CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En las últimas fechas se ha defendido la
independencia de los poderes judiciales frente al resto del gobierno con
motivo del ajuste a la baja de sus remuneraciones y la estabilidad de
sus adscripciones. El argumento principal es que los tribunales son los
encargados de defender nuestros derechos respecto de los otros poderes.
Pues bien, llegó un momento crucial para demostrar la realidad de ese
argumento.
Esta semana inician las discusiones en el pleno de la Suprema Corte
en torno a la Ley de Seguridad Interior, y posicionamiento tras
posicionamiento, podremos constatar el nivel de compromiso de sus
integrantes con la garantía de nuestros derechos humanos. La oportunidad
de este debate, a unos días del cambio de gobierno, podría aprovecharse
para despejar cualquier duda sobre motivaciones políticas en las
posturas asumidas al interior de la Corte. Difícilmente se podría
suponer que el resultado del análisis constitucional de aquella ley se
condicione a una negociación con la nueva administración y el empleo de
las Fuerzas Armadas.
Es verdad que el próximo presidente ha variado su tono en la materia y
quizá él, su equipo y quienes integran la Corte tengan ahora mucho más
información sobre la imperiosa necesidad del mantenimiento de las
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad que el resto de la población,
pero con todo y eso, no alcanzo a observar alguna ecuación política para
ajustar el criterio de ministras y ministros en el tema.
Es precisamente por eso que entiendo que las posturas que se adopten
en este debate tendrían que ser exclusivamente jurídicas. Y si ello es
así, mucho evidenciarán sobre la concepción de la Constitución y de los
derechos humanos que se tenga en cada ponencia de la Corte. Sabremos
pues, si en verdad, en este caso tan trascendental, ella es merecedora
de su independencia judicial porque a partir de ella se dedica a
defender esos derechos frente a toda acción de gobierno, por más
extraordinaria que ésta sea, como lo es en materia de seguridad
interior.
Además de todo lo que se ha escrito, este caso es de suma importancia
porque nos permite darle la dimensión adecuada a los perfiles para los
nombramientos futuros de integrantes de la Suprema Corte. Cuatro votos
es lo único que hace falta para conservar la Ley de Seguridad Interior,
aunque la mayoría entre once determine que es inconstitucional. Ahí una
de las reformas necesarias que desde la sede legislativa deberían
impulsarse, con tanto interés puesto en temas de justicia.
No sólo eso, como con el cambio de año se tendrá que elegir nueva
presidencia de la Suprema Corte, que lo será también del Consejo de la
Judicatura Federal, podremos constatar los perfiles reales de parte de
quienes aspiran a esa posición. Aunque esta elección es exclusivamente
interna, no deja de ser ilustrativo que uno de los nombres citados, el
del ministro Pardo, sea el del responsable del proyecto público que
avala en buena medida la Ley de Seguridad Interior, mientras que por
otro lado, otro de los contendientes aludidos, el ministro Zaldívar,
haya publicado una opinión sobre los “Retos de la Suprema Corte”, el
primero de mes en Nexos.
Mi pronóstico es que sus posiciones estarán encontradas. También será
del todo interesante escuchar los argumentos del ministro Cossío,
porque con este tema despide quince años de esfuerzos como garante de
nuestros derechos –aunque a decir verdad, mal sabor de boca quedará si
por otro lado avala en la Primera Sala un proyecto que minimiza el
derecho a la consulta indígena en amparos sobre eólicas–. La forma en
que se posicionen la ministra Piña y el ministro Laynez puede
consolidarles como bastiones de esperanza para la defensa de los
derechos humanos, al lado del ministro Gutiérrez. Mucha suspicacia
podría quitarse de encima el ministro Medina Mora si sorprendiera con
una posición contraria a la Ley de Seguridad Interior. Pero sea como
fuere el particular diagnóstico para cada integrante de la Corte, la
prueba máxima que abre este asunto es la de su congruencia con sus
propios precedentes, que en última instancia, es lo que conlleva un
control a la independencia judicial que reivindican.
Y de cara a sus propios precedentes, la Ley de Seguridad Interior no
se sostiene. Por eso preocupa mucho que el proyecto no se haga cargo del
argumento central que pone de manifiesto la inconstitucionalidad de
este ordenamiento. El Congreso de la Unión no tiene facultades
explícitas para expedir un cuerpo legal que coordine en materia de
seguridad interior a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y
municipal. La seguridad interior no es una función de Estado, es una
encomienda expresa y exclusiva de una autoridad federal, el presidente
de la República, en la cual puede emplear a las Fuerzas Armadas, y
únicamente a ellas.
Olvidarse de sus precedentes, manipular el texto constitucional a
modo, solamente para hacer avanzar una postura y sus propias
convicciones, es lo que menos se necesita de la Suprema Corte y del
resto de los poderes judiciales en una época como la que estamos por
experimentar. Si quieren ser el fiel de la balanza frente a un gobierno
que en los otros dos poderes presume la legitimidad democrática que le
brindan 30 millones de votos, si quieren ser piedra angular de
equilibrio en una sociedad cada vez más polarizada, la responsabilidad
histórica de ministras y ministros pasa por acatar nuestra Constitución.
Si no usan su independencia para eso, no pueden esperar que les dure
demasiado. Es la Corte la que tiene que defendernos para que estemos en
posibilidad de defenderla a ella. Y si de verdad estamos tan mal que no
se pueda prescindir de las Fuerzas Armadas, mejor que así nos lo digan
con información pública, fidedigna y verificable, para que en el marco
de nuestra Constitución encontremos las soluciones que no la quebranten.
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