Ana María Aragonés
El éxodo de migrantes,
mayoritariamente hondureños, tuvieron que enfrentar, entre otras
calamidades, el cierre de la entrada al país resguardada por 400
policías federales, los que si bien no estaban armados, sí tenían equipo
antimotines, mismos que aplicaron a los migrantes, como fueron los
gases lacrimógenos que lastimaron a muchos de ellos. Los periódicos y
noticiarios han dado cuenta, desde muy diversos matices, las enormes
dificultades y sobre todo lo que se ha convertido en una verdadera
tragedia humana.
La actuación del gobierno mexicano, lamentable. Claramente señaló que
pasarían aquellos que tengan una visa o pasaporte o quieran acogerse al asilo o refugio, los que no tengan documentos serán deportados. Exactamente lo que el gobierno de Donald Trump le impuso a México, primero con amenazas de enviar al ejército a la frontera si México no actuaba en consecuencia, pero una vez que México envió a la fuerza federal, la expresión cambió
México había entendido el liderazgo de Estados Unidos y demostró respeto por el país del norte. Increíble, una verdadera bofetada al pueblo mexicano.
El actuar del gobierno de Enrique Peña Nieto comprueba fehacientemente que ha aceptado ser
país tercero, es decir, que a los migrantes se les obliga a pedir refugio en México aun cuando es obligación de Estados Unidos, pues los migrantes quieren estar allí, no en México. Y no ha respetado lo firmado en la Declaración de Nueva York para los refugiados y migrantes que claramente señala:
reafirmamos y protegeremos plenamente los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, independientemente de su condición; todos son titulares de derecho. También se ocuparán de los desplazamientos causados por la pobreza, la inestabilidad, la marginación, y la exclusión y la falta de oportunidades económicas y de desarrollo, atención prioritaria tendrán las poblaciones vulnerables. Claramente no se hizo honor a lo firmado.
Para colmo, México, de enero a mayo de 2018, superó en más del doble
las deportaciones terrestres de guatemaltecos, salvadoreños y
nicaragüenses, alcanzando 40 mil 895 migrantes de los que se habían
registrado los primeros cinco meses de 2017, revelaron fuentes
migratorias guatemaltecas ( La Vanguardia). Es una forma de
criminalizar a los migrantes, y esta visión permea a la sociedad que es
fácil presa de frases falsas que se repiten sin cesar buscando
convertirlas en verdades: los migrantes quitan los empleos, son
delincuentes, etcétera, etcétera, lo cual alienta la exclusión, el
fanatismo, la xenofobia y la violencia.
La migración no se resuelve con policías, con seguridad fronteriza,
con muros, no se cierran las puertas sino se les escucha, otorga
atención solidaria, respetando derechos humanos, en un contexto de
solidaridad, lo mismo que esperamos para nuestros connacionales en el
país vecino, no levantando muros.
El gobierno de Enrique Peña Nieto se pliega a las demandas de Estados Unidos con un manoseado y vacuo discurso de
orden y legalidad, palabras frívolas que no tienen nada que ver con el grave suceso que se está viviendo, un impresionante y desesperado éxodo de migrantes que huyen del hambre, de la inseguridad, de políticas represivas, de falta de condiciones mínimas de vida dignas del resultado de un modelo económico que privilegia la opulencia de unos cuantos por sobre la pobreza de las mayorías las que, curiosamente, son las mismas que al migrar aportan a sus países las enormes remesas que en el caso de Honduras alcanzaron en el año 2017 más de 4 mil millones de dólares, es decir, 18.5 por ciento del producto interno bruto del país. Exactamente lo que sucede con los migrantes mexicanos.
El gobierno mexicano sigue haciendo el trabajo sucio para Estados Unidos y ahora, nuevamente, vuelve a darle a Donald Trump
armaspara su relección.
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