El pasado 19 de junio organizaciones sociales defensoras de la libertad de expresión dieron a conocer el informe conjunto de las Relatorías de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la libertad de expresión en México, producto de su visita oficial en noviembre de 2017. El informe reafirma que México tiene una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos caracterizada por un alto número de asesinatos, desapariciones y tortura, esta violencia alcanza de manera importante a periodistas
y tiene como finalidad evitar que la información llegue a la sociedad
afectando el derecho público a saber, y por lo tanto asfixia el debate
público. Ante la infiltración del crimen organizado en la política y las instituciones, el periodismo enfrenta la violencia por parte de éste y de funcionarios públicos que intentan cooptar a periodistas para sus propios fines. El informe confirma la existencia de zonas silenciadas en varias partes del país en donde periodistas son obligados a publicar lo que les dicta el crimen organizado y pueden pagar con su vida difundir información distinta.
Este sexenio terminará como uno de los períodos más mortíferos contra el periodismo,
de acuerdo a la organización Artículo 19, de las 2765 agresiones
documentadas entre los años 2009 a 2017, más de la mitad, 1986, se
cometieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y de acuerdo a las
previsiones esta cifra será mucho mayor al término de su mandato.
Terrible.
Si bien la violencia física y psicológica contra periodistas es la expresión más brutal de la censura en México,
no es la única forma de acallarlos. De acuerdo con los relatores, las
prácticas gubernamentales autoritarias del pasado permanecen a través de
la publicidad oficial, del despido de periodistas de
postura crítica por parte de medios de comunicación cuando las
autoridades lo exigen, como también por la cerrazón de un sistema de
medios concentrado que impide que periodistas críticos tengan espacios para desarrollar su trabajo.
Además, los relatores documentan otras formas indirectas de violación a la libertad de expresión,
como la concentración mediática, la usencia de pluralismo y diversidad,
la persecución a medios comunitarios y la falta de resultados por parte
del gobierno mexicano para investigar el espionaje ilegal a periodistas y activistas a través del software Pegasus, entre otros puntos.
Por
ello resulta más que lamentable, por decir lo menos, la respuesta que
el gobierno mexicano dio a ambos relatores negando las evidencias de
impunidad para resolver los crímenes en contra de periodistas, en cada uno de los puntos que rebatió del informe, la actual gestión federal afirma su falta de voluntad y de capacidad para resolver el grave problema de la libertad de expresión en nuestro país.
Las organizaciones que presentaron los resultados del informe
con toda razón criticaron que ninguno de los candidatos a la
presidencia de la República haya abordado y presentado propuestas
concretas al respecto, por lo hicieron un llamado para que el nuevo
gobierno, quede quién quede, establezca una mesa de trabajo a fin de
disen~ar de manera inmediata un plan de gobierno encaminado a atender
las recomendaciones de los relatores. Habremos de ver si en verdad eso
sucede y será un indicador de la voluntad para resolver la crisis de una
las piedras angulares de la democracia que es la libertad de expresión.
A propósito de la libertad de expresión, una buena y otra no tanto
La
semana pasada los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia
Civil dieron la razón a la periodista Carmen Aristégui y determinaron
como ilegal e indebido el término del contrato por parte de la empresa
MVS del empresario Joaquín Vargas, como usted recordará el despido de la
periodista se dio después de dar a conocer en su noticiero el explosivo
reportaje sobre la Casa Blanca de Peña Nieto. Si bien esta es una buena
noticia, la otra no tan buena es que el mismo tribunal le negó el
amparo a la periodista por la demanda de daño moral de Vargas en su
contra por el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cimbró un gobierno.
El litigio llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso
de que la corte ratifique la sentencia del tribunal estaríamos ante un
caso grave ya que se estaría castigando la opinión, pues como se lo
comenté en mi colaboración en este mismo espacio (Castigar la opinión), de acuerdo a los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos
o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes
al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la
importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático. Veremos que decide la corte.
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