Katy
Rodríguez y su hijo, a quien carga en brazos su padre, con quien acaban
de reunirse tras salir del Centro de Atención al Migrante, en San
Salvador, luego de ser deportados. Madre e hijo fueron separados cuatro
meses, tras ingresar en forma irregular a Estados Unidos, como sucedió a
miles de familias centroamericanas desde abril. Crédito: Edgardo
Ayala/IPS
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Luego de tres horas de trámites, la salvadoreña Katy Rodríguez,
deportada desde Estados Unidos, por fin abandonó las instalaciones
gubernamentales migratorias y junto a su pequeño hijo se fundió en
abrazos con familiares que los esperaban afuera.
Rodríguez y su pequeño, de tres años, recién se han reencontrado este
jueves 28 de junio, justo antes de que ella fuera enviada de regreso a
su natal El Salvador. Es originaria de Chalatenango, en el central
departamento del mismo nombre.
La madre, de 29 años, y su pequeño pasaron más de cuatro meses
separados tras ser detenidos el 19 de febrero, después de ser
interceptados sin documentos en el estado de Texas, en el sur de Estados
Unidos, a donde ingresaron desde laciudad fronteriza mexicana de
Reynosa.
“Ha sido feo, muy feo, todo lo que hemos pasado, mi hijo por un lado y
yo por otro”, dijo Rodríguez, en breves declaraciones a IPS antes de
abordar un automóvil de sus familiares, afuera del Centro de Atención al
Migrante, donde llegan los salvadoreños deportados tanto de Estados
Unidos como de México.
Ella podía solicitar asilo, se le informó, pero eso implicaba pasar
más tiempo sin su hijo, y por esa razón prefirió pedir la
deportación. “Sentí una alegría inmensa cuando por fin me entregaron a
mi niño”, contó mientras en su fatigado rostro se esbozó una tenue
sonrisa.
La madre permaneció en un centro de detención de las afueras de la
ciudad de San Antonio, en el sur de Texas, mientras que su hijo fue
enviado a un refugio infantil en la muy lejana ciudad de Nueva York,
como consecuencia de la política de “Cero Tolerancia”, impuesta en abril
por la administración de Donald Trump.
El drama vivido por Rodríguez y su hijo es el mismo que han sufrido
miles de familias, la mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador,
detenidas y separadas en la llamada frontera sur, después que Trump puso
en marcha esa medida para, en teoría, contener el flujo de inmigrantes
hacia Estados Unidos.
Según la salvadoreña Dirección General de Migración y Extranjería,
entre el 1 de enero y el 27 de junio fueron deportados, solos o
acompañados, 39 menores de edad desde Estados Unidos, 1.020 desde México
y otros cinco desde otras ubicaciones. Ese total de 1.064 es
ampliamente inferior a los 1.472 devueltos en el primer semestre de
2017.
Hasta ahora, del total de 2.500 niños alejados de sus padres o
acompañantes en la frontera sur de Estados Unidos desde abril, poco más
de 2.000 están aún recluidos en centros de detención y albergues en ese
país, según reportes periodísticos y de organismos de derechos humamos.
Ello pese a que el mandatario estadounidense firmó un decreto, el 20
de junio, con el que puso fin a las separaciones familiares.
Imágenes de niños encerrados en especie de jaulas metálicas, llorando
y pidiendo ver a sus padres, difundidas por medios de comunicación, han
causado indignación internacional por el trato inhumano recibido.
“La detención de niños y niñas y la separación de familias es
equiparable a la práctica de tortura bajo la ley internacional y la
propia legislación de Estados Unidos. Hay una intención de infringir un
daño por parte de la autoridad para coaccionar una conducta”, señaló a
IPS desde Ciudad de México la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara
En el avión que devolvió al país a Rodríguez venían 132 migrantes
deportados, entre ellos una veintena de mujeres, quienes contaron a IPS
los abusos y violaciones a los derechos humanos recibidos en esos
centros de detención.
