vez tendrá que resolver
problemas fundamentales
Antonin Artaud
En México, la dominación tiránica y la explotación brutal coexisten
desde siempre con una enorme riqueza de luchas sociales, utopías y
grandes movimientos de innovación cultural. Se pueden citar, entre
muchos ejemplos, las múltiples rebeliones indígenas que marcan su
historia y la creación del movimiento obrero, impulsado por socialistas
que, como Victor Considerant, Albert Owen y Plotino Rhodakanaty,
llegaron a México con la idea de crear un mundo nuevo.
El Siglo XX, un siglo de revoluciones traicionadas, comienza con las
epopeyas campesinas de Villa y Zapata y la utopía transnacional de
Ricardo Flores Magón para terminar en 1994 con la rebelión indígena de
Chiapas. A lo largo de ese tiempo, el país fue cuna de movimientos
culturales de gran calado y alcance universal, como el muralismo y el
normalismo rural. Fue, asimismo, el último refugio de disidentes que
huían de las dictaduras totalitarias: Otto Rühle, Alice Gerstel, León
Trotsky, Victor Serge, Vlady, Traven… Pero también lo fue de soñadores y
poetas malditos que, como Malcolm Lowry, DH Lawrence, Artaud, y Jack
Kerouac, entre tantos otros, buscaron aquí el paraíso, aunque a veces
encontraron el infierno. A partir de la década de 1970, México se
enriqueció con la llegada de los exiliados de las dictaduras
latinoamericanas: uruguayos, chilenos, brasileños, colombianos,
argentinos, guatemaltecos y salvadoreños que trajeron consigo nuevos
saberes y el pálpito de sus pueblos martirizados.
Devastación social
¿Qué queda hoy de todo esto? No mucho. Vivo en México desde finales
de la década de 1970, y en más de 40 años no he conocido peor momento.
En 1935, Rosa E King, una mujer de negocios de origen inglés, publicó en
Estados Unidos el relato de sus experiencias como testigo ocasional de
la Revolución Mexicana en el estado de Morelos. El título, Tempestad sobre México,
evoca de alguna manera la realidad actual. Hay, sin embargo, una enorme
diferencia. La tempestad que describe King es la de una revolución
social en ascenso para la cual –dicho sea de paso– la autora no
experimenta más que simpatía, a pesar de su condición burguesa. En la
actualidad, ninguna revolución está en el horizonte y sobre el país se
ciñen no una, sino varias tempestades, ninguna de la cuales acarrea
vientos de regeneración.
Veamos. México siempre ha sido un país de grandes contrastes, de unos
cuantos millonarios y de muchos pobres; pero hoy, la polarización
alcanza niveles insoportables. Integrada por los propietarios y gerentes
del capital trasnacional, la exigua clase capitalista –¡apenas el l.1
por ciento de la población! – acumula una riqueza equivalente a la del
95 por ciento de los mexicanos. Dos terceras partes de los bienes y
propiedades del país se encuentran en manos del 10 por ciento de los
habitantes. Recordemos que aquí hizo su fortuna Carlos Slim, el magnate
de las telecomunicaciones, que vale cerca de 55 mil millones de euros y
figura a menudo como el hombre más rico del mundo en la lista Forbes.
Quince mexicanos más la integran. Uno es Germán Larrea, el señor del
cobre, propietario de Grupo México, la compañía minera responsable del
mayor desastre ambiental en la historia del país: el derrame de 40 mil
metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora (2014)
que causó la muerte de toda forma de vida, además de que siete
municipios de la región ya no tienen agua. ¿La causa? Falta de
mantenimiento de una máquina. Larrea es también dueño de la mina de
carbón Pasta de Conchos, donde el 19 de febrero de 2006 murieron 65
trabajadores por negligencia de la empresa.
