GUANAJUATO, Gto.(apro).- México empeoró en impunidad en los últimos
dos años, y también de forma exponencial en entidades como Guanajuato,
Aguascalientes, Tlaxcala y Puebla, en las que particularmente se redujo
el castigo por los homicidios, según el Informe del Índice Global de
Impunidad México 2018.
En el continente americano, el país encabeza la lista con el más alto
nivel de impunidad, y el cuarto del Índice Global con 69.1 puntos.
Filipinas es el peor con 75.6 puntos.
El informe es publicado por la Unidad de las Américas Puebla, el
Jenkins Graduate School y el Centro de Estudios contra la Impunidad y la
Justicia.
De acuerdo con este reporte, la anterior medición fue realizada en el
2016, en la que resultó un promedio nacional del índice de impunidad de
67.42 puntos.
En el informe 2018, el promedio nacional creció a 69.84 puntos en solamente dos años.
El Estado de México es el estado con el más alto índice de impunidad,
con 80.06 puntos. El informe detalla que se registran 202 mil 205
carpetas de investigación, pero únicamente 16 mil 863 causas penales, de
la cuales han salido apenas mil 209 sentenciados en primera instancia.
Esto significa que apenas el 0.59 por ciento de las carpetas deriva en
una sentencia.
Edomex también encabeza la lista de entidades con la mayor cifra negra en delitos.
“Estos números de la cadena impune explican que la entidad sea la que
presenta el problema más grave en el país”, dice el informe, que
también alerta sobre la carencia de agencias, ministerios públicos,
jueces y magistrados que presenta esta entidad, además de que es una de
las que redujo el estado de fuerza policial.
La carencia de jueces y magistrados también es un foco rojo advertido
en el informe. Varias entidades presentaron un promedio por debajo de
la media nacional en el número de jueces y magistrados, entre ellos
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Hidalgo, Estado de México,
Michoacán, Nuevo León, Puebla y Sonora.
El reporte refleja además una disminución de fuerza de seguridad
pública en varios estados. En otros, como es el caso de Guanajuato, a
pesar de que la fuerza de seguridad se incrementó hasta en un 33 por
ciento, ello no se reflejó en una disminución de la impunidad,
específicamente en lo que se refiere la actuación ante los homicidios,
delito en el que Guanajuato escaló a los primeros lugares en los números
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP).
Los estados con los más altos índices de impunidad son: Estado de
México, Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero,
Aguascalientes, Veracruz, Puebla y Oaxaca.
Solamente dos entidades registraron una reducción en el índice de impunidad: Morelos y Campeche.
No obstante, hay ocho estados que aumentaron en cinco puntos o más su
índice de impunidad: Aguascalientes creció en 7.48 puntos; Tlaxcala
creció en 7.37 puntos; Nayarit aumentó en 6.65 puntos; Puebla con 6.4
puntos más; Chiapas aumentó en 5.68 puntos; Tamaulipas subió 5.49
puntos; Coahuila quedó con 4.95 puntos más, mientras que Guanajuato tuvo
un crecimiento de 5.66 puntos en el tema de la impunidad.
Uno de los aspectos que resalta en el Informe del Índice Global de
Impunidad es la falta de justicia en cuanto a los homicidios que se
cometen en el país.
“El porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en
averiguaciones previas bajó de 27.5% a 17.09%”, refiere el reporte, en
el que se atribuye esta reducción “a los problemas estructurales de las
instituciones de seguridad y justicia en las entidades y a la falta de
agencias de investigación profesionales, independientes y con
capacidades suficientes para atender el delito de homicidio”.
En términos reales, el porcentaje de encarcelados por homicidio en
averiguaciones previas iniciadas disminuyó en 27 de los 32 estados.
En este rubro de la falta de justicia o resolución de los homicidios,
la lista de estados es encabezada por Tamaulipas y figuran en orden
descendiente Tabasco, Michoacán, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Quintana
Roo, Sinaloa, Oaxaca, Morelos y Guanajuato.
La medición efectuada para este informe refleja que estos estados
redujeron el porcentaje de encarcelados por homicidios en averiguaciones
previas iniciadas: Aguascalientes (de 32.2 a 15.79 puntos), Baja
California (de 119.2 a 33.50 puntos), Baja California Sur (de 170.1 a
35.45), Chiapas (de 27.4 a 14.79), Colima (de 21.6 a 14.59), CDMX (de
43.4 a 17.44), Durango (de 30.6 a 25.61), Guanajuato (18.2 a 10.53),
Guerrero (de 11.5 a 5.39) e Hidalgo, donde se redujo de 25.2 puntos a
12.97.
“La cifra negra, es decir los delitos no denunciados, se mantiene en
un nivel muy alto, inclusive aumentó casi un punto porcentual en dos
años al pasar de 92.8% a 93.7% (ENVIPE INEGI). Lo que confirma que los
mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y
justicia para denunciar sobre los delitos de los cuales fueron
víctimas”, reseña el informe.
Otro de los engranajes del sistema de justicia revisados es el de las
agencias del ministerio público en los estados, que “están sufriendo un
deterioro estructural y de sus capacidades humanas frente al aumento de
los delitos y de la población en el país.
“El número de agencias para atención es de tan solo 3.53 agencias por
cien mil habitantes. El personal de los MP cayó de 33.9 a 31.19 al
igual que los agentes de 7.6 a 6.27 (ambos por 100 mil habs.). También
descendió la tasa de agentes para la atención de los delitos, para cada
mil delitos registrados la proporción de agentes disminuyó de 5.31 a
4.97”.
Estos son los estados en los que decreció el número de agencias del
ministerio público para atender a cada uno de mil habitantes: Durango
disminuyó su índice de 12.1 a 8.05; Guanajuato de 5.1 a 1.82; Nayarit de
6.4 a 5.23; Quintana Roo de 2.8 a 2.03 y San Luis Potosí pasó de una
tasa de 8.2 a 7.15.
La fuerza de policías operativos estatales en el país es la mitad de
los que se deberían de tener como mínimo, según el estándar nacional
referido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP).
“Salvo la Ciudad de México (4.2) y Tabasco (1.8), todos los estados
de la República se encuentran por debajo del estándar nacional de
policías estatales con resultado aprobatorio de la evaluación de control
de confianza. El estado real de fuerza operativo es de 120,001 policías
estatales –revela el informe-. México necesita un estado de fuerza real
operativo de policías estatales de al menos 235 mil 944 elementos”.
Mientras estados como Baja California Sur, Colima, Guerrero, Hidalgo o
Jalisco redujeron el número de su personal operativo, otros lo
aumentaron, como Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chiapas o
Guanajuato. Pero este incremento no impactó o se reflejó en la
disminución de la impunidad.
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