Urge acabar con las violencias de la certificación penitenciaria

R. Aída Hernández Castillo*

Las mujeres en las cárceles mexicanas, al igual que muchos sectores de la sociedad, tienen muchas expectativas puestas en los cambios que prometió el nuevo gobierno. Las presas de la pobreza esperan con ansiedad la prometida amnistía que sacará de las cárceles a quienes ocupaban el lugar más bajo de la pirámide del narcotráfico y que muchas veces recibieron penalizaciones muy altas para contribuir a la numeralia de la guerra contra las drogas. Se trata de mujeres indígenas y mestizas, campesinas pobres o vendedoras ambulantes, que forzada o voluntariamente se vieron envueltas en las redes del narcotráfico, sembrando o vendiendo pequeñas cantidades de drogas naturales, y que se convirtieron en presas de la estadística con condenas de entre 10 y 15 años de prisión, lejos de sus comunidades y de sus familias. A estas mujeres, cuyo encarcelamiento no ha hecho a la sociedad más segura, pero sí más vulnerables a sus hijos menores de edad, les urge que se instauren mecanismos ágiles y transparentes de revisión de expedientes judiciales.

Las víctimas de violencia sexual o doméstica, que se defendieron de sus agresores para salvar sus vidas y cuyo contexto de vulnerabilidad fue totalmente ignorado al condenarlas por homicidio calificado y quienes después de 15 o 20 años de prisión no pueden salir libres porque no pueden pagar la reparación del daño que les exige el Estado. Todas esperan que finalmente el juicio con perspectiva de género anunciado en el nuevo sistema acusatorio se haga realidad y que sus casos sean revisados bajo esta óptica, para que puedan regresar con sus familias.

Se trata de un momento histórico para revertir los errores del pasado, como ha sido el programa de certificación de cárceles mexicanas por parte de la Asociación Americana de Correccionales (ACA por sus siglas en inglés), que se inició en México en 2011 como parte de la llamada Iniciativa Mérida. Los 14 millones de dólares que Estados Unidos aportó para mejorar la infraestructura penitenciaria, probablemente quedaron en el bolsillo de una burocracia corrupta que se ha enriquecido con el crecimiento del complejo industrial penal. Se prometió la modernización de la infraestructura carcelaria, la capacitación del personal, el mejoramiento de la administración de recursos humanos y financieros, y lo que se cumplió fue el endurecimiento de las medidas carcelarias, la deshumanización del espacio físico reproduciendo lo peor del modelo punitivo estadunidense. Se prohibió el uso del dinero dentro de la cárcel para evitar la corrupción, pero lo que se impuso fue un sistema de tiendas de raya administradas por las autoridades penitenciarias, en las que las internas compran los productos básicos y la comida chatarra al triple del precio que tiene afuera, mediante el uso de unas tarjetas en que su familias les depositan y a través de las que se les paga su trabajo en la industria penitenciaria. Este dinero es muchas veces administrado de manera poco clara y no pueden acceder a él cuando lo necesitan.

Los mismos diagnósticos nacionales de supervisión penitenciaria elaborados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han documentado que en los 29 penales certificados sigue habiendo violencia, sobrepoblación, graves problemas de salud, denuncias por malos tratos, entre otros abusos. La farsa de la certificación ha justificado el regreso a prácticas punitivas y de control que han sido denunciadas por la población penitenciaria, que ha recurrido a medidas extremas como la huelga de hambre que realizaron las mujeres del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, Morelos, en 2014.

La participación en el Poder Legislativo de activistas que han sufrido en carne propia la violencia del sistema penitenciario, como Nestora Salgado García y José Manuel Mireles, despierta muchas esperanzas en las internas que les escriben cartas pidiendo que no se olviden de sus promesas. Hay una invitación abierta a visitarlas en Atlacholoaya, para conocer de viva voz el impacto que la violencia de la certificación ha traído a sus vidas. Sacar al ACA de las políticas penitenciarias sería un primer paso para revertir las múltiples violencias que el imperialismo estadunidense subvencionó por medio del Plan Mérida y sus opciones militaristas en la llamada guerra contra el narco.

* Investigadora del Ciesas.