Otro multimillonario, Alberto Baillères –de Industrias Peñoles, la
segunda minera más importante de México– es responsable del
envenenamiento por plomo, cadmio y arsénico de los pobladores de la
Comarca Lagunera en el norteño estado de Coahuila. La mujer más
acaudalada, María Asunción Aramburuzabala, heredera de la legendaria
cervecería Modelo, y la primera dama en ocupar un sitio en el Consejo de
Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, cuyo patrimonio alcanza
“sólo” los 5 mil millones de euros, que invierte en distintas
actividades económicas: telecomunicaciones, biotecnología, bienes
raíces, educación…
Frente a la riqueza obscena, se yergue una pobreza escandalosa que no
ha cesado de crecer a partir de 1994, cuando entró en vigor del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y
Canadá. Se dijo, en ese momento, que México pasaría rápidamente a formar
parte del selecto club de los países desarrollados. El gobierno
privatizó todo lo que pudo: el petróleo, la industria eléctrica y ahora
también el agua (justo mientras la Selección Mexicana le ganaba a
Alemania en el Mundial de Futbol). Realizó, a la par, una reforma
laboral que carcome los pocos derechos que los trabajadores habían
conquistado en décadas de lucha, una reforma educativa que culpa a los
maestros del fracaso escolar y, más recientemente, una Ley de Seguridad
Interior cuyo único objetivo es reprimir la protesta social.
Con el objetivo de favorecer las empresas agroexportadoras, el
gobierno renunció a implementar políticas ambientales, con el resultado
de que México es ahora de los peores deforestadores y destructores de
biodiversidad en el mundo; siembra, con muy pocas restricciones, todo
tipo de organismos transgénicos, especialmente, aunque no
exclusivamente, soya, algodón y, sobre todo, maíz, del cual –hay que
enfatizarlo– es el principal centro de origen. La contaminación de
origen petrolero siempre ha sido muy alta, pero la reciente entrega de
la industria extractiva a la iniciativa privada amenaza con implantar
aquí las peores prácticas contaminantes y destructivas de las
trasnacionales de la rama.
México pertenece ahora a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), sin embargo el salario mínimo actual de
88.36 pesos diarios (menos de cuatro euros al cambio de 24 pesos) es uno
de los más bajos del mundo, equivalente en términos reales a la tercera
parte de lo que valía en 1994. En un país de 132 millones de
habitantes, donde un litro de leche cuesta un promedio de 18 pesos y 1
kilo de carne (de mala calidad) 150 pesos, 61.3 millones de personas
viven –o, mejor dicho, sobreviven– con menos de 95 pesos diarios y de
éstas las franjas más bajas con apenas 24.5 pesos.
La paradoja es que la virtual cancelación del TLCAN por parte de
Estados Unidos, lejos de mejorar este terrible escenario, lo empeora. La
economía mexicana depende en gran parte del vecino del norte y al
impulsar su guerra tarifaria y una mayor protección del mercado interno
estadunidense, Donald Trump está ocasionando una crisis de la industria
maquiladora de México. El resultado es que después del desastre de la
globalización, ahora viene el cataclismo de la desglobalización que amenaza, entre otros, a los cientos de miles de trabajadores empleados en los sectores de exportación.
Hecatombes
La crisis no sólo es económica; es también política, social y
ambiental. La situación de los derechos humanos es catastrófica. Hay un
número sin precedentes de periodistas asesinatos: 133 en 18 años (50 tan
sólo en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto), lo cual hace de
México el país más peligroso para ejercer la profesión en América, y el
segundo en el mundo después de Siria. “¿Cuántos feminicidios más puede
soportar México?”, titula el diario español El País del 7 de
marzo del año en curso. Las cifras son de terror y no sólo en la
tristemente famosa Ciudad Juárez. Cada día, más de siete mujeres son
víctimas de la violencia machista a nivel nacional y 23 mil 800 lo han
sido en el curso de los últimos 10 años, en la mayoría de los casos sin
que se haya hecho justicia.
Es indudable que la política de Donald Trump hacia los migrantes,
llamada de “tolerancia cero” –separar a los niños de sus padres y
criminalizar a cualquiera que cruce la frontera de manera ilegal– es de
corte xenófobo y fascista. Pero no está por demás preguntarse qué pasa
del otro lado. Mientras en el pasado México abría sus puertas a miles de
refugiados, los desplazados latinoamericanos, caribeños, asiáticos y
africanos que hoy cruzan el país con la esperanza de alcanzar los
Estados Unidos padecen el tiro cruzado de la delincuencia organizada y
de los agentes de migración.
