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Conteo de boletas electorales en la Ciudad de México.
Foto: Benjamín Flores
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde la explosión de la violencia en México, se había insistido en que la delincuencia organizada no estaba interesada en el control político, que lo suyo era mantener las redes de protección para su negocio ilícito, independientemente del partido que ganara las elecciones.
El proceso electoral de este 2018 ha venido a demostrar la ingenuidad de esa interpretación, a pesar de tener a la mano los espejos de Colombia e Italia, donde el narcotráfico y la mafia han intervenido los procesos electorales.
Mientras que en México los encargados de la seguridad se han dedicado a administrar la crisis con millonarios recursos y a repartirse culpas, la delincuencia organizada ha seguido evolucionando, en el propósito de maximizar sus ganancias.
A falta de evidencia en contrario, la violencia contra los candidatos a los puestos de elección popular parece estar relacionada, en general, con los grupos fácticos de poder locales o regionales.
El conteo de la consultora Etellekt, especializada en riesgos políticos y de seguridad, cifra en 543 las agresiones contra políticos en todo el país desde que empezó el proceso electoral en septiembre pasado.
De esas agresiones, 130 han sido asesinatos, incluidos 48 precandidatos y candidatos. Otros 179 han sido amenazados, entre los que se cuentan aspirantes a cargos en los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).
No hay estado ni partido que se salve. Pero la mayor parte de los asesinatos se han concentrado en estados del Pacífico: Guerrero 14, Michoacán 5, Oaxaca 5, Jalisco 4, Colima 2, y Sinaloa 1. Aunque ahí se registra el 65%, no hay región incólume.
Por partidos, los más violentados han sido el PRI, con 12; el PRD 10, Morena 7, el PAN 5 y Movimiento Ciudadano con 2.
Las cifras del reporte https://www.etellekt.com/presencia-medios.html no tienen que ver con que estemos ante la elección más grande de la historia de México, con más de tres mil cargos en disputa. Reflejan un claro desafío para la democracia y en particular para quien gane la elección presidencial el próximo domingo.
Tampoco es un fenómeno nuevo, pero esta vez la delincuencia parece manifestarse por el control abierto de espacios del poder público, que sumaría a sus ganancias territoriales. Del control de la policía local, pasó a las presidencias municipales, a los ayuntamientos, las regidurías y sindicaturas. Ha penetrado los ministerios públicos y avanzado en los Congresos estatales y, tal vez, en el Congreso de la Unión.Su negocio ya va más allá de las actividades delictivas en sí mismas. De la expoliación a las personas va por las arcas públicas a través de contratos y apoyados con prestanombres disfrazados de empresarios. Sucedió y sucede en Italia, donde han caído gobiernos locales y regionales por el apoyo de la mafia a cambio de contratos de obra pública.
La delincuencia organizada en México parece estar reclamando su parte del mercado de la corrupción en el manejo de los recursos y bienes públicos, reservado hasta ahora para la clase política y empresarios nacionales e internacionales con operaciones en el país.
@jorgecarrascoa
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