Los
presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras y el vicepresidente de
Estados Unidos, durante su declaración a los medios tras un encuentro
el 28 de junio en Ciudad de Guatemala sobre la migración irregular hacia
territorio estadounidense de ciudadanos centroamericanos. Crédito:
Presidencia de El Salvador
Carolina Díaz, de 21 años, quien trabajaba en una empresa maquiladora
antes de migrar a Estados Unidos, narró a IPS que la mantuvieron por
un día y medio en la que los indocumentados llaman “la hielera”, en la
ciudad texana de McAllen.
La hielera es una habitación extremadamente fría debido a que, a
propósito, los guardias suben el aire acondicionado al tope, como una
forma de castigo “por haber cruzado la frontera sin papeles”, contó
Díaz, oriunda de Ciudad Arce, en el central departamento de La Libertad.
“Uno se muere del frío ahí, sin nada para protegerse”, agregó la
joven, quien dijo que decidió migrar “debido a la situación económica,
buscando un mejor futuro”.
Para dormir, lo único que le dieron fue un trozo de papel aluminio,
aseguró. Otra mujer, que no quiso identificarse, dijo a IPS que a ella
la mantuvieron en la “hilera” durante nueve días, sin saber exactamente
por qué.
Díaz pasó además otro día y medio en “la perrera”, como le llaman a
las celdas o jaulas metálicas en cuyo interior encierran a decenas de
indocumentados.
“Cuando estuve en la perrera, los guardias se burlaban de nosotros,
nos tiraban la comida como que éramos perros, una comida que casi
siempre eran panes con mortadela chuca (descompuesta)”, aseveró.
Díaz señaló que en el centro de McAllen, al igual que en otro
similar, en Laredo, también en Texas, vio a muchas madres que habían
sido separadas de sus hijos e hijas, y las vio llorar sin consuelo por
ello.
“Las mamás estaban traumadas por el dolor de la separación”, dijo.
Guevara, de Amnistía Internacional, acotó que el decreto de Trump no
cesa las separaciones sino que solo las pospone y además las familias
seguirán siendo detenidas, como núcleos, incluidas las que buscan asilo.
“El decreto del presidente del 20 de junio no dice qué va a hacer con
los más de 2.000 niños y niñas ya separados, en una situación de
desorden que está generando otras violaciones a los derechos humanos”,
describió.
Entre esas otras violaciones están el no notificar a los padres o a
los tutores cuando los menores son trasladados a otros centros.
Añadió que Estados Unidos ha creado el sistema de detención
migratoria más grande del mundo, y actualmente operan 115 centros con al
menos 300.000 detenidos alli cada año.
En tanto, Marleny Montenegro, sicóloga del programa Migraciones, del no gubernamental Equipo de Estudios y Acción Psicosocial
de Guatemala, explicó que los niños y niñas detenidos y separados de
sus padres sufren de depresión, miedo, ansiedad y angustia, entre otros
traumas sicológicos.
“Les es afectada la capacidad de confiar, inseguridad y tienen
dificultades para la reintegración comunitaria y para poder comunicar
sus sentimientos y pensamientos”, señaló Montenegro a IPS desde la
capital guatemalteca.
El avión con los indocumentados retornados arribaron a El Salvador en
la misma jornada que el vicepresidente de Estados Unidos, Michael
Pence, se reunía en Guatemala con el presidente de esa nación, Jimmy
Morales; con el de Honduras, Juan Orlando Hernández, y con el de El
Salvador, Salvador Sánchez Cerén.
El propósito de Pence, en el encuentro del jueves 28, fue obtener el
compromiso de los tres gobiernos de que adoptarán políticas que eviten
la migración hacia su país. Según sus cifras, en lo que va de año han
llegado a su país 150.000 personas centroamericanas, y esa migración
irregular “tiene que parar”.
En un comunicado conjunto,
al final de lo que calificaron como “diálogo franco” con Pence, los
tres mandatarios centroamericanos manifestaron su disposición a trabajar
de forma conjunta con Estados Unidos en acciones que prioricen el
bienestar de los niños y adolescentes, la unidad familiar y el debido
proceso.
También resaltaron la importancia de trabajar de forma coordinada
para informar a los connacionales sobre los riesgos que conlleva la
migración irregular y el combate de las redes de trata y tráfico de
personas.
Edición: Estrella Gutiérrez
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