Cada año, más de 800 mil personas atraviesan el río Suchiate para
emprender el arriesgado viaje hacia el norte. En números gruesos, 600
mil logran la meta, 50 mil son deportadas y 150 mil son secuestradas en
el camino. De estas, una parte es rescatada por sus allegados, pero
entre 5 mil y 10 mil son víctimas de muerte violenta. Las cifras
precisas nadie las conoce porque los familiares no se atreven a hacer
denuncias por temor a represalias. ¿Más datos? Una de cada seis mujeres
migrantes es prostituida por los cárteles criminales y en un sólo lugar,
San Fernando, Tamaulipas, 72 personas fueron masacrados en 2010 y 193
en 2011.
Los atropellos a los derechos humanos y las muertes violentas
aumentan día tras día en todo el país. La tortura, las detenciones
arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales son prácticas corrientes
de las llamadas fuerzas del orden, a menudo en complicidad con los
cárteles criminales. Veinticinco mil 339 personas fueron asesinadas tan
sólo en el curso de 2017 (la cifra más alta en dos décadas) y 104 mil 64
desde 2007. Según Amnistía Internacional, hay más de 34 mil
desaparecidos; otros manejan cifras superiores a los 50 mil. Les llaman
“daños colaterales” de la guerra contra el narcotráfico, pero reflejan
una realidad terrible si pensamos que a lo largo de la década de 1970
del siglo pasado, en plena guerra sucia, el total de los desaparecidos
no llegó a 1 mil.
Dichas muertes, secuestros y desapariciones forzadas carecen de
motivos aparentes, ya que en muchos casos las víctimas son ciudadanos
inocentes. Pero resulta que criminales y policías son a menudo la punta
de lanza de empresas que buscan apropiarse de materias primas, bosques,
aguas y tierras. México tiene la mala suerte de poseer enormes
riquezas naturales. Además de contar con grandes yacimientos de petróleo
y gas natural, es el primer productor mundial de plata, el undécimo de
oro y el duodécimo de cobre; extrae también, cantidades importantes de
fluorita, carbón, bismuto, hierro, arsénico, estaño, plomo, mercurio,
manganeso, cadmio, antimonio…
La industria extractiva es un negocio extremadamente jugoso que
moviliza cantidades descomunales de capital y deja utilidades anuales de
unos 170 mil millones de euros. Poco o nada de esta riqueza llega a los
mexicanos de a pie quienes, en cambio, padecen las consecuencias de la
devastación ambiental. Una modalidad especialmente tóxica es la minería a
cielo abierto que está prohibida en Europa, pero es cada vez más
frecuente en México. Las empresas remueven la superficie de la tierra
usando grandes cantidades de explosivos y extraen el mineral con
tecnología basada en cianuro, una sustancia química letal que produce
altos impactos ecológicos. Emplean además cantidades enormes de
electricidad y agua que almacenan en lagunas que permanecerán
contaminadas durante siglos y que desde ya infectan los mantos
acuíferos, acabando con la biodiversidad y ocasionando enfermedades
terminales a la población aledaña.
Nada de lo anterior preocupa al gobierno mexicano que ofrece a las
mineras nacionales y extranjeras leyes a modo, privilegios fiscales e
inmensas extensiones de territorio: más de 50 millones de hectáreas en
concesión, equivalentes a la cuarta parte del territorio del país. De
estas, al menos el 70 por ciento son para explotaciones a cielo abierto,
lo cual ha dado pie al surgimiento de movimientos de resistencia,
especialmente en las regiones indígenas. La represión no se ha hecho
esperar: en sólo un año, el 2016, fueron asesinados 47 opositores a los
proyectos mineros: especialmente en Oaxaca, Guerrero Veracruz y
Chihuahua.
Economía criminal
Las organizaciones criminales ya no se dedican únicamente al
narcotráfico, sino que diversificaron sus actividades y son ahora parte
de una extensa red de negocios legales e ilegales que involucra lo mismo
a funcionarios gubernamentales que ejecutivos empresariales.
En Michoacán, uno de los estados más destrozados por la criminalidad,
los grupos delictivos obtienen sus ganancias extorsionando a los
productores de aguate y limón y vendiendo protección a empresas como la
multinacional Ternium –subsidiaria de la italo-argentina Techint– que
explota la mina de hierro más grande de México. Iguala, Guerrero, la
ciudad donde fueron desaparecidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se
encuentra en el llamado “cinturón de oro”, un auténtico El Dorado
enclavado en una región de pobreza extrema. En complicidad con Guerreros
Unidos y los Rojos –los grupos delictivos que están involucrados en la
desaparición de los normalistas– las mineras canadienses Goldcorp y
Torex Gold extraen ahí cantidades fabulosas del metálico: se dice que en
20 años se apropiaron de más oro que los españoles durante 300 años de
Colonia.
