Damián G. Camacho Guzmán
Cuando Enrique Peña Nieto
anunció en 2014 la construcción del nuevo aeropuerto, descartó toda
posibilidad de conflicto social. A diferencia de Vicente Fox que en 2001
expropió terrenos ejidales, casas, un panteón y una iglesia en las
comunidades de Atenco, la nueva estrategia de Peña consistió en ampliar
la zona federal y recorrer el polígono de la terminal aérea, ubicándola
en el lecho del ex lago de Texcoco. Para propagandizar que no invadía
tierras ejidales, promovió asambleas fraudulentas que cambiaron el
régimen de propiedad social y enajenaron las tierras de uso común,
destinando mucho dinero para corromper y dividir a sus pobladores.
Su estrategia parecía funcionar, porque se produjo en un contexto de
éxtasis neoliberal luego de la aprobación de las reformas estructurales,
con una relación de fuerzas favorable al gobierno priísta. El efecto en
Atenco fue desmoralizante, en apariencia la demanda de la defensa de la
tierra quedaba al olvido, porque los ejidatarios priístas y varios
posesionarios habían decidido vender, por lo tanto, la propaganda
mediática había logrado su propósito: deslegitimar al Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra (FPDT) como actor social agraviado e impedir la
oposición a ese megaproyecto.
Para contrarrestar esa estratagema, la lucha de Atenco decidió
responder de la siguiente manera: ante una nueva ofensiva, una nueva
forma de lucha y de organización. Si bien, en el origen del conflicto la
demanda central fue la defensa de la tierra y el actor fue el FPDT;
para 2014, las demandas de la defensa del medio ambiente, del agua, de
las aves, del lago, etc., se deberían poner en el centro de la lucha;
ante esta nueva realidad, el actor social tenía que ampliarse; y,
visualizar a la lucha con un carácter metropolitano, rural y urbano, con
un sentido de defensa de la Cuenca del Valle de México.
La confirmación de esa valoración se fue gestando poco a poco en 2015
y 2016. Los impactos por el inicio de la construcción reflejaron un
mega ecocidio en la zona oriente del estado de México, con 180 minas
donde se extraen 36.5 millones de toneladas de materiales pétreos para
cimentar la terminal aérea, aunado a que los socavones se rellenan con
lodos tóxicos, cascajo y basura. Ante eso, la consecuencia fue evidente,
en este segundo periodo de 2014 a 2018, se produjo la aparición de
nuevos actores sociales agraviados que han emprendido una gran
resistencia, lo que ha permitido construir una media luna organizativa
de pueblos de la zona oriente en torno al nuevo aeropuerto.
Para alcanzar la efectividad de la nueva fase de lucha faltaba un
factor determinante que potenciara todo ese esfuerzo: el cambio en la
correlación de fuerzas. Esta situación política tardó 12 años en
modificarse y se produjo el primero de julio de 2018. Gracias a ello, en
poco tiempo se generaron condiciones para avanzar con una
contraofensiva que permitió generar alternativas.
En el horizonte inmediato hay dos escenarios: o se mantiene la
construcción del nuevo aeropuerto o se cancela la obra. En el primer
escenario, el nivel del impacto de las afectaciones se extendería a
Ciudad de México, porque se desarrollarían las obras complementarias
(tren interurbano México-Toluca, autopistas, ampliación de las líneas
del Metro y del metrobús, etc.), se agravaría la crisis hídrica, los
hundimientos, se generaría una urbanización desmedida con la
Aerotrópolis, esto es, se produciría el mayor ecocidio que tengamos
memoria en toda la Cuenca del Valle de México.
Siendo así, iniciaríamos una tercera fase de lucha cuyo objetivo
consistiría en cerrar el círculo organizativo que unificaría a los
pueblos del oriente con Ciudad de México. En términos sociales, se
trataría de una táctica de cerco al nuevo aeropuerto y a la
Aerotrópolis. En poco tiempo estaríamos en condiciones de construir un
gran movimiento nacional en defensa del medio ambiente, del agua y del
territorio, en contra del extractivismo, el fracking, los eólicos, los megaproyectos y el capitalismo salvaje.
En el segundo escenario, en caso de que el nuevo gobierno cancele la
obra aeroportuaria en Atenco-Texcoco, pasaríamos a un momento clave en
el que se abordarían cuatro temas fundamentales: el proyecto de
restauración ambiental del lago de Texcoco y los territorios afectados;
el proyecto alternativo de desarrollo en la Cuenca del Valle de México;
la cuestión agraria, con la restitución de las tierras ejidales y de uso
común de las comunidades despojadas; y, la reconstrucción del tejido
social en las comunidades afectadas, en particular, en Atenco por 17
años de despojo y represión gubernamental.
El nuevo aeropuerto es un negocio de la clase política panista y
priísta con la finalidad de favorecer al capital inmobiliario. Con la
llegada del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se abre una
oportunidad para avalar o cancelar ese proyecto. Más allá de su método
de consulta elegido, la decisión es de carácter político y debe tomarla.
Ojalá decida lo correcto.
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