Caronte
Foto: Cuartoscuro
Por @dayan_jacobo
Nos acercamos al día del voto y como era de suponer, los niveles de violencia, corrupción e impunidad han golpeado seriamente el proceso electoral dejando muchas dudas sobre la calidad de democracia representativa que tenemos.
Pasamos del problema de que los votos cuenten y se cuenten a procesos determinados no solo por el voto sino también por la bala y la lana.
Sí, en paralelo corren tres elecciones muy distintas. La del voto difícilmente informado debido a que las campañas siguen siendo de baja calidad argumentativa, la de la bala que incide de manera violenta en las boletas y las carretadas de dinero para la compra del voto.
Un reciente estudio de la consultora Etellekt muestra que desde el inicio del proceso electoral en septiembre de 2017 han sido asesinados 120 políticos y 351 funcionarios no electos. Los asesinatos se dan en la precampaña, donde se eligen candidatos, y durante la campaña, donde ya se conocen las tendencias.
Comparando cifras con otros procesos electorales tenemos que 2018 es 13 veces mayor que en 2012 y 29 veces mayor que en 2006. Así de clara la descomposición.
La anestesia social que ha generado la violencia ya alcanzó a los procesos electorales.
Como algo escenográfico ha sido tomado el asesinato de decenas de
candidatos. La centralidad del proceso electoral para la presidencia ha
invisibilizado lo que ocurre a nivel local. Incluso han pasado
desapercibidos los llamados de alerta de la Unión Europea, la OEA y el
de personalidades como Kofi Annan. ¿Qué democracia es esta?
Con los niveles de impunidad y la falta de investigaciones creíbles lo que queda es especular analizando los datos. El 67 por ciento de los asesinatos son perpetrados por comandos armados y el 14 por ciento mediante tortura.
Aquí una señal de los posibles perpetradores. Las agresiones se centran en funcionarios y candidatos municipales. En realidad no sabemos quiénes son los perpetradores ni cuáles son los motivos.
Los perpetradores pueden ser el gran crimen organizado, bandas delictivas locales, violencia política o lo que imaginemos. En México puede matar quien sea sin consecuencias.
No solo es el del financiamiento ilícito de campañas por parte de
grupos criminales en ciertas regiones sino incluso la imposición de
candidatos.
Grupos criminales y/o políticos responsables de las agresiones
pretenden controlar desde el nivel municipal a las instituciones, el
territorio, los recursos, la población y/o las actividades criminales
como el huachicol, trasiego, venta de droga, extorsión o cualquier otra
que imaginemos. Se trata de un proyecto político- criminal de control de las instituciones.
Ante la falta de investigaciones quedan muchas preguntas abiertas.
¿En los municipios cercanos a los que han sufrido asesinato de
candidatos, los punteros generan confianza a los perpetradores? ¿Qué
certeza se puede tener de un sistema de representación expuesto a estos
niveles de violencia? ¿Cómo explicar la falta de medidas urgentes para
abordar el tema por parte de la clase política?
Las balas ya determinaron la dirección en varias regiones.
Ahora entrarán a operar los miles de millones de pesos desviados que
han sido documentados y otros miles de millones más. La lana en busca
del voto. Así llegamos al 1 de julio. Instituciones electorales
desacreditadas, campañas de bajo nivel, balas y lana determinando
candidatos y voto. La impunidad, la corrupción y la violencia marcan las
elecciones.
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