La conclusión es evidente: la violencia que impera en el país no se
debe únicamente al narcotráfico, que ciertamente es un grave problema,
pero no es el único. La violencia se relaciona también con la voracidad
del gran capital, una renovada y siniestra versión de lo que Marx llamó
acumulación originaria: el despojo de los productores y la expropiación
de los bienes comunes.
Habría que añadir que este tipo de economía funciona porque la
corrupción es endémica y empieza en la Presidencia de la República
expandiéndose hacia abajo en todos los poros de la sociedad.
Veinticuatro exgobernadores están envueltos en diferentes escándalos;
ocho de ellos se encuentran detenidos y dos están prófugos. México es,
junto a Rusia, el país peor evaluado de la OCDE; en 2017, se ubicó en
29 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción en una escala que
va de 0 a 100, donde 0 es el peor país en materia de corrupción y 100 es
el mejor evaluado. Profundamente corrupto, el grupo gobernante, con
Enrique Peña Nieto a la cabeza, se ha hundido en profundidades de
impopularidad y desprestigio, como pocas veces se ha visto en la
política mexicana.
El caso tal vez más emblemático es de la “Casa Blanca”. En noviembre
de 2014, la periodista Carmen Aristegui reveló que la primera dama,
Angélica Rivera, había comprado una casa de 5.5 millones de euros a
Juan Armando Hinojosa Cantú, del Grupo Higa, un contratista del
gobierno, cercano a Peña. Poco después, se supo que el entonces
secretario de Hacienda y ahora de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray
Caso, también había comprado una residencia millonaria a la misma
persona. Peña y Videgarary tuvieron que ofrecer “disculpas”, pero
salieron indemnes, mientras que Aristegui fue despedida de la televisora
en la cual trabajaba. En 2016, dicha periodista –que ahora dirige un
noticiero en línea– reveló que Peña Nieto plagió por lo menos las dos
terceras partes de su tesis de licenciatura, a lo cual el inefable
presidente contestó que se trataba de únicamente de “errores de estilo”.
Aunque sintomáticos de la impunidad de que gozan los poderosos, los
casos citados son poca cosa comparados con la llamada “estafa maestra”
que suma unos 170 millones de euros e involucra 11 dependencias
gubernamentales que desviaron dinero público a través de 186 empresas
(de las cuales 128 son fantasmas) a las que otorgaron contratos
irregulares. Y está por supuesto, el mayor escándalo de corrupción
global de la historia contemporánea, el de la constructora brasileña
Odebrecht que admite haber pagado sobornos millonarios a funcionarios de
12 países para ganar contratos de obras públicas. Varios presidentes
temblaron. Y Pedro Pablo Kuczynski, de Perú, tuvo que renunciar antes de
ser sometido a un voto de destitución en el Congreso. En México, en
cambio, a pesar de que la constructora ya reconoció haber pagado 10.5
millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales, la
administración de Peña sigue intacta.
¿Alternativas?
México es hoy un concentrado de las desgracias que agobian a la
humanidad en el siglo XXI: la devastación social y ambiental, el
racismo, la corrupción, la guerra permanente, la arbitrariedad, la
violencia estructural… En este horizonte tempestuoso, algunos apuestan a
las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo primero de
julio. Lo primero que destaca es que esta ha sido la campaña electoral
más violenta de la historia: 112 candidatos de todos los colores han
sido asesinados en unos cuantos meses debido a la presencia del crimen
organizado. Decenas han optado por renunciar.
María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, la candidata
independiente postulada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), recorrió 30 estados
llevando la palabra de las comunidades en resistencia a los cuatro
rincones del país. Juntó 281 mil 955 firmas, un número nada despreciable
considerando el momento político. No alcanzó, sin embargo las 800 mil
que se requerían para figurar en las boletas electorales y no tendrá
derecho a ser candidata a presidencial. ¿Cuál es el balance? Si bien es
cierto que Marichuy dio una lección de dignidad al llevar a
cabo una campaña de contenidos y no de descalificaciones, es necesario
recordar que en 2001 el EZLN movilizó 1 millón de personas tan sólo en
la plaza mayor de la capital.
