¿Por qué le preocupa al presidente en funciones la investigación judicial emprendida, desde el estado de Chihuahua, en contra del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, y del exgobernador de esa entidad, César Duarte Jáquez? 
Nada obvio amenazaba en este caso al presidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, fue él quien, el jueves 11, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a solicitar una controversia constitucional porque según su percepción, el gobernador Javier Corral Jurado presuntamente está afectando las competencias constitucionales del Ejecutivo federal.
No es cierto que el primer mandatario haya solicitado un amparo, como se ha dicho en algunos medios; Peña fue mucho más lejos cuando apretó el botón nuclear en el tablero de control del sistema jurídico mexicano con el propósito de protegerse frente a una eventual acción de la justicia de Chihuahua. 
Existe 99% de probabilidad que el médico regrese al paciente por donde vino: la impertinencia del recurso es evidente y no hay argumento jurídico que le permita a la SCJN dar entrada a tan absurda reclamación. 
Para ser admitidas, las controversias constitucionales deben presentarse en contra de una ley o un acto de autoridad. En este caso Peña Nieto señaló como acto de autoridad reclamado la intervención “directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente (del gobernador Javier Corral) en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración… respecto a actuales o anteriores funcionarios públicos federales” vinculados a los procesos que se siguen en Chihuahua a Duarte Jáquez y a Gutiérrez. 
En otras palabras, Peña pide que la Contraloría del estado, encabezada por Stefany Olmos, deje de investigar a los funcionarios federales presuntamente involucrados en actos delictivos relacionados con el erario de Chihuahua. 
Olvida el Ejecutivo que el sistema federal tiene como principal ventaja el juego de pesos y contrapesos dispuestos para limitar el abuso de poder. Si la SCJN le otorgara razón, Peña Nieto terminaría dañando principios fundantes de la Carta Magna. 
Por otra parte, de acuerdo con la Constitución, la Corte puede admitir una controversia constitucional siempre y cuando se hayan ejercido antes todos los medios de defensa establecidos en la ley; es decir, que se trata de un recurso de última instancia. 
Dado que el proceso en contra de los dos políticos priistas no ha sido resuelto –no existe aún sentencia– resulta contrario a su naturaleza que quiera utilizarse la controversia justo para frenar el desahogo de esos medios de defensa. 
Si las investigaciones van a medio camino, si las carpetas no están completas, si las solicitudes de información no se han terminado, si las peticiones de colaboración con las instancias de la federación (como la PGR) no han recibido buena respuesta, ¿por qué recurrir al último de los recursos imaginables? ¿Por qué visitar al médico que está por encima de todos los médicos para exigirle tan sobrado tratamiento?
No queda claro si Peña Nieto busca protegerse a sí mismo o tiene información sobre el proceder ilícito de sus exsecretarios de Hacienda. El problema con la sobrerreacción es que hace sospechar complicidad en un asunto que, hasta ahora, le quedaba muy lejos. 
Antes de esta ocasión, Peña Nieto recurrió durante su mandato cuatro veces a la controversia constitucional: la primera, para controvertir la ley de telecomunicaciones; la segunda, para impugnar leyes en materia educativa en Zacatecas y Baja California; la tercera, para combatir ciertos artículos de la nueva Constitución de la CDMX, y finalmente para atacar la decisión de un tribunal federal, cuando instruyó la creación de la Comisión de la Verdad para el caso de los normalistas de Ayotzinapa. 
En los primeros tres asuntos se justificó el recurso porque, en efecto, había necesidad de que el máximo tribunal constitucional trazara fronteras precisas entre distintos órganos del Estado. En cambio, la disputa con el Poder Judicial, a propósito del expediente de los estudiantes ­desaparecidos, podría interpretarse como un intento por obstruir la justicia. 
Lo mismo que este último episodio relacionado con Chihuahua: aprovechando que todavía estará sentado en la silla presidencial 40 días más, Peña Nieto decidió explorar el camino de la controversia, no sólo para impedir que las investigaciones continúen, sino para asegurarse impunidad amplia y eterna para él y los suyos.
La Suprema Corte no debe permitir que la naturaleza de la controversia constitucional se vea lesionada por un precedente como el que pretende impulsar el mandatario saliente; ésta habría de ­desechar, sin el menor remordimiento, la última exigencia de Peña Nieto.
Este análisis se publicó el 21 de octubre de 2018 en la edición 2190 de la revista Proceso.