Proyectos de observación electoral documentan 45 casos de mujeres
En
lo que va del actual proceso electoral, del 19 de septiembre de 2017 al
pasado 13 de junio, organizaciones de la sociedad civil documentaron 45
casos de violencia política por razones de género, de los cuales 39
fueron contra candidatas y 6 contra precandidatas.
Así lo dijo la defensora de Derechos Humanos e integrante del Centro
de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo, Teresa
Pérez Vázquez, al participar en la presentación de los avances de 28
proyectos de observación electoral que se realizan con el auspicio del
Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE) 2018 y del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La defensora destacó que el actual contexto electoral es desfavorable
para el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las
mujeres y detalló que los estados que registraron más casos de violencia
política de género fueron Puebla con 13, 8 en Hidalgo, 4 en Guerrero y 3
en Oaxaca.
Precisó que 11 casos (25 por ciento) no fueron denunciados; 25 casos
se denunciaron ante institutos electorales, 3 ante la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), uno ante
medios de comunicación y en otro se presentó una demanda en materia
civil.
Otro tema que destacó son las resistencias para cumplir con el
principio de paridad de género, documentado por las organizaciones
Articulación Ciudadana; Centro de Investigaciones para la Equidad,
Política Pública y Desarrollo; Comunicación, Intercambio y Desarrollo
Humano en América Latina; Desarrollo Género y Ciudadanía; Gente Diversa
de Baja California y la Organización Fuerza Ciudadana.
Por ejemplo, en Morelos hubo resistencias para registrar a mujeres
toda vez que un partido político no postuló candidatas por la vía
plurinominal, otro estuvo a punto de perder el registro en 10 municipios
por no cumplir con la paridad en los bloques de baja competitividad.
Si bien la entidad cumplió la paridad en las candidaturas a
diputaciones y senadurías, las listas de candidaturas plurinominales
estuvieron encabezadas por hombres, con excepción de un partido político
que puso en primer lugar a una mujer, lo que le da más posibilidades de
obtener el cargo.
En Baja California no se cumplió con la paridad e igualdad, ya que de
40 escaños a diputaciones locales y federales que han analizado, 17
candidatas son mujeres y 23 son hombres, aseguraron. A esto se suma que
las y los candidatos no tienen propuesta con perspectiva de género en
sus plataformas.
En Chiapas, señalaron las organizaciones, la lucha por el poder se
está ejerciendo desde el Estado con la utilización masiva de recursos
públicos para la compra del voto, en este contexto las mujeres rurales e
indígenas son utilizadas como botín para atraer voto, se les “acarrea”
en mítines o se les condiciona el uso de programas sociales como
Prospera.
Además, señaló que para las tres coaliciones que buscan la
Presidencia de la República la agenda de género no es prioridad, no
tiene presentes a las mujeres en condición de pobreza, tampoco
consideran los derechos sexuales y reproductivos ni temas como los
derechos de las mujeres indígenas y rurales y tampoco están dando
propuesta para niñas y adolescentes.
En política macroeconómica, de seguridad nacional y energética, las
organizaciones destacaron que los partidos políticos no consideraron a
las mexicanas como parte de la población afectada por las actuales
políticas ni tomaron en cuenta su condición de desigualdad o su
participación como actoras en la solución de los problemas planteados en
sus plataformas.
En la mayoría de los temas, explicó Teresa Pérez Vázquez, los
partidos colocaron a las mujeres como un eje transversal, en particular
cuando hablan de seguridad, economía y trabajo pero no hablan de
propuestas puntuales porque no tienen un análisis afín a la realidad
mexicana.
Por otra parte, las agrupaciones realizaron un análisis de las
iniciativas en materia de género de la 63 legislatura del Congreso de la
Unión, en particular en los rubros de violencia, paridad y
representatividad, de las cuales una porción considerable no fueron
dictaminadas y quedarán como pendientes para las nuevas legisladoras y
legisladores.
Las organizaciones que recibieron fondos para la observancia
electoral manifestaron su preocupación por el clima de violencia
política en México y la posible compra de votos pero dijeron que están
trabajando en la observancia de tremas de integridad, derechos y
comunicación y los resultados de sus proyectos se tendrán una vez que
termine el proceso electoral del 1 de julio.
CIMACFoto: Sonia Gerth
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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