El fracaso tiene diferentes explicaciones. Está, en primer lugar, el
desgaste natural de un movimiento que ha ocupado la escena mediática
durante casi un cuarto de siglo y que ahora se encuentra en gran parte
reducido a ser una expresión local en el estado de Chiapas. Pero está
también la política errática del EZLN con respeto a las elecciones
presidenciales: en 1994 llamó a votar por Cuauhtémoc Cárdenas; en 2001
ofreció el beneficio de la duda al panista Vicente Fox; en 2006 y 2012
estigmatizó a los que pretendían votar y se sumó a las campañas contra
López Obrador. Desde un punto de vista libertario, siempre habrá razones
para no votar y puede que en ocasiones las haya también para votar,
pero lo cierto es que el EZLN no ha sabido explicar el sentido de dichas
piruetas. La notoria ausencia de Marichuy, del CNI y del propio EZLN en el debate nacional después de que no lograron las firmas no les ayuda a salir del aislamiento.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el candidato del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) y de otros partidos minúsculos (uno, el
Partido Encuentro Social, declaradamente homófobo y de derecha), tiene
buenas probabilidades de ganar ya que gran parte de las encuestas lo
ubican unos 20 puntos por encima de sus contrincantes: José Antonio
Meade, del gobernante y desprestigiado Partido Revolucionario
Institucional (PRI) que va en alianza con el Partido Verde Ecologista
–un partido que indigna a los verdaderos ecologistas desde que nació en
1986–, y Ricardo Anaya, abanderado del conservador Partido Acción
Nacional (PAN), pero también del agonizante Partido de la Revolución
Democrática (PRD) que está al borde de la desaparición.
¿Cómo definir a López Obrador? La etiqueta de “populista” que le
adjudica la derecha recalcitrante no explica nada, pero difícilmente se
le podría definir anticapitalista. Pragmático le viene mejor, aunque es
verdad que una parte de la clase dominante lo sigue tildando de “peligro
para México”. Expriísta, experredista, exalcalde capitalino
(2000-2005), dos veces candidato (ésta es la tercera), en 2006 ganó las
elecciones, pero la banda presidencial se quedó con Felipe Calderón, del
PAN, gracias a un fraude descarado y en 2012 con Peña Nieto, gracias a
la compra masiva de votos.
En la actualidad, AMLO ha suavizado su discurso declarando que sólo
pretende limar las aristas más filosas del neoliberalismo y volver a
implantar alguna forma de estado social. Promete barrer el sistema
mexicano de arriba para abajo, como las escaleras, y asegura que al no
ser él corrupto, el problema de la corrupción quedará resuelto, lo cual
es francamente poco creíble. Asevera, además, que no todos los burgueses
son deshonestos y que no es lo mismo un capitalista corrupto que un
capitalista “honrado” (¿existe algo así?). Plantea, por tanto, una
alianza con los sectores progresistas de la burguesía.
Algunos de dichos burgueses “progresistas” son conocidos
exintegrantes de la “mafia del poder”, mote con el cual López Obrador
define al grupo de empresarios, banqueros y políticos que le han cerrado
el paso a la silla del águila. Alfonso Romo, hoy coordinador
del proyecto de nación de Morena, es presidente de Grupo Pulsar, uno de
los principales emporios empresariales del país (medios de comunicación,
telefonía, bienes raíces, agronegocios y transgénicos) y tiene un
pasado de activista del Opus Dei. Esteban Moctezuma, propuesto como
Secretario de Educación Pública, es presidente de Fundación Azteca y fue
Secretario de Gobernación en 1995, cuando se desató la persecución
contra los neozapatistas. Víctor Manuel Villalobos, indicado como
Secretario de Agricultura, es un académico que en 2004 fue el arquitecto
del llamado TLC (tratado de libre comercio) de los transgénicos con
Estados Unidos y Canadá. La lista de conversos podría seguir, pero me
limitaré a mencionar tres más: los expanistas Gabriela Cuevas, Germán
Martínez y Manuel Espino, los últimos dos con un pasado de activistas de
extrema derecha.
Un hecho incontestable es que el candidato de Morena logró dar la
vuelta a su imagen mediática. Televisa y TV Azteca, las empresas que en
2006 y 2012 instrumentaron las campañas anti-AMLO, cambiaron
radicalmente su postura. La primera es más bien neutral y la segunda es
indirectamente aliada de Morena, por el papel que juega en el equipo de
López Obrador, el ya mencionado Esteban Moctezuma, uno de sus
principales directivos. Antonio Solá, el estratega mediático que en 2006
lanzó la campaña: “López Obrador es un peligro para México”, ahora
afirma que la misma persona ya no peligrosa y será el próximo presidente
de México.
Si bien es claro que para una parte de la oligarquía es una garantía
contra la amenaza, siempre presente, del incendio social, López Obrador
no la tiene tan fácil. En mayo, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN)
–que agrupa a un selecto grupo de empresarios muy poderosos– publicó en
distintos diarios de circulación nacional “Así no”, un desplegado en
respuesta a las declaraciones del candidato morenista de “soltar al
tigre” (léase: encabezar la protesta social), en caso de que le vuelvan a
hacer fraude. Algunas organizaciones patronales como la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) se solidarizaron con el CMN, aunque admiten de mala
gana que su candidato, Meade, no tiene ninguna posibilidad de victoria.
Carlos Slim, que es crítico de Peña Nieto y anteriormente gustaba
coquetear con López Obrador, se distanció de él por tener intereses en
las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad
de México. Éste es uno de los cuestionados megaproyectos de Peña Nieto,
al cual López Obrador se opuso en un primer momento, para luego dar
marcha atrás.
En resumidas cuentas, a pesar de que el candidato de Morena pactó con
distintos sectores de la clase dominante, es evidente que el PRI y sus
aliados ya activaron la máquina del fraude. Recordemos que este es un
rasgo característico del sistema político mexicano. En 1988, hubo fraude
contra el entonces candidato Cuauhtémoc Cárdenas, mientras que en 2006 y
en 2012 lo hubo contra el propio López Obrador. Puesto que en la
actualidad, la manipulación electoral difícilmente puede rebasar el 5 o 6
por ciento, todo depende del diferencial de votos. Como sea, y gane
quien gane, el próximo presidente de México deberá hacerse cargo de una
economía semidestruida y de un Estado en descomposición, controlado por
el gran capital extranjero y, a escala de muchos estados, por la
delincuencia organizada que forma parte integrante del capital
financiero internacional (Guillermo Almeyra, La Jornada, 24 de junio).
No quiero concluir estas notas demasiado esquemáticas con un mensaje
desalentador. Así como México es uno de los principales laboratorios del
capitalismo más salvaje, también lo es de valiosas resistencias. Los
zapatistas siguen siendo un polo de referencia y el movimiento
organizado más poderoso del país, la Coordinadora Nacional de los
Trabajadores de la Educación –que agrupa a varios cientos de miles de
maestros especialmente en las regiones indígenas– se mantiene vivo, a
pesar de los múltiples intentos por desarticularlo. Diseminados por la
abigarrada geografía mexicana una multitud de movimientos locales,
comunidades, colectivos y frentes luchan por la reconstrucción contra
las compañías mineras, las maquiladoras la devastación ambiental, la
privatización de la educación…
Es verdad que la coyuntura es desfavorable y no sólo en México; pero
también los es que puede cambiar en cualquier momento. Quiero citar el
ejemplo luminoso de los niños migrantes enjaulados que dieron un fuerte
golpe a las políticas xenófobas de Donald Trump: en unos cuantos días,
ellos lograron lo que no pudo hacer el Grupo de los Siete con los
aranceles: obligaron al presidente estadunidense a comerse sus palabras,
firmar una orden de no separación y, aunque éste no abandona sus
intenciones persecutorias, consiguieron el objetivo limitado, pero para
ellos crucial, de estar con sus padres (Hugo Aboites, La Jornada,
23 de junio). Esos niños y sus amiguitos del otro lado de la frontera,
serán los protagonistas de la próxima revolución que, como vaticinó el
poeta Antonin Artaud hace más de 80 años, presentará, sin duda, un
carácter excepcional, porque esta vez tendrá que resolver problemas
fundamentales.
Tlalpan, 24 de junio de 2018.
Claudio Albertani
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